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Lunes, 26 Noviembre 2018

Es verdad que más del 90% de los endeudados con Icetex son estratos 1, 2 y 3

Por Sania Salazar

Las cifras del Icetex confirman un porcentaje cercano al dado por Pedraza, pero el debate por la utilidad de la entidad continúa.

Jennifer Pedraza, líder estudiantil de la Universidad Nacional, dijo en RCN Radio que “el 90% de las personas endeudadas con el Icetex son estratos 1, 2 y 3”.

Pedraza añadió que las personas de esos estratos suelen presentarse a las universidades públicas y que, ya que esas universidades no pueden aumentar la cobertura, la última opción de estas personas es endeudarse. Es decir que, al no lograr cupo en las públicas, estas personas optan por las privadas, para lo que tienen que pedir créditos.

La líder estudiantil le dijo a Colombiacheck que se basó en el informe de gestión de 2017 del Icetex.

Allí, se precisa que ese año “se desembolsaron 45.924 nuevos créditos en las líneas pregrado por valor de $209.246 millones. El 94% de estos créditos se destinaron a estratos 1, 2 y 3”.

Pedraza dio esta declaración durante una entrevista en la que habló sobre el paro nacional de universidades públicas que completa alrededor de 40 días y durante el que los líderes estudiantiles han propuesto, entre otras alternativas, trasladar dinero del Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior, Icetex, a las universidades públicas.

Uno de los argumentos de los líderes es que trasladar recursos del Icetex a las universidades públicas, sería una forma de subsidiar esos estudiantes sin que se endeuden. De todas maneras hay que aclarar que en las públicas tendrán que pagar algo, así sea mínimo, de matrícula.

En su página web, el Icetex dice que entre sus objetivos está “el fomento social de la educación superior, priorizando la población de bajos recursos económicos”. Y en un documento del Centro de Investigación Económica y Social, Fedesarrollo, sobre la financiación de la educación superior a través del Icetex, se dice: 

“El ICETEX ha cumplido con su misión de concentrarse en la población de menores ingresos hacia donde se ha dirigido más del 90% del monto de los créditos. Esta proporción ha aumentado en los últimos años, comportamiento que coincidió con la significativa flexibilización de los créditos para estudiantes de estratos 1, 2 y 3 en materia de tasas de interés en 2012, lo cual a su vez ha elevado el costo fiscal del programa”.

Para Isabel Segovia, experta en educación, la política del Icetex está bien, pero el problema empezó cuando la forma de  financiación de las universidades públicas empezó a fallar y la política se concentró en ayudarles a los estudiantes de estratos bajos y no a las universidades públicas. Inyectarle plata al Icetex fue una manera de ayudarles a esos estudiantes.

Según Segovia, el problema está en que hubo una mala distribución de los recursos que salían de la Ley 30, por lo tanto hay que apostarle a varias políticas complementarias, pero bien hechas. “Hay que armar una estrategia que considere todas las aristas, que beneficie a todo el sistema, incluidas las universidades públicas. Se necesita una distribución integral de los recursos”, pues le parece peligroso pensar en una sola solución, concluyó.
 

Jueves, 10 Octubre 2019

Concejal en campaña exagera su aporte a la educación superior en Bogotá

Por José Felipe Sarmiento

La página de Nelson Cubides le atribuye a sus iniciativas la creación de un programa de becas, pero lo que hicieron fue modificar un fondo de créditos condonables que existe desde 1999.

La biografía del concejal conservador Nelson Cubides, que busca la reelección en el cabildo de Bogotá, dice en su página de internet que “gracias a sus iniciativas se creó un programa de becas (FEST) que brinda oportunidades de educación superior a jóvenes bogotanos en carreras técnicas o profesionales en cualquier universidad”.

Captura de pantalla de la biografía de Cubides en su página oficial

El cabildante le dijo a Colombiacheck que este Fondo de Educación Superior para Todos “es un modelo de financiamiento para darle crecimiento y sostenibilidad al programa de becas en educación superior”. Es decir que ya había un programa. Lo que hizo su iniciativa fue modificarlo en varios aspectos, incluyendo el nombre.

Entonces, la afirmación en su perfil es cuestionable porque el acuerdo 670 de 2017, del que él fue autor con sus compañeros de partido Gloria Elsy Díaz y Roger Carrillo, no creó un programa de cero sino que le hizo cambios al Fondo Cuenta para la Financiación de la Educación Superior, que ya existía desde hacía 18 años. La misma norma dice en su título que “se modifican los acuerdos 37 de 1999273 de 2007 y se dictan otras disposiciones”.

El primero contemplaba la versión original, que consistía en créditos blandos (no becas) para los mejores bachilleres de estratos 1 y 2 con un presupuesto anual que debía ser por lo menos de 7.000 salarios mínimos legales vigentes (SMLV). Los beneficiarios debían empezar a pagar tres años después de terminar la carrera, que tenía que ser profesional.

El acuerdo de 2007 les hizo algunas reformas: introdujo la financiación de estudios técnicos y tecnológicos, estableció la posibilidad de exoneración hasta del 70 por ciento del pago después de la graduación, por alto rendimiento académico y a cambio de un servicio social de un año; también amplió el público objetivo del fondo para incluir al estrato 3 y aumentó sus recursos mínimos a 10.000 SMLV al año.

Todo esto pasó antes de la llegada de Cubides al Concejo de Bogotá en 2016. Lo que logró su iniciativa fue, entre otras cosas, elevar una vez más el presupuesto básico del programa a 21.000 SMLV y abrirlo para todos los bachilleres del Distrito (incluso en colegios privados), aunque manteniendo la prioridad para los de estratos bajos; además de contemplar la financiación de carreras virtuales y la condonación hasta del total de la deuda solo por graduarse y hacer un servicio social o una práctica laboral con algunas condiciones.

También amplió las fuentes de recursos, permitiendo aportes voluntarios por medio del impuesto de industria y comercio (ICA) y otras donaciones particulares a cambio de una certificación para las empresas aportantes; estableció la posibilidad de que las instituciones de educación superior contribuyan con incentivos, descuentos o cofinanciación; fijó montos máximos de cubrimiento por parte del Distrito para matrícula y sostenimiento, decisión que antes estaba en manos de la Secretaría de Educación, y ordenó aplicar criterios diferenciales para jóvenes con discapacidad.

Finalmente, el acuerdo determinó la creación de un plan de pertinencia para guiar a los estudiantes hacia las carreras con mayor demanda laboral y la realización de un estudio sobre el impacto del programa. Ambos deben elaborarse cada cinco años.

En su respuesta a Colombiacheck, Cubides resaltó todos estos puntos, que se confirman al comparar la norma vigente con las que había antes. No obstante, su impacto en las cifras de la Secretaría es difícil de evaluar más allá de la multiplicación presupuestal.

Los recursos dieron un salto de 6.894 millones de pesos en 2016 a 17.482 al año siguiente, 18.268 millones en 2018 y 17.390 millones en la primera mitad de este año. La suma de la plata que ha recibido el fondo desde 2017 equivale a 42 por ciento de los 127.302 millones de pesos que ha tenido en toda su historia.

Mientras tanto, los estudiantes nuevos pasaron a 756 desde 2017 hasta junio de este año, frente a los 419 que hubo de 2014 a 2016. Esto es un 80,4 por ciento más de beneficiarios con más del doble de presupuesto. No obstante, el pico de 384 admisiones en 2018 superó apenas por 12,3 por ciento a las 342 que hubo en 2012, cuando al programa se le destinaron 5.667 millones de pesos.

Es decir que el impacto estaría más en el presupuesto disponible para financiar y atender a cada persona beneficiada que en el aumento de cobertura, aunque esta también ha crecido. Pero el economista experto en políticas públicas de educación Ángel Pérez Martínez señala que esto “no representa ni medio punto porcentual del total de la matrícula de la ciudad”, que gradúa más de 50.000 bachilleres al año.

Otra variación ha sido la mayor concentración en el estrato 2. En 2018 llegó a 61 por ciento de la población admitida y lleva un punto más en 2019, cuando antes era máximo la mitad. El estrato 1 también creció, pues hasta 2016 llegaba máximo a 11 por ciento y pasó a 17 y 22 por ciento en los años más recientes. En cambio el 3, que accedía a 50 por ciento de los créditos en 2015, bajó a 40 por ciento en 2017 y hoy está en apenas 16 por ciento.

Pese a esto, las cifras del Distrito muestran que este cambio en el perfil socioeconómico de los beneficiarios ya había empezado antes del acuerdo 670. La caída del estrato 3 empezó con ocho puntos porcentuales en 2016 frente al año anterior. Los estratos 1 y 2, por su parte, venían en aumento constante desde ese mismo momento aunque han tenido más altibajos desde 2012.

Además, la apertura de la nueva norma a estudiantes de estratos altos no se ha traducido en su entrada al programa. El profesor Pérez Martínez recuerda que “los estudiantes de los colegios oficiales son estratos 0, 1, 2 y 3 en más de 98 por ciento de los casos”, lo que podría explicar que se mantenga esa ausencia de quienes pertenecen a los 4, 5 y 6.

Entre tanto, las matrículas en programas virtuales son 2 por ciento y los que son a distancia tienen igual proporción. Esto equivale a 12 estudiantes en cada modalidad. Los presenciales siguen representando la gran mayoría, 96 por ciento. Por tanto, Pérez considera que estos datos “no sirven para ningún tipo de análisis” porque no permiten extrapolar conclusiones.

Finalmente, la introducción de las condonaciones totales en el programa podría considerarse como la creación de becas en el sentido de que los estudiantes al final no tendrían que pagar nada. A pesar de eso, la Secretaría  todavía no le ha otorgado este beneficio a nadie, porque los admitidos desde 2017 aún están estudiando y solo podrían acceder a él una vez se gradúen; mientras que las exenciones parciales creadas en 2007 han sido obtenidas por 297 de los 1.148 graduados del programa desde sus inicios, poco más de la cuarta parte (25,9 por ciento).

Esto quiere decir que, no obstante la cantidad de los cambios introducidos en el fondo por el acuerdo del que Cubides fue autor, el FEST no fue una creación completamente nueva y su impacto es discutible. Por tanto, la afirmación en su portal de internet es cuestionable.

RedCheq