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Lunes, 13 Febrero 2017

Fiscal se da la ‘pela’ para que colados no ingresen a la JEP

Por Óscar Felipe Agudelo B.

Gracias a las advertencias que hizo Néstor Humberto Martínez, hoy los disidentes y reincidentes de las Farc en actividades ilícitas quedaron por fuera de la Justicia Especial para la Paz.

Cuando el 19 de diciembre de 2016 el Gobierno Nacional inició con la radicación de proyectos de ley que se aprobarían o no vía fast track por parte del Congreso, hubo un tema que el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, señaló como un mayúsculo problema: La ley radicada por el gobierno permitiría colados en la Justicia Especial para la Paz, JEP, beneficios penales a disidentes y reincidentes de las Farc.

La anterior tesis la sustentó el Fiscal argumentado que disidentes de esa organización o reincidentes, aún sin entregar las armas o dejar sus actividades ilícitas, se beneficiarán de la JEP, de acuerdo a como estaba radicado el acto legislativo del Gobierno.

Por esta crítica a Martínez le llovieron críticas y fue señalado de ser un opositor del proceso de paz al ponerle trabas a los proyectos del gobierno, sin embargo, el tiempo y los congresistas terminaron dándole la razón. Varias de las precisiones que el jefe del ente acusador señaló como necesarios para la aprobación de la JEP fueron tenidas en cuenta en los dos debates que se dieron en la Cámara de Representantes, tanto en la comisión primera como en plenaria.

Los señalamientos del Fiscal empezaron el 17 de enero cuando por medio de una misiva dirigida al propio presidente de esa comisión, el representante conservador Telésforo Pedraza, explicó sus preocupaciones.

Colombiacheck seleccionó dos de los señalamientos que hizo el Fiscal, verificó si tenía razón en advertirlos y determinó si la Cámara de Representantes tomó en cuenta sus consideraciones.

¿Los disidentes se beneficiarán de la JEP?

Martínez en una misiva enviada a la Comisión Primera de la Cámara advirtió que el artículo 5º transitorio sobre la JEP tenía una redacción que permitía darle beneficios penales a disidentes de las Farc, es decir, a los que no entregarán las armas y continuarán en actividades ilícitas.

El Fiscal en su misiva argumentó: “El artículo 5º extiende el régimen de beneficios de la JEP a todos “los integrantes de organizaciones que suscriban acuerdos de paz con el Gobierno” sin excluir a los disidentes de dichas organizaciones, los que deben quedar sometidos a jurisdicción de la justicia ordinaria”.

En principio el alto comisionado para la paz, Sergio Jaramillo, negó categóricamente “de ninguna manera”, sostuvo. Explicaba Jaramillo que lo que el Fiscal pretendía era que esto quedará más explícito en el texto que se aprobaría en el Congreso, pero que lo importante era mirar todo en conjunto. Jaramillo recordó el numeral 38 del capítulo que aborda la JEP: “En el caso de las Farc la participación en el Sistema Integral de Verdad Justicia, Reparación y No Repetición estará sujeta a la dejación de las armas”.

En síntesis, el acuerdo final dejó claro que la justicia transicional solo sería para quienes dejarán las armas (no disidentes), sin embargo, esto no estaba así de explícito en el proyecto que tramitó el gobierno en la comisión primera de la Cámara. El Fiscal señaló que era importante que esto quedará de manera categórica y finalmente la Comisión acató la recomendación de Martínez para garantizar que ningún disidente se cuele en los beneficios penales que ofrece la JEP (ver ley aprobada por Cámara).

El texto quedó así: “Respecto de los combatientes de los grupos armados al margen de la ley, el componente de justicia del Sistema solo se aplicará a quienes suscriban un acuerdo final de paz con el gobierno nacional”.

Los reincidentes de las Farc

Otra de las consideraciones que señaló el Fiscal, tanto en su primera como segunda misiva, fue que los reincidentes de las Farc podrían mantener los beneficios penales de la JEP por nuevos delitos cometidos con posterioridad al 1 de diciembre “en el texto propuesto el reincidente mantiene la competencia de la JEP respecto a los delitos cometidos (por él) con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto”.

El Fiscal manifestó que por un lado el acto legislativo dejó claro que los nuevos delitos de los reincidentes pasarán a la justicia ordinaria, pero por otro lado, el proyecto de ley sostiene que en los casos de reincidencia será la JEP quien evaluará esas conductas y decidirá si el nuevo delito cumple o no con las condiciones para ser incluido en el sistema especial de paz. Es decir, que no se expulsa de manera categórica a los reincidentes sino que estos entran en un proceso de evaluación de la JEP.

Tras el debate, el proyecto que finalmente aprobó la plenaria de la Cámara quedó así: “Si con posterioridad a la entrada en vigencia de este Acto Legislativo y a la finalización del proceso de dejación de armas alguna de las personas sujetas a la jurisdicción de la JEP cometiera un nuevo delito, este será de conocimiento de la justicia ordinaria.

En dichos casos, la JEP evaluará si esta nueva conducta, cuando corresponda con las que serían de su competencia, implica un incumplimiento de las condiciones del Acuerdo Final, que amerite no aplicar las sanciones propias o alternativas a las que tendría derecho por los delitos de competencia de la JEP.

Para el Fiscal no solo es importante que el Acuerdo Final mencione ciertos aspectos sino también que queden explícitos en los textos que se están debatiendo en el Congreso. Por ahora, el fast track sobre la jurisdicción especial de paz ya quedó aprobado en las dos instancias de la Cámara de Representantes, ahora la pelota la tiene el Senado, entidad que tendrá que dar otros dos debates sobre el tema (en Comisión Primera y en Plenaria) donde seguro el Fiscal volverá a pedir claridades.

Miércoles, 02 Agosto 2017

“El gobierno pretende reducir a la mitad condenas a quienes no colaboren ni reparen a las víctimas”

Por Óscar Felipe Agudelo B.

Dijo Claudia López al denunciar un ‘mico’ en el proyecto de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, radicado ante el Congreso. Y aunque el 'animal' existe, su afirmación sobre la reducción de las condenas es engañosa.

Tres ministros del gabinete de Juan Manuel Santos radicaron ayer, 1 de agosto, en el Congreso de la República el proyecto de ley estatutaria sobre la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP. Se trató de Luis Carlos Villegas, ministro de Defensa, Guillermo Rivera, ministro del Interior, y Enrique Gil Botero, ministro de Justicia.

No habían pasado 24 horas cuando Juanita Goebertus, exdelegataria del gobierno en la mesa de la Habana y directora de Proyectos Latam, señaló que en dicho proyecto había un ‘mico’. Lo hizo por medio de su cuenta de Twitter:

 

 

Pero Goebertus no fue la única que protestó por el ingreso del supuesto primate. Haciendo eco de su denuncia también trinó Claudia López, aspirante a la presidencia de Colombia y actual senadora de la República:

 

 

Colombiacheck indagó si en realidad y a través del proyecto radicado por el gobierno, se le estarían dando a las Farc beneficios adicionales a los estipulados en el Acuerdo Final. Específicamente verificamos la veracidad de la afirmación según la cual se les reduciría a la mitad las condenas “a quienes no colaboren ni reparen a las víctimas”, como lo aseguró Claudia López.

 

¿Qué dice el Acuerdo Final?

Como contamos en el chequeo Las Farc no pagarán cárcel, ¿verdad? es necesario revisar el Acuerdo Final para verificar que en esencia se establecieron dos caminos para que los exguerrilleros lleguen ante la justicia especial, la JEP.

En la página 160 del Acuerdo Final, en lo relativo al punto cinco sobre Víctimas y más específicamente sobre la JEP, quedó establecido que serán dos distintas secciones en el Tribunal para la Paz, “una sección de primera instancia en caso de reconocimiento de verdad y responsabilidad, que proferirá sentencias” y otra “sección de primera instancia para casos de ausencia de reconocimiento de verdad y responsabilidad, donde se celebrarán juicios contradictorios y se proferirán sentencias, bien absolutorias o bien condenatorias. En este caso, se impondrán las sanciones ordinarias o alternativas que correspondan”, explica el texto.

Lo que estableció el Acuerdo Final es que quienes digan la verdad irán a una sección que les permitirá tener penas alternativas que no pasaran de los ocho años. Y por penas alternativas se debe entender sanciones no intramurales (cárcel) y cuyo tiempo varía según el tipo de delito.

Por el lado de los renegados a decir la verdad, estos irán a otra sección y allí tendrán procesos contradictorios, además, esos casos perderán el derecho al beneficio de penas alternativas, es decir, en estos casos sí tendrán que pagar sus penas en cárceles detrás de las rejas. Lo que se conoce en el Acuerdo como sanciones ordinarias.

Así quedó en lo negociado en La Habana y así lo aclaró para Colombiacheck Juanita Goebertus, pieza fundamental en el diseño sobre el Punto de Víctimas y quien dijo que esto se pactó así para “incentivar el reconocimiento temprano”.

En síntesis, el que no acepta responsabilidades de manera inmediata pierde los beneficios de salvarse de pagar su sanción en una cárcel intramural como La Picota o el Buen Pastor, así se pactó en La Habana.

 

Así es el proyecto del Gobierno

Con este panorama claro Colombiacheck se dispuso a verificar el ‘mico’ del proyecto radicado por el gobierno bajo la batuta de tres ministros.

En primer lugar se revisó el artículo 137 del proyecto, que se refiere a los renegados de las Farc porque aborda procesos contradictorios que, como lo mencionamos anteriormente, solo fueron diseñados para quienes no digan la verdad en primera instancia. El subtítulo de ese apartado se denomina: “Sanciones alternativas aplicables a quienes reconozcan verdad y responsabilidad por primera vez en el proceso contradictorio ante la sección de primera instancia”.

Ese artículo 137 menciona que "en cualquier caso en el que el Tribunal para la Paz aprecie que el reconocimiento de verdad y responsabilidad efectuado no ha sido exhaustivo, completo y/o detallado, se aplicará por el Tribunal para la Paz sanciones alternativas según el siguiente procedimiento:”

De lo anterior queda claro que bajo la frase “en cualquier caso” (casos que no hayan dicho la verdad en primera instancia) el Tribunal para la Paz aplicará “sanciones alternativas”, algo contrario a lo acordado en La Habana porque las sanciones alternativas solo fueron diseñadas para quienes digan la verdad en primera instancia. Ese es precisamente el incentivo para que hablen de manera pronta.

Según Goebertus, quienes en principio no reconozcan la verdad pero luego en otra sección lo hagan, tendrán que pagar cárcel de cinco a ocho años, los que no reconozcan la verdad en ninguna instancia sí irán a la cárcel y tendrán que pagar condenas de hasta 20 años. Todo depende del tipo de delito.

Llama la atención este cambio pues nunca estuvo en duda que el beneficio de sanción alternativa solo fue diseñado para quienes digan la verdad de manera inmediata y no en otras instancias que es como lo propone el proyecto radicado por el gobierno.

El mismo artículo 137, en referencia a procesos contradictorios, expone además que: “la Sección competente del Tribunal para la Paz le impondrá una pena alternativa que consiste en privación de la libertad por un período mínimo de cinco (5) años y no superior a ocho (8) años, tasada de acuerdo con la gravedad de los delitos y el grado de su reconocimiento de verdad, de responsabilidades y de colaboración efectiva en el esclarecimiento de los mismos”.

En definitiva, el texto radicado por el proyecto ofrece penas alternativas incluso a quienes no digan la verdad en primera instancia, siempre y cuando lo hagan en la sección posterior, la que aborda casos de ausencia de reconocimiento de verdad y responsabilidad.

Este cambio en las condiciones del juzgamiento de los exguerrilleros y demás personas que se acojan a la JEP, con respecto a lo pactado en el Acuerdo Final, es lo que da vida al ‘mico’ que señalaron Goebertus y López.

 

El error de Claudia López

Además de mencionar el ‘mico’, la senadora López sostuvo que “el gobierno pretende reducir a la mitad condenas a quienes no colaboren ni reparen a las víctimas”, afirmación que resultó engañosa porque el proyecto del gobierno no pretende reducir las penas sino reducir el tiempo en la cárcel de quienes en otra instancia diferente a la inicial reconozcan la verdad.

Al menos así se lo explicó Goebertus al tuitero Gustavo Garcia:

 

 

 

 

Lo que dice el texto del gobierno es que “el Tribunal podrá ordenar que, una vez cumplido como mínimo el 50% del tiempo de sanción impuesta, el cumplimiento de esta concluya en condiciones equivalentes a las de las sanciones propias”.

Es decir, quienes no digan la verdad en primera instancia y por ese motivo sean condenados y se encuentren en la cárcel, pero decidan contar por fin la verdad, podrían pagar el 50% de la pena restante con sanciones alternativas, claro, primero tienen que pagar la mitad de la pena en una cárcel, eso fue lo que sentenció el texto radicado por el gobierno.

No reducción de penas. Lo cambiado fue el cómo pagar esa pena, esa sanción. Colombiacheck busco todo el día a la senadora López pero no recibimos respuesta ni por teléfono ni por medios electrónicos.

El tuitero Natalio Cosoy, corresponsal en Colombia de la BBC también formuló una inquietud frente a lo radicado por el gobierno en el artículo 137 cuando se menciona “sanciones propias”. ¿Qué son las sanciones propias? A lo que Goebertus respondió por medio de su Twitter.

 

 

 

¿El Congreso votará el ‘mico’?

Una pregunta similar hizo el tuitero y consultor empresarial Luis Carlos Jacobsen, a lo que Goebertus respondió que se necesita presión en el Congreso para que incluyan una proposición. Además, el ‘mico’ tendrá que lidiar en los debates conjuntos de Cámara y Senado, no siendo poco, además, cada cámara del Congreso debatirá por aparte el proyecto. En síntesis, este primate tendrá que saltar bastante para poder ser aprobado.

 

 

Tanto Goebertus como López tiene razón al señalar la presencia del ‘mico’ pero la aspirante a la presidencia se equivocó al publicar en su cuenta de Twitter (que tiene más de 700.000 seguidores) que se reducirán las penas a las Farc.

Una salida en falso que sirvió para darle insumos a los opositores del proceso de paz, por lo menos así lo publicaron usuarios que se hacen llamar en la red social Aureliano, coronel Buendía y Jorge Enrique Gelves.

 

 

 

 

Aunque bueno, todo hay que decirlo, no fuimos los únicos que nos dimos cuenta del error de la senadora del partido Verde, tuiteros como Darío T. también la corrigieron.