El precandidato presidencial Alejandro Gaviria señaló durante una entrevista de La Silla Vacía, el 5 de noviembre de 2021, que la atención de salud para los migrantes venezolanos rondaba los 350 y 500 millones de pesos anuales, aunque no explicó de dónde provenía este cálculo.

“Mi política sería la integración plena de los ciudadanos, que implica, por ejemplo, su cobertura plena de salud, que me parece un tema fundamental. Creo que cuesta 350 mil millones 500 mil millones de pesos al año”, señaló el exministro de Salud. 

En Colombiacheck, en el marco del proyecto Conectando Caminos por los Derechos, en el cual se hacen verificaciones de interés para la población migrante venezolana, colombiana retornada y para las comunidades de acogida, nos dimos a la tarea de verificar la cifra. Aunque algunos datos son confidenciales y existen limitaciones para su acceso, lo que nos lleva a calificar como “inchequeable” la declaración de Gaviria, procedimos a intentar comprobarla a la luz de la información que pudimos obtener. 

Buscamos contactar al también exrector de la Universidad de los Andes a través de su cuenta en Twitter (1, 2, 3) y vía Whatsapp (1, 2) para conocer en qué se basaban sus números, pero al cierre de esta nota, no obtuvimos respuesta. Por lo tanto, procedimos a consultar fuentes oficiales y documentos. 

Primero procedimos a esclarecer si la población migrante y refugiada venezolana tenía cobertura plena de salud en Colombia y determinamos que no. Para que esto ocurra las personas procedentes de Venezuela deben estar afiliada al régimen contributivo o subsidiado para acceder al Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), pero apenas un 23,5% lo está, según datos aportados por el departamento de Aseguramiento del Ministerio de Salud y Protección Social.

“Cobertura plena significa que la persona entra al sistema de salud, ya sea en régimen subsidiado o contributivo. Lo que tiene cualquier migrante sea el que sea su estatus, así haya llegado por trocha, es atención de emergencia por ley. Por eso el tema de la regularización es clave para que puedan ingresar al sistema de salud”, explica el profesor Andrés Segura, consultor de asuntos públicos y migración. Así lo explicamos antes en Colombiacheck.

A propósito, Lucia Ramírez Bolívar, coordinadora de temas de migración en Dejusticia, coincidió que el estatus migratorio sigue siendo un obstáculo para el derecho a la salud de los venezolanos. "Presentan barreras para acceder a tratamientos médicos, cirugías, medicamentos de consumo permanente que no se atienden con una emergencia. Ha habido ciertos avances gracias a la jurisprudencia de la Corte Constitucional (...) y la respuesta del Estado ha sido progresiva, esperamos que con el Estatuto Temporal las barreras se eliminen", sostuvo.

En la Estrategia para la atención de la migración desde Venezuela contemplada por el Consejo Nacional de Política Económica y Social en su CONPES 3950, de noviembre de 2018, se incluyeron varias acciones en áreas como la educación, empleo, seguridad y por supuesto en salud, específicamente para incrementar la afiliación de los migrantes. El plan previó una inversión total de 422.779 millones de pesos en cuatro años desde 2018 hasta el 2021.

Durante la investigación sobre números más actualizados del gasto total en salud para la población venezolana, encontramos una traba y es que el dato de financiamiento es confidencial, así lo revela Ronald Rodríguez, profesor y vocero del Observatorio Venezuela de la Universidad del Rosario. 

“El Estado determinó que eso era información que no era de acceso público, ya que podría causar tensiones y xenofobia. Esto es así desde la administración del expresidente Juan Manuel Santos”, explica Rodríguez.

Aun así, decidimos hacer un acercamiento de lo que sería el costo y para ello analizamos por separado cuánto sería el gasto en aseguramiento y la deuda de hospitales por servicios a migrantes venezolanos para intentar comprobar si estas cifras coincidían con las de Gaviria. 

En cuanto al gasto de aseguramiento, lo primero que hicimos fue calcular a cuánto podría ascender el financiamiento del Estado colombiano para los 205.577 migrantes activos en el régimen subsidiado si multiplicábamos esa cantidad por la actual Unidad de Pago por Capitación (UPC) de $872.496. El resultado es casi 180 mil millones de pesos. Es decir, este número está muy por debajo de lo que dijo el candidato presidencial, sin embargo, desde el Ministerio de Salud hacen una aclaratoria. 

"Estos datos se mueven muy rápido y por la entrada en vigencia del Estatuto Temporal de Protección se espera mayor regularización y mayor probabilidad de afiliación. Por lo tanto, es muy factible que en el 2022 la UPC anual del régimen subsidiado de toda la población migrante cueste más o menos eso, pero si se regularizan más, costará más", indica Andrés Olaya, consultor de aseguramiento en salud para poblaciones migrantes.

Por otro lado, procedimos a conocer la deuda a hospitales públicos por servicios a migrantes venezolanos. El contralor general de la República, Felipe Córdoba, aseguró el 5 de octubre de 2021 que la deuda del gobierno nacional con los hospitales públicos por la atención de urgencias de la migración venezolana alcanzaba los 407 mil millones de pesos en los últimos tres años, es decir, un promedio de 135 mil millones anuales pero en deuda.

De hecho, recientemente se procedió al pago de lo adeudado a los hospitales hasta el 30 de abril de este año a través de la Resolución N° 1897, del 24 de noviembre de 2021, por el monto de $460.423.542.200. 

Adicionalmente un estudio publicado por el Banco de la República en mayo de 2020, titulado Impacto fiscal de la migración venezolana, recopila datos del Ministerio de Salud que revelan que los costos acumulados por servicios para los venezolanos entre 2017 y 2019 se ubicaron en 616.235 millones de pesos (557.423 millones de la red pública y 58.812 del régimen subsidiado), lo que significa una media de 205.411,66 millones de pesos por año. 

El mismo texto presentaba una serie de estimaciones del costo fiscal entre el régimen subsidiado asociado a la migración y los servicios de urgencia el cual podría ascender a $1 billón en 2020 y $1,2 billones en 2021. Sin embargo, estas cifras fueron publicadas antes de crisis de la pandemia del Covid-19 y el proceso de vacunación, además, son solo proyecciones.

Por lo tanto, aunque se determina que en estos momentos los migrantes no tienen cobertura plena de salud e intentamos comprobar la veracidad de las cifras aportadas por Gaviria, las limitantes de acceso a información nos llevan a calificar sus declaraciones como inchequeables.  

Este contenido se produce con el fin de ofrecer información verificada y pertinente, que apoye el desarrollo de mediano y largo plazo para migrantes venezolanos, colombianos retornados y comunidades receptoras en Colombia. Es realizado en el marco de Conectando Caminos por los Derechos, programa de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), e implementado por el consorcio integrado por Pact, ABA-ROLI, Freedom House e Internews, que promueve la cohesión comunitaria y la seguridad ciudadana para garantizar el derecho de todos los miembros de la sociedad a vivir libres de toda forma de crimen y violencia, independientemente de su estado legal en el país.

*Integrante de la red de corresponsales del proyecto Conectando Caminos por los Derechos.