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Miércoles, 05 Diciembre 2018

Expectativa de vida de personas trans es, en promedio, de 35 años

Por Sania Salazar

La CIDH reporta esta cifra en varios informes, aunque aclara que es un estimado basado en información disponible. Sin embargo, es claro que la población trans enfrenta grandes riesgos y peligros en el país

La senadora del Partido Verde, Angélica Lozano, llamó la atención sobre las condiciones de vida de las personas trans. “La expectativa de vida de una persona transgénero es de 35 años”, dijo la congresista durante su participación en el programa Semana en Vivo y agregó que a estas personas las matan con sevicia, “son asesinatos de odio”, sentenció.

La senadora Lozano le dijo a Colombiacheck que se basó en información de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH. Efectivamente, esta organización publicó en marzo de 2018 un comunicado de prensa con motivo del Día Internacional de la Visibilidad Transgénero, en el que insistió en un dato que ha publicado en varias ocasiones, que “la esperanza de vida promedio de mujeres trans es de 35 años en las Américas”.

La frase de Lozano es verdadera, pero hay que tener en cuenta que el cálculo es una estimación basada en la información disponible, pues hay deficiencias en la recolección de los datos de violencia contra la población LGBTI. El dato se aproxima al promedio de edad de las personas trans asesinadas en Colombia en 2017.

En un comunicado de 2015, la CIDH recordó en el Registro de Violencia, donde documentó 770 actos contra personas LGBTI entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de marzo de 2014, observó que el 80 por ciento de los asesinatos de mujeres trans que aparecen en el Registro tenían 35 años de edad o menos y “esto coincide con la información de organizaciones de la sociedad civil de que el promedio de expectativa de vida de las mujeres trans en América Latina es de 35 años, lo cual refleja que muchas mueren asesinadas”, concluye.

En el informe titulado Violencia contra personas LGBTI, publicado en 2015, la CIDH explica que en los últimos años ha recibido información sobre la situación  de las personas LGBTI de fuentes de información que incluyen presentaciones orales y escritas durante audiencias públicas, la información recibida a través de visitas de la Comisión, peticiones y solicitudes de medidas cautelares, y comunicaciones de otros actores del sistema interamericano.  En los últimos diez años (entre marzo de 2005 y octubre de 2015), la CIDH realizó 37 audiencias públicas dedicadas específicamente a la situación de las personas LGBTI.

Uno de los tantos informes en los que se basó la CIDH para sacar el cálculo de la expectativa de vida es un estudio del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable del gobierno de Argentina de 2015. Este estudio apunta que “el promedio de vida estimado de una persona trans es de 35 años”, pero en una nota al pie aclara que: “por carecer de estadísticas oficiales, este dato ha sido estimado a partir de investigaciones de diversas organizaciones como ALITT [Asociación de Lucha por la Identidad Travesti y Transexual] y ATTTA [Asociación de Travestis Transexuales y Transgéneros de la Argentina] y otras fuentes”

En un comunicado de la CIDH de 2015 sobre la celebración del Día Internacional de la Memoria Trans este organismo indica que hay un vínculo estrecho entre exclusión, discriminación y la corta expectativa de vida de las personas trans.

“De acuerdo con la información recibida por la CIDH, la violencia y la discriminación contra niños, niñas y jóvenes trans inicia a temprana edad, ya que generalmente son expulsadas de sus hogares, colegios, familias y comunidades, como consecuencia de expresar sus identidades de género diversas.

Como resultado, las personas trans enfrentan pobreza, exclusión social y altas tasas de inaccesibilidad a la vivienda, presionándolas a trabajar en economías informales altamente criminalizadas, como el trabajo sexual o el sexo por supervivencia. Como consecuencia, las mujeres trans son perfiladas por la policía como peligrosas, haciéndolas más vulnerables al abuso policial, a la criminalización y a ser encarceladas”, detalla el comunicado.

Las cifras en Colombia

Cifras de Colombia Diversa indican que en el 2017 fueron asesinadas 109  personas LGBTI. Las mujeres trans fueron el segundo grupo más afectado con 35 víctimas, luego de los hombres gay con 45. Entre los asesinados había tres hombres trans.

Además, el informe concluye que la violencia por prejuicio afectó en mayor medida a las mujeres Trans (17 de 35 fueron asesinadas por ser Trans).

Según Colombia Diversa, el promedio de edad de las víctimas era 37 años. “La mayoría tenían bajos niveles de escolaridad y se dedicaban a actividades poco remuneradas o que las exponen a mayores riesgos de violencia”.

Otro informe de Colombia Diversa indica que 15 de los 18 asesinatos de personas trans registrados en 2016 fueron por prejuicio.

La activista resaltó que esa baja expectativa de vida también se debe a que las personas trans están expuestas desde edades tempranas a condiciones de exclusión y a falta de acceso a salud que las hace más vulnerables a la muerte.

Para Matilda González, abogada y activista, es preocupante que se estén diseñando políticas estatales en países como Estados Unidos y Brasil que niegan la existencia de los niños trans para eliminarlos simbólicamente. “Todo el tema de ideología de género se basa en decir que los niños trans no existen, que si un niño se reconoce como trans es porque se lo están imponiendo, que es un invento. Hay una política que se basa en negar nuestra existencia y de la eliminación simbólica a la legal hay un paso. Quieren negar que existimos”.

La activista llamó la atención sobre los problemas de registro de los delitos en contra de la población LGBTI, pues “existe la categoría de sexo, en la que están hombre y mujer, y otra que es LGBTI, el problema es que muchos casos quedan registrados bajo la categoría LGBTI y es difícil saber si son hombres gays o mujeres trans, más las personas que no registran bajo la variable LGBTI”, indicó. Por ello es difícil conocer la realidad de los delitos contra esa población.

Un llamado en el mismo sentido hizo la CIDH al indicar que la mayoría de los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos, OEA,  no cuentan con sistemas de recolección de datos que tengan en cuenta la identidad de género de las víctimas y varios de los Estados que cuentan con estas herramientas confunden la identidad de género con la orientación sexual.

Viernes, 30 Noviembre 2018

En Colombia sí han bajado los homicidios, el secuestro y el desplazamiento

Por Sania Salazar

Las cifras generales muestran las reducciones, pero hay zonas del país que no se han visto beneficiadas con el desarme de la exguerrilla de las Farc y en los que estos delitos han aumentado, pues en esos territorios persisten otros grupos armados al margen de la ley.

A dos años de la firma del Acuerdo Final entre el Gobierno y la exguerrilla de las Farc, el exministro del Interior Guillermo Rivera, aseguró: “las cifras de homicidios han caído de manera dramática, las cifras de secuestro han caído de manera dramática y el desplazamiento forzado ha caído de manera dramática, este país es, indudablemente otro”, aseguró en el programa Semana en Vivo.

Rivera le dijo a Colombiacheck que se basó en las cifras oficiales que presentó el anterior gobierno al terminar el periodo, pero se excusó por no proporcionarlas, pues dijo no tenerlas a la mano. Además, aclaró que cuando califica de dramáticas las reducciones, quiere decir significativas. 

Colombiacheck revisó las cifras del Ministerio de Defensa y de la Unidad para las Víctimas y encontró que aunque Rivera tiene razón en que las cifras de esos delitos han caído, hay organizaciones como la Fundación Ideas para la Paz y la Fundación Paz y Reconciliación que han llamado la atención sobre el deterioro de la seguridad en algunas zonas del país, por lo que calificamos la frase del exministro con un Verdadero, pero.

Las cifras del Ministerio de Defensa indican que los homicidios y los secuestros vienen en una disminución continua desde 2012, año en el que se inició la fase pública de conversaciones entre el Gobierno y la exguerrilla de las Farc.

En 2012 se registraron en Colombia 15.551 homicidios de civiles. En 2017 los asesinatos fueron 11.847, es decir 3.704 muertos menos. La tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes bajó de 33,4 en 2012 a 24,0 en 2017.

Datos del Ministerio de Defensa

En 2012 se registraron en total 305 casos de secuestro en el país, mientras que en 2017 se reportaron 195, lo que indica una reducción de 110 casos. Ese delito bajó en un 36%.

Datos del Ministerio de Defensa

Según la Unidad de Víctimas, las cifras de desplazamiento empezaron a disminuir en 2014, cuando 248.791 personas fueron expulsadas de los territorios donde vivían. En 2017 hubo 87.340 desplazados. La reducción es de 161.451 casos, un 64%. A noviembre de 2018 se contabilizaban 63.772 desplazados.

Pero no todo es color de rosa

Ariel Ávila, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación, Pares, le dijo al programa radial Rompecabezas, del Centro de Investigación y Educación Popular, Cinep, que la acción militar y gubernamental se demoró mucho en llegar a zonas como Tumaco (Nariño) e Ituango (Antioquia), donde se sabía que la situación de orden público iba a empeorar cuando la antigua guerrilla de las Farc saliera de esos territorios, también dijo que los asesinatos de líderes sociales se deben a multiplicidad de causas pero concluyó: “es cierto que tenemos dificultades, pero si usted voltea a mirar hacia atrás esto es mucho mejor que antes”.

La Fundación Ideas para la Paz, FIP, también llamó la atención del Estado sobre la situación de algunos territorios del país a donde no han llegado los efectos del proceso de paz con las Farc, lo hizo a través del documento “La estabilización en la fase de transición ¿cómo responder a la situación de crisis y fragilidad estatal?”, publicado en octubre pasado.

“Mientras que en algunas regiones del país los niveles de violencia y afectación de la población han tenido una relativa mejora, en otras el Estado enfrenta una verdadera crisis. El aumento en la tasa de homicidios, el incremento del asesinato de líderes sociales y excombatientes, así como el alza en el número de desplazamientos forzados, son una señal clara del deterioro en las condiciones de seguridad”, indica el documento.

Según Ávila, los homicidios han aumentado en municipios como Convención (Norte de Santander), Ituango (Antioquia), Puerto Milán (Caquetá), Puerto Concordia (Meta), La Montañita (Caquetá), Tierra Alta (Córdoba), Tarazá (Antioquia) y San Andrés de Tumaco (Nariño).

Según la Defensoría del Pueblo, los departamentos en los que se han registrado desplazamientos en 2018 son Norte de Santander, Antioquia, Córdoba, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Risaralda, Guaviare, Arauca y Meta.