3 DATOS CLAVE:

1. En su último discurso ante el Congreso, Petro atribuyó las caídas históricas de homicidios en Colombia a los procesos de paz con los paramilitares y las FARC. El representante Julio César Triana dijo en su réplica que la paz total hizo crecer la presencia de grupos armados de 253 a 850 municipios y sus integrantes de 15.000 a 27.000.
2. Petro tiene razón en que ambos procesos de paz contribuyeron a reducir los homicidios, pero no fue el único factor; también influyó la política de seguridad, el fortalecimiento del Estado y los ciclos de reorganización criminal también influyeron. 
3. Los grupos armados sí se expandieron durante el gobierno Petro. Sin embargo, según datos de la fuerza pública, en 2025 tenían presencia en 646 municipios, no en 850, como afirmó Triana. En cambio, sí es cierto que el número de integrantes de esas estructuras ascendió a 27.121 en 2025.

En su último discurso ante el Congreso, el presidente Gustavo Petro no hizo ninguna mención ni balance sobre la política de paz total de su gobierno. La afirmación más cercana que hizo al tema fue al referirse al histórico de homicidios del país:

“(En 2003) un proceso de paz con los paramilitares bajó la tasa de homicidios histórica en ese momento en Colombia a un nivel del cual aún no salimos, porque si ustedes miran la línea, hay otra caída que es transitoria: años 2014, 2015, 2016 y 2017 (...) cae no mucho, pero cae por otro proceso de paz, el de Santos con las Farc”.

El presidente agregó que le habría gustado que durante su gobierno los homicidios “se desmoronaran con otro proceso de paz”.

En la réplica de la oposición, el representante a la Cámara por Cambio Radical, Julio César Triana, sí se refirió explícitamente a la política de paz total y afirmó: “La paz total hizo pasar de 253 municipios a 850 donde hacen presencia los grupos armados”. También agregó que “la paz total hizo que de 15.000 hombres en armas pasemos a 27.000”.

Es cierto que los homicidios en Colombia comenzaron a disminuir a partir de 2003 y que tanto la desmovilización de las AUC como el Acuerdo de Paz con las FARC contribuyeron a esa reducción. Sin embargo, ese descenso no puede atribuirse únicamente a esos procesos, pues también influyeron factores como la política de Seguridad Democrática, el fortalecimiento de la capacidad del Estado y la dinámica de reorganización de los grupos armados y las estructuras criminales.

Por otro lado, es cierto que los grupos armados han ampliado su presencia territorial, pero las cifras son menores a las que mencionó Triana. Según la fuerza pública, en 2018 estas organizaciones tenían presencia en 397 municipios y, para 2025, la cifra ascendía a 646.

También es cierta la afirmación sobre el aumento del número de hombres en armas. Según la fuerza pública, para 2025 esa cifra ascendía a 27.121 integrantes.

“(En 2003) un proceso de paz con los paramilitares bajó la tasa de homicidios histórica en ese momento en Colombia a un nivel del cual aún no salimos, porque si ustedes miran la línea, hay otra caída que es transitoria: años 2014, 2015, 2016 y 2017 (...) no cae mucho, pero cae por otro proceso de paz, el de Santos con las Farc”: Gustavo Petro 

El presidente hizo esa afirmación con base en una gráfica del histórico anual de homicidios. Esta coincide con las cifras que el Ministerio de Defensa publica mensualmente sobre este mismo delito.

Revisamos los datos publicados por el Ministerio, con corte al 30 de junio, y encontramos que, en efecto, a partir de 2003 el número de homicidios comenzó a descender en Colombia. Ese año se registraron 22.619 casos y la cifra llegó a 14.871 en 2010, cuando finalizó el gobierno de Álvaro Uribe.

En 2016, año en que se firmó el Acuerdo de Paz con las FARC, se registraron 12.045 homicidios. Un año después, cuando se desmovilizó esa guerrilla, se registró la cifra más baja con 11.957 casos, pero en 2018 volvió a aumentar a 12.573. En los años siguientes, con excepción de 2020 por las restricciones derivadas de la pandemia, el número de homicidios siguió creciendo poco a poco hasta llegar a 14.038 en 2025. 

Un estudio publicado en 2009 por la investigadora Catalina Bello Montes identifica la desmovilización de los grupos paramilitares entre 2003 y 2006 como una de las causas probables de la reducción de los homicidios durante el gobierno Uribe. No obstante, el documento concluye que este descenso no puede atribuirse únicamente a ese proceso, sino a una combinación de factores encabezados por la política de Seguridad Democrática. Entre ellos destaca el aumento del 37% en el pie de fuerza, una mayor inversión en seguridad y defensa y el fortalecimiento del control territorial por parte del Estado.

El estudio menciona que la premisa fundamental de la política de Seguridad Democrática radicaba en que la superación del conflicto armado interno solo era posible si el Estado asumía la seguridad y la defensa como una prioridad nacional. Bajo esta lógica, se implementó un plan integral para recuperar el control territorial mediante un incremento masivo del pie de fuerza y del presupuesto de defensa, buscando que la presencia estatal llegara incluso a las regiones más aisladas del país.

Ahora bien, sobre las cifras de homicidios, ese mismo estudio advierte que en algunas regiones el impacto positivo fue contrarrestado por el surgimiento de nuevas bandas criminales, o "paramilitares de tercera generación", que ocuparon los espacios dejados por las AUC. 

En el chequeo “¿Por qué en tiempos de Uribe los homicidios bajaron más que durante el proceso de paz?”, que publicamos en 2016, en medio de las negociaciones con las FARC, también explicamos que la reducción de los homicidios durante el gobierno Uribe estuvo relacionada con la implementación de la política de Seguridad Democrática, la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y los ciclos de reorganización y equilibrio entre las estructuras criminales.

En esa ocasión, Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac), atribuyó principalmente la reducción a la implementación de la política de Seguridad Democrática y al proceso de desmovilización de las autodefensas. Sin embargo, también advirtió que es importante no confundir la violencia general con la violencia asociada al conflicto armado, pues esta última representaba alrededor del 10% de los homicidios registrados en el país.

Por su parte, Rodolfo Escobedo, entonces investigador de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), nos explicó en ese chequeo que la disminución durante el gobierno Uribe también estuvo relacionada con un "equilibrio de fuerzas". Según señaló, después del pico de violencia asociado al auge de los carteles del narcotráfico, el país experimentó una reducción como consecuencia de la reorganización de las estructuras criminales. A su juicio, estos procesos obedecen a ciclos en los que los grupos ilegales se reconfiguran, disputan territorios y, posteriormente, alcanzan nuevos equilibrios que reducen temporalmente los niveles de violencia.

Ahora bien, con respecto al Acuerdo de Paz con las Farc, un estudio publicado en 2020 por la Universidad de los Andes señala que, tras la firma, la violencia directamente relacionada con la guerra, como las muertes en combate y el desplazamiento forzado, disminuyó de manera considerable en el país. Sin embargo, en los municipios clasificados como ZOMAC (Zonas Más Afectadas por el Conflicto Armado) se registró un aumento del 2% en los homicidios en comparación con el resto del país.

El análisis atribuye esto al vacío de poder y de regulación social que dejó la desmovilización de las FARC justo en esos territorios donde habían estado durante años y donde el Estado no logró consolidar un control efectivo ni garantizar la provisión de bienes públicos. Al desaparecer esa guerrilla, otras estructuras criminales comenzaron a disputar violentamente el control de las economías ilegales y de los corredores estratégicos.

En definitiva, los dos grandes procesos de paz impulsados por Uribe y Santos con paramilitares y guerrilleros sí influyeron directamente en la disminución de homicidios. Pero también es cierto que otros factores como la política de seguridad y otras estrategias estatales tuvieron influencia, así como la disminución de la violencia homicida causada no por el conflicto, sino por guerras entre organizaciones criminales ligadas al narcotráfico, como en Medellín. 

"La paz total hizo que de 15.000 hombres en armas pasemos a 27.000": Julio César Triana

Las cifras más recientes sobre el número de hombres en armas provienen del documento de Apreciación de las Capacidades Críticas de la Amenaza (ACCAM), un informe de inteligencia elaborado por el Ministerio de Defensa y la fuerza pública. Aunque no es un documento público, algunos medios de comunicación y organizaciones han tenido acceso a su contenido.

Un informe de la CORE, publicado en mayo de este año, recopiló el histórico del crecimiento de los hombres en armas año por año desde 2018 que se encuentra en dicha fuente.

La gráfica muestra que en 2018 había 12.883 integrantes de grupos armados. Durante el gobierno de Iván Duque, la cifra se mantuvo alrededor de los 13.000 integrantes y llegó a 15.120 en 2022. A partir de ese año, el número creció de forma acelerada durante el gobierno de Petro hasta alcanzar los 27.121 en 2025.

"La paz total hizo pasar de 253 municipios a 850 donde hacen presencia los grupos armados": Julio César Triana

Las cifras disponibles sobre la presencia o injerencia territorial de los grupos armados muestran que sí ha habido un crecimiento durante el gobierno Petro, pero los números son diferentes a los que mencionó Triana. Intentamos contactar al representante a través de sus redes sociales para conocer su fuente, pero hasta la publicación de este chequeo no obtuvimos respuesta.

Los datos más recientes que encontramos también se encuentran en el documento de Apreciación de las Capacidades Críticas de la Amenaza (ACCAM). En junio de este año, El Tiempo reveló que, según el ACCAM, en 2018 había 397 municipios con presencia de grupos armados y que para 2025 la cifra había aumentado a 646. El artículo no menciona datos sobre 2022, cuando hubo el cambio entre el gobierno de Iván Duque y el de Petro.

En abril del año pasado, La Silla Vacía publicó cifras del ACCAM correspondientes a 2022 sobre la presencia de grupos armados en los municipios, desagregadas por cada organización. Sin embargo, esos datos no pueden sumarse para obtener un total, ya que un mismo municipio puede registrar la presencia de dos o más grupos armados al mismo tiempo.

Por su parte, la Fundación Conflict Responses (CORE) le dijo a ColombiaCheck que, según sus registros, en Colombia hay 597 municipios con injerencia de uno o varios grupos armados. La organización explicó que su metodología no mide la presencia de estas estructuras, sino su injerencia territorial, que “tiene el objetivo de medir el nivel y los tipos de poder de los grupos armados organizados en cierto espacio. En este sentido, consideramos tres tipos de injerencia: militar, política y económica".

La Defensoría del Pueblo también cuenta con cifras y mapas desagregados por grupos armados, elaborados a partir de su Sistema de Alertas Tempranas para las elecciones regionales de 2019 y las presidenciales de 2022 y 2026. Estos datos no miden la presencia de los grupos armados, sino distintos niveles de injerencia o riesgo para el proceso electoral.

Sin embargo, la oficina de prensa de la Defensoría explicó a ColombiaCheck que esas cifras no son comparables entre sí, pues fueron elaboradas con metodologías y alcances diferentes. Mientras que en 2019 y 2022 el monitoreo se concentró en territorios priorizados, para 2026 se realizó un ejercicio con cobertura nacional. Además, los municipios no pueden sumarse entre sí, ya que, como explicamos antes, en un mismo territorio puede existir injerencia de dos o más grupos armados.