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Miércoles, 11 Marzo 2020

Historiador desmiente el ‘cuento’ de Casilda Cundumí

Por José Felipe Sarmiento

No hay pruebas de que el relato que circula en redes sobre la supuesta heroína afro de Palmira sea verdad. Por el contrario, la historia tiene varias inconsistencias.

El historiador Felipe Arias Escobar publicó un hilo en Twitter en el que desmiente la historia viral de Casilda Cundumí Dembele, una supuesta heroína afrocolombiana que se rebeló contra los esclavistas del Valle del Cauca en el siglo XIX. En sus trinos, el experto detalló por qué este “es un cuento que solo existe en Facebook”.

Arias demostró, con una búsqueda avanzada en Google, que la famosa heroína era inexistente en internet antes de 2016. Por eso cuestionó lo lejos que ha llegado la leyenda de “la negra Casilda” desde entonces: inspiró una canción de la orquesta de salsa Tromboranga que lleva ese título y una película del director Derby Arboleda llamada ‘Casilda: un grito de libertad’, ganadora de un estímulo del Fondo para el Desarrollo de la Televisión en 2018.

Colombiacheck comprobó que la producción cinematográfica ha sido presentada como un drama documental y que fue proyectada con apoyo de la Alcaldía de Cali en marzo de 2019. La biografía de la supuesta guerrera antiesclavista también se encuentra en una columna de la exsenadora Piedad Córdoba, publicada en Las2Orillas el mes siguiente; algunas entradas de blogs de 2017 y un artículo de La Griot (Gaceta Afrobogotana de Interés Cultural, Científico y Tecnológico) de septiembre de 2016. Hasta se venden camisetas con su imagen.

Artículo de revista afro sobre supuesta heroína Casilda Cundumí Dembele

Además, una escuela afro del norte del Cauca fue bautizada en honor de la falsa ídola. La institución está descrita en el documento orientador de la Minga Internacional ‘Retos y Desafíos de la Educación Propia’, que se realizó en Popayán en noviembre pasado.

Revisamos el hilo de Arias y encontramos que tiene la razón: es falso que Casilda Cundumí Dembele haya existido.

Nada cuadra

El primer detalle sospechoso en la biografía de Casilda Cundumí es el de las fechas de nacimiento y fallecimiento. Estas indican que la mujer vivió 122 años y al final dice que fueron 123. Si esto fuera cierto, habría alcanzado la misma edad o más que la francesa Jeanne Calment (1875-1997), quien ostenta el récord, validado científicamente, de ser la persona más longeva de la que se tiene documentación.

Arias también desmintió otros datos que se caen de su propio peso. Empezando por la foto. Una búsqueda inversa de la imagen con Google le arrojó que su autor es el fotógrafo Albert Henschel, que nació en Alemania en 1827 y vivió en Brasil desde 1866 hasta su muerte en 1882. La original, en formato de tarjeta de visita, data aproximadamente de 1870 y hoy es propiedad del Museo Etnológico de Berlín, que la conserva bajo el título de ‘Retrato de una afrobrasileña (esclava)’. La mujer no es ninguna heroína afrocolombiana.

“Otra inconsistencia es su origen, pues la trata atlántica se prohibió bajo la Independencia. Si [Casilda] llegó por contrabando o por el restablecimiento de la práctica en 1843, no pudo ser ‘de Malí’, lugar que no existía en el siglo XIX (el país moderno toma su nombre de un reino medieval)”, agregó el historiador.  En efecto, la prohibición del comercio esclavista en Colombia se dio en 1825, solo dos años después de la fecha de nacimiento de la mujer imaginaria.

Entre tanto, la colonización de lo que hoy es Malí solo fue concretada décadas más tarde por Francia, que desplazó de a pocos al dividido imperio islámico Tukulor hasta su derrota definitiva a finales del siglo XIX. Para ese entonces, la Segunda República Francesa ya había abolido la esclavitud definitivamente en sus territorios y las potencias europeas se comprometían a poner fin al tráfico de personas en el Acta General de la Conferencia de Berlín (1885), un propósito que se habían planteado desde la de Viena, 70 años antes.

Además, la demanda de esclavos en el suroccidente de la Nueva Granada era cubierta desde 1780 con personas afro nacidas en el mismo país, no traídas de África o las Antillas. Así lo afirma la también historiadora María Camila Díaz Casas en su libro Salteadores y cuadrillas de malhechores (Universidad del Cauca, 2015), sobre la “acción colectiva de la ‘población negra’” en la década de 1840.

Los textos virales dicen que Cundumí huyó a las montañas con 17 años, después de estar esclavizada en las plantaciones de caña de la hacienda Manuelita. Pero George Henry Isaacs compró esas tierras apenas ese año, justamente 1840, y fue él quien luego las bautizó con su nombre actual por su esposa, Manuela Ferrer. Hasta entonces, la propiedad se llamaba Concepción de Nima, como lo han documentado los investigadores Isabel Cristina Bermúdez Escobar, Eduardo Mejía Prado y Armando Moncayo Urrutia, entre otros.

Arias menciona la fecha de fundación del ingenio azucarero homónimo, creado en 1864 tras la adquisición de trapiche y terrenos por parte de James Martin ‘Santiago’ Eder.

De acuerdo con Díaz, los comienzos de la década de 1840 sí fueron una época de fugas masivas de esclavos de las minas y haciendas de lo que hoy son Valle, Cauca y Nariño, tras el escaso cumplimiento de la libertad de vientres que entró en vigencia en 1839. Pero la población afro no escapaba para hacerse cimarrona como en la Colonia, sino para enlistarse en los ejércitos de la Guerra de los Supremos. De esta forma, perseguían nuevas promesas de libertad hechas por las élites criollas enfrentadas.

Los afros de la zona recurrieron a algunas acciones violentas en los años inmediatos a la terminación de ese conflicto, como un levantamiento armado en Caloto y asesinatos de amos esclavistas. Su lucha se decantaría por las vías pacíficas e institucionales a partir de 1844 y volvería a combinarse con la violencia desde 1848 hasta la guerra de 1851 por la abolición. Díaz no menciona ninguna Casilda Cundumí que haya sido protagonista en alguno de esos periodos.

Precisamente porque el gobierno de José Hilario López suprimió la esclavitud como práctica legal en ese momento, Arias argumentó que no tiene sentido que haya habido una gran rebelión cimarrona liderada por ella en 1862. También recordó que el país atravesaba una guerra civil que los liberales estaban próximos a ganar. De hecho, Tomás Cipriano de Mosquera ya se había declarado presidente provisorio tras tomarse Bogotá y derrocar a Mariano Ospina Rodríguez.

A esto se suma que la pena de muerte para delitos políticos fue abolida en Colombia incluso antes que la esclavitud, en 1849, también durante el mandato de López. Esto, de nuevo, le da la razón al experto cuando cuestiona la veracidad del fusilamiento de un español anónimo por ayudar a la imaginaria Casilda, con quien mantenía un romance, en su lucha para liberar esclavos que ya eran libres ante la ley. La cadena fecha este acontecimiento en 1857, así que la cronología no cuadra.

La ejecución tampoco encaja en el espacio. No pudo tener lugar en el parque Bolívar de Palmira, donde la narración la ubica, porque el sitio no existía. De acuerdo con Arias, se inauguró en 1917, o sea 60 años después de la muerte del amante. Una nota del diario caleño El País cuenta que el acondicionamiento del lote para hacer esa obra empezó en 1901. Fotos de 1864 y 1870, incluídas en una presentación de la Academia de Historia del municipio, muestran el terreno casi vacío. Es más, la actual catedral y la antigua sede de la Alcaldía, ambas adyacentes, también fueron edificadas a principios del siglo XX.

La nacionalidad española del fusilado y los dueños de las haciendas tampoco se acomodan a la realidad de esa época, posterior a la Independencia. “Los realistas peninsulares abandonaron sus tierras por el exilio y los que no lo eran se incorporaron a la República como ciudadanos neogranadinos”, explicó el autor del hilo, puesto que en 1821 se expidió una ley para expulsarlos del país.

En el libro de su colega Díaz, por ejemplo, los propietarios de esclavos son criollos, no españoles. Entre ellos están el poeta Julio Arboleda, que más adelante sería presidente; el asesinado amo Salvador Holguín, el abogado Mariano Tejada, que fue gobernador de Popayán en 1852, y Manuel Esteban Arboleda.

Tampoco eran españoles los dueños de Manuelita. Eder, el fundador del ingenio, nació en una región de lo que hoy es Letonia. Isaacs era ciudadano británico nacido en Jamaica y Ferrer, de ascendencia italocatalana, nació en el Chocó. Del anterior dueño, Mariano Becerra Carvajal, no hay mayores datos sobre su origen. Pero él le compró las tierras a la caldense Florencia González, quien las heredó de su papá, Pedro González de la Penilla.

Él fue el último español en adquirirlas, cosa que sucedió casi medio siglo antes de la consolidación de la Independencia y del supuesto nacimiento de Cundumí. Eran parte de la Hacienda Real que la Corona española le asignó en 1770, luego de su expropiación a la Compañía de Jesús en 1767.

La conclusión de Arias fue que no hay ninguna evidencia documental ni relatos orales que sustenten la leyenda. Colombiacheck, por su parte, revisó la argumentación y reconfirmó que se trata de un relato falso.

“Para esta sociedad desigual y en crisis, ávida de nuevos relatos históricos que inspiren, podríamos valorar la ficción de Casilda Cundumi. Pero también merecemos una ficción histórica que conozca y respete la historia afro, más cuando ésta posee un componente político tan fuerte”, escribió el académico.

En consecuencia, invitó a indagar sobre figuras históricas reales como la heroína independentista María Antonia Ruiz o las hermanas Petrona y Sebastiana Cárdenas, que tras quedar libres ayudaron a liberar a otros esclavos. Estas tres mujeres afros sí vivieron en lo que hoy es el Valle del Cauca, no son inventos de las redes sociales.

Finalmente, Arias aclaró que “la intención aquí no es suplantar el derecho de un pueblo a construir su propia memoria. Al contrario, la historiografía puede servirnos para enriquecer esa experiencia con historias ojalá reales”.
 

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Jueves, 07 Septiembre 2017

Nuestros lectores nos chequean

Por Colombiacheck

Tras publicar un chequeo sobre la propiedad de la tierra rural en Colombia, recibimos críticas de lectores, expertos y periodistas independientes quienes señalaron un error de interpretación en los datos. Ofrecemos excusas y aclaramos la información.

Colombiacheck, fiel a su política de aclaraciones, corrige el chequeo realizado a una afirmación de María Fernanda Cabal, congresista del Centro Democrático, en la cual aseguró que la tierra rural en Colombia “está en manos de los territorios colectivos de comunidades negras y de los resguardos indígenas”, la cual en principio calificamos como verdadera pero que, a la luz de los elementos aportados por algunos lectores, fuentes expertas e independientes, hoy reconsideramos y calificamos como engañosa.

Nuestro error consistió en manifestar que “porcentualmente, las comunidades negras e indígenas juntas sí tienen más tierra rural en promedio que cualquier otro colombiano”.

No debimos mezclar a los propietarios de tierra rural en Colombia con toda la población del país, ya que en su mayoría esta vive en centros urbanos (ciudades) y no es propietaria de tierra en el campo, además, las propiedades colectivas, como las de los negros y los indígenas, tienen profundas diferencias con las de cualquier otro propietario privado de tierra en Colombia.

La gran dificultad para hacer este cálculo es que en Colombia no hay claridad absoluta sobre el número de propietarios privados de las tierras rurales, así lo reseñamos en la investigación: “Formalizar todo el campo, un acuerdo con muchos pendientes”.

Faltaron expertos para profundizar el contexto

Tanto Fedegán como el Atlas de la Distribución de la Propiedad Rural Colombia reseñan que los propietarios privados tienen el 39.7% y 44.7% de la tierra rural respectivamente, mientras que los resguardos indígenas y comunidades negras juntas tienen el 31.6% y 30.5% de la misma clase de tierra. Ambas fuentes de información evidencian que en efecto estos grupos minoritarios tienen en sus manos casi un tercio de la tierra rural en Colombia.

En su primer chequeo Colombiacheck dio prioridad a los datos y no tuvo en cuenta el contexto, por ello no logró revelar el panorama amplio y complejo de la propiedad de la tierra rural de los resguardos indígenas y comunidades negras, así como sus problemáticas.

Si bien mencionamos que “el debate por la calidad de esa tierra, sus posibilidades de aprovechamiento, las condiciones de seguridad e infraestructura entre otros asuntos, son historia aparte” nos faltó mayor profundidad.

Para resarcir este error Colombiacheck consultó a varios expertos en temas de tierras, conocedores de los problemas que afrontan las comunidades negras y resguardos indígenas, para ampliar el contexto y dar luz sobre aspectos clave de uno de los debates más importantes que en la actualidad se dan en Colombia.

Entre otros aspectos se revisó por qué no se debe comparar la tierra de estos grupos minoritarios con el resto de la población de propietarios rurales, la baja calidad de la tierra que poseen, el impacto del conflicto armado en sus territorios, el hecho que esos territorios son colectivos y no de un solo propietario (como pasa con la tierra de los privados), entre otros fenómenos relevantes.

Yamile Salinas, consultora y abogada independiente experta en el tema de tierras, sostuvo que por tratarse de un Estado pluriétnico no es comparable mezclar resguardos indígenas y comunidades negras con el resto de la población en general. Para Salinas, estas comunidades tienen derechos distintos.

Salinas y Diana Güiza, investigadora del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad, Dejusticia, coincidieron en que, a la hora de mencionar la cantidad de tierra rural registrada a estas comunidades, resulta de vital importancia tener claro que son de baja calidad y, además, la administran de manera colectiva, esto quiere decir que ningún individuo de esas comunidades puede sacar provecho particular de la propiedad porque es colectiva, lo que no sucede con los privados que pueden negociar sus tierras de manera individual.

Diana Salinas, seguidora de Colombiacheck y periodista independiente reseñó este hecho:

 

 

Lo mencionado por las expertas y la periodista Salinas fue ratificado por Patricia Tobón, abogada de la Organización Indígena de Colombia (Onic) quien explicó que no se puede señalar a los indígenas y comunidades negras como terratenientes porque la tierra de ellos “es inembargable, inalienable y no se puede comprar”, como lo expresa taxativamente el artículo 63º de la Constitución Política de Colombia.

Tobón precisó que “no son lo mismo 7.000 hectáreas de un terrateniente acaparador de tierra rural a la misma cantidad que podría poseer un resguardo indígena con varias familias”. En relación al censo poblacional de 2005 del Dane que desagrega las comunidades indígenas y que Colombiacheck citó en su chequeo inicial para sostener la afirmación de Cabal, la experta debatió la pertinencia del mismo porque “aquel censo fue incompleto y faltó censar a indígenas alejados de los cascos urbanos del país”.

Para un análisis más detallado del panorama, Tobón mencionó un aspecto clave que no permite conocer con exactitud el panorama real de concentración de la tierra: el tema de los baldíos.

Según la experta hay baldíos que en el papel pertenecen a la Nación, pero son ocupados por terceros. Además, dijo que hay hectáreas que en el papel aparecen registradas a resguardos indígenas y comunidades negras, pero en la práctica son ocupadas por otras personas debido a distintos motivos, uno de estos, el conflicto armado.

Tobón explicó que “hay resguardos indígenas con territorio únicamente en el papel”, pero seguramente en las estadísticas son tomados en cuenta como propietarios de tierra rural.

En definitiva, tanto Tobón como Güiza manifestaron que estas comunidades no tienen un goce efectivo de sus derechos como propietarios de tierra rural en buena medida por la presencia de grupos armados en sus territorios.

Conclusiones

En relación a la declaración de la representante María Fernanda Cabal, Colombiacheck reconoce que en su primera verificación faltó reportear a fondo el contexto en el que está enmarcada la frase y consultar fuentes alternativas e independientes que permitieran al periodista, Oscar Agudelo, y a su editor, Fabio Posada, una comprensión más amplia del complejo fenómeno al que alude la frase de la congresista del Centro Democrático.

Por las razones expuestas, este medio rectifica su calificación anterior y, luego de ponderar todos los elementos que los lectores y expertos pusieron de presente, la cambia por engañoso debido a que si bien Cabal fundamentó sus declaraciones en un estudio de Fedegán (federación que preside su esposo) y este gremio a su vez empleó cifras oficiales y verídicas, es imposible comparar la propiedad rural de las comunidades negras y resguardos indígenas, que es colectiva, con los propietarios privados de tierras rurales cuyas condiciones de propiedad son muy distintas.

Germán Robayo, politólogo con especialización en estadística, consideró que la afirmación podría ser aproximada porque la investigación se fundamentó en los datos que hay oficiales, sin embargo, el tema clave es que no hay un dato totalmente inapeable respecto al número de propietarios de la tierra rural que hay en Colombia, “todo está disperso”, algo en lo que también coincidió Óscar Ceballos, investigador de Fedegan.

Como esta información es conocida por quienes están adelantando el debate sobre la concentración de la tierra rural el Colombia, es difícil creer que Cabal no la supiera. Lo cierto es que no la puso de presente cuando este medio se comunicó con ella y consultó por el origen de su frase.

Para finalizar resulta importante mencionar que, en varios casos, cuando se abordan estadísticas sobre la tierra rural solo se menciona la de privados (que según Oxfam está concentrada en unos pocos propietarios) y se omite la de resguardos indígenas, comunidades negras y el Estado, entre otros.

Un ejemplo de lo anterior es el tuit de Iván Cepeda, representante a la Cámara por el Polo Democrático:

 

 

Si bien los expertos indagados por Colombiacheck explicaron que no es conveniente comparar este tipo de comunidades minoritarias respecto a los demás propietarios privados, sí es necesario aclarar que de acuerdo a las cifras disponibles estos grupos minoritarios registran casi un tercio de la tierra de Colombia.

Aunque este dato es irrefutable, verlo en el contexto y las dificultades de dichas comunidades, permite comprender que su acumulación no tiene nada que ver con la que realizan los terratenientes que se mezclan con otra gran cantidad de propietarios privados de tierra rural.

El chequeo original

¿La tierra está concentrada en manos de comunidades negras y resguardos indígenas?

¿La tierra está concentrada en manos de comunidades negras y resguardos indígenas?

Lo dijo María Fernanda Cabal refiriéndose a la propiedad de la tierra rural. Según datos oficiales al sumarlos, estos dos grupos étnicos sí tienen mayor cantidad que el resto de los colombianos.