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Jueves, 11 Julio 2019

La verdad sobre la carta de ‘Tirofijo’ al presidente Valencia

Por José Felipe Sarmiento

El fundador de las Farc, ‘Manuel Marulanda’, sí le escribió al mandatario en 1964. Pero fue durante la Operación Marquetalia, no antes, y no ofreció entregar las armas de forma explícita.

La cuenta de Twitter @EsMemorable, que se dedica a compartir contenido histórico, publicó un mensaje en el que asegura que “en 1964, ‘Tirofijo’ y 30 campesinos ofrecieron entregar las armas al presidente [Guillermo León] Valencia (...) a cambio de una escuela, un centro de salud y un camino vecinal para sacar las cosechas a la carretera” y que, ante esto, la “respuesta” del Gobierno “fue atacarlos en Marquetalia”, vereda de Planadas, Tolima.

Captura de pantalla del tuit cuestionable sobre la carta de Tirofijo a Valencia

Un lector le pidió a Colombiacheck revisar si es verdad que Pedro Antonio Marín, líder de las Farc conocido con los alias de ‘Manuel Marulanda Vélez’ y ‘Tirofijo’, envió esa propuesta y si el gobierno de Valencia respondió con el famoso ataque a Marquetalia.

Aunque la carta sí existe, no dice nada sobre entregar las armas. Por otro lado, el mandatario no ordenó el ataque en respuesta a la misiva, pues esta fue escrita con la acción militar ya en marcha y entregada casi un mes después.

El ataque a Marquetalia

La Operación Marquetalia o Soberanía comenzó oficialmente el 18 de mayo de 1964, ordenada por el presidente Valencia. Se trató de una intervención por la fuerza en la más famosa de las “repúblicas independientes” que había denunciado el senador conservador Álvaro Gómez Hurtado tres años antes: comunidades de campesinos armados en 16 puntos del país, remanentes de la Violencia y la amnistía otorgada por el gobierno del general Gustavo Rojas Pinilla.

Las fuentes difieren sobre el tamaño de las tropas, apoyadas por Estados Unidos. Varía de 1.200 a 16.000 hombres entre una versión y otra.

Del otro lado, según los relatos guerrilleros, estaban ‘Marulanda’ y 30 personas. Documentos desclasificados en los Archivos Nacionales de Washington, que reveló la revista Semana en 1999, concuerdan con esa versión, matizada por una capacidad de convocatoria para 200 combatientes más. El Departamento Administrativo de Seguridad reportaba, semanas antes, que eran al menos 400 efectivos armados y 800 con el personal de apoyo.

Informe de inteligencia del DAS al Gobierno sobre Marquetalia

Las consecuencias de ese ataque, que duró tres meses, todavía son materia de debate.

El origen de las Farc

Esa ofensiva del Ejército pasó a ser el mito fundacional de la antigua guerrilla de las Farc, hoy convertidas en el partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, que la concebían “como una agresión del Estado contra la población campesina, hecho que precipitó el tránsito hacia su definición como organización guerrillera”. Así lo recuerda el informe ¡Basta ya! del Centro Nacional de Memoria Histórica.

“De manera contraria, en el discurso de algunos de los generales que participaron en la operación, el ataque a Marquetalia fue posterior a la ofensiva y a la reactivación de la lucha guerrillera de este grupo, que ya habría iniciado en 1963”, contrasta en seguida el documento publicado en 2013.

La misma discusión se aprecia en el informe que la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, conformada por 14 académicos, le entregó a la mesa de diálogos de La Habana en 2015. Un relator, Eduardo Pizarro Leongómez, recuerda que el Partido Comunista Colombiano había aprobado la utilización de “todas las formas de lucha” desde 1960 y señala como “indudable la continuidad” entre sus guerrillas y las Farc. El otro, Víctor Manuel Moncayo, reconoce esa relación pero le da más valor a los acontecimientos del 64 como hitos en el origen de ese grupo armado.

Mientras seis de los comisionados ni siquiera mencionan la vereda en sus ensayos, otros como Sergio de Zubiría Samper, Jairo Estrada Álvarez y el padre Javier Giraldo Moreno plantean que lo sucedido allí fue determinante en la génesis de la guerra. El sacerdote jesuita, por ejemplo, toma como referencia la proclama del 20 de julio de 1964 en la que se dio el anuncio definitivo del alzamiento armado en la región, tras la operación militar en cuestión.

Daniel Pécaut, más moderado, asegura que el ataque significó “un giro importante” en la historia. Lo considera “el punto de partida del relato heroico que Manuel Marulanda y Jacobo Arenas, ambos líderes, van a escribir y que se va a convertir en el breviario de sus reclutas”. Con esta versión, que califica como “casi oficial”, también sitúa el origen del conflicto armado en 1964.

Para María Emma Wills, Marquetalia fue una motivación del “proceso organizativo armado” de las autodefensas campesinas comunistas que terminarían convertidas en las Farc. Estas, según la comisionada, “elaboraron una memoria que puso el énfasis en los excesos militares y que reforzó la imagen de unas Fuerzas Armadas monolíticas –enemigas absolutas de los comunistas y de los campesinos, e instrumento de los intereses norteamericanos—”, pese a las divisiones que había en el Ejército de la época.

Pero el ensayo para La Habana que dedica más extensión a los hechos que rodearon esa operación es el de Alfredo Molano Bravo, ahora miembro de la Comisión de la Verdad. Él considera que el conflicto armado nació en 1948 y la toma señala, en palabras de ‘Arenas’, el paso “de la resistencia a la guerra guerrillera auténtica”. Recuerda que ‘Marulanda’ y sus compañeros nunca dejaron las armas que habían empuñado en la Violencia aunque, a finales de los 50, alcanzaron a trabajar en obras para sus comunidades con el gobierno de Alberto Lleras Camargo.

“En 1957, los grupos armados de orientación comunista decidieron suspender la acción guerrillera pero conservaron las armas, en previsión de posibles ataques del gobierno o de otros grupos. (...) En el sur del Tolima, orientados por Pedro Antonio Marín, ‘Tirofijo’, tuvieron confrontaciones abiertas con autoridades y otros grupos armados”, relata Jorge Orlando Melo en su Historia mínima de Colombia (El Colegio de México y Turner, 2017). El autor resalta que el ataque a Marquetalia se había aplazado desde 1962 y califica su ejecución como “contraproducente”, porque impulsó a los defensores de la lucha armada.

Los hechos en los que hay acuerdo son que las Farc nacieron como tales después de Marquetalia (asumieron ese nombre en 1966), pero sus primeros líderes estaban armados desde mucho antes y ambas partes habían ejecutado acciones violentas previas a esa operación militar. Lo que revisó Colombiacheck, dentro de todo ese cuadro, fue un hecho específico: la existencia de la carta y su relación con el histórico ataque ordenado en el gobierno de Valencia.

Referencias

El historiador Arturo Alape menciona el documento en su libro Las vidas de Pedro Antonio Marín, Manuel Marulanda Vélez, Tirofijo (Planeta, 2004). En boca de ‘Jacobo Arenas’, otro líder de las Farc, cuenta que en 1964 les enviaron cartas abiertas a instituciones y personalidades para pedir que intervinieran en contra de la operación, pues el plan se había filtrado desde abril, según el diario del jefe guerrillero, y el rumor había llegado a los medios de comunicación por declaraciones de oficiales de alto rango en las Fuerzas Militares.

“Nos dirigimos a todo el mundo, tocamos todas las puertas, al gobierno, a sus ministros, denunciando la agresión del ejército contra una región agraria, que hasta ese momento, la verdad histórica, era defendida por un grupo de autodefensa”, relata en la página 323 de la obra de Alape.

Tanto el historiador como ‘Arenas’ citan una carta dirigida por la comunidad, liderada por ‘Tirofijo’, al presidente Valencia. “Sabe que nuestro ‘delito’ para ganarnos las iras de la oligarquía y de los altos mandos militares que la locura de vuestra excelencia estimula, reside en nuestra oposición al sistema bipartidista paritario del ‘frente nacional’ (sic) oligárquico, que consideramos antidemocrático y antinacional”, decía la misiva.

Este fragmento también aparece en una crónica de Molano Bravo para el diario El Espectador en 2014. En ese periódico se ha contado la historia de esta carta más de una vez. Una nota de Jaime Flórez Suárez daba mayores detalles en 2015. Entre otros, menciona que la carta tenía 16 firmantes, incluido ‘Marulanda’, que pedían “la apertura de carreteras y caminos vecinales” para Marquetalia. El periodista interpreta que lo ofrecían a cambio de dejar las armas, pero no presenta una cita literal que lo compruebe.

La historia de esta correspondencia es consistente con la que siempre ha escuchado la senadora Griselda Lobo, más conocida como ‘Sandra Ramírez’. La congresista de la Farc fue la última pareja de Marín, fallecido en 2008, y hoy replica la versión de los hechos que él le dio. “Lo que nos relataban es que no solo le escribieron al presidente sino a la Iglesia y a todo aquél que se les atravesó para tratar de evitar la operación”, recuerda.

Motivados o no por esos escritos, al presidente sí le llegaron reclamos de diferentes sectores por la intención de atacar Marquetalia.

Por el lado del clero, monseñor Germán Guzmán Campos y los sacerdotes Gustavo Pérez Ramírez y Camilo Torres Restrepo (el mismo que luego se uniría al ELN) quisieron prestar sus buenos oficios para acercar a las partes, pero el cardenal Luis Concha Córdoba les negó la autorización. Con la Iglesia fuera de la comisión por el diálogo, también renunciaron los demás integrantes, que eran académicos destacados y políticos liberales: Orlando Fals Borda, Eduardo Umaña Luna y Gerardo Molina. Las noticias sobre fallida delegación, tomadas de la prensa de entonces, aparecen en las biografías de sus protagonistas y en el libro de Alape sobre ‘Tirofijo’.

En el Archivo General de la Nación reposan otros pronunciamientos dirigidos al Gobierno en los que grupos de mujeres, sindicatos y otras organizaciones sociales de todo el país les pedían a Valencia y sus ministros reconsiderar sus planes militares contra Marquetalia, de los que se habían enterado por los periódicos. “Si el Gobierno Nacional está interesado por la verdadera PAZ, el progreso económico, social y cultura para los Colombianos, debe impedir por todos los medios que Mrquetalia sea arrazados sus moradores y sus plantaciones” (sic), decía una comunicación que el jefe de Estado recibió el 13 de mayo de 24 “jóvenes de distintas corrientes políticas y pertenecientes a diferentes ramas del trabajo”.

Diversos documentos dirigidos al gobierno Valencia en rechazo a la Operación Marquetalia

Pero las correspondencia viajaba lento. Algunos de esos documentos llegaron al Palacio de San Carlos, la sede presidencial de la época, cuando la operación contra Marquetalia ya estaba en curso. Tatiana Acevedo cuenta, en un artículo publicado por El Espectador en 2010, que el caso de la carta firmada por ‘Marulanda’ y compañía fue similar. La radicación es del 17 de junio de 1964, un mes después de que comenzó el ataque. Pero hay algo más: según la nota, la fecha del envío es el 27 de mayo, también posterior al inicio de la ofensiva.

El libro de Alape y el diario de ‘Arenas’ ubican el primer combate directo entre las partes el mismo 27 de mayo. Acevedo incluso menciona, entre las muchas quejas expresadas en la misiva, la inquietud por el cerco militar. Esto quiere decir que ‘Tirofijo’ y los marquetalianos respondieron al ataque con la carta; no fue Valencia quien les contestó con las acciones militares, como dice el trino. La comunicación original confirma esta conclusión, pese a una diferencia de tiempo con los datos de El Espectador.

Carta abierta

Colombiacheck encontró la Carta abierta de los colonos y campesinos de Marquetalia al presidente, doctor Guillermo León Valencia en cinco hojas ligeramente arrugadas y de bordes amarillentos que corresponden a los folios 48 a 52, de los 119 que contiene la carpeta 1 de la caja 150, en la que el Archivo General de la Nación guarda la correspondencia sobre orden público del despacho de la Presidencia de la República de 1964.

El encabezado de Marquetalia, sur del Tolima, dice que fue escrita el 20 de mayo de ese año, no el 27. En todo caso, el ataque ya estaba en marcha. Desde la primera página, ‘Marulanda’ y los demás firmantes, que en realidad eran cerca de 300, recuerdan que “el 18 del presente, los altos mandos militares anunciaron oficialmente que este día había comenzado la invasión militar contra nuestra región” y se quejan de que “las [escuelas] que había producto del esfuerzo colectivo de las gentes de aquí, ya fueron suprimidas por el Ejército para convertirlas en cuarteles”.

Además, la carta se tardó casi un mes en llegar a su destino. El sello de radicación ante el despacho del presidente con el número 49025 sí es del 17 de junio, como lo había contado Acevedo.

En la tercera hoja está la ya citada frase que aparece en los textos de Alape, ‘Arenas’ y Molano sobre la oposición de la comunidad de Marquetalia al Frente Nacional. Después de un largo recuento de los problemas de la zona y su versión de los historia violenta de Colombia desde 1946, en el penúltimo párrafo enumeran sus exigencias. Estas coinciden con las peticiones resumidas por los artículos de El Espectador, pero no se limitan a ellas:

“Exigimos del gobierno el inmediato retiro de todas las fuerzas oficiales de la región (...), restaurar el principio de autoridad y las facultades de administración a los poderes departamentales del Huila, Tolima, Valle y Cauca (...), pedimos el restablecimiento de las escuelas ocupadas hoy por las fuerzas militares, la apertura de carreteras, caminos vesinales (sic), puestos de salud, restablecimiento bajo garantía para el gremio de arriería de sus derechos de profesión (...), devolución inmediata de los bienes de campesinos y colonos usurpados por las fuerzas militares reaccionarias y juicios sumarios públicos, contra los militares aquí denunciados”.

En la carta no hay, sin embargo, ofrecimiento alguno de entrega o siquiera dejación de armas a cambio. Por el contrario y aunque afirman son “enemigos de la violencia, repudiamos la violencia, y luchamos contra la violencia”, le advierten al presidente “que sabremos cobrar caro la vida de nuestros dirigentes y cada colono, campesino o indígena que sea víctima de la nueva agresión a Marquetalia” y cierran declarándose “dispuestos a morir peleando”.

Carta de Tirofijo y otros líderes de Marquetalia al presidente Valencia

Así, el trino es cuestionable porque la carta existió pero fue una respuesta al anuncio oficial de que había empezado la Operación Marquetalia y no al revés. Antes del ataque, los llamados al Gobierno para que reconsiderara sus planes fueron hechos por terceros intermediarios o independientes. Además, las peticiones que cita la cuenta son ciertas, pero no están planteadas para “entregar las armas”; en cambio, ‘Marulanda’ y las 15 personas que firman a su lado reivindican su lucha armada ante la ofensiva ya inminente.

[Actualización el 8 de agosto de 2019]

El historiador Robert Karl, miembro del Instituto para Estudios Avanzados en la Escuela de Ciencias Sociales de la Universidad de Manchester, le escribió a Colombiacheck el pasado 6 de agosto a través de Twitter con una corrección sobre el número de firmantes de la carta. “No fue firmada por 16 personas, sino por más de 300”, señaló el académico, doctorado en Harvard con una tesis sobre la violencia y la formación del Estado en Colombia en ese periodo.

Tras contactarlo por correo, Karl envió fotografías de las ocho páginas de firmas, incluida la última hoja de la carta, donde está la rúbrica de ‘Marulanda’. Las últimas siete no están con el documento consultado para esta nota en el Archivo General de la Nación. El historiador tuvo acceso a ellas en 2007, cuando todavía estaban guardadas en Presidencia.

Firmas que acompañaban la carta de Marquetalia al presidente Valencia

Este dato fue corregido en el texto, pero no cambia la calificación del chequeo.
 

Viernes, 01 Marzo 2019

No es verdad que exguerrilleros puedan hacer política si le incumplen a la JEP

Por Sania Salazar

Los exguerrilleros que participan en política deben cumplir con los requisitos de la JEP para mantenerse en esa actividad. Incluso se arriesgan a perder esa oportunidad si no aportan verdad y aceptan responsabilidad tempranas.

Lina García se describe en su cuenta de Twitter como columnista y uribista. El pasado 18 de febrero García aseguró en su cuenta que todos los procesados por la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, podrán participar en política así incumplan las condiciones de esa jurisdicción. La congresista uribista María Fernanda Cabal retrinó la información.

Retweet María Fernanda Cabal

Calificamos la afirmación como falsa pues, según lo pactado en el Acuerdo Final, para mantenerse en la justicia transicional es necesario cumplir con los requisitos de verdad, justicia, reparación y no repetición. Eso quiere decir que si los exguerrilleros de las Farc que están haciendo política incumplen alguna de esas condiciones, perderán los beneficios de la JEP y no podrán continuar con la labor política.

García le dijo a Colombiacheck que se había basado en el artículo “30 “micos" de en la JEP, según el uribismo”, del periódico El Nuevo Siglo. Le preguntamos si se había dado cuenta de que se estaba basando en un artículo publicado el 2 de octubre de 2017 y nos dijo que sí.

El artículo informaba sobre 30 aspectos de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, criticados por el uribismo durante el estudio de la ley estatutaria de la JEP en el Congreso.

Hay que recordar que “la esencia del fin del conflicto es el rompimiento del vínculo entre política y armas para transitar a un escenario en el que todos juegan con unas mismas reglas de juego, que son las de la democracia. Eso quiere decir que, por una parte, quienes dejan las armas y transitan a la democracia deben garantizar dicha condición para vincularse a los procesos políticos democráticos (fin de la combinación de todas las formas de lucha)”, como se explica en el Tomo tres sobre participación en política de la Biblioteca sobre el proceso de paz.

En 2017, el proyecto de ley estatutaria de la JEP, en su artículo 26, indicaba que, en cuanto a participación política de sancionados por esa jurisdicción, se cumpliría lo dispuesto por el artículo transitorio 20 del Acto Legislativo 01 de 2017, que dice que la imposición de sanciones de la JEP no inhabilitará para la participación en política.

Pero, en la revisión que la Corte Constitucional hizo en agosto de 2018 de la Ley Estatutaria de la JEP, que es la norma de funcionamiento de esa jurisdicción, se recordó que en esa materia se mantienen las disposiciones tomadas en la sentencia de revisión del Acto Legislativo 01 de 2017:

-”Es incompatible el desempeño de un cargo de elección popular con el cumplimiento de las sanciones alternativas y ordinarias”. Es decir, quienes hagan política perderán el derecho a hacerlo si no aportan verdad temprana en los procesos ante la JEP y no aceptan su responsabilidad en los hechos por los que se les investiga. Las sanciones alternativas y ordinarias de la JEP se impondrán a quienes no digan la verdad en las etapas tempranas de los procesos.

-A quienes reciban sanciones ordinarias se les mantendrán las restricciones para hacer política.

-“La suspensión de las inhabilidades se encuentra condicionada al cumplimiento progresivo y de buena fe de las obligaciones derivadas del Acuerdo Final y del Acto Legislativo 01 de 2017 (dejación de armas, sometimiento al Sistema integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, SIVJRNR, atención de las obligaciones de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de personas desaparecidas, y el compromiso de no volver a delinquir).

-”Compete a la JEP verificar el cumplimiento de estas condicionalidades y adoptar las medidas de levantamiento de la suspensión en caso del incumplimiento de las mismas, así como determinar la compatibilidad con la participación en política” y

-”Corresponde a la Jurisdicción Especial para la Paz determinar la compatibilidad entre el cumplimiento de la condena y la participación simultánea en Política”.