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Jueves, 27 Junio 2019

Los desmovilizados durante el Gobierno Uribe no son siete veces más que los del proceso con Farc

Por Sania Salazar

Aunque Margarita Restrepo dio cifras aproximadas del número de desmovilizados en el gobierno de Uribe, calculó mal su relación con las cifras del proceso con el ahora partido Farc. 

La representante a la Cámara por el Centro Democrático, Margarita Restrepo, aseguró en su cuenta de Twitter que en el Gobierno Uribe se desmovilizaron más de 50.000 combatientes y que eso es casi siete veces más de los que se desmovilizaron en el proceso de La Habana.

Colombiacheck califica la frase de la representante como cuestionable, pues aunque se aproxima a las cifras oficiales de desmovilizados en el periodo de gobierno de Uribe Vélez, se equivoca en decir que esa desmovilización fue siete veces mayor a la de las Farc. Además, desconoce que hay múltiples cifras de ambos procesos y que ambas desmovilizaciones han tenido críticas por presuntos “colados”.

El equipo de prensa de la Representante le envió a Colombiacheck los pantallazos del artículo de Verdad Abierta “La desmovilización: el proceso de paz (2003-2006)”, en el que basó Restrepo su trino.

El artículo dice: “desde agosto de 2002 y hasta enero de 2010 se han desmovilizado 52.403 personas, 31.671 procedentes de grupos paramilitares que dejaron las armas de manera colectiva, y 20.732 miembros de grupos guerrilleros y paramilitares que se desmovilizaron individualmente”. Pero en el artículo no especifican la fuente de esas cifras en particular.

Según la ARN, entre 2002 y 2010, durante la presidencia de Uribe Vélez, se desmovilizaron 17.348 guerrilleros (2.980 del ELN y 14.368 de Farc) y 35.822 paramilitares, para un total de 53.170 personas.  

Según esa misma Agencia, los desmovilizados producto del proceso de paz con la exguerrilla de las Farc son 13.190 personas.

En su trino Restrepo se aproxima a la cifra oficial de desmovilizados en el Gobierno de Uribe Vélez, pero se equivoca al decir que la cifra es siete veces más de la cantidad de personas que se desmovilizaron producto del acuerdo con Farc, porque en realidad es cuatro veces mayor. Pero hay que recordar que hay otras cifras de estas desmovilizaciones de ONG y centros de pensamiento que le hacen seguimiento al conflicto en Colombia y que ni el proceso de desmovilización de las Autodefensas ni el de Farc han estado exentos de dudas con respecto a los llamados “colados”, miembros de otros grupos armados o narcotraficantes que han querido obtener los beneficios que se otorgan en esos procesos de desarme.

Por ejemplo, la Fundación Ideas para la Paz, FIP, indica que entre agosto de 2002 y enero de 2010 se desmovilizaron 35.353 miembros de las Autodefensas (entre desmovilizaciones individuales y colectivas), según cifras del programa de atención humanitaria al desmovilizado de la Oficina del Alto Comisionado para la paz.

Y el libro Desmovilización y reintegración paramilitar. Panorama poscuerdos con las AUC, del Centro Nacional de Memoria Histórica, Cnmh, calcula que fueron 31.000 los desmovilizados oficialmente reconocidos de las AUC.

Sobre ese proceso de reinserción hay que recordar también que recibió críticas entre otras cosas porque, como lo recuerda la periodista María Teresa Ronderos en el libro Guerras recicladas, hubo denuncias de que personas que no hacían parte de esos grupos se hicieron pasar por combatientes.

Sobre la reinserción de las Farc la Fundación Paz y Reconciliación, Pares, indica en su segundo informe Cómo va la paz que un poco más de 6.800 guerrilleros de las Farc se desarmaron colectivamente producto de la negociación con el gobierno. Hay que aclarar que en esta cifra solo están incluidos los exguerilleros que entregaron las armas, mientras que las cifras de la ARN citadas arriba también incluyen a colaboradores de la guerrilla no armados (conocidos como “milicianos”) que se acogieron al proceso de paz.

Este proceso tampoco ha estado exento de críticas, pues al principio se denunció que hubo personas que se quisieron colar en el proceso para que sus delitos fueran juzgados por la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP.

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Martes, 07 Julio 2020

No se han reparado víctimas de Farc con dineros de esa organización, pero hay varias explicaciones

Por Sania Salazar

Ha habido dificultades para convertir en dinero los bienes entregados por Farc, pero también problemas administrativos para crear los mecanismos mediante los cuales se administrarán los bienes y el dinero.

Durante un debate de control político a la implementación del Acuerdo Final, María del Rosario Guerra, senadora del Centro Democrático, aseguró que después de tres años de la firma de dicho acuerdo ni una sola víctima de ese grupo guerrillero ha sido reparada con los recursos de Farc. También aseguró que se han monetizado solo 3.842 millones de pesos de los bienes entregados por Farc.

Colombiacheck califica esta afirmación como “verdadera, pero” porque, aunque es cierto que no se ha reparado a ninguna víctima hasta ahora con ese dinero, esto se debe a múltiples razones que incluyen dificultades administrativas y para convertir en dinero los bienes entregados por esa organización, contexto que no mencionó la senadora.

En su equipo de prensa le dijeron a Colombiacheck que la fuente de la información era la Sociedad de Activos Especiales, SAE, entidad que explicó que el artículo tercero del Decreto Ley 903 de 2017 determina la constitución de un patrimonio autónomo para canalizar los bienes entregados por FARC, cuya función es ser el receptor de todos los bienes y recursos patrimoniales monetizados y no monetizados inventariados yentregados por FARC y cuya finalidad es la reparación de las víctimas.

“A la fecha aún no se cuenta con el patrimonio autónomo, razón por la cual no se ha reparado a las víctimas del conflicto armado. No obstante, la SAE ha adelantado dos procesos de selección, por licitación pública y selección abreviada, para celebrar el respectivo contrato de fiducia que dé origen al patrimonio autónomo, pero se han declarado desiertos”, aclaró la entidad.

Sobre el asunto la SAE concluyó que una vez se cuente con dicho patrimonio autónomo su beneficiario será la Unidad para las Víctimas que en el marco de la política pública de reparación dará instrucciones para los pagos a las víctimas, indica el comunicado que esta entidad le envió a Colombiacheck.

La SAE también aclaró que en una respuesta a un oficio de septiembre de 2019 reportó que “había recibido bienes por parte de FARC que se han monetizado por un valor total de $3.694.691.324,95, suma que había generado rendimientos financieros con corte al 31 de agosto de 2019 por un valor de $147.426.116, con lo cual la SAE tenía para esa fecha bajo su custodia $3.842.117.441”.

La entidad explicó las dificultades para monetizar los bienes entregados por Farc: la información del inventario entregado por la organización no especifica unidades de medida, la ubicación de los bienes es incompleta o nula y no está estandarizada en bloques y frentes. Falta de enlaces designados por Farc en territorio que cuenten con información puntual de los bienes reportados en el inventario. Farc no conoce la ubicación de los propietarios de los bienes sujetos a registro, los cuales requieren de su aprobación y entrega voluntaria para realizar la entrega material. Problemas de orden público dificultan el acceso a los bienes.

En su defensa Farc ha insistido en que no están en capacidad de garantizar la custodia de los bienes porque ya no están en los territorios, en que la presencia de otros actores armados en los territorios dificulta el proceso y en que “el Gobierno no recibe las vías que se hicieron, los centros de salud, las escuelas y, de igual manera, lo que se reportó como las acciones de brigadas de salud que fueron gastos que generó la guerra”, como le dijo Pastor Alape a El Espectador.

El pasado 2 de julio la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas anunció que el Partido Farc se comprometió a entregar a esa entidad 30.000 millones de pesos, en dos meses 3.000 millones y 27.000 millones al finalizar la vigencia, explicaron.

“Esto corresponde al llamado que siempre se ha hecho desde las entidades, que se necesitan recursos no solamente del presupuesto general de la Nación, sino también de los victimarios. Aquí se van a utilizar estos recursos que van dirigidos principalmente a la Reparación Colectiva”, explicó  Ramón Rodríguez, director de la Unidad.

En un chequeo publicado en octubre del año pasado explicamos que en casos como este es el Estado el encargado de reparar a las víctimas. En ese artículo Sergio Ruano, investigador de Dejusticia, explicó que en los procesos de justicia transicional usualmente el Estado es el encargado de administrar fondos especiales de reparación de víctimas, que funcionan como fiducias. “En el caso de procesos transicionales en otros países con los bienes que se entregan, por ejemplo, de negocios ilegales en el actuar armado, se crea un fondo especial con el que se pagan los procesos de reparación”, precisó Ruano, quien además indicó que el Estado pone el dinero que pueda quedar faltando para lograr una reparación integral.