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Viernes, 14 Agosto 2020

Lina Moreno no fue accionista de Saludcoop

Por Mónica Ospino Orozco

Esta desinformación lleva circulando años y ya ha sido desmentida antes, pero resurgió tras la carta que publicó Moreno en defensa de su esposo, Álvaro Uribe.

“Que ‘bonita familia de ratas’” (sic) se titula el breve escrito que simula la noticia de un periódico viejo y que está acompañado por una fotografía de Lina Moreno y su esposo Álvaro Uribe Vélez en la que ambos ríen. La pieza gráfica lleva circulando años por las redes sociales, y esta vez en su ‘reedición’ en Facebook ya tiene más de 128 compartidos.

El texto que acompaña el engañoso titular asegura en sus primeras líneas que “La contraloría pudo establecer que SALUDCOOP, EPS donde la esposa de Uribe es socia mayoritaria, desfalcó al sistema de salud colombiano en 3 BILLONES de pesos (Suma que podría salvar los cientos de hospitales públicos arruinados por culpa de la misma ley 100 de Uribe)” (sic).

Esta semana, la falsa noticia volvió a cobrar vigencia tras la reaparición, a través de una carta, de la ex primera dama, Lina Moreno, en la que cuestiona la decisión de la Corte Suprema de Justicia de detener a su esposo, el expresidente Álvaro Uribe Vélez

Sin embargo, la afirmación de que ella es (fue) la socia mayoritaria de la EPS Saludcoop no es verdadera.

Por una parte, de acuerdo con la Contraloría General de la República en el fallo de responsabilidad fiscal 001890, proferido el 13 de noviembre de 2013, se detalla que Saludcoop era la cabeza de un conglomerado de 39 empresas liderado por el que se conoció hace unos años como el ‘zar de la salud’, Carlos Gustavo Palacino Antia.

Por otra, el periodista Daniel Coronell, de cuyas denuncias se desprendió, en parte, la investigación fiscal contra Saludcoop EPS y que terminó con su liquidación, aseguró en este trino del 6 de diciembre del 2015 que “por mucho tiempo he investigado el tema Saludcoop y no he encontrado nada que sugiera vínculos con los Uribe”.

 

Por mucho tiempo he investigado el tema Saludcoop y no he encontrado nada que sugiera vínculos con los Uribe.

— Daniel Coronell (@DCoronell) December 6, 2015

En los folios 1 y 2 del mencionado fallo, que contiene 378 páginas, quedó registrado que los directivos de Saludcoop EPS eran Carlos Gustavo Palacino Antia, María Carolina Lamus, Alberto Castro Cantillo, Javier Mauricio Sabogal Mejía y Eugenio Mejía Serna. 

Adicionalmente se encuentra también un listado de los miembros del Consejo de Administración de Saludcoop para la fecha del fallo que eran: Gabriel Franco Espinoza, René Cavanzo Alzugarate, Ana María Piñeros Ricardo, José Enrique Corrales, José Tobías Correa, Luis Albeiro Medina, Jaime Chávez Suárez.

También hacían parte de dicho Consejo Claudia López Ochoa, Rubí Hernández de Aranzazu y Carlos Antonio Paz Martínez.

Por último, dicho fallo registra que Saludcoop EPS era la cabeza de 39 empresas entre las que se contaban desde las EPS Cafesalud y Cruz Blanca, hasta entidades educativas como la Corporación Gimnasio Los Pinos o la Fundación Universitaria Juan N. Corpas, entre otros.

Por otra parte, de acuerdo con este informe del periodico Publimetro, titulado “Las dudas que rodean a la familia de Álvaro Uribe”, sobre Lina Moreno: “De la esposa del expresidente se ha dicho que era una de las principales socias de Saludcoop, la EPS que desencadenó el escándalo del ‘robo a la salud’ que puso en crisis el sistema hospitalario del país. A Lina Moreno de Uribe incluso la investigó la Contraloría General de la Nación por su presunta relación con la EPS y el desfalco a la salud. Esto no ha sido comprobado”.

Igualmente, en la plataforma Scribd, la cuenta del partido Centro Demócratico, cuyo líder y fundador es Álvaro Uribe Vélez, cargó esta certificación de quien ejerció como el agente liquidador de Saludcoop EPS, Luis Leguizamón, en la que éste certifica que ni Uribe Vélez, ni su esposa e hijos se encuentran registrados como asociados. El documento en cuestión está fechado el 1 de diciembre de 2015.

Después de analizar todas estas evidencias es como concluimos que Lina Moreno de Uribe no es ni ha sido socia de Saludcoop como falsamente se dice en la pieza gráfica que se hace viral cada tanto.

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Sábado, 29 Julio 2017

¿Más asesinatos en la era Uribe que en la dictadura de Pinochet?

Por Paula Vásquez

Ariel Ávila comparó los falsos positivos con las ejecuciones extrajudiciales de la dictadura chilena, pero erró en la cifra de investigaciones de la Fiscalía y la que utilizó para el caso extranjero suma asesinatos y desapariciones.

Ariel Ávila, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), publicó en Semana una columna que tituló Marta Lucía y la JEP, donde aseguró que “en la dictadura de Pinochet se asesinaron 3.200 civiles. En los ocho años de gobierno Uribe, la Fiscalía investiga cerca de 4.000 ejecuciones extrajudiciales o mal llamados falsos positivos. Es decir, en ocho años de democracia se asesinaron más civiles por parte de agentes estatales que en 17 años de dictadura en Chile”.

Colombiacheck se comunicó con Ávila, quien dijo haber basado su afirmación en un reporte de la Fiscalía entidad que “tuvo ese dato a finales del año pasado, estaban haciendo investigaciones por 4.200 ejecuciones extrajudiciales o lo que se llama en Colombia falsos positivos”.

Después de hablar con Ávila, revisar los informes de Fiscalía y de Humans Rights Watch, HRW, calificamos esta afirmación como ligera.

Lo primero que hicimos fue revisar en estudios académicos la cifra de asesinatos durante la dictadura de Augusto José Ramón Pinochet, que fue desde el 11 de septiembre de 1973 hasta el 11 de marzo de 1990. Según el libro Making Sovereing Financing and Human Rights Work, en la página 313, “durante la dictadura chilena sucedieron aproximadamente 3.200 muertes y desapariciones y más de 27.000 presos políticos”, la misma cifra la mencionan en la publicación Estados Unidos y el golpe de Estado en Chile contra Salvador Allende.

Ávila afirma que son 3.200 muertes producto de la dictadura de Pinochet, pero en los estudios académicos que revisamos aluden a esa cifra como la suma de muertos y desaparecidos. Los dos estudios mencionados se basan en el informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, creada para esclarecer las violaciones de los derechos humanos durante esa época.

El segundo paso fue revisar el informe La Fiscalía del siglo XXI (2012-2016), en el que afirman, “existe un estimado de 2.760 procesos por homicidios asociados al actuar de la fuerza pública e investigados por la Dirección Nacional de la Fiscalía de Derechos Humanos, 2.297 casos corresponden a presuntos falsos positivos, que fueron cometidos en contra de 3.185 víctimas únicas y 645 víctimas clasificadas como personas no identificadas”.

Es decir, un total de 3.830 asesinados bajo el modo de operar bautizado por los medios de comunicación como falsos positivos. Según información de la Fiscalía, el 97% de esas víctimas fueron asesinadas entre 2004 y 2007.

Colombiacheck califica la afirmación de Ávila como ligera, principalmente porque en la información sobre la dictadura chilena no encontramos una cifra exclusiva de asesinatos. En cuanto a la información sobre las 4.000 ejecuciones extrajudiciales, las cifras de la Fiscalía indican que hasta el momento hay 3.830 víctimas. Sí de número se trata, el investigador se queda un poco corto, pero hay que aclarar que las cifras de la Fiscalía corresponden al 78% de los casos.

Además, revisamos el informe de HRW: El rol de los altos mandos en falsos positivos publicado en junio del 2015, el cual asegura que “la Fiscalía General de la Nación investiga actualmente más de 3.000 presuntos casos de falsos positivos atribuidos a militares. Más de 800 miembros del Ejército, en su mayoría soldados de rangos inferiores, han sido condenados por ejecuciones extrajudiciales perpetradas entre 2002 y 2008”.

¿Qué son los falsos positivos?

Fue una práctica ilegal que según el mismo informe “se volvió común y fue adoptada en Colombia” y se trata “de ejecutar a civiles por parte de brigadas del Ejército para demostrar resultados positivos y aumentar el número de guerrilleros dados de baja”.

Según HRW “se llevaban por la fuerza a sus víctimas o las citaban en parajes remotos con promesas falsas, como ofertas de empleo, para luego asesinarlas, colocar armas junto a los cuerpos e informar que se trataba de combatientes enemigos muertos en enfrentamientos”.

En el mismo documento publicado en el 2015, se asegura que altos generales del Ejército Nacional están siendo investigados por esta práctica, entre ellos, los generales Mario Montoya, Óscar González, Juan Pablo Rodríguez y Jaime Lasprilla, algunos de ellos en la actualidad se encuentran activos y conservan su mando sobre buena parte de las Fuerzas Militares.