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Jueves, 11 Noviembre 2021

Es falso que Colombia vaya a deportar venezolanos que “vivan rumbeando” y no envíen dinero a sus familias

Por Jhoandry Suárez*

En Facebook circula un post en el que se asegura que Migración Colombia anunció la medida. Desde la propia institución negaron tal información que no se ajusta a las causales vigentes en el país para una deportación. 

“Insólito: Colombia deportará a inmigrantes que "vivan rumbeando" y no les manden dinero a sus hijos”, reza el titular de una publicación difundida en Facebook por un usuario el 17 de octubre de 2021 y con más de 130 compartidos. 

El post, acompañado de dos fotos, ha sido compartido en varios grupos de migrantes venezolanos de esta red social, como Venezolanos en Bucaramanga (grupo cerrado) y Tucarro paralelo Venezuela. Además, al hacer una búsqueda en Facebook encontramos que ha sido publicado como captura de pantalla por varios usuarios (1,2,3,4).

A lo largo del texto se expone que Migración Colombia decidió aplicar una política para sacar del país a los venezolanos “que vivan de fiesta y se olviden de sus responsabilidades (con sus familias en Venezuela)”. En Colombiacheck decidimos comprobar esta información, como parte del proyecto Conectando Caminos por los Derechos, en el cual se hacen verificaciones de interés para la población migrante venezolana, colombiana retornada y para las comunidades de acogida. 

Al verificar lo publicado encontramos que este contenido es falso.

En primera instancia, la foto de personas detenidas no tiene relación con migrantes. Al realizar una búsqueda inversa se pudo verificar que la foto corresponde a la captura de 14 personas que violaron la cuarentena en Medellín celebrando una fiesta, tal como publicó el diario El Tiempo el 16 de mayo de 2020. 

Asimismo, el post incluye unas declaraciones del director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa, las cuales se trataron de ubicar en una búsqueda en Google y Twitter pero no están registradas por ningún medio de comunicación o fuente oficial. En el Instagram del funcionario también se buscó dicho anuncio y no se encontró ninguna referencia. 

Adicionalmente, se atribuye como origen de la información a la fanpage El Inmigrante cuya descripción dice: “Página de contenido sarcástico basada en las vivencias reales de venezolanos en el extranjero”.

La parodia, mal entendida o usada con el fin de confundir, es uno de los siete tipos de desinformación caracterizada por First Draft, una iniciativa de verificación e investigación en Reino Unido, colegas de la International Fact Checking Network (IFCN). También Chequeado de Argentina ha encontrado que el humor es una herramienta usada para tratar de evadir la verificación de contenidos desinformadores.

Consultada por este medio, la Oficina de Prensa de Migración Colombia también negó este tipo de medidas. A propósito, aclara: “Aquellos migrantes que con su comportamiento afecten el orden, la tranquilidad y la seguridad ciudadana, serán sujeto de medidas administrativas sancionatorias, las cuales pueden llegar a generar una medida de expulsión, previo análisis del caso”. 

Las causales de deportaciones o expulsiones son especificadas en el decreto 1067 de 2015 del Ministerio de Relaciones Exteriores; no obstante, antes de proseguir se debe tomar en cuenta diferenciar estos dos términos tal como indica el Glosario sobre Migración de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). La deportación es un acto del Estado que se hace contra un extranjero que viola la ley migratoria, cuando está en condición irregular o se rechaza su admisión, mientras que la expulsión se refiere a la salida de ese extranjero del territorio en contra de su voluntad. 

Los motivos en Colombia para una deportación pueden ser:

  1. Ingresar o salir del país sin el cumplimiento de las normas que reglamentan la materia, siempre y cuando no existan circunstancias especiales que ameriten la sanción de multa.
  2. Abstenerse de cancelar la sanción económica que le haya sido impuesta por la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia, o cuando transcurran más de dos meses desde la ejecución del acto sancionatorio sin que haya efectuado un abono a la obligación.
  3. Encontrarse en permanencia irregular.
  4. Obtener visa mediante fraude o simulación, formular declaración falsa en la solicitud de visa o en desarrollo de los procedimientos administrativos adelantados por las autoridades migratorias, así como presentar documentos que induzcan a error al Ministerio de Relaciones Exteriores o a la autoridad migratoria para su ingreso, salida, legalización, control y registro.
  5. Abstenerse de cambiar la visa o no solicitar la misma cuando estuviere en la obligación de hacerlo.
  6. Desarrollar una actividad para la cual no esté autorizado en el correspondiente permiso de ingreso.
  7. Incurrir en alguna de las causales de inadmisión o rechazo.
  8.  Ser objeto de quejas constantes que califiquen al extranjero como persona no grata para la convivencia social o tranquilidad pública.
  9. No abandonar el país dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la notificación del auto de cancelación de la visa.
  10. Mostrar renuncia al pago de obligaciones pecuniarias con cualquier persona natural o jurídica demostrando renuencia a su pago.
  11. Haber sido sancionado económicamente dos o más veces dentro del mismo año calendario por parte de una misma entidad pública.

Otro tema que ha levantado polémica a principios de este mes de noviembre es la “expulsión discrecional” contemplada también en el decreto 1067 de 2015. Esta es una medida que se aplica para echar a extranjeros que, a juicio de Migración Colombia, practican actividades o representan un riesgo que atenten contra la seguridad nacional, el orden público, la salud pública y la tranquilidad social. 

De acuerdo con la organización DeJusticia este tipo de acciones se ha triplicado entre 2019 y 2020 sin que exista claridad de las causas de dicha sanción y sin la debida garantía de los derechos al debido proceso y la unidad familiar. 

“Pasaron en 2015 de representar el 16% del total de las expulsiones al 94% en 2020. En otras palabras, en los últimos 5 años las expulsiones discrecionales aumentaron en un 728% pasando de ser 190 en 2015 a 1.573 en 2020”, precisa la ONG. 

Un reportaje de La Silla Vacía y ArmandoInfo se basó en estas estadísticas para hallar que durante el Paro Nacional de 2021 también hubo expulsiones de venezolanos acusados de vandalismo sin que procediera el debido proceso ni pruebas en contra.

Más allá de estas situaciones que se están presentando, la conclusión de nuestra investigación apunta a que no existe una deportación de venezolanos por no cumplir con el mantenimiento de sus familias en Venezuela. Por lo tanto, es falsa la información que circula. 

Este contenido se produce con el fin de ofrecer información verificada y pertinente, que apoye el desarrollo de mediano y largo plazo para migrantes venezolanos, colombianos retornados y comunidades receptoras en Colombia. Es realizado en el marco de Conectando Caminos por los Derechos, programa de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), e implementado por el consorcio integrado por Pact, ABA-ROLI, Freedom House e Internews, que promueve la cohesión comunitaria y la seguridad ciudadana para garantizar el derecho de todos los miembros de la sociedad a vivir libres de toda forma de crimen y violencia, independientemente de su estado legal en el país.

 

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Martes, 06 Julio 2021

Migrantes en Colombia no necesitan EPS para acceder al plan de vacunación contra el COVID-19

Por Andrés Felipe Martínez

En el caso de los ciudadanos venezolanos, solo deben presentar uno de estos documentos: Permiso Especial de Permanencia, visa de residente o el nuevo Permiso de Protección Temporal, que se tramita a través de Migración Colombia y se empezará a entregar en diciembre de 2021.

Colombia sigue avanzando en el Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19 y, como lo había anunciado el Ministerio de Salud en febrero de 2021, este incluye a los migrantes extranjeros que se encuentren regularizados en el país.

Tal es el caso de los ciudadanos que han migrado desde Venezuela, que serían 1,7 millones de personas, según estimaciones de Migración Colombia con corte a enero de 2021.  

En esta comunidad de migrantes, Colombiacheck ha identificado cadenas virtuales de mensajes que advierten la necesidad de estar afiliados a una EPS para acceder a la vacunación, en el marco del proyecto Conectando Caminos Por Los Derechos.

Sin embargo, consultamos al Ministerio de Salud, y encontramos que esto es falso. Los ciudadanos venezolanos en Colombia pueden ser vacunados presentando alguno de los permisos que se han entregado en el país, como el anterior Permiso Especial de Permanencia (descontinuado), la visa de residencia o el nuevo Permiso de Protección Temporal, PPT, que será entregado a partir de diciembre de 2021 a quienes apliquen al Estatuto Temporal de Protección. Ver instrucciones de registro aquí.

Estos permisos le permiten a los ciudadanos extranjeros acceder a la oferta institucional en materia de salud, educación y trabajo. Según el presidente Iván Duque se espera entregar un millón de PPT antes de finalizar 2021. “Cerraremos este año con un millón de personas con ese estatus y nuestra meta es cumplir el ciento por ciento antes del mes de agosto de 2022” dijo el 17 de junio de 2021.

Desde 2017 hasta inicios de 2021, 72.000 ciudadanos extranjeros recibieron el Permiso Especial de Permanencia (PEP), que pueden seguir usando mientras tramitan el nuevo PPT.

Vale la pena decir que en febrero de este año el Ministerio de Salud anunció que preparaba un "programa especial para inmunizar a los migrantes que se encuentran de manera irregular en Colombia", sin embargo, como hemos explicado en este chequeo, hasta ahora solo tienen acceso quienes se encuentren de manera regular, es decir, que hayan tramitado alguno de los permisos.

“En el caso de los migrantes venezolanos, es necesario presentar el PEP [u otros permisos mencionados], no requieren una afiliación a una EPS. Accediendo de acuerdo a su edad o etapa de priorización”, nos respondió Julián Fernández Niño, director de Epidemiología y Demografía del Ministerio de Salud.

Como lo señala el funcionario, los ciudadanos extranjeros deben cumplir con las mismas fases de priorización que los nacionales. 

En ese sentido, el pasado 17 de junio, Colombia inició la Etapa 4 de vacunación, que incluye a la población mayor de 45 años y grupos específicos como pilotos y personal aeronáutico, y personas privadas de la libertad.

Igualmente, permanece abierta la vacunación para los ciudadanos que han sido priorizados en las primeras tres etapas y no han acudido a centros de vacunación.

Cada municipio del país ha dispuesto de centros públicos de vacunación, que pueden ser consultados en las respectivas Secretarías de Salud, o en este listado del Ministerio de Salud: ver aquí.

Se debe tener en cuenta que cada habitante del país debe acudir a los puntos de vacunación del municipio en el que reside, al menos, durante los últimos tres meses, como lo explica el Decreto 630 de 2021, del Ministerio de Salud: 

“Se incluirá en el plan de vacunación a los residentes temporales que declaren residir en el municipio por más de tres (3) meses de forma continua o ejercer sus actividades laborales de manera permanente y continua por más de tres (3) meses”. 

Con corte al 30 de junio, en Colombia se han aplicado 18,2 millones de dosis de vacunas contra el COVID-19. En número de personas, 6,7 ciudadanos ya completaron su esquema de vacunación. La meta del Gobierno Nacional es llegar a 35 millones de personas vacunadas al terminar el año 2021.

Este contenido se produce con el fin de ofrecer información verificada y pertinente, que apoye el desarrollo de mediano y largo plazo para migrantes venezolanos, colombianos retornados y comunidades receptoras en Colombia. Es realizado en el marco de Conectando Caminos por los Derechos, programa de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), e implementado por el consorcio integrado por Pact, ABA-ROLI, Freedom House e Internews, que promueve la cohesión comunitaria y la seguridad ciudadana para garantizar el derecho de todos los miembros de la sociedad a vivir libres de toda forma de crimen y violencia, independientemente de su estado legal en el país.