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Jueves, 30 Julio 2020

Explicador: Qué es el genocidio, el crimen de lesa humanidad y el crimen de guerra

Por Sania Salazar

Los sistemas penales de cada país tienen tipificados estos delitos, pero también tienen penas específicas en el derecho internacional porque son infracciones al DIH, por lo que también los puede juzgar la Corte Penal Internacional.

Al expresidente Álvaro Uribe lo han tildado últimamente de “genocida” y “criminal de guerra”, y lo han acusado también por crímenes de guerra. Primero fue la serie Matarife, un genocida innombrable, que en su título tiene la acusación y que ha recopilado los episodios en los que el expresidente pudiera tener alguna responsabilidad penal, aunque hasta ahora no se le ha comprobado nada.

Luego el exfiscal Eduardo Montealegre reiteró que va a denunciar penalmente a Uribe ante la Corte Suprema de Justicia por delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra por las masacres de El Aro y La Granja.

Para estos delitos hay leyes penales en cada país. La Corte Penal Internacional, CPI, nacida del Estatuto de Roma, juzga las graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario, DIH, entre ellas estos tres delitos, considerados los peores de los conflictos armados. La CPI actúa cuando los Estados no imparten justicia sobre estas conductas, pero lo hace, como ya lo explicamos, dentro de sus competencias. 

Acá les explicamos de qué se tratan esos tres delitos:

¿Qué es el genocidio?

Según el Código penal colombiano, comete este delito (artículo 101 de la ley 599 de 2000) quien “con el propósito de destruir total o parcialmente un grupo nacional, étnico, racial, religioso o político por razón de su pertenencia al mismo, ocasionare la muerte de sus miembros” e “incurrirá en prisión de cuatrocientos ochenta meses (480) a seiscientos meses (600)”, es decir, entre 40 y 50 años.

Paula Comellas Angulo, doctora en derecho internacional y profesora de Derecho Internacional Humanitario en la Escuela Superior de Guerra, le explicó a Colombiacheck que la característica de este delito es que es un ataque contra un grupo de personas por razones étnicas, nacionales, religiosas o de raza.

Para efectos del Estatuto de Roma es cualquiera de estos actos perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso: “Matanza de miembros del grupo, lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo, sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial; medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo, traslado por la fuerza de niños del grupo a otro grupo”, entre otros.

Comellas Angulo puso como ejemplo el exterminio Nazi a los judios y la guerra de los Balcanes.

¿Qué es el crimen de lesa humanidad?

José Fernando Ortega Cortés, abogado penalista y profesor de la Universidad de Caldas, explicó que en Colombia el crimen de lesa humanidad se ha equiparado a los delitos que tienen que ver con las personas y bienes protegidos por el DIH, que aparecen tipificados en Colombia como delitos, pero que a nivel internacional se denominan como infracciones al DIH.

Amnistía Internacional los describe como actos cometidos como parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil, incluidos homicidios, desapariciones forzadas, esclavitud, privación de libertad, apartheid, deportación o traslado forzoso de población, violación masiva y sistemática, prostitución forzada y otros actos inhumanos similares y aclara que son castigables tanto si se han cometido en “tiempos de paz” como de guerra.

“Lo sistemático es más cualitativo y lo generalizado es cuantitativo, es decir, lo sistemático tiene que ver con que haga parte de un plan premeditado, muchas veces desde el gobierno si estamos hablando de fuerzas armadas, o de un grupo armado organizado, y generalizado es en el número, que sea a un grupo de personas”, explicó Comellas.

Para el Estatuto de Roma es cualquiera de los siguientes actos (como parte de un ataque generalizado y sistemático) contra población civil: asesinato, exterminio, esclavitud, deportación o traslado forzoso de población, tortura, violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada o cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable; persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género, y desaparición forzada de personas, entre otros.

¿Qué es el crimen de guerra?

Ortega Cortés indicó que en el Código Penal de Colombia no existe este delito, pero que para los hechos que constituyen infracciones al DIH hay tipos penales especiales en la Ley 906 de 2004 (artículos 135 a 164).

“Si se llegara a calificar alguna infracción al DIH como genocidio o como crimen de guerra tendríamos que buscar en Colombia como adecuar, con respeto por el  principio de legalidad, ese delito en el código penal porque de lo contrario la CPI podría actuar al respecto”, precisó Ortega Cortés.

Para el penalista, lo que en el plano internacional se considera crimen de guerra, en Colombia se integra a las infracciones graves al DIH cometidas en un conflicto armado.

Amnistía Internacional los describe como actos que violan las leyes o costumbres de la guerra definidas en los Convenios de Ginebra y de La Haya, incluidos ataques contra civiles, tortura, malos tratos o asesinato de prisioneros de guerra, y alcanzan también a los actos cometidos en conflictos armados internos, si bien no se aplica a situaciones de tensiones y disturbios internos como motines, actos aislados de violencia o situaciones parecidas.

Según el Estatuto de Roma, la CPI tendrá competencia respecto de los crímenes de guerra en particular cuando se cometan como parte de un plan o política o como parte de la comisión en gran escala de tales crímenes. Aclara que ese Estatuto entiende por “crímenes de guerra” las “infracciones graves de los Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949, a saber, cualquiera de los siguientes actos contra personas o bienes protegidos por las disposiciones del Convenio de Ginebra pertinente: 

El homicidio intencional, la tortura o los tratos inhumanos, incluidos los experimentos biológicos; causar deliberadamente grandes sufrimientos o atentar gravemente contra la integridad física o la salud, forzar a un prisionero de guerra o a otra persona protegida a servir en las fuerzas de una potencia enemiga, reclutar o alistar a niños menores de 15 años en las fuerzas armadas nacionales o utilizarlos para participar activamente en las hostilidades, entre otros”.

Un caso reciente de condena por crímenes de lesa humanidad y de guerra es el de Bosco Ntaganda, a quien la Corte Penal Internacional sentenció en noviembre de 2019 a 30 años de prisión luego de encontrarlo responsable de esos hechos en Ituri, en la República Democrática del Congo, entre los años 2002 y 2003, cuando era jefe adjunto del Estado Mayor y comandante de las Fuerzas Patrióticas para la Liberación del Congo.

“Conocido popularmente como “Terminator”, el exjefe adjunto de Estado Mayor y comandante de operaciones de las Fuerzas Patrióticas para la Liberación del Congo (FPLC), fue vinculado con en el asesinato, la violación, la esclavitud sexual y el desplazamiento forzado de las comunidades Lendu, en zonas ricas en oro”, informó la Organización de las Naciones Unidas, ONU.

¿Qué penas puede imponer la CPI por cometer estos delitos?

La reclusión no mayor a 30 años o “la reclusión a perpetuidad cuando lo justifiquen la extrema gravedad del crimen y las circunstancias personales del condenado”, según el Estatuto de Roma.

 

Domingo, 29 Abril 2018

Carlos Areiza sabía que lo iban a matar

Por César Molinares Dueñas

El nombre y la muerte de este delincuente ha generado controversia y agitado la campaña presidencial. Su historia se relaciona con la mafia, la política y los paramilitares en Antioquia. En esta entrevista inédita, VerdadAbierta.com y Colombiacheck.com revelan su testimonio.

Carlos Areiza sabía que lo iban a matar. Ese era uno de los motivos para ir ventilando la información que tenía como si fuera un gotero. Se medía porque creía que era su seguro de vida. Pero también usaba lo que sabía para su provecho. Cuando le concedió esta entrevista, hasta ahora inédita, a Juan Diego Restrepo y César Molinares, editores en ese momento de VerdadAbierta.com, purgaba una condena de nueve años, diez meses y un día por extorsión agravada en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí, Antioquia.

La entrevista, realizada el 31 de octubre de 2013, no fue publicada antes porque se esperó que terminara de testificar ante la Corte Suprema de Justicia contra varios políticos implicados en el escándalo de nexos con el paramilitarismo en Antioquia. También, que hiciera llegar a VerdadAbierta.com un video en el que, según afirmaba, registraba varias reuniones del exgobernador Luis Alfredo Ramos, en su calidad de congresista, con varios jefes de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), entre ellos Vicente Castaño.

Dos años atrás, el 13 de diciembre de 2011, este pistolero, que se forjó bajo la sombra del empresario del transporte Hugo Albeiro Quintero, conocido como ‘el patrón de Bello’, había escapado de unos guardas del Inpec que lo custodiaban durante una cita médica. Dos días después regresó a la cárcel, acompañado por el congresista Iván Cepeda, a quien pidió como garante, y explicó que su fuga se produjo porque, según él, dos sicarios lo iban a asesinar. Luego de ello, siguió colaborando con la justicia, pero continuaron los devaneos sobre sus versiones ante los magistrados.

En esta entrevista, Areiza justifica la forma en la que testificó por miedo. Dice que no sólo atentaron contra su vida en varias oportunidades, sino también contra su familia. Según su versión, sicarios fueron a la casa de sus parientes para amenazarlo y a raíz de esa visita su padre, quien los atendió, enfermó y murió varios días después.

Por esas razones se quedó un año sin declarar. “Me mandaron una carta que le entregué a la Fiscalía que decía: ‘Quédese así, que así está muy bien. Así no le pasa nada’”, aseguró.

El testimonio de Areiza siempre generó controversia. Durante el juicio en la Corte Suprema contra Ramos se retractó varias veces, por lo que fue procesado y condenado por falso testimonio.

Este hombre adquirió relevancia en el expediente que se le abrió a Cepeda tras ser denunciado por el senador Álvaro Uribe Vélez por manipulación de testigos, ya que parte de sus confesiones fueron utilizadas como prueba en un debate en el Congreso de la República sobre parapolítica en Antioquia, realizado el 14 de septiembre de 2014. (Leer más en: Debate Cepeda-Uribe: polarización a fondo)

Al final, como un bumerán, la denuncia contra Cepeda fue desestimada por la Corte y determinó que quien debía ser investigado era Uribe Vélez, pues las pesquisas del alto tribunal, que incluyeron interceptaciones telefónicas, evidenciaron que el senador antioqueño estaría presionando, a través de viejos amigos suyos, a algunos testigos que debían comparecer al juicio de Santiago Uribe Vélez, quien es juzgado por los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado y conformación de grupos paramilitares. (Leer más en: ‘Los Doce Apóstoles’: la sombra de Santiago Uribe)

El uribismo siempre ha cuestionado el testimonio de Areiza. Una de las razones más fuertes es que sus señalamientos apuntaron contra Ramos, uno de los alfiles más importantes del Centro Democrático y quien, si no fuera por su proceso por parapolítica, se perfilaba como uno de sus más seguros candidatos a la Presidencia de la República. Y otro motivo es que su hijo, Luis Alfredo Ramos Maya, es senador por esa colectividad, lo que le imprime un alto grado de sensibilidad al tema.

Pero esos cuestionamientos quedaron en duda luego de que la Corte revelara que una ficha del Uribismo contactó a Areiza en la cárcel de Itagüí a través de Jaime Restrepo Restrepo. Se trata de un abogado, acérrimo defensor del senador y expresidente Uribe, quien admite que visitó al testigo cuatro veces, entre febrero y marzo de 2014.

En diálogo con VerdadAbierta.com, Restrepo explicó que estos encuentros se dieron luego de que Areiza llamara a la sede en Bogotá de la Fundación Centro de Pensamiento Primero Colombia, fortín ideológico del Uribismo, en busca de José Obdulio Gaviria.

“Me llamó Fernando Alameda, director de la Fundación, el 21 de febrero de 2014, un viernes, y me dijo que a la oficina había llamado un personaje, que se identificó como Carlos Enrique Areiza Arango, y dijo que necesitaba hablar con José Obdulio, que tenía una información muy importante y a pie juntillas dijeron que no le iban a poner a José Obdulio a hablar con él, entonces que si me podía comunicar con el hombre para ir a entrevistarme con él. Y dije que con mucho gusto”, narra Restrepo.

El primer encuentro se dio el 27 de febrero. De acuerdo con este abogado, en esas conversaciones Areiza hizo referencia a un cartel de falsos testigos del congresista Cepeda contra el Uribismo. “Y me entrega unos documentos donde él hace alusión a ese tema precisamente”, recuerda y, además, le dijo que “estaba muy arrepentido de haber declarado contra Luis Alfredo Ramos”.

Areiza luego le diría a la Corte que de esas reuniones surgieron pruebas falsas, entre ellas un documento de varias páginas que, según él, firmó en blanco, y que luego convirtieron en una supuesta carta que incriminaba al congresista Cepeda, pues en ella decía que le había ofrecido 100 millones de pesos para testificar contra Ramos, los hermanos Uribe Vélez y Gaviria.

Restrepo se defiende y asegura que el detenido sí le entregó un documento y una memoria. Al respecto, se pregunta: “¿por qué no le hacen un experticio grafológico a esos documentos que dan fe que están hechos a puño y letra de Carlos Enrique Areiza, firmados por él y con sus huellas?”.

Camino a la Corte

La explicación que dio en esta entrevista refleja una doble condición, de testigo y de extorsionista. Inicialmente aceptó que buscó a Ramos y le pidió dinero a cambio de un video que lo incriminaba con exjefes paramilitares de las Auc, pero también aprovechó ese encuentro para documentar que Ramos lo quiso callar.

Esta puede considerarse la versión inicial de Areiza sobre lo que él vio durante una reunión de la que aseguró participaron Vicente Castaño y Hugo Albeiro Quintero para entregarle “800 millones de pesos” a Ramos. El testigo también asegura que ese no fue el único encuentro de Ramos con excomandantes de las Auc.

Ramos siempre ha cuestionado y tildado de falso el testimonio de Areiza, aunque también ha reconocido que la reunión con 'Ernesto Báez' sí se dió, pero como parte del proceso de desmovilización y sometimiento a la justicia por parte del gobierno de Uribe Vélez, justo cuando se discutía la Ley de Justicia y Paz, mediante la cual se juzgaría a los desmovilizados de las Auc que dejaron sus armas bajo los acuerdos con el gobierno nacional.

Pero, ¿cómo llegó Areiza a la Corte? La frustración de no poder obtener nada a cambio por las pruebas y un atentado que le hicieron cuando se dirigía a Urabá lo llevaron a buscar ayuda para que le allanaran el camino a las autoridades en Bogotá para exponerles lo que con tanto celo guardó y que, al parecer, en últimas le costó la vida.

En la entrevista Areiza da un dato revelador: después de que se reúnen Ramos y los jefes paramilitares, recurrió al entonces gobernador de Antioquia Aníbal Gaviria para que le hiciera puente con la Fiscalía General para denunciar la financiación que le estaban dando al entonces candidato a la gobernación de Antioquia.

Según dijo, contactó al mandatario departamental porque creyó que era la única persona en Antioquia a la que “Albeiro no le podía llegar”, refiriéndose a que no tenía vínculos con ilegales. Gaviria entonces delegó esa gestión en su secretario de Gobierno, Jorge Mejía, quien confirmó esta versión a VerdadAbierta.com.

Tras esa reunión es que Areiza empieza a declarar ante fiscales delegados por la Corte Suprema y aseguró en esta entrevista que la fiscal Martha Luz Hurtado fue quien le filtró a Ramos sus declaraciones ante la justicia.

“Llevaba este señor dos, tres meses de posesionado, cuando el escándalo de la revista Semana... que les habían filtrado una información de que se habían reunido (Ramos) con paramilitares, entonces todos los fiscales delegados ante la Corte presentaron la renuncia. La única a la que le aceptaron fue a esta señora Martha Luz Hurtado. Y resulta que nosotros investigando nos dimos cuenta de que yo apenas terminé de hablar con esta señora ella comenzó a contarle todo a Luis Alfredo Ramos”, dijo.

Areiza también aseguró que en una reunión en el Urabá antioqueño los jefes paramilitares le ordenaron seguir al entonces magistrado auxiliar Iván Velásquez, quien fungía como investigador principal de la parapolítica en su calidad de magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia.

Para aquellos años se había desatado una persecución contra Velásquez con la que se pretendía socavar su autoridad y evitar que continuara afectando a congresistas y excongresistas que tuvieron nexos con las Auc. No obstante, Areiza dijo que aprovechó la oportunidad para acercarse a él y empezar a colaborar con la justicia. (Leer más en: El gran complot)

Sus otras historias

Areiza, como él mismo cuenta, tenía otras historias, más allá de lo que había dicho contra Ramos; de acuerdo a lo narrado en esta entrevista, conocía a fondo la relación entre las bandas que controlaban Bello, sus nexos con paramilitares, sectores de la fuerza pública, políticos antioqueños y el narcotráfico. Y, asimismo, la forma en la que a través de la empresa Bellanita de Transportes se hacía el puente entre unos y otros.

Fue justo en la calles de este municipio, considerado uno de los más peligrosos de Antioquia y del país, donde fue asesinado Areiza el pasado 14 de abril, un testigo al que la Corte Suprema de Justicia había solicitado proteger, pero como él mismo lo reconoció en esta entrevista, sabía que tarde o temprano lo iban a asesinar por todo lo que sabía.