Un meme con fotos del senador Iván Cepeda Castro, una de ellas modificada para simular cuernos en su frente, ha sido compartido 9.700 veces en Facebook con un mensaje en el que se afirma que “su papá [Manuel Cepeda Vargas] fue dado de baja mientras transportaba unos kilos de coca (presuntamente de las Farc)”

Esa historia es falsa. No corresponde con lo que la justicia ha determinado sobre el asesinato del entonces congresista y el exterminio de la Unión Patriótica (UP), partido político que presidía, ni con los relatos de prensa sobre el crimen perpetrado en la mañana del 9 de agosto de 1994.

Al día siguiente, el diario El Tiempo contó los pormenores de los hechos ocurridos en plena avenida de Las Américas con 74, en Bogotá. A Cepeda Vargas, que llevaba tiempo recibiendo amenazas de muerte, le dispararon unos sujetos que iban en un Renault 9 blanco mientras él se dirigía de su casa al Capitolio para participar en un debate. Por supuesto, no hay ninguna mención sobre cargamentos de droga.

Su hijo Iván, hoy congresista del Polo Democrático, llegó al lugar minutos después. Ante los medios de comunicación, dijo que el magnicidio era producto de “un plan dirigido por altos mandos militares cuyo nombre es Plan Golpe de Gracia contra el Partido Comunista y la Unión Patriótica”, que ya había sido denunciado por su difunto padre.

Cinco años más tarde, los sargentos primeros Justo Gil Zúñiga Labrador y Hernando Medina Camacho, ambos pertenecientes al Ejército, fueron condenados a 43 años de prisión como coautores materiales de homicidio agravado. Estos dos militares eran los sicarios que iban en el carro blanco.

La sentencia del Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Bogotá dejó claro que el atentado fue contra las ideas del dirigente comunista, su trabajo como único integrante de la UP en el Senado de ese entonces y sus publicaciones en el semanario Voz, del que fue director. De acuerdo con los testimonios citados, sus asesinos se referían a él como “revolucionario”. No hay ni una palabra sobre narcotráfico.

La decisión fue confirmada en su totalidad por la sala penal del Tribunal Superior de Bogotá en 2001. Además, la Corte Suprema de Justicia rechazó el recurso de casación interpuesto por la defensa de los uniformados en una providencia de 2004, con ponencia del magistrado Édgar Lombana Trujillo. 

El proceso fue tenido en cuenta por la Corte Interamericana de Derechos Humanos al condenar al Estado colombiano en 2010 por violar, entre otros, los derechos a la vida, la integridad, la honra, la dignidad y las libertades de pensamiento, expresión y asociación de Cepeda Vargas y su familia. El tribunal internacional recalcó que el móvil del caso fue político por su relación directa con los ataques sistemáticos en contra de la UP.

Como lo han documentado diferentes instituciones, entre ellas el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) en su informe Todo pasó frente a nuestros ojos (2018), ese partido fue víctima de un genocidio cometido en conjunto por las Fuerzas Armadas y grupos armados ilegales. “Para los magnicidios, las decisiones pasaron por las cabezas de las redes o alianzas tanto en la institución castrense como en las estructuras paramilitares”, dice el texto con base en documentos judiciales y periodísticos.

De hecho, el exparamilitar Jesús Emiro Pereira Rivera es la única persona condenada por el caso de Cepeda aparte de los sargentos Medina y Zúñiga. El Juzgado Noveno Penal del Circuito Especializado de Bogotá le impuso una sanción de 10 años, 7 meses y 15 días en prisión, luego de que se acogió al beneficio de sentencia anticipada en calidad de cómplice del crimen en 2014.

El exsubdirector del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) José Miguel Narváez es investigado por estos hechos. La Fiscalía incluso le dictó medida de aseguramiento en 2011. Las decisiones en su contra por este caso no han pasado de ahí, aunque está preso porque fue condenado a 26 años y 3 meses de cárcel por el asesinato del humorista Jaime Garzón.

Ahora, el exfuncionario está pidiendo entrar a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que ya tiene un macrocaso abierto sobre la victimización contra la UP. También ha solicitado que la Comisión de la Verdad lo escuche.

La Corte IDH concluyó, en su sentencia sobre el asesinato del senador, que “el objetivo de esta [ejecución extrajudicial] era impedir su militancia política”. Nada tuvo que ver con drogas ilícitas.

En consecuencia, el tribunal le ordenó a Colombia tomar varias medidas de reparación a las víctimas. En virtud de una de ellas, el Estado tuvo que pedir perdón en público ante una plenaria conjunta del Congreso. Lo hizo el día del aniversario del crimen en 2011, en voz del entonces ministro del Interior y de Justicia, Germán Vargas Lleras.

Sin embargo, el homicidio todavía es materia de investigación porque no han sido juzgados ni mucho menos condenados todos los responsables.

La Fiscalía, igual que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el informe que motivó el proceso ante la Corte IDH, considera que fue un crimen de lesa humanidad y que, por tanto, no prescribe. El reconocimiento oficial se confirmó apenas en 2014, pero ya había al menos un pronunciamiento en ese sentido 10 años antes, por parte del entonces fiscal general, Mario Iguarán, en una entrevista con El Tiempo.

Otros 34 asesinatos selectivos de integrantes de la UP también han sido incluidos en esa categoría por el ente acusador. La información que ha recibido la JEP habla de 1.620 a 4.564 homicidios y hasta 6.613 víctimas en total, incluyendo a quienes sufrieron desapariciones, secuestros, amenazas, torturas y otros crímenes. Los hijos de Cepeda Vargas están entre las que ya están acreditadas ante el tribunal transicional para participar en el proceso por el macrocaso correspondiente.

De modo que, si algo está claro sobre la muerte de Manuel Cepeda, es que el crimen fue cometido por razones políticas. Al senador no lo “dieron de baja” por llevar cocaína, el Estado y los paramilitares lo mataron por sus ideas, igual que a muchos otros líderes y militantes de su partido. Esto también quedó consignado en un chequeo de 2019 sobre los responsables del asesinato de Bernardo Jaramillo Ossa, su candidato presidencial en 1990. Por tanto, lo que dice la publicación viral en Facebook es falso.