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Viernes, 20 Diciembre 2019

Las promesas de Maurice Armitage en Cali

Por Corresponsal Redcheq Cali

El alcalde saliente de Cali, Maurice Armitage prometió en campaña   garantizar 228 kilómetros de ciclo rutas e implementar “un centro de preservación de fauna en riesgo de extinción”. En RedCheq verificamos qué tanto cumplió.

 

"Garantizar los 224 kilómetros de redes de ciclo - rutas"

En proceso

Por: Alexander Campos Sandoval, Sebastian Barona Llano y Pablo Navarrete.

En el apartado “Movilidad a Tiempo, Sostenible e Incluyente” de su programa de gobierno, Maurice Armitage prometió “garantizar los 224 kilómetros de redes de ciclo - rutas del POT”. Dicha promesa fue ratificada en la página 84  del Plan de Desarrollo 2016 - 2019, en el que se consigna como una de las metas del programa “Movilidad en bicicleta” terminar en 2019 con 228 kilómetros de red de cicloinfraestructura construidos.

Para identificar el dato exacto de la meta de las ciclorutas, en RedCheq consultamos el Acuerdo 0373 del Plan de Ordenamiento Territorial donde, según la promesa de Armitage, se encontrarían las especificaciones de la cicloinfraestructura. En el artículo 205,  se establecen los parámetros de desarrollo del subsistema de transporte en bicicleta.

Las metas ya estaban consignadas en  el  Plan Maestro de Ciclo - Rutas, PLAMACIR, formulado desde 2005. 

Para el momento de su formulación (2005), el PLAMACIR reportaba la existencia de 11,5 kilómetros de cicloinfraestructura y, a través del diseño general del sistema de ciclorrutas para la ciudad, propuso una meta total de 229 kilómetros en los que las sucesivas administraciones de Cali estaban obligadas a avanzar. 

Según el Plan de Desarrollo, la línea de base con la que Armitage comenzaba su gestión era de 36 kms. Entonces, requeriría  construir 192 kilómetros durante los cuatro años de su administración para cumplir con la meta.

lo que está

Para conocer cuántos kilómetros de ciclorutas se han construido durante la administración Armitage,  el equipo de RedCheq contactó a Mauricio Vásquez, líder del grupo de movilidad en bicicleta de la Secretaría de Movilidad de Santiago de Cali. 

Vásquez explicó que existe una  diferencia entre ciclorruta y ciclobanda. La primera es una vía separada de otros carriles a través de cambios o físicos, mientras la ciclobanda es una vía demarcada por cambios en el pavimento o dispositivos de canalización de tránsito (bolardos, balizas, entre otros).

Así  está consignado en en la Guía de CicloInfraestuctura del Ministerio de Transporte y en el Manual del Ciclista Caleño, diseñado por el Centro de Diagnóstico Automotor del Valle. 

Según Vásquez, “el municipio de Santiago de Cali construyó cien kilómetros de ciclo infraestructura nueva en la tipología de ciclobanda y banda ciclo preferente. (...) Adicionalmente, se construyeron catorce más a través de proyectos integrales de infraestructura vial, como por ejemplo, las obras del sur y el corredor verde, que tenían un componente de ciclo infraestructura. Ese componente era específicamente de la tipología ciclo - rutas. Entonces, en total, en esta administración se construyeron 114 kms”.

Con estos números, los kilómetros de cicloinfraestructura que existen en Cali son de 150, un 66 % de los 228 kilómetros de la promesa de Armitage. 

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Estos mismos datos se encuentran en la presentación de la rendición de cuentas de Armitage.

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Asimismo, consultamos a John Fredy Bustos, coordinador de proyectos del colectivo Integrados y quien fue gerente del Foro Nacional de la Bicicleta. Bustos explicó que el incumplimiento en el 34 % de la promesa se debe a que en algunos casos los diseños tuvieron problemas y en otros aún no se pueden hacer porque dependen de otros proyectos como el del Tren de Cercanías, para definir el bicicarril de la Calle 26, o de la Troncal del MÍO que apenas entró en licitación.

“Otros dependen de los ajustes viales en diseño y  hay otros diseños que no encajaron con el tamaño de las vías y toca tomar decisiones de quitar carriles completos y dejarlas de un solo carril o cambiar los trazados”, agregó.

De acuerdo con toda esta información, calificamos la promesa de Armitage como En proceso, debido a que si bien se avanzó un 66 % en la cicloinfraestructura, los kilómetros ejecutados no alcanzaron la meta prometida.

"Implementar un centro de preservación de fauna en riesgo de extinción"

Se embolató

Por Alexander Campos Sandoval, Isabella Sánchez Llano y Pablo Navarrete

En su programa de gobierno, el actual Maurice Armitage prometió la “implementación de un centro de preservación de fauna en riesgo de extinción que atienda a especies decomisadas o rescatadas y las reoriente hacia reservas o entidades especializadas para el manejo de este tipo de especies”.

RedCheck consultó con la oficina de comunicaciones de la alcaldía los avances en esta materia y nos indicaron que Armitage había invertido en el hogar de paso del Dagma y logró ampliar su atención durante 24 horas de lunes a sábado.  

La comunicadora encargada prometió remitir también a RedCheck el libro de gestión de la alcaldía vía email, pero a la fecha de esta publicación no hemos recibido tal documento.

Al verificar esta promesa del Armitage se debe entender que, en principio, hubo un error técnico en la propuesta, en tanto la figura de un “centro de preservación de fauna en riesgo de extinción” no existe en la normatividad que rige el control y disposición de fauna silvestre.

Dicha normatividad fue estructurada por la resolución 2064 de 2010, emitida por el entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. En la resolución se definen las figuras bajo las cuales los entes territoriales atenderán la fauna y flora silvestre. 

Según la norma, son los CAV (Centros de Atención y Valoración), los CAVR (Centros de Atención, Valoración y Rehabilitación) y los hogares de paso los facultados para eso.

La resolución explica que un CAV es un  “centro donde se reciben provisionalmente especímenes de especies silvestres de fauna y flora terrestre y/o acuática, que han sido objeto de aprehensión, decomiso o restitución, para su evaluación, atención, valoración, tratamiento y determinación de la opción para su disposición final”. La norma le da la misma función a los hogares de paso.

E indica que un CAVR es un “centro donde se reciben animales silvestres con el fin de rehabilitarlos para regresar a su hábitat natural”. 

Así pues, teniendo en cuenta que la nomenclatura dentro de la normativa no incluye ninguna alusión a ‘centros de preservación de fauna en riesgo de extinción’, la propuesta de Armitage no fue planteada en los términos correctos. 

Según lo consignado en la resolución 2064, un CAV sería el organismo idóneo para cumplir las funciones que Armitage le otorgaría a la institución que prometió. Actualmente, el centro que recibe a la fauna silvestre es el hospital de paso. 

RedCheck consultó a Carlos Galvis, jefe de la colección de fauna de la Fundación Zoológica de Cali, quien explicó las diferencias entre la operación de un CAV y la que podría tener un centro de preservación de cuya existencia.

“Un CAV tiene unas acciones muy específicas (...) Sus acciones son de rescatar individuos víctimas del tráfico ilegal y tomar decisiones sobre esos animales. Pero la conservación va más allá y es una ciencia mucho más especializada que un CAV. (...) Un CAV es una herramienta muy ligada al tráfico ilegal de fauna, lo que trato de decir es que  le queda muy grande decir que es un centro de conservación”, indicó Galvis. 

El organismo que se ha gestionado durante la administración Armitage es el CAV de Santiago de Cali. 

Incluso, aparece en el Plan de Ordenamiento Territorial, POT, (acuerdo 0373 de 2014 del Concejo de Santiago de Cali), en el cual se plantea la “construcción  y puesta en funcionamiento del Centro de Atención de Fauna Silvestre, CAF,” cuya gestión estaría a cargo del Dagma.

Sin embargo, Andrés Posada Ruiz, líder del grupo de Gestión de Fauna Silvestre del Dagma, explicó que el concepto de un  Centro de Preservación, fue “mal usado, ya que eso es un CAV: Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre”. 

Según Posada, desde 2014 entró en funcionamiento el hogar de paso para animales silvestres, desde donde se gestionaría la disposición de la fauna mientras se adelantaba la construcción del CAV. 

Posada también explica que en 2016 se acordó con la Escuela de Carabineros la cesión de un terreno para levantar allí el CAV, pero en el lote se descubrieron asentamientos de invasión que ralentizarían en exceso la cesión, puesto que la tipificación de la comunidad y su posterior reubicación tomaría tiempo.

Desde 2017, agrega, el Dagma está en busca de otro lote en el que se pueda iniciar la obra,  pues según las instrucciones del Ministerio, el CAV debe ubicarse fuera del casco urbano de la ciudad, por lo que ha sido difícil conseguir los recursos necesarios para comprar el lote.

De acuerdo con Andrés Posada, “aunque la CVC aprobó la destinación presupuestal para la construcción y acondicionamiento del CAV, los recursos que ofrece, provienen de la sobretasa ambiental: un impuesto aprobado en el acuerdo 320 de 2011(en el eje de Coordinación interinstitucional para la vigilancia y control ambiental) cuyo sujeto activo es el municipio de Santiago de Cali, razón que impide adquirir predios fuera de su jurisdicción”. 

Según Posada, la jurisdicción de Cali compete al casco urbano de la ciudad, razón por la que no se ha construido el CAV.

Pese a las dificultades, Andrés Posada resalta que la gestión de Armitage ha fortalecido el Hogar de Paso para las especies silvestres. Además, desde que Armitage asumió la alcaldía, se ha logrado reubicar a más de tres mil especies y se logró clausurar el resguardo Villa Lorena y la Fundación la Reserva. Entre ambas tenían ilegalmente 550 animales que ya fueron reubicados. 

El 26 de abril del presente año, la CVC publicó en su boletín informativo, que cerca de setecientos millones de pesos, recaudo de sobretasa ambiental, se invirtieron en equipamiento y mejoras para el hogar de paso para animales silvestres, ubicado en la Avenida 2 N no. 36A - 40, que desde el 4 de febrero del año en curso funciona 24 horas al día. 

Por otra parte, el activista, rescatista y rehabilitador de fauna silvestre Davis Travis, señala que "en Santiago de Cali no existe una línea de atención, un protocolo de rescate o un equipo especializado en rescate de fauna silvestre". 

Por todo lo anterior, calificamos la promesa hecha por el actual alcalde de cali, Maurice Armitage, como Se embolató, debido a que aún no se ha empezado la construcción del CAV y no se tiene ni el lote. 

 

Jueves, 29 Agosto 2019

Mauricio Salazar confunde los conceptos del ordenamiento territorial

Por La Cola de Rata

Aunque es verdad que el POT ha creado tensiones, el candidato a la alcaldía de Pereira dio cifras erradas para sustentar esta afirmación.

En la Universidad Tecnológica de Pereira se llevó a cabo el pasado 16 de agosto un foro con los candidatos a la alcaldía municipal denominado “El futuro ambiental de Pereira ¿qué opinan los candidatos?”. El foro permitió a los candidatos decirles a los ciudadanos qué piensan acerca del futuro ambiental en la ciudad.

El equipo de RedCheq asistió al evento y se dio a la tarea de verificar varias de las afirmaciones del candidato por firmas Mauricio Salazar, quien hizo referencia al actual Plan de Ordenamiento Territorial, POT, un proyecto presentado al Concejo por el actual alcalde Juan Pablo Gallo, que fue aprobado en 2016. 

El foro ocurrió en medio de un contexto particular: la Cámara Colombiana de la Construcción, Camacol, el gremio donde se agrupan las grandes empresas constructoras, demandó el POT aduciendo que la nueva normativa lesionaba sus intereses y desestimulaba la construcción en la ciudad. 

Salazar, al ser preguntado si mantendría o no el Plan de Ordenamiento de resultar electo, dijo que “hay unas tensiones con el sector privado, con los intereses del sector privado, que de todas maneras no se pueden desconocer”.

Pero además, agregó: “puntualmente me llama (sic) la atención dos aspectos: uno de ellos, se estableció un tema de deberes urbanísticos, entonces se creó un impuesto del 10% que ha afectado los intereses de los urbanizadores (...) tengo entendido que este impuesto es sui generis porque no existe en otras ciudades y entonces eso trae un impacto negativo para el desarrollo urbano de la ciudad y para el empleo, porque los constructores a raíz de esto migraron a otras ciudades. Total, en Pereira se frenó la construcción y eso significó entre otras cosas que el último año 20.000 puestos que generaba la construcción se hayan perdido (...). Hay que tener en cuenta que la construcción es el renglón que más dinámica le trae al empleo de los pereiranos”. 

Chequeamos cada uno de los argumentos que dio Salazar en este aparte.

"Se estableció un tema de deberes urbanísticos, entonces se creó un impuesto del 10 por ciento que ha afectado los intereses de los urbanizadores"

Falso

Los deberes urbanísticos son una figura que creó el POT vigente. En la práctica operan como una compensación económica que debe recibir el municipio cuando los constructores quieren superar los índices básicos de construcción permitidos en las áreas donde van a realizar sus desarrollos urbanos, pero no existe un porcentaje fijo, ni un “impuesto” del 10 por ciento, como afirmó Mauricio Salazar. La aplicación de los deberes urbanísticos varía dependiendo del tamaño del lote, de la cantidad de unidades habitacionales, del uso del suelo permitido, entre otros factores. 

El porcentaje al que se refirió Mauricio Salazar, corresponde a las áreas de cesión de los planes parciales que tengan usos comerciales o de servicios, según puede leerse en varios apartados del POT vigente: “En planes parciales que desarrollen únicamente usos comerciales y de servicios, la liquidación de las áreas de cesión no podrá ser inferior al 10% del área neta urbanizable”. 

Las áreas de cesión son una figura distinta y hacen parte de todos los POT del país, no son impuestos sino porcentajes del terreno que se entregan al Estado al momento de construir. El propietario que quiera desarrollar un predio (por ejemplo, construir una urbanización, parcelar un lote o levantar un centro comercial) debe ceder una parte del terreno o del área total para que allí queden los equipamientos colectivos, las vías de acceso y el espacio público, entre otros. Sin esta normativa sería imposible un crecimiento urbano ordenado y amable con los ciudadanos. 

Martha Alzate, ingeniera civil y consultora en temas de renovación urbana, explicó a este medio que se trata de “contraprestaciones que los privados entregan al Estado cuando van a desarrollar un predio”.

“Tengo entendido que este impuesto es sui generis porque no existe en otras ciudades"

Falso

Tampoco es cierto que la figura de los deberes urbanísticos sea sui generis y solo exista en Pereira, puesto que otros Planes de Ordenamiento Territorial, como el de Bucaramanga, contemplan medidas similares.

“Hay unas tensiones con el sector privado, con los intereses del sector privado, que de todas maneras no se pueden desconocer”

Verdadero

Aunque Salazar confunde los términos de la normatividad específica y no tiene claridad en los porcentajes, su afirmación de que el nuevo POT ha generado tensiones con el sector privado es verdadera. Juan David Sánchez, miembro de Camacol Risaralda, le explicó a RedCheq que los deberes urbanísticos incluidos en el nuevo POT han aumentado el costo final de los proyectos y eso reduce la demanda. 

“Todos los proyectos deben entregar áreas de cesión, en eso no hay discusión. El problema está en que los POT le dan índices básicos de construcción a los lotes, esos índices antes eran generalmente de 4 y ahora los bajaron a 2, eso significa que si un lote en el suelo urbano tiene mil metros y el índice es 2, entonces solo puede construir 2.000 metros, cuando antes podía construir 4.000. El gran problema está en que ahora para poder tener más índices hay que pagar por ellos, el tema se resume a que es más caro construir cualquier proyecto”, de acuerdo con Sánchez. 

Estas disposiciones no son un capricho del Alcalde, como lo insinuó Salazar, sino que obedecen a la reglamentación del Artículo 82 de la Constitución Política que plantea que “las entidades públicas participarán en la plusvalía que genere su acción urbanística y regularán la utilización del suelo”. 

En ese orden de ideas, la Ley 9 de 1989 y sobre todo la Ley 388 de 1997 dan facultades a los entes territoriales para que establezcan “la zonificación y localización de los centros de producción, actividades terciarias y residenciales, y definir los usos específicos, intensidades de uso, las cesiones obligatorias, los porcentajes de ocupación, las clases y usos de las edificaciones y demás normas urbanísticas”. 

"En Pereira se frenó la construcción y eso significó entre otras cosas que el último año 20.000 puestos que generaba la construcción se hayan perdido"

Falso

La afirmación de que 20.000 puestos de trabajo se perdieron por culpa del Plan de Ordenamiento Territorial es falsa, toda vez que el plan entró en vigencia en 2016. Además, un año más tarde la misma Camacol afirmó lo contrario a lo que ahora asegura Salazar, en una nota de su página web del 9 de marzo de 2017 donde puede leerse que “el número de ocupados en el sector ascendió a 20.000 empleos”.

"Hay que tener en cuenta que la construcción es el renglón que más dinámica le trae al empleo de los pereiranos"

Falso

Según datos de la Cámara del Comercio de Pereira, los sectores que mayor dinamismo dan a la economía y que más empleos generan en la ciudad son el comercio y el área de servicios, que aportan más de la mitad de los empleos. Por ello, la afirmación de Mauricio Salazar de que la construcción es la rama de la economía que más dinamismo genera en los puestos de trabajo es falsa.

El equipo de RedCheq se comunicó con la campaña de Salazar, puntualmente con el jefe de prensa Óscar Orozco, quien se comprometió a enviarnos una aclaración del candidato. Sin embargo, la respuesta nunca llegó. 

RedCheq