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Viernes, 18 Mayo 2018

La FARC, Petro y un volante que no circula en Caquetá

Por Sania Salazar

El volante, que supuestamente circula en Caquetá, tiene el nombre de la antigua guerrilla de las Farc, pero múltiples imprecisiones hacen dudar sobre su autenticidad.

En redes sociales ha circulado en los últimos días notas de medios de derecha como Oiga noticias y El Nodo en las que se asegura que la Farc le está haciendo campaña al candidato Gustavo Petro en Caquetá. El supuesto volante ya había circulado en cadenas de WhatssApp.

Después de revisar el volante que supuestamente se está distribuyendo en Caquetá para invitar a votar por el candidato de la Colombia Humana, Colombiacheck califica la información como Falsa.

Primero, porque la antigua guerrilla de las Farc, como organización armada al margen de la ley que estaría distribuyéndolo, ya no existe, y porque tiene varias imprecisiones que hacen dudar de su autenticidad.

El equipo de prensa de la Farc revisó el volante y negó que haya sido autoría de ese grupo político. Según ellos, poner en un mismo documento el logo del partido legal y el escudo de guerra es una tontería que no cometería ninguno de sus integrantes.

“Las llamadas disidencias nunca pondrían el logo actual, ellos se quedan con el de guerra. ¿Qué razón tiene un tipo que dice que no cree en el proceso de paz, que esto es una traición a los ideales, para poner el logo de un partido que hizo un proceso de paz y una transición de la lucha armada a la lucha política?”, indicaron.

Además, resaltaron que sería absurdo que las disidencias, grupos desertores del proceso de paz, que siguen delinquiendo en el Caquetá y varias zonas del sur del país invite a creer en el proceso electoral y a votar, pues ellos no creen en la democracia.

Para el grupo de prensa de la Farc el supuesto volante es autoría de los medios de noticias falsas que lo están replicando. “Es la gente de la extrema derecha para meter miedo”, agregaron.

Por último, el equipo de prensa de la Farc indicó que ellos tienen medios de comunicación oficiales y legales para difundir sus comunicados y cuentas en redes sociales, por lo que no tienen por qué sacar panfletos como en la época en la que eran una guerrilla.

Autoridades en Caquetá no conocen el volante

Según el Comandante de la Policía de Caquetá, Javier Navarro Ortiz, en ese departamento no han visto circular el volante ni tienen denuncias al respecto. El oficial no se pronunció sobre la veracidad del contenido del volante.

La secretaria de Gobierno de Caquetá, Martha Rocío Ruiz, aseguró que esta semana realizaron comités de orden público y de alertas tempranas y ninguna autoridad ha alertado sobre el volante. Además, aseguró que cuando se trata de hechos que pueden ser verdad, la Policía le reporta los hechos y hasta ahora no lo han hecho.

Otras inconsistencias

El volante está a nombre de las “Fuerzas armadas revolucionarias-Ejército del Pueblo Farc-EP”, el antiguo nombre de la guerrilla de las Farc, pero al que le falta la palabra Colombia, pues el nombre completo era Fuerzas armadas revolucionarias de Colombia, Farc-EP.

Pero esa organización insurgente ya no existe, pues luego de firmar un acuerdo de paz con el Gobierno, se convirtieron en el partido político Fuerza Revolucionaria Alternativa del Común, Farc.

El logo que aparece debajo del título tampoco corresponde exactamente al de la exguerrilla. Como se puede ver en la página web de esa organización.

Además, en el texto se hace referencia equivocadamente a un “gabinete ministerial” encabezado por Rodrigo Londoño Echeverry, conocido en la vida guerrillera como Timochenko, y también por Iván Márquez, Jesús Santrich, Rodrigo Granda, Victoria Sandino, Pablo Catatumbo, Andrés París, Piedad Córdoba e Imelda Daza.

De acuerdo con los acuerdos de paz, la Farc no tendrá ministros en el nuevo gobierno, tendrá cinco representantes a la Cámara y cinco Senadores. En el Senado estarán Iván Márquez, Pablo Catatumbo, Victoria Sandino, Carlos Antonio Lozada y Sandra Marín. En la Cámara estarán Byron Pérez, Jairo Quintero, Jesús Santrich (actualmente detenido porque está solicitado en extradición), Marco Calarcá y Olmedo Ruiz.

Aunque Rodrigo Granda y Andrés París hacen parte del partido Farc, no conforman el grupo de congresistas.

Piedad Córdoba ha hecho gran parte de su carrera política en el Partido Liberal. Fue hasta hace poco candidata presidencial, cargo al que se lanzó por firmas con el comité promotor Poder ciudadano. Ella ha insistido en que no es parte de las Farc.

Imelda Daza fue la fórmula presidencial de Timochenko, aunque no hace parte del partido Farc. Ella fue militante de la Unión Patriótica, estuvo exiliada en Suecia alrededor de 25 años, de donde regreso por la esperanza de cambio que le generó el proceso de negociación con las Farc. El partido Farc anunció en marzo pasado que por motivos de salud Timochenko no continuaría su campaña electoral a la presidencia y que a través de un comunicado publicado en abril invitaron a los colombianos a “votar por los candidatos que en sus programas de gobierno demuestren mayor compromiso con la construcción de la paz estable y duradera”.

El panfleto también es inexacto al sugerir que Gustavo Petro es guerrillero actualmente, pues él hizo parte de la guerrilla del M 19, pero ese grupo se desmovilizó en 1990 y se convirtió en el partido político Alianza Democrática M19.

Además, Petro ha negado apoyo de la Farc a su candidatura.

Daniel Medellín, coordinador de juventudes de la campaña de Petro, dijo que desconocía los volantes, pero que ese tipo de hechos son muestra de la estrategia electoral de los rivales de Petro. Resaltó que la campaña de la Colombia Humana no coincide en ningún punto del programa con la de la Farc y mucho menos han llegado con ellos a ningún acuerdo electoral. “Es evidente que nos quieren asociar a la Farc, a Venezuela, ante la ausencia de propuestas recurren a este tipo de cosas, pero nosotros seguimos llenando plazas”, concluyó Medellín.

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Jueves, 07 Junio 2018

Duque insiste en posición del Estado sobre 'falsos positivos'

Por José Felipe Sarmiento Abella

Igual que lo han hecho las autoridades en los gobiernos Uribe y Santos, el candidato presidencial del Centro Democrático considera que las ejecuciones extrajudiciales no fueron una política pública.

Entre los muchos escándalos del gobierno de Álvaro Uribe por los que la periodista Patricia Janiot le preguntó al candidato presidencial Iván Duque, ficha del exmandatario, el aspirante del partido Centro Democrático empezó por referirse al de los ‘falsos positivos’ para desestimar los cuestionamientos de su interlocutora.

“Los falsos positivos los he rechazado siempre y además no fueron una política de Estado”, contestó el exsenador. De paso recordó que hubo una “purga” en las Fuerzas Militares tan pronto estalló el escándalo de las ejecuciones extrajudiciales en 2008, a raíz del caso de los jóvenes reclutados con engaños en Soacha (Cundinamarca) que luego aparecieron como supuestos guerrilleros muertos en combate en Ocaña (Norte de Santander).

De hecho, hace cerca de un mes se viralizó un trino que Duque publicó en diciembre de 2010, en el que afirmaba que Uribe había actuado “con firmeza” para ponerle fin a ese fenómeno. El entonces funcionario del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que apenas había empezado a tener cercanía directa con el recién salido jefe de Estado, llamaba “difamadores” a quienes negaban esa versión de la historia.

 

 

El candidato también señaló que las investigaciones por los ‘falsos positivos’ avanzan en el país.

Su posición coincide con la teoría de que son “casos aislados”. Así se ha defendido el Estado ante los organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que ya pasó ante la Corte IDH un proceso contra Colombia por las denuncias de impunidad en cuatro de esas ejecuciones.

Es cierto que hasta ahora no existe una decisión judicial que ratifique la existencia de una política pública para asesinar civiles y presentarlos como muertes en combate. No obstante la Nación sí ha sido condenada por casos independientes en los que se ha reconocido el carácter sistemático de esas acciones, que las convierten en crímenes de lesa humanidad, mas no los tipifica como una política de Estado.

En mayo pasado el Consejo de Estado le ordenó pagar una indemnización por un montaje de esas características que le hicieron a un adolescente de 15 años en 2005. El comunicado del Alto Tribunal reconoce que el joven fue “víctima del afán de presentar resultados de guerra, producto de una desafortunada y reprochable política de incentivos”. El fallo no menciona nada sobre esta, aunque afirma que el objetivo del pelotón responsable era aumentar su registro de bajas y que a cambio la institución les reconocía recompensas.

La historia ya es conocida. “Por esas bajas les daban medallas, vacaciones, plata”, recuerda Jaqueline Castillo, vocera de las Madres de Soacha. Su hermano Jaime fue uno de los 19 hombres que desaparecieron en agosto de 2008 en ese municipio y después fueron asesinados por militares 650 kilómetros al norte, para hacerlos pasar como guerrillero muertos en combate.

Más que una directiva

Una de las claves de esos premios que recibían los militares está en la directiva 29 de 2005 que expidió el ministro de Defensa, Camilo Ospina.

El documento secreto ofrecía dinero por las muertes de miembros grupos armados ilegales y narcotraficantes. Pero su papel dentro de la historia es más complejo de lo que parece.

En 2010 el relator especial de las Naciones Unidas, Philip Alston, publicó un informe sobre las ejecuciones extrajudiciales en el que descartó la teoría de la política de Estado pero reveló el entramado criminal con mayores detalles.

Concluyó, por ejemplo, que esos pagos oficiales no iban dirigidos a los militares sino a “reclutadores” que conseguían las víctimas. Entretanto, cada brigada podía decidir si premiaba de alguna manera, con cargo a los gastos reservados, a sus integrantes por las bajas que produjeran.

Así lo registró también el Observatorio de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos (CCEEU), que agrupa a 267 organizaciones sociales.

Con base en las declaraciones que algunos militares le dieron a la Fiscalía, la ONG estableció también que estos buscaban a sus víctimas por medio de la “red de cooperantes” civiles -una política que promovió de forma abierta el presidente Uribe- y en alianza con grupos paramilitares.

El propio Ministerio de Defensa admitió fallas en los controles en las recompensas, los ascensos y los gastos militares. A raíz de ese diagnóstico, este fue uno de los principales puntos dentro de las 15 medidas que impulsaron el entonces ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, y el comandante de las Fuerzas Militares, general Freddy Padilla, en 2008 para tratar de acabar con la práctica de los falsos positivos.

Juntos, con el viceministro Sergio Jaramillo, promovieron también la investigación interna que llevó a la “purga” que menciona Duque, que empezó con el despido de 27 altos mandos, incluido el comandante del Ejército, general Mario Montoya, tras el escándalo de Soacha. Sin embargo, esto no bastó para evitar que la ONU le reprochara al Estado la desestimación de otras denuncias y las críticas a decisiones judiciales en su contra.

No tan firmes

Es que los pecados de Colombia en los ‘falsos positivos’ son de acción, pero también de omisión.

No de otra forma se explica que las víctimas se cuentan por millares. Un estudio sociológico publicado este año por dos expolicías calcula que fueron 10.000 las personas asesinadas en los ocho años de mandato de Uribe. Las Madres de Soacha estiman la cifra por encima de 6.000. La Fiscalía contaba 4.190 en 2016. El Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep) registra al menos 1.034 casos desde 1984, unos individuales y otros con múltiples víctimas.

Los datos de esta institución y un estudio de las universidades de La Sabana y el Externado demuestran un aumento vertiginoso entre 2002 y 2010, sobre todo desde la directiva de 2005 hasta las medidas de choque tras el escándalo en 2008. Pero la práctica de las ejecuciones extrajudiciales era de vieja data y su proliferación se había hecho evidente mucho antes de que el Estado la reconociera.

La política de seguridad democrática que planteó en 2003 la ministra de Defensa, Marta Lucía Ramírez (ahora fórmula vicepresidencial de Duque), ya contemplaba reformas a la manera en que se medía el éxito operativo de las Fuerzas Militares y la necesidad de lograr una “disminución de las denuncias por violaciones a los derechos humanos”.

Pero Ospina, su sucesor, permitió que se diera todo lo contrario.

En 2006, la CIDH advertía sobre el aumento en las ejecuciones extrajudiciales; la ONU lo había hecho ya en sus informes anuales sobre derechos humanos en el país de 2004 y 2005. En los medios también parecían casos con cada vez mayor frecuencia, en especial cuando algunos militares investigados por ellas resultaron también implicados en la masacre de Jamundí y los montajes de atentados previos a la segunda posesión de Uribe.

Las investigaciones aparecieron en la revista Semana desde septiembre de 2006 y el analista Alfredo Rangel, actual senador uribista, denunciaba esa práctica en su columna de Cambio en junio de ese mismo año.

Mientras, la Cancillería protestaba por las críticas internacionales y el Ministerio de Defensa hacía lo mismo ante el control político de los senadores Gustavo Petro, ahora candidato presidencial por la coalición Colombia Humana, y Juan Manuel Galán.

El ministro Santos empezó a tomar medidas en 2007. Aun así, solo fue al año siguiente cuando el caso de Soacha llevó a un gran revolcón de las políticas de Defensa en favor de los derechos humanos. Desde entonces las cifras de ‘falsos positivos’ cayeron de manera estrepitosa con el reconocimiento de la ONU y otros organismos internacionales.

El trino de Duque en el que exalta la “firmeza” de Uribe para hacer esos cambios y expulsar a los oficiales implicados se dio, de hecho, cuando los cables diplomáticos filtrados por WikiLeaks pusieron en entredicho esa mano dura.

Al embajador William Brownfield le preocupaba la influencia que el general Montoya y otros altos mandos cuestionados mantenían sobre el presidente y su resistencia a aceptar las reformas propuestas por Santos, Padilla y Jaramillo, así como a sancionar a quienes salían nombrados en la investigación administrativa interna de las Fuerzas Militares. Algunos funcionarios hablaron incluso de saboteo.

Para la abogada Carolina Daza, del Colectivo José Alvear Restrepo (Cajar), que defiende a muchas de las víctimas, además ha habido revictimización por parte del Estado y del expresidente.

Sobre todo porque, diez años después de los hechos, la justicia todavía no llega a muchos responsables y la Justicia Especial para la Paz (JEP) ha permitido que algunos condenados salgan de la cárcel de manera provisional. “Están buscando que esto quede en la impunidad”, se queja Castillo.

Además, es célebre la frase, con la que periodistas como Julián Martínez o Daniel Samper le respondieron a Duque, en la que Uribe señaló que los jóvenes asesinados “no estarían recogiendo café” y la retractación que tuvo que hacer en un proceso en su contra por calumnia luego de señalarlos como “delincuentes”.

 

 

Pero nada de esto ha llevado todavía un pronunciamiento judicial que concluya, de manera general, que los ‘falsos positivos’ fueron una política de Estado, porque tanto los procesos penales como los administrativos se han centrado en casos específicos. Hasta ahí podría considerarse verdadera la afirmación de Duque.

El problema es que la conclusión definitiva no está dada. La ONG internacional Human Rights Watch y la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) se han pronunciado a favor de la tesis de que hubo una política, como mínimo, a nivel de las brigadas implicadas.

Entonces la interpretación que hace el candidato es ligera, porque en el marco de la justicia transicional o con una eventual intervención de un tribunal internacional podría darse un pronunciamiento contrario a su aseveración, con base en las evidencias ya existentes y conocidas.

Conozca la ruta del chequeo
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    Frase: “Los falsos positivos no fueron una política de Estado”.

    Autor: Iván Duque, candidato presidencial del Centro Democrático.

    Fuentes: Fallos del Consejo de Estado que condenan al Estado por el asesinato de José Lorenzo Taborda y un adolescente de 15 años, comunicado sobre este último; tesis de maestría en Estudios Políticos de Alejandra Bonilla Mora en la Universidad Javeriana, informes de la Corte Penal Internacional sobre Colombia en 2012 y 2016, informe de Human Rights Watch sobre responsabilidad de altos mandos en ‘falsos positivos’, informes anuales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), su informe de fondo sobre cuatro casos y comunicado sobre el paso a la Corte de ejecuciones extrajudiciales; cables diplomáticos de la embajada de Estados Unidos en Bogotá filtrados por WikiLeaks (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7), Twitter de Álvaro Uribe e Iván Duque y su campaña (que no respondió), política pública de seguridad democrática y su balance 2002-2006; Jaqueline Castillo, representante de las Madres de Soacha; Carolina Daza, abogada del Colectivo José Alvear Restrepo; informes del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep) sobre ‘falsos positivos’ y su banco de datos sobre el conflicto armado, informe del Ministerio de Defensa de 2010 sobre la implementación de las 15 medidas para enfrentar las ejecuciones extrajudiciales y sus directiva 29 de 2005 (derogada) y 19 de 2007; informe del relator especial de la ONU para las ejecuciones extrajudiciales, Philip Alston, sobre su visita a Colombia en 2009; estudio de las universidades de La Sabana y el Externado sobre el aumento de los ‘falsos positivos’ en el gobierno Uribe, reseña del diario británico The Guardian sobre estudio de expolicías, ediciones 1.273 a 1.283 de la revista Semana y 677 de Cambio; Facebook de Daniel Samper Ospina.

    Contexto: Entrevista con la cadena informativa Univisión al día siguiente de la primera vuelta presidencial, ante pregunta de la periodista Patricia Janiot sobre los escándalos del gobierno Uribe.

    Calificación: Ligera.