Captura de la publicación verificada sobre una foto de contexto: Jerome Sanabria distorsiona datos sobre reincorporación de las FARC y sanciones de la JEP Chequeo Múltiple

19 de noviembre de 2026

Jerome Sanabria distorsiona datos sobre reincorporación de las FARC y sanciones de la JEP

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En Noticias RCN, la panelista afirmó falsamente que las FARC-EP no se “desmovilizaron” y sostuvo de forma engañosa que la JEP no aplica penas de cárcel. En realidad, la ONU certificó la dejación de 8.994 armas en 2017 y, según el informe más reciente, el 85,8% de los firmantes (11.165 excombatientes) sigue en su proceso de reincorporación. Además, el tribunal de paz registra miles de decisiones judiciales, impone restricción efectiva de libertades en su ruta restaurativa y contempla hasta 20 años de prisión ordinaria para quienes no digan la verdad.

3 datos clave:

  1. El 12 de noviembre de 2026, durante un panel de opinión de Noticias RCN, Jerome Sanabria afirmó que las FARC no se desmovilizaron y que sus integrantes siguen delinquiendo. También cuestionó la efectividad de la JEP por el tiempo que tardó en emitir su primera sentencia y porque los antiguos integrantes del Secretariado recibieron ocho años de sanción propia, sin prisión.
  2. La Misión de las Naciones Unidas certificó en septiembre de 2017 la culminación de las actividades de dejación de armas de las FARC-EP, tras recoger e inhabilitar 8.994 armas. Además, los registros de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) muestran que más de 11.000 firmantes continúan vinculados al proceso de reincorporación.
  3. La JEP emitió su primera sentencia contra siete integrantes del último Secretariado de las FARC en septiembre de 2025, casi siete años y medio después de su entrada en funcionamiento. Aunque esa sanción propia no contempla cárcel, sí establece restricciones de derechos y movilidad, monitoreo y trabajos restaurativos. En otros procesos, la jurisdicción ha impuesto penas de prisión de hasta 20 años.

El 12 de noviembre de 2026, durante un panel de opinión de Noticias RCN, Jerome Sanabria cuestionó los resultados del Acuerdo de Paz firmado entre el Gobierno colombiano y las FARC-EP en 2016.

En su intervención afirmó:

“Ellos [las FARC] no son excombatientes, ellos no se desmovilizaron, siguen delinquiendo, siguen estando allí (...) Por el lado de la efectividad de la JEP, duraron siete años en emitir la primera sentencia; y si bien condenaron al secretariado de las Farc por más de 22.000 secuestros ¿cuál fue la condena? ocho años de reparación sin un solo día de cárcel”.

Debido a que la intervención aborda dos materias independientes del sistema de paz, Colombiacheck evaluó y verificó las dos afirmaciones centrales por separado.

La primera afirmación es falsa. Las FARC-EP sí dejaron las armas y la mayoría de sus integrantes acreditados continúa en el proceso de reincorporación. La segunda es cuestionable. Aunque la primera sentencia de la JEP tardó más de siete años y no impuso prisión al último Secretariado porque así quedó establecido en el Acuerdo de Paz, Sanabria omite las decisiones que el tribunal tomó durante ese periodo y las restricciones que sí contempla esa sanción.

"Ellos (las Farc) no son excombatientes, no se desmovilizaron, siguen delinquiendo"

La afirmación de que las FARC-EP no se “desmovilizaron” contrasta con la evidencia histórica documentada por organismos internacionales.

El 22 de septiembre de 2017, la Misión de las Naciones Unidas en Colombia informó que había terminado las actividades de inhabilitación del armamento de las FARC-EP. El balance consolidado fue de 8.994 armas, además de municiones, explosivos, granadas y minas antipersonal. La operación incluyó la recolección y neutralización del armamento entregado en las zonas veredales y puntos transitorios de normalización –como se llamaban los espacios donde hicieron su tránsito a la vida civil–, así como el hallado en caletas. Ese mismo año, el Consejo de Seguridad de la ONU reconoció la culminación de la dejación individual de armas, verificada por la Misión.

El seguimiento independiente al Acuerdo también registró ese avance. El Instituto Kroc de la Universidad de Notre Dame, encargado de monitorear su implementación, reportó en su cuarto informe que, con corte a noviembre de 2019, el 97 % de las disposiciones relacionadas con el cese al fuego y la dejación de armas estaba completado. El mismo informe señaló que el conflicto armado con la antigua guerrilla había terminado y que el proceso entraba en una nueva etapa, con el reto de asegurar la reincorporación a largo plazo de los excombatientes.

Tras la firma del Acuerdo de Paz, un total de 13.609 personas fueron acreditadas formalmente como excombatientes para iniciar su tránsito a la vida civil. Frente a este universo inicial, los registros muestran una permanencia mayoritaria en la legalidad. El informe de gestión del tercer trimestre de 2026 de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), con corte al 30 de septiembre, registró 11.165 personas vinculadas al proceso de reincorporación —el 82 % de la población acreditada originalmente—. De este grupo, 10.868 siguen el programa general de reincorporación socioeconómica a través del Decreto Ley 899 de 2017. Entre ellos, 297 se encuentran bajo esquemas especiales de comparecencia y acompañamiento ordenados por la JEP.

Por su parte, el quinto informe del Comité de Seguimiento y Monitoreo a las recomendaciones de la Comisión de la Verdad, presentado en enero de 2026, reportó que más de 11.000 firmantes seguían activos en el proceso hasta 2025. También documentó los riesgos de seguridad que enfrentan en los territorios, señalando que 5.421 estaban en municipios PDET (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial) expuestos a situaciones de violencia, desplazamiento y reasentamiento forzado.

Estos hallazgos muestran que, si bien el proceso de reincorporación enfrenta serios obstáculos de seguridad y sostenibilidad económica en los territorios, dichos retos no desvirtúan el hecho documentado de que las FARC-EP entregaron sus armas y se reincorporaron como organización armada en el marco del Acuerdo.

El término reincorporación y no desmovilización es el que se adoptó expresamente en el Acuerdo de Paz firmado hace 10 años porque no se trataba únicamente de que los excombatientes dejaran las armas y abandonaran la organización armada, sino de que transitaran integralmente a la vida civil, con garantías para su participación económica, social y política.

En entrevista con Colombiacheck, la exdirectora de la ARN Alejandra Miller sostuvo que la antigua guerrilla completó su desarme: "Es una equivocación, las FARC sí se desmovilizaron, entregaron más armas que hombres, de hecho. Sí existió desmovilización y dejación de armas". La funcionaria señaló que más del 85% de la población acreditada se mantiene vinculada al programa integral de la entidad y afirmó que "es una irresponsabilidad decir que estas personas se regresaron a la guerra y que son las que nutren los grupos de las disidencias, eso no es verdad".

Miller explicó además que la salida de una parte de los excombatientes del registro institucional no corresponde a un rearmamento. Cerca de 1.000 firmantes acreditados han fallecido —cifra en la que coinciden los registros del Observatorio de Derechos Humanos de Indepaz, que contabiliza más de 500 firmantes asesinados—, mientras que otros avanzaron de manera autónoma en su tránsito civil. Sobre estos últimos, la directora precisó: "Son personas que lograron avanzar en sus procesos de reincorporación y ya no necesitaron más el acompañamiento de la Agencia. Esa gente se fue, pero no necesariamente a empuñar armas".

En cuanto a la estructura de los grupos disidentes de la antigua guerrilla de las FARC, la exdirectora aclaró que no están formados por los excombatientes en reincorporación, sino por dinámicas recientes de reclutamiento forzado en los territorios: "Las disidencias están compuestas por todo el reclutamiento de menores que están haciendo en los últimos años, menores que hoy tienen 18 o 20 años y que para el Acuerdo de Paz tenían 9 o 10 años". La exfuncionaria advirtió que señalar a la población en reincorporación de integrar estos grupos armados genera riesgos directos contra su integridad y seguridad en las regiones.

En conclusión, las FARC-EP sí dejo de existir como guerrilla armada –los otros grupos armados son disidencias–, sí hicieron su reincorporación y sí entregaron sus armas en un proceso verificado por las Naciones Unidas, medido por el Instituto Kroc y registrado, entre otras instituciones por la Comisión de la Verdad.

Aunque una minoría de antiguos integrantes abandonó el proceso o se unió a estructuras disidentes, la guerrilla no continuó operando como organización armada ni la masa de excombatientes siguió delinquiendo. Los reportes de la ARN y el monitoreo de Indepaz confirman que la gran mayoría permanece en la legalidad. Por lo tanto, la afirmación de Jerome Sanabria es falsa.

“Por el lado de la efectividad de la JEP, duraron siete años en emitir la primera sentencia (...) ¿cuál fue la condena? ocho años de reparación sin un solo día de cárcel”

En esta parte de su intervención, Jerome Sanabria tergiversa datos ciertos al presentar de forma incompleta el funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

La JEP comenzó a ejercer efectivamente sus funciones en marzo de 2018. El 16 de septiembre de 2025, más de siete años después, emitió la primera sentencia del macrocaso 01, sobre toma de rehenes y otras privaciones graves de la libertad cometidas por las FARC-EP. En esa decisión, declaró responsables a siete integrantes del último Secretariado del grupo guerrillero por su participación en la política de secuestros de la antigua guerrilla. La jurisdicción estableció que esta práctica dejó 21.396 víctimas, cifra levemente menor a la mencionada por Sanabria.

Sobre la sanción, Sanabria también hace una afirmación engañosa. En primera instancia, el 16 de septiembre de 2025, los siete antiguos integrantes del Secretariado recibieron sanciones propias de hasta ocho años, luego de reconocer su responsabilidad y aportar verdad. Estas sanciones no contemplan prisión, pues corresponden a la ruta restaurativa prevista en el Acuerdo de Paz para quienes reconocen responsabilidad ante la Sala de Reconocimiento de Verdad. Sin embargo, no consisten únicamente en realizar actividades de reparación, sino que también incluyen un componente retributivo, con restricciones efectivas de derechos y libertades.

La decisión fue revisada posteriormente por la Sección de Apelación del Tribunal para la Paz. Esta confirmó la responsabilidad penal de los siete exintegrantes del Secretariado, pero modificó varios aspectos de la sanción inicial para hacerla más precisa y garantizar su cumplimiento. Entre otros cambios, determinó que las sanciones debían individualizarse, por lo que tres de los siete comparecientes no recibirían la pena máxima. La decisión fijó sanciones de entre seis y ocho años y estableció un cronograma de siete fases, entre agosto de 2026 y febrero de 2034, con actividades restaurativas en distintas regiones del país. También precisó que los sancionados deben cumplir horarios, tener definidos sus lugares de residencia y ejecución de las actividades y estar sometidos a supervisión estricta.

Aunque el tiempo transcurrido hasta esa primera sentencia es un hecho, no significa que la JEP hubiera permanecido inactiva durante esos años. El macrocaso 01 se abrió el 4 de julio de 2018; el 26 de enero de 2021, la Sala de Reconocimiento imputó al antiguo Secretariado por los crímenes investigados; en junio de 2022, siete de sus integrantes reconocieron públicamente su responsabilidad ante las víctimas, y en noviembre de ese año se expidió la resolución de conclusiones que permitió avanzar hacia el juicio. Es decir, antes de la primera sentencia hubo una etapa de investigación, contrastación de información, reconocimiento de responsabilidad y preparación del proceso judicial.

La Ley Estatutaria 1957 de 2019 establece que las sanciones propias pueden durar entre cinco y ocho años y deben incluir restricciones a derechos como la libertad de residencia y de movimiento, además de mecanismos de monitoreo y supervisión. En el caso del antiguo Secretariado, la sentencia contempló trabajos y actividades restaurativas en favor de las víctimas —búsqueda de personas dadas por desaparecidas, desminado humanitario, obras e infraestructura comunitaria en zonas PEDET, actividades de restauración ambiental y memoria—, así como condiciones sobre los lugares de residencia, la movilidad, los horarios y el cumplimiento de las actividades impuestas.

Por otra parte, la ausencia de cárcel en esa sentencia no significa que la JEP no pueda imponer penas privativas de la libertad. La Ley 1957 contempla tres tipos de sanciones: las propias, para quienes reconocen responsabilidad ante la Sala de Reconocimiento; las alternativas, que implican entre cinco y ocho años de prisión para quienes reconocen su responsabilidad durante el juicio, antes de que se dicte sentencia; y las ordinarias, que contemplan entre 15 y 20 años de privación efectiva de la libertad para quienes no reconocen responsabilidad y son declarados culpables.

La JEP ha aplicado esta última posibilidad. El 19 de diciembre de 2025, por ejemplo, impuso una sanción ordinaria de 20 años de prisión al coronel retirado Publio Hernán Mejía Gutiérrez, tras encontrarlo responsable de crímenes de guerra y de lesa humanidad relacionados con asesinatos y desapariciones forzadas, presentadas ilegítimamente como bajas en combate. La jurisdicción precisó que la pena debía cumplirse una vez la sentencia quedara en firme.

Además, la JEP ha emitido más de 3.600 decisiones judiciales definitivas. Aunque no todas son condenas de cárcel tras un juicio tradicional, sí son fallos finales e inmodificables que cierran para siempre la situación legal de los procesados: Por un lado, el tribunal otorgó 992 amnistías a exintegrantes de las FARC por delitos políticos. Por otro, cerró de forma definitiva los procesos de 1.070 miembros de la Fuerza Pública (militares y policías) que cumplieron con los requisitos del proceso de paz. A esto se suman 1.378 sentencias y fallos finales resolviendo apelaciones.

Estas cifras demuestran que la JEP ha mantenido un volumen constante de trabajo resolviendo de fondo el futuro judicial de miles de personas de ambos lados del conflicto, más allá del caso del Secretariado

Esta no es la primera vez que Colombiacheck verifica afirmaciones de Jerome Sanabria. Durante la campaña presidencial de 2026, este medio examinó sus argumentos para sostener la narrativa del «voto fusil» a favor del entonces candidato presidencial y actual senador Iván Cepeda, y encontró que eran selectivos y exagerados.

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