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Verdadero pero...

Viernes, 29 Marzo 2019

Gobierno Santos sí les pagó vuelos chárter a los jefes de las Farc

Por José Felipe Sarmiento

Fondo Paz, una dependencia de la Presidencia, había gastado casi 5.500 millones en tiquetes chárter para los excomandantes de esa guerrilla, antes y después del Acuerdo, hasta 2017. Venezuela también transportó a ‘Timochenko’ al menos una vez.

Cuatro fotos acompañan una publicación viral de la página ‘Timochanda’ en Facebook en la que se critica que el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos “(les) pagaba aviones privados y helicópteros a Timo(chenko), el Paisa, Iván Márquez, (Marcos) Calarcá y demás criminales de las Farc”.

El primero, cuyo nombre real es Rodrigo Londoño y fue el máximo comandante de la guerrilla hasta su desmovilización, aparece en las primeras dos imágenes; en una está junto a un avión y en la otra, al lado de un helicóptero. La tercera foto, de baja resolución, muestra a dos personas bajándose de otra aeronave.

La última retrata sonriente al hoy representante del partido FARC por el Valle, Luis Alberto Albán (‘Calarcá’), y a Rodrigo Granda leyendo a su lado. Van sentados en el interior de un avión privado, detrás de una mesa amplia en la que reposan otro libro, un computador portátil y una revista.

Publicación en Facebook sobre los vuelos chárter para jefes de las Farc

Primero, las fotos

De la última foto no apareció ningún rastro, otras dos dieron pistas intermedias. La tercera, la pixelada, fue la única que arrojó resultados precisos por búsqueda inversa de Google. El diario La Nación de Neiva la usó para ilustrar su nota sobre la llegada a Cuba de Hernán Darío Velásquez, ‘el Paisa’, para reforzar el equipo negociador de las Farc en abril de 2016.

En su registro también hay una imagen de plano medio en la que se ve al entonces comandante de la columna móvil Teófilo Forero conversando con ‘Joaquín Gómez’. Allí lleva la misma ropa (camisa tipo polo de color salmón y cuello azul oscuro, gorra caqui y maleta negra). Esto confirma su identidad, que no es tan clara en la publicación de Facebook.

El portal La Silla Vacía también acompañó un análisis sobre el arribo de Velásquez a la isla con una captura de video muy parecida a otra de las que publicó el periódico huilense. Las demás personas presentes en la secuencia y los emblemas del avión corresponden entre los dos medios y con los se alcanzan a ver en la imagen de ‘Timochanda’. 

Además, en las fotos de ambos artículos se aprecia la matrícula HK-4600 sobre la compuerta de bodega del avión. Según los registros de la Aeronáutica Civil, este Beechcraft 1900D, con capacidad para 16 a 19 pasajeros, es utilizado por la aerolínea Servicio Aéreo de Capurganá S.A. (Searca), el mismo nombre que se ve sobre el costado de la aeronave en la publicación viral.

Captura de pantalla del registro del avión en la Aerocivil

El avión es de la misma marca y características que el de la aerolínea Helicópteros Nacionales de Colombia S.A.S. (Helicol) con el que sale Londoño en la primera imagen. Los colores y el logotipo son iguales a los de la empresa, que aparece ante la Aerocivil como explotadora de cinco de esas aeronaves. Una hora de vuelo en una de ellas cuesta 6’650.000 pesos y el trayecto Bogotá-La Habana toma al menos dos y media, según le dijeron a Colombiacheck en su servicio de atención telefónica.

La otra foto de ‘Timochenko’ fue utilizada por un portal mexicano para ilustrar una nota sobre sus problemas de salud. El resultado aparece en la búsqueda inversa de Google pero la página ya no existe, por lo que es difícil saber la fecha. No obstante, una usuaria de Twitter publicó ambas fotos de Londoño en marzo de 2017, por lo que no serían posteriores a esa fecha; es decir que tuvieron que ser tomadas durante la negociación o menos de cuatro meses después de la firma del Acuerdo del Teatro Colón, en el gobierno Santos.

El helicóptero con el que aparece el exguerrillero es un Eurocopter EC145, modelo que se lee en la parte alta del fuselaje. También allí se ve la bandera de Colombia. Al buscar por esa especificación y el país, aparecen las aeronaves de Helistar S.A.S.. La compañía explota ocho de ellas, según Aerocivil, y las identifica con la misma apariencia y colores que el de la imagen.

Esta empresa también llevó a ‘Timochenko’ a la región de Llanos del Yarí, entre Meta y Caquetá, en septiembre de 2016 para participar en la X Conferencia de las Farc, en la que se decidió la transformación de esa guerrilla en partido político. Como lo investigó El Tiempo en ese entonces, la aerolínea opera el avión HK5068 en el que se trasladó Londoño, un Dassault modelo Falcon 2000EX con capacidad para 10 pasajeros.

Captura de pantalla del avión en Aerocivil

En ese entonces, el abogado de Helistar, Abelardo de la Espriella, le aclaró al periódico que la contratación se había hecho con el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR). En la foto que publicó el diario se ven tanto la identificación del avión como los emblemas de ese organismo internacional sobre el fuselaje.

Siete meses antes, en febrero de 2016, los entonces jefes de las Farc también volaron de Valledupar a La Habana con logística del Comité. En las fotos del diario El Heraldo de Barranquilla se ve el logotipo de la Cruz Roja sobre el avión Beechcraft 1900 HK4709, propiedad de Searca pero explotado por Servicios Asociados Nacionales de Transporte Aéreo S.A.S. (Santa), y el helicóptero Mil MI-171 de matrícula HK5081, con cupo para 24 pasajeros, que maneja Helistar.

Registro de propiedad del avión en Aerocivil

Registro explotación del avión en Aerocivil

Captura de la página de Helistar con foto del mismo helicóptero

Registro de explotación del helicóptero en Aerocivil

La directora de comunicaciones del CICR en Colombia, Isabel Ortigosa, aclaró que esta institución no asumió los costos de esos transportes. “Sí facilitamos varios vuelos de negociadores a pedido de las dos partes, porque es la manera en la que trabajamos siempre, pero nosotros no aportamos dinero para pagar por esos viajes”, explicó.

Entonces, ¿de dónde salieron los recursos para estas empresas privadas por transportar a los exjefes de las Farc?

La plata

La Presidencia de la República tiene una bolsa de recursos que se encarga de solventar todo lo necesario para los procesos y acercamientos que busquen la desmovilización de grupos armados y cumplir otras funciones de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. Esa cuenta se llama Fondo de Programas Especiales para la Paz (Fondo Paz).

El decreto que lo rige señala que entre sus tareas específicas está la de “financiar y cofinanciar la realización de actividades que generen condiciones para entablar conversaciones, diálogos y firma de acuerdos con grupos alzados en armas que participen en el conflicto interno armado”.

Desde hace varias semanas, Colombiacheck le pidió a su director, Juan Carlos Vargas, detalles sobre los montos y el origen de los recursos en el caso de los vuelos para la delegación de las Farc. Por ejemplo, si siempre había pagado Colombia o había recibido recursos internacionales para cubrir esos gastos.

Todavía no ha llegado la respuesta, pero algunas de estas inquietudes sí le fueron resueltas por esa dependencia a Noticias RCN en noviembre de 2017. Desde 2014 hasta entonces, los vuelos chárter de los excomandantes guerrilleros (antes y después del Acuerdo) sumaban casi 5.484 millones de pesos. De estos, 4.317 millones se gastaron en 2016, el año de la firma, y 1.027 millones, en lo que iba corrido del siguiente.

Sin embargo, hay que recordar que Venezuela, como país acompañante del proceso, también transportó a ‘Timochenko’ en al menos una vez. Fue cuando llegó a La Habana desde Caracas para la firma del punto 5, sobre las víctimas, en septiembre de 2015. El avión Beechcraft 1900 de matrícula venezolana YV 2869 era utilizado por la empresa estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) y llevaba sus emblemas.

El presidente Nicolás Maduro confirmó la participación de su país en esa operación, por medio de declaraciones que le dio ese mismo día a Noticias Caracol en Estados Unidos.

De modo que la publicación viral es verdadera pero no fue posible establecer con claridad el origen de todas las imágenes y, en consecuencia, quién corrió con los gastos en esas ocasiones particulares. Lo más probable es que haya sido Colombia pero, por lo menos en la imagen captada dentro de un avión, cabe la posibilidad de que haya sido otro país, como en el caso del vuelo de PDVSA.

[Actualización 8 de mayo de 2019]

Un mes después de la publicación de esta nota, seis semanas después de la solicitud de información que hizo Colombiacheck por correo electrónico y una más desde la primera vez que se comunicó con la Oficina del Alto Comisionado para la Paz para preguntar al respecto, esta dependencia respondió el 30 de abril de 2019 con un informe sobre los gastos en viajes aéreos con motivo del proceso de paz con las Farc en La Habana.

Según el documento, firmado por el asesor Héctor Fabio García Arango, los tiquetes a Cuba representaron 2.841 millones de pesos mientras que los vuelos en aviones de la Fuerza Aérea “y otros” costaron casi 15.122 millones. Aunque las cifras son distintas a la presentadas por RCN, hay que tener en cuenta que el noticiero también incluyó viajes nacionales mientras esta tabla solo hace referencia a los que tuvieron por destino Cuba, aunque el lapso cubierto aquí es más largo.

Tabla de gastos en vuelos del proceso de paz a Cuba según Fondo Paz

La entidad también recordó las normas que le asignan a Fondo Paz la función de financiar estos procesos, en especial el citado decreto, y remitió al Acuerdo General para la Terminación del Conflicto, con el que se dio inicio a la negociación. Allí el Gobierno, en cabeza de Santos, se comprometió a garantizar “los recursos necesarios para el funcionamiento de la Mesa”.

Esta información confirma la calificación inicial del chequeo.

Nota: la caricatura de alias "Timochenko" usada por la página "Timochanda" y replicada en la portada de esta nota viene originalmente de Juan Homez.

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Martes, 14 Marzo 2017

Por “decreto” se suspenden investigaciones a las Farc

Por Óscar Felipe Agudelo B.

Con esa contundencia, bajo el calificativo de insólito, trinó José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch, sobre un decreto presidencial que lleva a “suspender investigaciones sobre atrocidades”. Vivanco también señaló que la decisión “ni siquiera respeta el acuerdo de paz”, dos críticas verdaderas.

En las últimas semanas han sido varios los decretos presidenciales polémicos en lo referente a la implementación del Acuerdo Final pactado en La Habana, por ejemplo, unos de ellos fue sobre los $1.8 millones para hasta 1.2000 integrantes de las Farc que se convertirían en escoltas.

Dentro de las voces de inconformidad por los decretos presidenciales sonó una más, esta vez de carácter internacional y de incuestionable trascendencia. Fue el 18 de febrero, la del director de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco.

 

 

El alto funcionario señaló, con documentos como evidencia, que el decreto presidencial 277 de 2017 suspende las investigaciones sobre atrocidades, lo que ocasiona un irrespeto al Acuerdo de Paz. Algo que Colombiacheck pudo establecer como verdadero gracias a la claridad de las pruebas presentadas por Vivanco y también por un informe que realizó Noticias RCN sobre el tema.

Para comprender el tema lo primero que hicimos fue conocer qué se entiende por crímenes atroces.

Al respecto Naciones Unidas publicó en su informe de 2014 Marco de Análisis para Crímenes Atroces que “el término crímenes atroces se refiere a tres crímenes internacionales definidos jurídicamente: genocidio, que es el exterminio sistemático y deliberado de un grupo social por motivos raciales, políticos o religiosos; crímenes de lesa humanidad, que es todo acto tipificado como asesinato, exterminio, esclavitud, deportación o traslado forzoso de población, encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales, y finalmente, crímenes de guerra, los malos tratos a prisioneros de guerra y civiles y los genocidios”.

Ya teniendo claro a qué nos referimos, verificamos los documentos que presentó Vivanco y encontramos que es verdadero el hecho de que el decreto presidencial mencionado va en contravía del Acuerdo Final. Lo anterior porque lo pactado en La Habana le daba alas a la Fiscalía para seguir su labor investigativa hasta que entre en vigencia la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, y en contravía, el decreto presidencial le quita de tajo esas alas y lo hace de manera inmediata.

“Todos los procesos en los cuales se haya otorgado la libertad condicionada o decidido el traslado a las Zvtn, de que tratan la Ley 1820 de 2016 y el presente decreto, quedarán suspendidos hasta que entre en funcionamiento la Jurisdicción Especial para la Paz”, sentenció el decreto 277 de 2017.

Por su parte, la página 156 del Acuerdo Final, en lo referente a las funciones de la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad, estableció en el numeral J que:

“La Fiscalía General de la Nación o el órgano investigador de cualquier otra jurisdicción que opere en Colombia, continuarán adelantando las investigaciones hasta el día en que la Sala… anuncie públicamente que en tres meses presentará al Tribunal para la Paz su resolución de conclusiones, momento en el cual la Fiscalía o el órgano investigador de que se trate, deberán remitir a la Sala la totalidad de investigaciones que tenga sobre dichos hechos y conductas, momento en el cual la Fiscalía o el órgano investigador de que se trate perderá competencias para continuar investigando hechos o conductas competencia de la Jurisdicción Especial de Paz”.

Es claro entonces que el Acuerdo Final permitía que la Fiscalía continúe con su labor investigativa hasta que la JEP anuncie públicamente la resolución de sus conclusiones en cada caso estudiado por ella. A partir de ese momento, la Fiscalía perdería todas sus competencias en las investigaciones con ocasión al conflicto y con posterioridad al 1 de diciembre de 2016, y entonces debería pasarle todas las investigaciones a la JEP.

Así está planteado en el Acuerdo Final, pero pasando por encima de lo acordado el Gobierno por medio del decreto 277 señaló que en cuanto a los procesos de los integrantes de las Farc “quedarán suspendidos hasta” la entrada en vigencia de la JEP.

Quedan suspendidos todos los procesos sin diferencia alguna, sin importar si son crímenes atroces o amnistiables. “Todos son todos”, y en eso también tiene razón José Miguel Vivanco.

 

¿Una “metida de pata” del abogado de las Farc?

Un hombre conocedor de leyes y cercano a las Farc, Enrique Santiago, abogado del grupo guerrillero, contestó el trino de José Miguel Vivanco y manifestó que la suspensión de procesos no impedía el trabajo investigativo de las autoridades judiciales.

De inmediato y como si se tratará de Colombiacheck el propio Vivanco corrigió a Enrique Santiago por su falta de actualización sobre la legislación colombiana.

 

 

Respecto a la “metida de pata” el abogado de las Farc no respondió nada pero sí le contra argumentó a Vivanco que los que investigan en Colombia son la Fiscalía y la Policía, no los jueces. Aunque claro, Enrique Santiago no perdió la oportunidad para solicitarle a Vivanco que no alimentará al uribismo. Luego, Vivanco no continuó con la conversación tuitera.

 

 

Al margen de cualquier argumentación jurídica para Colombiacheck el decreto 277 fue claro. Todos los procesos “quedarán suspendidos hasta” que entre en vigencia la JEP. Todos son todos. El decreto no discriminó entre qué tipo de procesos y el ente investigador encargado de dichos procesos. Solo manifestó que la medida será para los que se les haya “otorgado la libertad condicionada o decidido el traslado a las Zvtn”.

 

¿Mientras tanto quién investigará?

¿Si con el decreto presidencial la Fiscalía pierde sus competencias entonces quién investiga mientras entra en vigencia la JEP? ¿Es clara la fecha de reinicio de las investigaciones?

Sobre el primer interrogante Colombiacheck consultó a Mario Hernán López, doctor en resolución de conflictos de la Universidad de Caldas, quien sostuvo que si bien puede haber un vacío jurídico momentáneo, estas son situaciones excepcionales que debe vivir el país en el marco de una justicia transicional. “Seguramente habrán situaciones similares a estas”, señaló López.

Frente al mismo tema, el abogado penalista Francisco Bernate, explicó que si el decreto dice que “quedarán suspendidos” todos los procesos la única exclusión que se podría hacer a esa literalidad es la referida a investigaciones sobre conductas con posterioridad a la firma del Acuerdo Final. Bernate añadió que no sería viable que graves conductas contra la humanidad como crímenes de lesa humanidad sean paradas en sus investigaciones.

El reinicio de las investigaciones es algo que no tiene fecha clara porque según el decreto presidencial éstas quedan suspendidas hasta la entrada en vigencia de la JEP, un tema bien espinoso porque tampoco hay fechas específicas para que entre en vigencia y porque para el Gobierno solo arrancará la JEP hasta que todas todas las salas estén en funcionamiento, así lo comprobó Colombiacheck en “La JEP funcionará hasta por diez años, un engaño del presidente Santos”.

Lo lógico sería que las investigaciones vuelvan a ser retomadas cuando entre en funciones la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad, pero habrá que esperar, por ahora no hay información precisa sobre cuándo será esto.

Colombiacheck le consultó a la Fiscalía si a raíz del decreto presidencial suspendieron los procesos de investigación contra los integrantes de las Farc a quienes acoge esta medida pero no tuvo respuesta del ente investigador.