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Viernes, 06 Septiembre 2019

En rifirrafe entre Galán y López por caso de Kiko Gómez ambos dicen verdades, pero…

Por Isabel Caballero Samper

Durante el debate de la W Radio de candidatos a la alcaldía de Bogotá, Claudia López acusó a Carlos Fernando Galán de haber sido complaciente con la presencia de Kiko Gómez en su partido. Galán se defendió. En Colombiacheck revisamos estas afirmaciones y las calificamos como Verdaderas, pero...

Redcheq Verdadero, pero

En el primer debate realizado con los candidatos a la Alcaldía de Bogotá hubo una discusión entre Claudia López y Carlos Fernando Galán sobre la presencia de Kiko Gómez, ex gobernador de La Guajira, en el partido al que pertenecía Galán. 

López le dijo a Galán: “Después de que [Kiko Gómez] nos hizo dos atentados, de que dos veces entre el 2011 y el 2014 nos tuvimos que ir del país [León Valencia, Ariel Ávila y Claudia López] porque nosotros lo denunciamos, le pedimos a Cambio Radical que no le diera el aval y se lo dieron. ¿Y tu gran sanción social a Cambio Radical en 2014 cuál fue? Encabezar su lista al Senado”.  A lo que Galán se defendió diciendo: “Yo fui el que sí dio la pelea en Cambio Radical contra Kiko Gómez. Lo denuncié públicamente en el año 2011, denuncié a Oneida Pinto, revoqué más de 300 avales.”
 
Para entender toda esta historia, hay que recordar la historia del ex gobernador, condenado por homicidio. Juan Francisco Gómez Cerchar, ‘Kiko’ Gómez, fue concejal en 1992 y luego alcalde de 1995 a 1997 y de 2001 a 2003 del municipio de Barrancas. Un municipio pequeño del sur de la Guajira que recibe importantes regalías gracias al carbón. 

En 1993, antes de ser elegido alcalde, Kiko Gómez había sido capturado y estuvo en detención preventiva por tráfico de armas y porte de estupefacientes (por dos meses según El Heraldo, pero por un año según Nuevo Arco Iris); el expediente de ese proceso fue cerrado por razones que no son claras y que la justicia volvió a revisar recientemente.

En 1998, Kiko Gómez intentó lanzarse al Senado como segundo renglón de José Eduardo Gnecco Cerchar pero fue inhabilitado por la Procuraduría departamental por tener tres procesos disciplinarios pendientes. Gómez, entonces, puso en su reemplazo el nombre de su esposa Bibiana Bacci, que fue senadora del Partido Liberal durante seis meses en el 2001 como reemplazo de Gnecco y que, luego, fue representante de la Asamblea de La Guajira de 2008 a 2011 también por el Partido Liberal.

Es decir que Gómez había sido más cercano al Partido Liberal al comienzo de su carrera política. Pero cuando decidió lanzarse a la Gobernación de La Guajira buscó el aval de este partido pero le fue negado. Intentó, entonces, con los partidos de La U, el Conservador y la Alianza Social Independiente (ASI) y todos se lo negaron. Finalmente, Cambio Radical aceptó darle un aval en 2011. 

Galán había asegurado durante el debate que él había entrado al partido Cambio Radical mucho antes que Gómez (Galán entró en 2007 para lanzarse al concejo de Bogotá), lo que es cierto.
 
Colombiacheck consultó con un investigador del equipo de Estado y Conflicto del Centro de Investigación y Educación Popular, CINEP, y nos dijo que las conexiones de Kiko Gómez con el contrabando y el paramilitarismo eran conocidas de tiempo atrás en la región. 

Agregó que Gómez hace parte de un linaje asociado a actividades ilegales desde las épocas de la bonanza marimbera y que es un gran terrateniente de Fonseca que financió grupos paramilitares cuando fue afectado por la extorsión.  El nombre del investigador lo omitimos porque otros investigadores que han criticado a Gómez han sido amenazados. 

Ya en el ámbito nacional, una investigación de Verdad Abierta sobre la historia del paramilitarismo en la Guajira, publicada en abril de 2011, mencionaba a Kiko Gómez como uno de los jefes locales que se aliaron con el Frente Contrainsurgente Wayúu de las AUC  en 2001, pero no tuvo mucho eco. 

En junio de ese año, la ahora candidata Claudia López publicó una columna en La Silla Vacía en la que denunció a Gómez:

“Me pregunto, por ejemplo, cuándo los grandes medios se darán por enterados que en la Guajira es vox populi que uno de los candidatos más opcionados para ganar la gobernación, Juan Francisco Gómez Cerchar, más conocido como “Kiko” Gómez, es famoso por sus cruces con ganado, regalías, gasolina u otros insumos y productos. Cuándo usarán sus unidades investigativas para preguntarle si un tal Marquitos Figueroa es brazo armado y financiero de su campaña y la de otros de sus copartidarios. De paso pueden indagar la relación entre esos dos brazos y el incremento de la trashumancia registrada en las inscripciones de cédulas para votar en Octubre en la Guajira. También podrían preguntarle en Bogotá a Germán Varón, con qué criterio Cambio Radical le dio aval al ‘Kiko’.”

Una semana después, la revista Semana publicó un artículo sobre el fantasma de la parapolítica en el que cita a un paramilitar desmovilizado según el cual Kiko Gómez fue auxiliador del grupo paramilitar de Jorge 40. Y además que tenía 15 investigaciones disciplinarias en la Procuraduría por presunta corrupción. El artículo cuenta que dos días antes, el 9 de junio, Cambio Radical le había otorgado el aval para lanzarse a la gobernación después de que La U, los conservadores y la Alianza Social Indígena (ASI) se lo negaran. De manera que todas las acusaciones contra Kiko Gómez eran ampliamente conocidas cuando el partido le dio el aval.

Luego en julio, la Corporación Nuevo Arco Iris le entregó al gobierno la primera fase de una investigación sobre los riesgos de infiltración de mafias en la política financiado por  el Ministerio del Interior y el Instituto Nacional Demócrata de los Estados Unidos, una ONG del Partido Demócrata. En ese momento el informe era confidencial y sólo lo recibieron el presidente, los ministerios del Interior y de Defensa, el Das y el Director de la Policía quienes debían entregarle la información a los partidos. Sin que los detalles fueran públicos, trascendió a los medios que el informe había causado polémica entre los partidos.

Durante la Bancada de Parlamentarios de Cambio Radical, el 26 de julio, el Representante Germán Varón, uno de los cuatro codirectores del partido, abogó porque se le retiraran los avales a 283 candidatos de ese partido cuestionados en el informe de Nuevo Arco Iris. Pero la bancada decidió que sólo se retiraran avales sobre la base de sentencias condenatorias. Varón entonces dejó constancia, obtenida en la época por La Silla Vacía, de que solicitaba especialmente que se le retiraran los avales a Kiko Gómez y a otros cinco candidatos a pesar de no tener sentencias en su contra.

A mediados de agosto el informe de Nuevo Arco Iris se hizo público y empezaron las primeras amenazas contra sus investigadores: Marquitos Figueroa, el hoy condenado socio armado de Kiko Gómez,  citó a una investigadora de Nuevo Arco Iris para que se vieran en un hotel y León Valencia recibió tres llamadas amenazantes de la Guajira.

El 16 de agosto, después de que hubiera pasado cierre de inscripción de candidaturas y hubiera transcurrido casi todo el plazo que tenían los partidos para hacer modificaciones hasta el 18 de agosto, Varón renunció a la codirección. Carlos Fernando Galán fue nombrado director único del partido Cambio Radical el 17 de agosto de 2011, cuando era candidato a la alcaldía de Bogotá. El nombramiento de Galán y su decisión inmediata de purgar las listas causó molestias dentro del partido. El entonces senador Antonio Guerra (hoy en detención preventiva por el escándalo de Odebrecht) calificó la designación de Galán de "arbitraria" y acusó a Germán Varón de creerse el "nuevo dueño de la moral de Cambio Radical".

Dos días después de tomar el poder del partido, Galán le pidió al Consejo Nacional Electoral anular la inscripción de 308 candidatos cuestionados o inhabilitados incluyendo a Kiko Gómez, haciendo de Cambio Radical el partido que más candidatos purgó de sus listas después de la publicación del informe de Nuevo Arco Iris.

Ese mismo 17 de agosto el senador de La U Jorge Ballesteros, único senador de la Guajira en ese momento llegó sin cita y acompañado de Kiko Gómez a la oficina de Galán a pedirle que no le quitara el aval. Uno de los asesores de campaña le dijo al director en tono ambiguo que se puede interpretar como una amenaza: “Doctor Galán, usted es candidato a la alcaldía de Bogotá y hoy mismo le puede aparecer una investigación en Riohacha”.

Cambio Radical utilizó varios argumentos para pedir la anulación de la inscripción de sus candidatos dependiendo de la situación individual de cada uno y Kiko Gómez era uno de nueve candidatos sobre quienes el único argumento que se utilizó fue la “inconveniencia política”. Pero el presidente del tribunal electoral, José Joaquín Vives, respondió que esto no constituía "una inhabilidad ni de una causa constitucional ni legal" sino que era "una valoración interna de los partidos políticos". Al final sólo fueron retirados 170 de los 308 candidatos cuestionados de Cambio Radical. Kiko Gómez siguió adelante con su candidatura y ganó las elecciones con una votación del 52,3 por ciento.

Cuando consultamos a Carlos Fernando Galán sobre estos hechos y  nos dijo que “vale la pena aclarar que cuando yo llegué a la dirección de CR ya esos avales habían sido entregados.” Lo cual es verdad según pudimos comprobar. 

En cuanto a su afirmación de haber retirado 300 avales cuando al final casi la mitad de esos candidatos siguieron adelante gracias a la decisión del CNE explicó que “en 2011 todos los 300 avales fueron revocados lo que pasa es que algunos pusieron abogados que los defendieran y los mantuvieran como candidatos”. 

Galán nos contó que en ese momento utilizó como argumento que había surgido información nueva sobre Kiko Gómez y que cuando este fue a su oficina le dijo que le iba a revocar el aval por tener una investigación abierta por homicidio. No pudimos confirmar que este hubiera sido el argumento utilizado ante el CNE pero sí encontramos que para marzo de 2011 Yandra Cecilia Brito Carrillo, ex alcaldesa de Barrancas, ya había puesto una denuncia ante la Fiscalía acusando a Kiko Gómez del asesinato de su esposo Henry Ustáriz Guerra en 2008. (Brito fue asesinada en 2012 y en 2017 Gómez fue condenado a 55 años de prisión por ambos homicidios).“Yo no le habría dado el aval si hubiera dependido de mí,” insistió Galán cuando hablamos con él.

La situación de Kiko Gómez se empezó a poner más difícil a comienzos de abril de 2013 cuando la revista Semana sacó un artículo de portada con el titular “Un gobernador de miedo en La Guajira”. A mediados de mayo Andrés Villamizar, jefe de la Unidad Nacional de Protección, les informó a Ariel Ávila y León Valencia de Nuevo Arco Iris y a Gonzalo Guillén (corresponsal del Miami Herald que estaba haciendo investigaciones sobre la Guajira) que existía un plan inminente para asesinarlos.

En septiembre Claudia López salió del país amenazada por Marquitos Figueroa y Kiko Gómez. León Valencia, Claudia López, Ariel Ávila y Gonzalo Guillén, le enviaron una carta al ministro Aurelio Iragorri y al general de la Policía Rodolfo Palomino diciendo que era “inadmisible que en tres meses ninguna autoridad haya verificado o descartado los indicios muy precisos que tiene la Unidad de Protección. La evasión o dilación de las autoridades nos dejan en riesgo mortal; dependemos, como cualquier otro colombiano, de la eficacia del Estado y el aparato policial y judicial”.

Kiko Gómez fue capturado el 12 de octubre de 2013 durante el Festival del Carbón en Barrancas con cargos por homicidio y vínculos con paramilitares.  Los vínculos con paramilitares de los que se le acusa tenían que ver con su cercanía con el jefe paramilitar Rodrigo Tovar Pupo, alias "Jorge 40" y la organización de Marcos Figueroa alias Marquitos. En junio de 2017 Gómez sería condenado a 40 y 55 años de prisión.

A comienzos de 2014, meses después de la captura de Kiko Gómez, la Unidad Nacional de Protección recibió información confiable de un plan para asesinar a Claudia López desde la Guajira, quien ya en ese momento era senadora electa con la mayor votación del Partido Verde.

Mientras tanto, Galán se había lanzado al Senado como cabeza de la lista de Cambio Radical y había sido elegido con la mayor votación de su partido.
 
El tema de los avales de la Guajira volvió a convertirse en un problema para Galán en 2015, en la siguiente ronda de elecciones regionales. Galán dejó la decisión de a quién se le daba el aval para la gobernación de la Guajira en manos de la familia Char, el otro gran poder adentro de Cambio Radical, además de Vargas Lleras, y ellos decidieron dárselo a Oneida Pinto (cuestionada por la cercanía suya y de su exesposo, investigado además por un asesinato, con Kiko Gómez). Galán se quejó de que no se hubiera consultado ese aval con la dirección nacional del partido, como decían los procedimientos internos que debía suceder.

Esto nos lo confirmó el candidato cuando hablamos con él: “Cuando yo era director nuevamente de Cambio Radical en 2015, los delegados de ese partido en la costa le dieron aval a Oneida Pinto sin que eso pasara por el procedimiento establecido en la dirección nacional. Yo dije públicamente, si no se revoca ese aval y se cumple el procedimiento, yo renuncio a la dirección.” Efectivamente, Galán renunció a la dirección de Cambio Radical cuando no pudo hacer nada para evitar que le dieran el aval a Pinto.

Galán sólo renunció a Cambio Radical y a su curul en el Senado el 5 de junio de 2018, un mes y medio antes de terminar su periodo que iba hasta el 19 de julio. Su renuncia no tuvo nada que ver con los personajes cuestionables que hicieron parte del partido sino con la decisión de este de apoyar a Iván Duque en la segunda ronda de elecciones presidenciales. Galán dijo en su carta de renuncia que el proyecto político del Centro Democrático “no es coincidente con mis principios (y creo que tampoco lo es con los principios que dieron origen a Cambio Radical)”.

En conclusión, es verdad que Claudia López fue de las primeras personas en denunciar públicamente a Kiko Gómez. Es verdad también que Kiko Gómez amenazó e intentó atentar contra Claudia López, Ariel Ávila y León Valencia varias veces entre 2011 y 2014. Es verdad que a pesar de que las denuncias contra Kiko Gómez eran ampliamente conocidas, Cambio Radical le dio el aval. Y es verdad que Galán siguió mucho tiempo en el partido que había prometido depurar a pesar de no haberlo podido hacer. Pero no es verdad que lo hiciera con la complacencia de la que López lo acusa porque también es verdad que Galán, al subir a la dirección del partido, intentó revocar a Gómez (aunque no pudo hacerlo porque no estaba en su poder) y que cuando sus copartidarios le dieron el aval a una heredera de este, él renunció como director aunque no como senador. Le escribimos al equipo de Claudia López para preguntarle más sobre las afirmaciones que hizo sobre este tema pero no recibimos respuesta.

Con todos estos elementos, calificamos las afirmaciones tanto de López como de Galán como “Verdaderas, pero”.
 

RedCheq

Miércoles, 28 Agosto 2019

Hollman Morris se equivoca al afirmar que inseguridad ha aumentado en el gobierno de Peñalosa

Por Luisa Fernanda Gómez Cruz

En términos generales el indicador de victimización directa en la ciudad se ha mantenido estable en los últimos quince años, de acuerdo con encuestas de percepción de seguridad.

Durante el Primer Gran Debate con candidatos a la Alcaldía de Bogotá, realizado el pasado 8 de agosto por la W Radio, el primer tema a discutir fue la seguridad en la capital.

Hollman Morris, candidato por los movimientos Mais y Colombia Humana, dijo sobre el tema: “bajo su administración, querido Miguel, y bajo su Secretaría de Gobierno, ha aumentado la inseguridad en la ciudad de Bogotá”, dirigiéndose hacia Miguel Uribe Turbay, el candidato que se perfila como el continuismo de la actual administración de Enrique Peñalosa.

Consultamos al equipo de prensa de Morris para saber en qué fuentes basaba su afirmación, y nos compartieron una captura de pantalla de la página 139 del último Informe de calidad de vida de la organización Bogotá Cómo Vamos.

Además, el equipo de prensa nos dijo que esos cuatro indicadores de seguridad que aparecen en la tabla (victimización directa, percepción de seguridad en el barrio y en la ciudad y el indicador de denuncia) “crecen bajo la secretaría de gobierno de Miguel Uribe, responsable de la seguridad del distrito en el primer año del gobierno de Peñalosa”.

Precisa que luego de ese año (2016) “se crea la Secretaría de Seguridad que entra a funcionar en 2017”. De igual manera, según el equipo de prensa, durante los cuatro años del Gobierno de Peñalosa estos cuatro indicadores siguieron creciendo.

La Secretaría de Gobierno de Uribe Turbay

Miguel Uribe Turbay fue Secretario de Gobierno de Enrique Peñalosa desde el 1 de enero de 2016 (día en que comenzó la administración del actual Alcalde) y hasta cuando renunció en octubre de 2018 (la renuncia se hizo oficial en la página web de la Alcaldía el día 22).

El 31 de marzo de 2016, de acuerdo con el acuerdo 637 de 2016 se crea el Sector Administrativo de Seguridad, Convivencia y Justicia, y la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia. El 30 de septiembre de 2016 en la página de la Alcaldía se presenta el nacimiento de esta entidad, anunciada por el alcalde Peñalosa como “una nueva e importante herramienta para seguir mejorando los indicadores de seguridad en Bogotá”. 

Ese mismo día es expedido el Decreto 411 que modifica las funciones de la Secretaría de Gobierno, encargada hasta ese día de los asuntos de seguridad de la capital.

Las cifras de inseguridad

Contactamos a la Secretaría de Seguridad para averiguar por las cifras de inseguridad en la capital y nos dijeron que por el cambio en la metodología de medición, implementada en 2017, las cifras son incomparables entre el gobierno de Gustavo Petro (2012-2015) y anteriores, y el de Enrique Peñalosa (2016-2019).

Como contamos en un chequeo anterior, en abril de 2018 la Alcaldía de Bogotá publicó una presentación de ‘Aclaración sobre las implicaciones de los cambios metodológicos introducidos por la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación en las cifra de criminalidad en Bogotá’. 

De acuerdo con esta presentación, el Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo (Siedco) de la Policía Nacional (principal fuente de información para el análisis criminológico en el país) se fusionó con el Sistema Penal Oral Acusatorio (Spoa) de la Fiscalía General de la Nación, en marzo de 2017, “en un esfuerzo por unificar las cifras de criminalidad del país”, según dice la presentación.

Y en agosto de 2017 se implementó el canal de denuncia virtual “A denunciar” que permitió facilitar la recepción de las denuncias. De modo que la fusión de estas fuentes, más el canal virtual, pudieron haber generado un incremento en las denuncias dando la impresión de un aumento en la criminalidad. Asimismo, imposibilita la comparabilidad de las cifras desde el año 2015 hasta enero de 2018.

Para este chequeo recibimos la misma respuesta por parte de la Secretaría de Seguridad, pero en esta ocasión nos enviaron cifras de hurtos en fechas que son comparables, es decir, desde enero de 2018 hasta julio de 2019.

De acuerdo con cálculos propios del Siedco, el hurto a personas aumentó en un 19,9%, al pasar de 58.009 entre enero y julio de 2018, a 69.578 en el mismo periodo de 2019. El hurto a celulares pasó de 38.905 a 34.249 (12,2% menos); el hurto a bicicletas de 4.551 a 4.485 (1,5% menos), el hurto a comercio de 10.978 a 9.478 (13,7% menos) y el hurto a residencias de 6.087 a 5.370 (11,8% menos).

Ahora bien, claramente estas cifras muestran un periodo de tiempo muy específico, y habría que ver qué ocurre el resto del año para poder hacer afirmaciones más exactas sobre si la inseguridad en la capital ha aumentado o disminuido.

Sin embargo, de acuerdo con Hugo Acero, analista de seguridad ciudadana, las cifras de victimización obtenidas por la Encuestas de Calidad de Vida de Bogotá Cómo Vamos y la Encuesta de Percepción y de Victimización de Bogotá de la Cámara de Comercio de Bogotá, son las más confiable para hacer comparables los años.  

Esto porque, de acuerdo con el experto, las encuestas consultan a los ciudadanos si han sido víctimas de algún delito, y no tienen en cuenta la información que recoge la Policía y la Fiscalía. Es decir, están libres de las imposibilidades del cambio de metodología. 

La captura de pantalla que le entregó la campaña de Hollman Morris corresponde a la tabla que, efectivamente, permite ver cómo ha variado la victimización en los últimos 15 años.

Bogotá Cómo Vamos
 

De acuerdo con la línea de color azul oscuro, la victimización ha aumentado en el gobierno de Enrique Peñalosa al pasar del 14% al 17%, y tuvo su pico más alto, al pasar de 14 al 20% en el primer año de gobierno; fecha que se corresponde con la Secretaría de Gobierno de Uribe Turbay.

Sin embargo, lo que también permite ver la gráfica, y no dijo Morris durante el debate, es que la victimización aumentó más durante el gobierno de Gustavo Petro, que se duplicó al pasar del 7 al 14% (aumento de siete puntos porcentuales); que en el gobierno de Peñalosa (aumento de tres puntos porcentuales; seis durante el primer año).

Sobre este tema, la Encuesta de Percepción y Victimización de la Cámara de Comercio de Bogotá dice que para el segundo semestre de 2018 “la victimización directa (17%), indirecta (29%) y total (46%) se mantienen estables respecto a los resultados de 2017- II y a las mediciones correspondientes al gobierno del alcalde Enrique Peñalosa (2016, 2017 y 2018)”. 

Por su parte, la Encuesta de Percepción Ciudadana 2018 de Bogotá Cómo Vamos “proyecta que 3 de cada 10 ciudadanos han sido víctimas de algún delito en la ciudad. Con un porcentaje de victimización equivalente al 32%, este indicador se mantuvo estable frente a los últimos 2 años, no muy distante al ofrecido por la Cámara de Comercio de Bogotá, considerando que las metodologías de análisis son diferentes”.

En todo caso, en términos generales lo que dice Bogotá Cómo Vamos es que “el indicador de victimización directa en la ciudad se ha mantenido estable en los últimos quince años, resaltando unos picos bajos en el 2009 y 2011”. 

Por otro lado, la tasa de homicidios (cifra que no varía porque la fuente de información es Medicina Legal y nada tiene que ver con el cambio en la metodología de Policía y Fiscalía), de acuerdo con la Secretaría de Seguridad, está en 14 muertes por cada 100.000 habitantes. La tasa promedio durante el gobierno de Gustavo Petro fue de 17 muertes por cada 100.000 habitantes. Lo cual quiere decir que ha habido una disminución durante la actual administración.

Finalmente, de acuerdo con Acero, la inseguridad va en aumento en todo el país, pues “la criminalidad se ha hecho más profesional. Mientras las autoridades se pelean entre sí, los grupos criminales se organizan y perfeccionan”. 

De modo que concluimos que la afirmación hecha por Hollman Morris es cuestionable, pues tanto las cifras de la Secretaría de Seguridad, como la información recolectada por las encuestas de Bogotá Cómo Vamos y la Cámara de Comercio, dicen que la inseguridad en la ciudad se ha mantenido constante y no ha aumentado, como dijo el candidato. Pero además, porque no es posible comparar los gobiernos de Petro y Peñalosa con las cifras oficiales de la Secretaría de Seguridad por el cambio metodológico mencionado.

RedCheq