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Jueves, 27 Junio 2019

Los desmovilizados durante el Gobierno Uribe no son siete veces más que los del proceso con Farc

Por Sania Salazar

Aunque Margarita Restrepo dio cifras aproximadas del número de desmovilizados en el gobierno de Uribe, calculó mal su relación con las cifras del proceso con el ahora partido Farc. 

La representante a la Cámara por el Centro Democrático, Margarita Restrepo, aseguró en su cuenta de Twitter que en el Gobierno Uribe se desmovilizaron más de 50.000 combatientes y que eso es casi siete veces más de los que se desmovilizaron en el proceso de La Habana.

Colombiacheck califica la frase de la representante como cuestionable, pues aunque se aproxima a las cifras oficiales de desmovilizados en el periodo de gobierno de Uribe Vélez, se equivoca en decir que esa desmovilización fue siete veces mayor a la de las Farc. Además, desconoce que hay múltiples cifras de ambos procesos y que ambas desmovilizaciones han tenido críticas por presuntos “colados”.

El equipo de prensa de la Representante le envió a Colombiacheck los pantallazos del artículo de Verdad Abierta “La desmovilización: el proceso de paz (2003-2006)”, en el que basó Restrepo su trino.

El artículo dice: “desde agosto de 2002 y hasta enero de 2010 se han desmovilizado 52.403 personas, 31.671 procedentes de grupos paramilitares que dejaron las armas de manera colectiva, y 20.732 miembros de grupos guerrilleros y paramilitares que se desmovilizaron individualmente”. Pero en el artículo no especifican la fuente de esas cifras en particular.

Según la ARN, entre 2002 y 2010, durante la presidencia de Uribe Vélez, se desmovilizaron 17.348 guerrilleros (2.980 del ELN y 14.368 de Farc) y 35.822 paramilitares, para un total de 53.170 personas.  

Según esa misma Agencia, los desmovilizados producto del proceso de paz con la exguerrilla de las Farc son 13.190 personas.

En su trino Restrepo se aproxima a la cifra oficial de desmovilizados en el Gobierno de Uribe Vélez, pero se equivoca al decir que la cifra es siete veces más de la cantidad de personas que se desmovilizaron producto del acuerdo con Farc, porque en realidad es cuatro veces mayor. Pero hay que recordar que hay otras cifras de estas desmovilizaciones de ONG y centros de pensamiento que le hacen seguimiento al conflicto en Colombia y que ni el proceso de desmovilización de las Autodefensas ni el de Farc han estado exentos de dudas con respecto a los llamados “colados”, miembros de otros grupos armados o narcotraficantes que han querido obtener los beneficios que se otorgan en esos procesos de desarme.

Por ejemplo, la Fundación Ideas para la Paz, FIP, indica que entre agosto de 2002 y enero de 2010 se desmovilizaron 35.353 miembros de las Autodefensas (entre desmovilizaciones individuales y colectivas), según cifras del programa de atención humanitaria al desmovilizado de la Oficina del Alto Comisionado para la paz.

Y el libro Desmovilización y reintegración paramilitar. Panorama poscuerdos con las AUC, del Centro Nacional de Memoria Histórica, Cnmh, calcula que fueron 31.000 los desmovilizados oficialmente reconocidos de las AUC.

Sobre ese proceso de reinserción hay que recordar también que recibió críticas entre otras cosas porque, como lo recuerda la periodista María Teresa Ronderos en el libro Guerras recicladas, hubo denuncias de que personas que no hacían parte de esos grupos se hicieron pasar por combatientes.

Sobre la reinserción de las Farc la Fundación Paz y Reconciliación, Pares, indica en su segundo informe Cómo va la paz que un poco más de 6.800 guerrilleros de las Farc se desarmaron colectivamente producto de la negociación con el gobierno. Hay que aclarar que en esta cifra solo están incluidos los exguerilleros que entregaron las armas, mientras que las cifras de la ARN citadas arriba también incluyen a colaboradores de la guerrilla no armados (conocidos como “milicianos”) que se acogieron al proceso de paz.

Este proceso tampoco ha estado exento de críticas, pues al principio se denunció que hubo personas que se quisieron colar en el proceso para que sus delitos fueran juzgados por la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP.

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Viernes, 15 Junio 2018

La ley con la que Uribe quiso expropiar tierras improductivas

Por José Felipe Sarmiento Abella

El expresidente critica que Gustavo Petro proponga comprar grandes extensiones desaprovechadas, pero en su gobierno aprobó expropiarlas. Chequeamos los tuits de María M. Maldonado, la directora programática de la coalición Colombia Humana, que le sacó esto en cara a Uribe.

El expresidente y senador Álvaro Uribe, que hoy tiene un fuerte discurso en contra de la expropiación, presentó y sancionó en su gobierno una ley que contemplaba esta medida como una herramienta para el desarrollo rural. Así se lo recordaron los simpatizantes del candidato Gustavo Petro en redes sociales y la afirmación resultó ser verdadera.

Por internet circuló un extracto de esa norma en el que se resaltan las firmas del entonces mandatario, su ministro de Agricultura y autor de la iniciativa, Andrés Felipe Arias, y el de Hacienda, Óscar Iván Zuluaga. La imagen ha sido compartida por diferentes personas, entre ellas la directora programática de la coalición Colombia Humana, María Mercedes Maldonado.

 

 

 

 

La exalcaldesa encargada de Bogotá incluso hizo varias críticas a la norma en mensajes sucesivos. Entre ellas señaló que esta pretendía compensar a los dueños de los terrenos expropiados según el valor catastral de los predios, un precio que podría resultar injusto por la desactualización de esos datos en gran parte del país rural.

Maldonado también recordó que la ley no pudo aplicarse porque la Corte Constitucional la declaró inexequible, es decir, la ‘tumbó’ completa porque el Gobierno no respetó el derecho de las comunidades afros e indígenas a ser consultadas sobre sus contenidos.

Toda la historia que contó es verdadera. El Estatuto de Desarrollo Rural fue sancionado por el presidente y los dos ministros mencionados como la ley 1152 de 2007. Pero fue demandada por no cumplir con el requisito de la consulta previa a los pueblos étnicos y por eso se cayó del todo.

El artículo 72, en efecto, le permitía al Estado comprar o expropiar tierras desaprovechadas por sus dueños. A cambio, les respondería estos con el valor correspondiente al avalúo catastral, en efectivo si era compra o en bonos en caso de expropiación.

El economista Juan Manuel Ospina, exdirector del desaparecido Instituto de Desarrollo Rural (Incoder), le explicó a Colombiacheck.com que estos precios están “subestimados” y desactualizados. El valor comercial de un inmueble rural puede ser hasta 15 veces mayor, por lo que una posible expropiación incentiva la actualización de los registros porque los dueños tratan de acercar las dos cifras para perder menos plata.

Es que 63,9 % de los municipios del país tenían desactualizada su información catastral en 2016. Esta ni siquiera existía en 28 % del territorio nacional, según el Conpes que ese año declaró la importancia estratégica del catastro multipropósito que busca ponerlos al día, universalizar la cobertura y diversificar la información con más datos disponibles.

Y el problema, que se hace mayor en las zonas más afectadas por el conflicto armado, no es nuevo. Para 2007, cuando Uribe firmó su frustrado estatuto, la desactualización catastral ya afectaba a más de la mitad del país rural (53 %). Por ejemplo, el Conpes para el desarrollo sostenible del Cauca registraba entonces que apenas 11 de sus 41 municipios estaban al día.

El artículo 73 de la ley de Uribe también autorizaba a los alcaldes a subirles el impuesto predial a los terrenos improductivos con el fin de estimular su venta o mejor utilización. Otros apartes contemplaban la expropiación con diferentes propósitos, como la construcción de bienes públicos para el campo.

Aunque la mayoría de esas menciones al mecanismo hacía parte de la versión original del proyecto radicada por Arias, cabe aclarar que los dos artículos citados no se originaron en el Ministerio. Estos fueron introducidos durante su trámite en el Congreso. No obstante, desde la primera ponencia fueron firmados por senadores de los partidos de La U, Cambio Radical, Conservador y AICO, casi todos pertenecientes a la bancada uribista de entonces.

Lo curioso es que el expresidente fundador del Centro Democrático y el candidato presidencial de ese partido, Iván Duque, critican ahora a Petro por tener propuestas similares a lo que esa norma planteaba.

El exsenador uribista arremete en sus discursos y entrevistas contra el “dedo expropiador”, como una metáfora que busca igualar a su contrincante con el exmandatario venezolano Hugo Chávez y su abuso de esa figura.

En redes sociales ha circulado también un video en el que Duque le pregunta en tarima a una trabajadora de un cultivo de Flores Ipanema, en El Rosal (Cundinamarca), si “le gustaría que llegara un presidente a echarle mano a la empresa y acabarla”.

Sin embargo, como ya explicó Colombicheck.com, la expropiación en Colombia es legal e incluso está consagrada en la Constitución. Ospina aclaró además que, por norma, siempre debe conllevar una indemnización en plata o en bonos y que el monto siempre va a depender del catastro.

Entre tanto, lo que ha propuesto Petro ha sido que el Estado compre las tierras improductivas luego de desestimular su tenencia por medio de alzas en el predial. Con estas ofertas, según el exdirector del Incoder, tendría un margen para negociar un valor por encima del avalúo catastral.

De hecho, su programa de gobierno dice que “no se expropiarán empresas, ni negocios, ni viviendas ni tierra productiva”. Este también fue el primero de los compromisos que reafirmó cuando recibió la adhesión de la excandidata vicepresidencial Claudia López y el senador electo Antanas Mockus.

 

 

El plan de la Colombia Humana sí es buscar que las grandes extensiones sin uso o dedicadas a la ganadería extensiva pasen a la agricultura campesina. Pero los medios para lograr lo que Petro ha descrito en los medios coinciden a grandes rasgos con el estatuto rural de Uribe, excepto porque afirma que fijaría el precio por medio de peritos.

De hecho, Ospina asegura que Petro ni siquiera tendría que crear normas nuevas para cumplir esas promesas. “Son cosas que ya existen, lo que pasa es que no se aplican”, señala el economista. Esto porque hay múltiples leyes que autorizan y regulan tanto la compra como la expropiación de predios por parte del Estado, como ya había contado Colombiacheck, por lo que al candidato le bastaría con actuar conforme a ellas de llegar a la Presidencia.

Conozca la ruta del chequeo
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    Frase: “Álvaro Uribe y Óscar Iván (Zuluaga) sancionaron una ley que permitía expropiar. Sí, expropiar tierras rurales a valor catastral. Sí, catastral”.

    Autor: María Mercedes Maldonado, coordinadora programática de la campaña del candidato presidencial de la coalición Colombia Humana, Gustavo Petro.

    Fuentes: Juan Manuel Ospina, economista y exdirector del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder); Conpes para el desarrollo sostenible del Cauca (2007) y el catastro multipropósito (2016); ley 1152 de 2007 (Estatuto de Desarrollo Rural), sentencia C-175 de 2009, proyecto de ley 30 de 2006 (Senado), Gaceta del Congreso 397 de 2006 (ponencia para primer debate), discurso del candidato presidencial del Centro Democrático, Iván Duque, después de pasar a segunda vuelta y entrevista con Yamid Amat publicada el siguiente domingo en El Tiempo; Twitter del expresidente Álvaro Uribe, de Maldonado y de Petro; entrevista del aspirante de Colombia Humana con Vicky Dávila en W Radio el 5 de febrero de 2018.

    Contexto: La exsecretaria de Planeación y Hábitat de Bogotá replicó en Twitter una imagen viral sobre a la aparición de la expropiación en el estatuto rural de Uribe e intercambió mensajes con varios usuarios en los que dio detalles sobre la ley.

    Calificación: Verdadera.