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Jueves, 30 Julio 2020

Explicador: Qué es el genocidio, el crimen de lesa humanidad y el crimen de guerra

Por Sania Salazar

Los sistemas penales de cada país tienen tipificados estos delitos, pero también tienen penas específicas en el derecho internacional porque son infracciones al DIH, por lo que también los puede juzgar la Corte Penal Internacional.

Al expresidente Álvaro Uribe lo han tildado últimamente de “genocida” y “criminal de guerra”, y lo han acusado también por crímenes de guerra. Primero fue la serie Matarife, un genocida innombrable, que en su título tiene la acusación y que ha recopilado los episodios en los que el expresidente pudiera tener alguna responsabilidad penal, aunque hasta ahora no se le ha comprobado nada.

Luego el exfiscal Eduardo Montealegre reiteró que va a denunciar penalmente a Uribe ante la Corte Suprema de Justicia por delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra por las masacres de El Aro y La Granja.

Para estos delitos hay leyes penales en cada país. La Corte Penal Internacional, CPI, nacida del Estatuto de Roma, juzga las graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario, DIH, entre ellas estos tres delitos, considerados los peores de los conflictos armados. La CPI actúa cuando los Estados no imparten justicia sobre estas conductas, pero lo hace, como ya lo explicamos, dentro de sus competencias. 

Acá les explicamos de qué se tratan esos tres delitos:

¿Qué es el genocidio?

Según el Código penal colombiano, comete este delito (artículo 101 de la ley 599 de 2000) quien “con el propósito de destruir total o parcialmente un grupo nacional, étnico, racial, religioso o político por razón de su pertenencia al mismo, ocasionare la muerte de sus miembros” e “incurrirá en prisión de cuatrocientos ochenta meses (480) a seiscientos meses (600)”, es decir, entre 40 y 50 años.

Paula Comellas Angulo, doctora en derecho internacional y profesora de Derecho Internacional Humanitario en la Escuela Superior de Guerra, le explicó a Colombiacheck que la característica de este delito es que es un ataque contra un grupo de personas por razones étnicas, nacionales, religiosas o de raza.

Para efectos del Estatuto de Roma es cualquiera de estos actos perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso: “Matanza de miembros del grupo, lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo, sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial; medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo, traslado por la fuerza de niños del grupo a otro grupo”, entre otros.

Comellas Angulo puso como ejemplo el exterminio Nazi a los judios y la guerra de los Balcanes.

¿Qué es el crimen de lesa humanidad?

José Fernando Ortega Cortés, abogado penalista y profesor de la Universidad de Caldas, explicó que en Colombia el crimen de lesa humanidad se ha equiparado a los delitos que tienen que ver con las personas y bienes protegidos por el DIH, que aparecen tipificados en Colombia como delitos, pero que a nivel internacional se denominan como infracciones al DIH.

Amnistía Internacional los describe como actos cometidos como parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil, incluidos homicidios, desapariciones forzadas, esclavitud, privación de libertad, apartheid, deportación o traslado forzoso de población, violación masiva y sistemática, prostitución forzada y otros actos inhumanos similares y aclara que son castigables tanto si se han cometido en “tiempos de paz” como de guerra.

“Lo sistemático es más cualitativo y lo generalizado es cuantitativo, es decir, lo sistemático tiene que ver con que haga parte de un plan premeditado, muchas veces desde el gobierno si estamos hablando de fuerzas armadas, o de un grupo armado organizado, y generalizado es en el número, que sea a un grupo de personas”, explicó Comellas.

Para el Estatuto de Roma es cualquiera de los siguientes actos (como parte de un ataque generalizado y sistemático) contra población civil: asesinato, exterminio, esclavitud, deportación o traslado forzoso de población, tortura, violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada o cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable; persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género, y desaparición forzada de personas, entre otros.

¿Qué es el crimen de guerra?

Ortega Cortés indicó que en el Código Penal de Colombia no existe este delito, pero que para los hechos que constituyen infracciones al DIH hay tipos penales especiales en la Ley 906 de 2004 (artículos 135 a 164).

“Si se llegara a calificar alguna infracción al DIH como genocidio o como crimen de guerra tendríamos que buscar en Colombia como adecuar, con respeto por el  principio de legalidad, ese delito en el código penal porque de lo contrario la CPI podría actuar al respecto”, precisó Ortega Cortés.

Para el penalista, lo que en el plano internacional se considera crimen de guerra, en Colombia se integra a las infracciones graves al DIH cometidas en un conflicto armado.

Amnistía Internacional los describe como actos que violan las leyes o costumbres de la guerra definidas en los Convenios de Ginebra y de La Haya, incluidos ataques contra civiles, tortura, malos tratos o asesinato de prisioneros de guerra, y alcanzan también a los actos cometidos en conflictos armados internos, si bien no se aplica a situaciones de tensiones y disturbios internos como motines, actos aislados de violencia o situaciones parecidas.

Según el Estatuto de Roma, la CPI tendrá competencia respecto de los crímenes de guerra en particular cuando se cometan como parte de un plan o política o como parte de la comisión en gran escala de tales crímenes. Aclara que ese Estatuto entiende por “crímenes de guerra” las “infracciones graves de los Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949, a saber, cualquiera de los siguientes actos contra personas o bienes protegidos por las disposiciones del Convenio de Ginebra pertinente: 

El homicidio intencional, la tortura o los tratos inhumanos, incluidos los experimentos biológicos; causar deliberadamente grandes sufrimientos o atentar gravemente contra la integridad física o la salud, forzar a un prisionero de guerra o a otra persona protegida a servir en las fuerzas de una potencia enemiga, reclutar o alistar a niños menores de 15 años en las fuerzas armadas nacionales o utilizarlos para participar activamente en las hostilidades, entre otros”.

Un caso reciente de condena por crímenes de lesa humanidad y de guerra es el de Bosco Ntaganda, a quien la Corte Penal Internacional sentenció en noviembre de 2019 a 30 años de prisión luego de encontrarlo responsable de esos hechos en Ituri, en la República Democrática del Congo, entre los años 2002 y 2003, cuando era jefe adjunto del Estado Mayor y comandante de las Fuerzas Patrióticas para la Liberación del Congo.

“Conocido popularmente como “Terminator”, el exjefe adjunto de Estado Mayor y comandante de operaciones de las Fuerzas Patrióticas para la Liberación del Congo (FPLC), fue vinculado con en el asesinato, la violación, la esclavitud sexual y el desplazamiento forzado de las comunidades Lendu, en zonas ricas en oro”, informó la Organización de las Naciones Unidas, ONU.

¿Qué penas puede imponer la CPI por cometer estos delitos?

La reclusión no mayor a 30 años o “la reclusión a perpetuidad cuando lo justifiquen la extrema gravedad del crimen y las circunstancias personales del condenado”, según el Estatuto de Roma.

 

Lunes, 02 Abril 2018

Duque le hereda a Uribe su pelea con las cortes

Por José Felipe Sarmiento Abella

La polémica propuesta de acabar con las cuatro cortes para crear una sola es una vieja batalla que tiene el uribismo con la justicia colombiana.

El candidato presidencial por el Centro Democrático, Iván Duque, tomó partido y apoyó la propuesta del máximo jefe de esa colectividad, el expresidente y senador Álvaro Uribe, de fusionar las cuatro altas cortes que existen en Colombia (Suprema, Constitucional, Consejo de Estado y Consejo Superior de la Judicatura) y crear una sola con salas especializadas.

Esta iniciativa, que implicaría una reforma constitucional, no aparece en el programa del aspirante del CD. Sin embargo, encendió el debate tanto en círculos políticos como en medios de comunicación, ya que un grueso número de exfuncionarios del gobierno de Uribe (2002-2010) y personas cercanas al uribismo han sido procesadas y condenadas por la Corte Suprema, por una variedad de delitos que van desde corrupción hasta parapolítica y homicidio, lo que ha sido calificado por ese partido como una persecución política.

El mismo Uribe tiene investigaciones pendientes en la Corte Suprema. La más reciente, abierta por supuestamente haber manipulado testigos en un proceso de pérdida de investidura contra el senador Iván Cepeda, del Polo Democrático. Además, está el expediente por su presunta responsabilidad en dos masacres ocurridas en Ituango (Antioquia) cuando era gobernador.

También hay una investigación estancada en la Comisión de Acusaciones por las interceptaciones ilegales realizadas en su gobierno contra periodistas, políticos de oposición y la misma Corte Suprema, conocidas como las “chuzadas”. Por este escándalo fueron condenados en este tribunal dos de sus directores del DAS, María del Pilar Hurtado y Jorge Noguera (quien también fue encontrado culpable de homicidio y paramilitarismo) y su secretario general Bernardo Moreno.

En esa misma corte se dieron otras condenas, por ejemplo, contra su primo Mario Uribe, exsenador parapolítico; su ministro Andrés Felipe Arias, por desviar subsidios del programa Agro Ingreso Seguro; Sabas Pretelt y Diego Palacio, también exministros, y su secretario Alberto Velásquez, por ofrecer dádivas a congresistas para conseguir la aprobación de la reelección presidencial por primera vez (la ‘yidispolítica’). La Constitucional, por su parte, ‘tumbó’ el referendo que le hubiera permitido postularse a un tercer mandato consecutivo.

 

 

 

 

 

Lo que dijo Uribe

A sabiendas de estos antecedentes, Uribe sugirió hace seis meses, en declaraciones a los medios que luego publicó en Twitter, la creación de “una sola corte de magistrados visibles, bien conocidos, (…) con una gran trayectoria”.

 

 

Chequeamos y la propuesta no está entre las que expone el candidato uribista en su página de internet. Lo más cercano que dice el folleto es la unificación de “lineamientos y criterios para la jurisprudencia de las Altas Cortes” -no de las instituciones en sí- para simplificar procesos, generar seguridad jurídica y aumentar la confianza en el sistema judicial.

Según su equipo de campaña, lo que pasa es que ese programa fue elaborado hace más de un año. “No hay un documento completo con sus propuestas actualizadas. Se está construyendo”, explicó su jefe de prensa, Jorge Quintero.

Lo único que hay al respecto en el portal, previo al debate en Estados Unidos, es una columna del congresista en el diario Portafolio del 14 de septiembre de 2017, dos semanas después del tuit de Uribe. Allí concluyó que “una reforma seria a la justicia requiere (…) que avancemos hacia una corte única, con distintas salas y un menor número de magistrados, concentrados en definir los precedentes y los lineamientos de interpretación e implementación”.

En el video del trino, el expresidente defendía su iniciativa asegurando que tuvo “dificultades con un sector de la Corte” y que fue él quien presentó denuncias por corrupción “cuando estaba en el Gobierno y esas denuncias son parte de la causa de que haya compañeros en la cárcel”. Esto, en referencia a la cercanía de algunos magistrados con el empresario italiano Giorgio Sale, acusado entonces de tener vínculos con las Auc y la mafia de su país.

 

 

 

 

 

¿Cómo se les ocurre?

La fusión de las Cortes planteada por el Centro Democrático, generó múltiples rechazos por parte de otros candidatos, como el del partido Liberal, Humberto de la Calle, quien tildó de retroceso la iniciativa y un golpe a los derechos de la gente. El candidato dijo que de prosperar esta reforma se pondría bajo amenaza la acción de tutela, uno de los principales logros de la constitución de 1991.

 

 

 

 

A pesar de la avalancha de críticas, Duque defendió la propuesta de unificación de las Cortes, señalando que esta ya había sido propuesta por una comisión de expertos que precisamente fue conformada en 2009 por el entonces presidente Álvaro Uribe.

“No se trata de imponer el criterio de un presidente, sino de abrir un debate. Hay que recordar una cosa: primero, esa es una propuesta que viene desde la Comisión Bonivento; la Corporación Excelencia en la Justicia ha hablado muchas veces de ella y muchos países de América Latina tienen corte única, es más, muchos países del mundo también la tienen”, dijo.

Al revisar el informe final de la Comisión de Expertos de Reforma a la Justicia, que encabezó el exmagistrado José Alejandro Bonivento con otros reconocidos juristas, además de Excelencia en la Justicia, en ninguna parte del documento se recomendaba unificar los tribunales. Por el contrario, lo que planteaba era que las Cortes debían trabajar de forma complementaria para que sus posiciones fueran más uniformes y evitar los “choques de trenes”.

La Comisión sugirió una estructura en la que se mantuvieran tres de las cuatro altas cortes: la Suprema, la Constitucional y el Consejo de Estado. Pero proponía reemplazar el Superior de la Judicatura por un órgano de gobierno unificado de la rama (lo que se intentó hacer con la fallida Reforma de Equilibrio de Poderes del gobierno Santos, que se cayó casi toda en el examen de constitucionalidad).

La Corporación Excelencia en la Justicia, en su cuenta de Twitter, le ha quitado piso a algunas de las críticas y ha reconocido virtudes de la propuesta. Pero también advirtió que un cambio de este tipo requeriría la convocatoria de una asamblea constituyente y señaló que, por la necesidad de crear salas especializadas por temas, no reduciría el número de magistrados ni su burocracia.

 

 

 

 

 

 

 

¿Cuál es el modelo?

Transformar el sistema de justicia colombiano a una corte única tiene sus precedentes y dificultades. En una columna publicada en Ámbito Jurídico en 2017, la hoy decana de Derecho de la Universidad de los Andes, Catalina Botero Marino, explicaba los inconvenientes de pasar a un modelo de ese tipo.

La abogada constitucionalista sostenía que había dos sistemas extranjeros de corte única: el estadounidense, que es un tribunal con pocos magistrados, y el venezolano, que cuenta con salas especializadas y es el más parecido a la propuesta que lanzó el candidato del CD.

El estadounidense, según explicaba Botero, está basado en una justicia federal en la que cada estado cuenta con su propio sistema judicial, en el que se resuelven la mayor parte de los casos. Ese es el caso, explicó en otro trino la semana pasada, de la mayoría de países del mundo con corte única.

 

 

En cuanto a los países vecinos, la investigadora Carolina Villadiego Burbano, directora del área de sistema judicial del tanque de pensamiento DeJusticia, en el libro de 2016 ‘La reforma a la justicia en América Latina’, explicó que “las reformas al gobierno judicial en la región usualmente implicaron la adopción de consejos de la judicatura/magistratura encargados de distintas funciones”.

De modo que, aunque no siempre se consideren cortes, en muchos países sí existen entidades como el Consejo Superior o la todavía naciente Comisión de Disciplina de Colombia.

También señala que “las reformas encaminadas a generar un tribunal (constitucional) independiente y diferenciado de los demás sectores judiciales han sido distintas en la región” por el número de magistrados y las funciones que ejercen. Entre 16 países, siete tienen una corte especializada en esta jurisdicción como acá; nueve, no. Pero de estos últimos, cuatro son federados como Estados Unidos: Argentina, Brasil, México y Venezuela.

Así, la propuesta de Duque, de la que falta conocer más detalles, resulta basada en una recomendación que nunca existió y acomoda otros argumentos para dar el debate en defensa de la idea original de su jefe político, el expresidente Uribe.