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Lunes, 13 Agosto 2018

María Victoria Angulo no ocultó la contratación de la empresa de las pechugas de 40.000 pesos

Por José Manuel Cuevas

Las redes sociales le cobraron a la nueva Ministra de Educación la polémica de finales del año pasado del contrato que la Secretaría de Educación de Bogotá firmó con Coosuacol.

La ibaguereña María Victoria Angulo pasó en julio de encabezar la Secretaría de Educación de Bogotá a ser nombrada nueva ministra de Educación por el entonces presidente electo, Iván Duque.

En medio del repaso de la hoja de vida de Angulo que hicieron los medios tras su nombramiento, muchas personas compartieron una imagen de diciembre que publicó el medio 180° a la verdad (presente sólo en redes sociales).

Imagen viral sobre María Victoria Angulo

La imagen recordaba que, en su paso por la Secretaría de Educación de Bogotá, Angulo había adjudicado un contrato para la alimentación de los colegios de la capital a la Cooperativa de Suministros de Alimentos de Colombia (Coosuacol).

En la imagen, además, se asegura que “la representante legal de esta cooperativa es la misma que cobró pechugas de pollo a 40 mil pesos para la alimentación de los niños en Cartagena” y que “a pesar del escándalo, Angulo señala que la cooperativa cumplió todos los requisitos para ganar la licitación”.

Colombiacheck investigó y encontró que estas afirmaciones son VERDADERAS.

En efecto, en noviembre del año pasado la Contraloría denunció el sobrecosto en un contrato de Coosuacol por suministro de alimentos pero en Cartagena, que incluía la compra de pechugas de pollo a 40.000 pesos por unidad.

Con el escándalo en la opinión pública, después se supo que en Bogotá se le había adjudicado el 30 de noviembre un contrato para el suministro de alimentos de los colegios públicos a Coosuacol, Consorcio Logístico Catalimentos 2017, UT MS 3-60, Aerodelicias LTDA, Fabio Doblado Barreto, UT Agrosocial II y a UT Unidos por los niños de Bogotá.

El contrato mediante licitación, que se hizo a través de Colombia Compra Eficiente (organismo creado para unificar los procesos de la contratación pública) es, como dice la imagen que circula por redes sociales, por 177.461 millones de pesos. Además, tiene una vigencia mínima de 24 meses (de enero de este año a diciembre de 2019).

Frente a los cuestionamientos, en particular a los de la videocolumna La Pulla del periódico El Espectador, María Victoria Angulo aclaró a mediados de diciembre mediante una carta en el mismo diario que, aunque hubiera investigación, Coosuacol no había sido sancionada, con lo cual no había impedimento para su contratación.

No obstante, RCN reveló también en diciembre que Coosuacol tenía el mismo NIT (800185713-9, registrado en la Cámara de Comercio de Cartagena) de la antigua Cooseheroica, empresa que había contratado con la Alcaldía de Bucaramanga en marzo de 2014 y que la Contraloría denunció en ese entonces por haber encontrado alimentos en descomposición, entre otras irregularidades.

Si bien no hubo sanción, de acuerdo con su resolución 2018330002485 del 10 de abril de 2018, la Superintendencia de Economía Solidaria intervino Coosuacol para “administrar los bienes, haberes y negocios”, por deficiencias en el cumplimiento de requisitos legales para su funcionamiento, que van desde actas incompletas hasta inconsistencias en su estructura financiera.

Sin embargo, en la revisión de la entidad a la actividad de la empresa en los dos últimos años, el documento señala que el contrato con la Secretaría de Educación de Bogotá “es operado en condiciones normales y (...) se tiene evidencia de una buena gestión en su ejecución”.

El Programa de Alimentación Escolar, tarea difícil

El escándalo de las pechugas de 40.000 pesos no es un hecho aislado. En varios colegios y sedes del ICBF se han denunciado sobrecostos en contrataciones, así como escasez y mala calidad en los alimentos. Todo esto ha puesto en la mira la implementación del Programa de Alimentación Escolar (PAE).

Incluso la Contraloría General de la República afirmó informe de gestión que pudo “evidenciar las falencias (…) en cuanto a valores de las raciones, sobrecostos y falta de objetividad en la selección de los contratistas”.

De hecho, el contralor general Edgardo Maya se pronunció sobre el tema el pasado 2 de agosto en en medio del lanzamiento del libro de la Contraloría Una mirada a las políticas públicas de Colombia 2014-2018, pidiéndole a María Victoria Angulo que, en su nuevo cargo como ministra de Educación, le hiciera reformas estructurales al PAE.

Con esas reformas estructurales se busca corregir la falta de ejecución de los recursos del programa, que según el documento se debe, “por una parte, a situaciones inherentes a la prestación del servicio (calamidades públicas, ausentismo de los niños, condiciones climáticas o geográficas que impiden llevar los alimentos) y, por otra, a debilidades en la unificación y articulación de recursos, en la planeación financiera y en los procesos de presupuestación, como se ha mencionado”.

Según el máximo órgano de control fiscal, el PAE ha presentado irregularidades en 17 departamentos, afectando la salud de unos ocho millones de niños.

Lunes, 26 Noviembre 2018

Es verdad que más del 90% de los endeudados con Icetex son estratos 1, 2 y 3

Por Sania Salazar

Las cifras del Icetex confirman un porcentaje cercano al dado por Pedraza, pero el debate por la utilidad de la entidad continúa.

Jennifer Pedraza, líder estudiantil de la Universidad Nacional, dijo en RCN Radio que “el 90% de las personas endeudadas con el Icetex son estratos 1, 2 y 3”.

Pedraza añadió que las personas de esos estratos suelen presentarse a las universidades públicas y que, ya que esas universidades no pueden aumentar la cobertura, la última opción de estas personas es endeudarse. Es decir que, al no lograr cupo en las públicas, estas personas optan por las privadas, para lo que tienen que pedir créditos.

La líder estudiantil le dijo a Colombiacheck que se basó en el informe de gestión de 2017 del Icetex.

Allí, se precisa que ese año “se desembolsaron 45.924 nuevos créditos en las líneas pregrado por valor de $209.246 millones. El 94% de estos créditos se destinaron a estratos 1, 2 y 3”.

Pedraza dio esta declaración durante una entrevista en la que habló sobre el paro nacional de universidades públicas que completa alrededor de 40 días y durante el que los líderes estudiantiles han propuesto, entre otras alternativas, trasladar dinero del Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior, Icetex, a las universidades públicas.

Uno de los argumentos de los líderes es que trasladar recursos del Icetex a las universidades públicas, sería una forma de subsidiar esos estudiantes sin que se endeuden. De todas maneras hay que aclarar que en las públicas tendrán que pagar algo, así sea mínimo, de matrícula.

En su página web, el Icetex dice que entre sus objetivos está “el fomento social de la educación superior, priorizando la población de bajos recursos económicos”. Y en un documento del Centro de Investigación Económica y Social, Fedesarrollo, sobre la financiación de la educación superior a través del Icetex, se dice: 

“El ICETEX ha cumplido con su misión de concentrarse en la población de menores ingresos hacia donde se ha dirigido más del 90% del monto de los créditos. Esta proporción ha aumentado en los últimos años, comportamiento que coincidió con la significativa flexibilización de los créditos para estudiantes de estratos 1, 2 y 3 en materia de tasas de interés en 2012, lo cual a su vez ha elevado el costo fiscal del programa”.

Para Isabel Segovia, experta en educación, la política del Icetex está bien, pero el problema empezó cuando la forma de  financiación de las universidades públicas empezó a fallar y la política se concentró en ayudarles a los estudiantes de estratos bajos y no a las universidades públicas. Inyectarle plata al Icetex fue una manera de ayudarles a esos estudiantes.

Según Segovia, el problema está en que hubo una mala distribución de los recursos que salían de la Ley 30, por lo tanto hay que apostarle a varias políticas complementarias, pero bien hechas. “Hay que armar una estrategia que considere todas las aristas, que beneficie a todo el sistema, incluidas las universidades públicas. Se necesita una distribución integral de los recursos”, pues le parece peligroso pensar en una sola solución, concluyó.