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Jueves, 30 Julio 2020

Explicador: Qué es el genocidio, el crimen de lesa humanidad y el crimen de guerra

Por Sania Salazar

Los sistemas penales de cada país tienen tipificados estos delitos, pero también tienen penas específicas en el derecho internacional porque son infracciones al DIH, por lo que también los puede juzgar la Corte Penal Internacional.

Al expresidente Álvaro Uribe lo han tildado últimamente de “genocida” y “criminal de guerra”, y lo han acusado también por crímenes de guerra. Primero fue la serie Matarife, un genocida innombrable, que en su título tiene la acusación y que ha recopilado los episodios en los que el expresidente pudiera tener alguna responsabilidad penal, aunque hasta ahora no se le ha comprobado nada.

Luego el exfiscal Eduardo Montealegre reiteró que va a denunciar penalmente a Uribe ante la Corte Suprema de Justicia por delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra por las masacres de El Aro y La Granja.

Para estos delitos hay leyes penales en cada país. La Corte Penal Internacional, CPI, nacida del Estatuto de Roma, juzga las graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario, DIH, entre ellas estos tres delitos, considerados los peores de los conflictos armados. La CPI actúa cuando los Estados no imparten justicia sobre estas conductas, pero lo hace, como ya lo explicamos, dentro de sus competencias. 

Acá les explicamos de qué se tratan esos tres delitos:

¿Qué es el genocidio?

Según el Código penal colombiano, comete este delito (artículo 101 de la ley 599 de 2000) quien “con el propósito de destruir total o parcialmente un grupo nacional, étnico, racial, religioso o político por razón de su pertenencia al mismo, ocasionare la muerte de sus miembros” e “incurrirá en prisión de cuatrocientos ochenta meses (480) a seiscientos meses (600)”, es decir, entre 40 y 50 años.

Paula Comellas Angulo, doctora en derecho internacional y profesora de Derecho Internacional Humanitario en la Escuela Superior de Guerra, le explicó a Colombiacheck que la característica de este delito es que es un ataque contra un grupo de personas por razones étnicas, nacionales, religiosas o de raza.

Para efectos del Estatuto de Roma es cualquiera de estos actos perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso: “Matanza de miembros del grupo, lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo, sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial; medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo, traslado por la fuerza de niños del grupo a otro grupo”, entre otros.

Comellas Angulo puso como ejemplo el exterminio Nazi a los judios y la guerra de los Balcanes.

¿Qué es el crimen de lesa humanidad?

José Fernando Ortega Cortés, abogado penalista y profesor de la Universidad de Caldas, explicó que en Colombia el crimen de lesa humanidad se ha equiparado a los delitos que tienen que ver con las personas y bienes protegidos por el DIH, que aparecen tipificados en Colombia como delitos, pero que a nivel internacional se denominan como infracciones al DIH.

Amnistía Internacional los describe como actos cometidos como parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil, incluidos homicidios, desapariciones forzadas, esclavitud, privación de libertad, apartheid, deportación o traslado forzoso de población, violación masiva y sistemática, prostitución forzada y otros actos inhumanos similares y aclara que son castigables tanto si se han cometido en “tiempos de paz” como de guerra.

“Lo sistemático es más cualitativo y lo generalizado es cuantitativo, es decir, lo sistemático tiene que ver con que haga parte de un plan premeditado, muchas veces desde el gobierno si estamos hablando de fuerzas armadas, o de un grupo armado organizado, y generalizado es en el número, que sea a un grupo de personas”, explicó Comellas.

Para el Estatuto de Roma es cualquiera de los siguientes actos (como parte de un ataque generalizado y sistemático) contra población civil: asesinato, exterminio, esclavitud, deportación o traslado forzoso de población, tortura, violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada o cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable; persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género, y desaparición forzada de personas, entre otros.

¿Qué es el crimen de guerra?

Ortega Cortés indicó que en el Código Penal de Colombia no existe este delito, pero que para los hechos que constituyen infracciones al DIH hay tipos penales especiales en la Ley 906 de 2004 (artículos 135 a 164).

“Si se llegara a calificar alguna infracción al DIH como genocidio o como crimen de guerra tendríamos que buscar en Colombia como adecuar, con respeto por el  principio de legalidad, ese delito en el código penal porque de lo contrario la CPI podría actuar al respecto”, precisó Ortega Cortés.

Para el penalista, lo que en el plano internacional se considera crimen de guerra, en Colombia se integra a las infracciones graves al DIH cometidas en un conflicto armado.

Amnistía Internacional los describe como actos que violan las leyes o costumbres de la guerra definidas en los Convenios de Ginebra y de La Haya, incluidos ataques contra civiles, tortura, malos tratos o asesinato de prisioneros de guerra, y alcanzan también a los actos cometidos en conflictos armados internos, si bien no se aplica a situaciones de tensiones y disturbios internos como motines, actos aislados de violencia o situaciones parecidas.

Según el Estatuto de Roma, la CPI tendrá competencia respecto de los crímenes de guerra en particular cuando se cometan como parte de un plan o política o como parte de la comisión en gran escala de tales crímenes. Aclara que ese Estatuto entiende por “crímenes de guerra” las “infracciones graves de los Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949, a saber, cualquiera de los siguientes actos contra personas o bienes protegidos por las disposiciones del Convenio de Ginebra pertinente: 

El homicidio intencional, la tortura o los tratos inhumanos, incluidos los experimentos biológicos; causar deliberadamente grandes sufrimientos o atentar gravemente contra la integridad física o la salud, forzar a un prisionero de guerra o a otra persona protegida a servir en las fuerzas de una potencia enemiga, reclutar o alistar a niños menores de 15 años en las fuerzas armadas nacionales o utilizarlos para participar activamente en las hostilidades, entre otros”.

Un caso reciente de condena por crímenes de lesa humanidad y de guerra es el de Bosco Ntaganda, a quien la Corte Penal Internacional sentenció en noviembre de 2019 a 30 años de prisión luego de encontrarlo responsable de esos hechos en Ituri, en la República Democrática del Congo, entre los años 2002 y 2003, cuando era jefe adjunto del Estado Mayor y comandante de las Fuerzas Patrióticas para la Liberación del Congo.

“Conocido popularmente como “Terminator”, el exjefe adjunto de Estado Mayor y comandante de operaciones de las Fuerzas Patrióticas para la Liberación del Congo (FPLC), fue vinculado con en el asesinato, la violación, la esclavitud sexual y el desplazamiento forzado de las comunidades Lendu, en zonas ricas en oro”, informó la Organización de las Naciones Unidas, ONU.

¿Qué penas puede imponer la CPI por cometer estos delitos?

La reclusión no mayor a 30 años o “la reclusión a perpetuidad cuando lo justifiquen la extrema gravedad del crimen y las circunstancias personales del condenado”, según el Estatuto de Roma.

 

Lunes, 22 Octubre 2018

¿Qué es una rectificación y cómo funciona?

Por Luisa Fernanda Gómez Cruz

Dadas las recientes discusiones que se han generado entre personajes de la política nacional y que han llevado al uso de la rectificación, en Colombiacheck decidimos resolver algunas de las preguntas que giran en torno a este tema.

Hace ya varias semanas se abrió un debate público en torno a la rectificación, debido a unas afirmaciones que hizo el senador Gustavo Petro sobre el expresidente y también senador, Álvaro Uribe Vélez.

El 24 de agosto de este año, el senador Petro fue entrevistado por Vicky Dávila en su programa de la emisora La W. Allí, el excandidato presidencial dijo, entre otras cosas, que “Uribe debió haber estado preso hace tiempos por delitos de lesa humanidad”.

Unos días más tarde, el abogado Abelardo de la Espriella, representante de Uribe, interpuso una tutela de 45 páginas contra Petro al considerar que sus declaraciones fueron "calumniosas" y que con ellas se violó el derecho al buen nombre y a la honra de su representado.

Lo que buscaba la acción de tutela era hacer rectificar al senador Petro por todas sus afirmaciones. Un juez falló a favor de Uribe y Petro, el pasado 21 de septiembre, en una nueva entrevista con W Radio, dijo que "hay hechos, indicios fuertísimos, que indican que el presidente Uribe debe ser investigado por delitos de lesa humanidad ... Lo que me parece una inexactitud es decidir de antemano qué tipo de sanción o fallo debe tener la justicia. Es decir, la justicia debe ser independiente".

Estas declaraciones dejaron inconforme a Uribe, quien presentó un recurso legal para que se declarara que Petro estaba en desacato al no haber cumplido con rectificar a cabalidad. Pero el 11 de octubre otro juzgado le dio la razón a Petro, diciendo que ya había rectificado.

Todas estas decisiones generaron varios desacuerdos y confusiones desde varios lados del espectro político. Frente a esto, en Colombiacheck decidimos resolver algunas preguntas sobre la rectificación; ¿qué es?, ¿cómo se debe rectificar?, ¿quiénes deben hacerlo? y ¿quiénes pueden solicitar una rectificación?

Aquí están algunas de esas preguntas con sus respuestas. No obstante, al igual que en artículos anteriores (vea ¿Qué es el fracking? y ¿Qué son las Águilas Negras?), la idea es que a medida que vaya leyendo, nos deje las preguntas que le sigan surgiendo o ante las cuales no siente que haya tenido una respuesta clara.

¿Qué es la rectificación?

La rectificación es un derecho fundamental, garantizado por el artículo 20 de la Constitución Política de Colombia.

“Artículo 20. Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación. Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la rectificación en condiciones de equidad. No habrá censura”.

Consiste, básicamente, en corregir una información falsa, inexacta, equivocada o desactualizada para que sea más exacta.

¿Por qué hay que rectificar?

De acuerdo con el artículo ya citado de la Constitución, la información que se difunda debe ser veraz e imparcial. En ese sentido, una información que sea falsa, inexacta, equivocada o desactualizada debe ser corregida, de acuerdo con un informe publicado por la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip).

¿Cualquier persona puede pedir una rectificación?

Sí. Según Luisa Fernanda Isaza, coordinadora de defensa y atención de periodistas de la Flip, una de las garantías asociadas a la libertad de expresión es la libertad de las audiencias a recibir y acceder a información veraz.

En la práctica, cualquier persona que haya visto o escuchado información falsa, inexacta, equivocada o desactualizada en un medio de comunicación, y que considere que se viola su derecho a recibir información veraz, puede hacer una solicitud formal de rectificación, que no es más que una carta enviada a un medio en la que se le solicita que rectifique (más adelante explicaremos qué más debe contener).

Hay que tener en cuenta, que “la solicitud de rectificación, como herramienta legal, solo se les exige a los medios de comunicación”, según explica Carolina Escruceria, directora jurídica del diario El País de Cali.

¿Qué pasa si la afirmación inexacta es dicha por un personaje público, pero no a través de un medio de comunicación?

Lo que puede hacer una persona afectada por una información falsa (por ejemplo a través de una red social) es pedir al autor de la misma que se retracte de lo dicho. Y lo puede hacer a través de una acción de tutela (directamente y sin pedir solicitud de rectificación) ante la violación del derecho al buen nombre y a la honra, de acuerdo con Escruceria.

En el caso particular de lo ocurrido con Álvaro Uribe Vélez y Gustavo Petro, la rectificación del segundo se hizo a través de acción de tutela, ya que por más de que la afirmación se haya hecho en un medio de comunicación, no la hizo un periodista.

Luego de enviada la acción de tutela, el juez que la recibió decidió que Petro debía rectificar lo que dijo.

¿Qué debe tener en cuenta quien envía una solicitud de rectificación?

La solicitud de rectificación debe ser dirigida directamente al periodista o al medio de comunicación que difundió la información que el afectado considere que es falsa, inexacta, equivocada o desactualizada.

Debe ser concreta y señalar específicamente qué frases son inexactas, de acuerdo con la sentencia T-260 de 2010 de la Corte Constitucional. Pues “es imposible hacer una rectificación sin saber en específico qué información transmitida no cumple con el requisito de veracidad o imparcialidad”, dice el informe de la Flip.

Además, la solicitud debe hacerse de manera oportuna, en el menor tiempo posible después de la publicación, según la sentencia T-681 de 2007 de la Corte Constitucional.

Si se trata de una información publicada en internet, en la sentencia T-725 de 2016, la Corte Constitucional sostuvo que, cuando los medios de comunicación mantienen publicada en Internet información desactualizada de manera indefinida, se violan los derechos al buen nombre y a la honra de las personas involucradas. Esto quiere decir que la facultad de hacer solicitudes de rectificación se mantiene mientras la información continúe disponible en internet, según el informe de la Flip.

Ahora bien, si las afirmaciones publicadas son en relación a hechos concretos, de acuerdo con la jurisprudencia (sentencia T-262 de 2007 de la Corte Constitucional), quien solicita la rectificación es quien tiene que presentar las pruebas para sustentar que la información es inexacta.

“Pero si la información publicada es indefinida, es decir, si el medio de comunicación hace una afirmación genérica que no tiene un hecho concreto y que no justifica la información, es el medio quien debe probar cómo llegó a esas afirmaciones”, explica Isaza.

Esto no significa, sin embargo, que el medio de comunicación tenga que revelar sus fuentes (la reserva de la fuente es una garantía constitucional inviolable). “Lo que el medio debe hacer es señalar en su respuesta cuáles son los hechos concretos que motivan las afirmaciones indefinidas”, dice el informe de la Flip.

Ahora bien, de acuerdo con Isaza, la solicitud de rectificación es un requisito de procedibilidad cuando la información está publicada en medios de comunicación (decreto 2592 de 1991). Lo que quiere decir que se debe pedir obligatoriamente la solicitud de rectificación antes de recurrir a cualquier otro mecanismo legal.

Pero cuando se trata de información publicada por personas que no son medios de comunicación, no es necesario enviar una solicitud de rectificación previa a una acción de tutela, como ya explicamos.

¿Qué pasa si no se rectifica?

Si después de que una persona envía a un medio de comunicación una solicitud de rectificación este no rectifica, lo que puede hace el solicitante es poner una acción de tutela.

Luego de que se pone la tutela contra el medio de comunicación, o contra el personaje que dio la información inexacta, el juez decide si el medio o la persona debe rectificar, cómo hacerlo y bajo qué condiciones.

Y si definitivamente no se hace la rectificación luego de la acción de tutela, entonces el juez puede imponer medidas de “persuasión” a través de multas o arrestos. “O puede iniciar una investigación por fraude a resolución judicial”, según explica Isaza.

¿Quién decide si se debe rectificar?

En el caso de solicitudes de rectificación que lleguen a los medios, cada medio de comunicación decide qué disposición tomar frente a la solicitud.

Si surge por una tutela, bien sea porque el medio se negó a rectificar a través de la solicitud, o porque la tutela la recibe un particular (como en el caso de Petro), es el juez que falla la tutela el que decide si debe haber rectificación.

¿Cómo se hace una rectificación?

Lo que dice el informe de la Flip es que la Corte Constitucional ha establecido algunos parámetros que deben cumplirse a la hora de hacer una rectificación.

1. La rectificación debe hacerse por el mismo medio y el mismo periodista.

2. La rectificación debe tener un despliegue e importancia similar al de la publicación original.

Por ejemplo, si la nota salió en radio en un horario prime time, la rectificación deberá hacerse en el mismo horario (esto fue lo que ocurrió con el caso de Petro y Uribe). Si la nota fue portada de un periódico, la rectificación también deberá serlo en primera plana, aunque no necesariamente ocupando toda la portada. Lo importante es que la rectificación tenga el mismo impacto que tuvo la información original.

3. La rectificación debe hacerse en un término razonable a partir de la solicitud.

4. El medio o periodista debe reconocer expresamente que se equivocó.

Y según Escruceria, se debe hacer sin ningún calificativo. Por ejemplo, poner en la rectificación que se está haciendo “porque me toca” o “porque un juez me lo ordenó” no se puede hacer.

¿Las opiniones también se rectifican?

No. La Corte Constitucional en la sentencia T-213 de 2004 ha dicho que la opinión no se rectifica. “No importa qué tan ácida o harta pueda resultar, la opinión es un concepto subjetivo que no se puede rectificar porque es un sentimiento del que opina”, explica Escruceria.

“Lo que sí se puede rectificar son los hechos verificables que sustentan una opinión”, dice la coordinadora de la Flip.