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Miércoles, 13 Febrero 2019

No hay cifras para saber si la mayoría de homicidios son cometidos con armas de fuego ilegales

Por Sania Salazar

Christian Garcés, representante a la Cámara del Centro Democrático, atina al asegurar que alrededor del 70% de los homicidios en Colombia se cometen con arma de fuego, pero se equivoca al concluir que la mayoría de esas armas son ilegales, pues no hay cifras que lo comprueben.

El representante a la Cámara por el Centro Democrático Christian Garcés aseguró en su cuenta de Twitter que, según el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, “de 2010 a 2016, 7 de cada 10 homicidios en Colombia fueron cometidos con arma de fuego, mayoritariamente ilegales”.

Garcés lideró la iniciativa de pedirle la felixibilización al porte de armas al presidente Iván Duque, solicitud que abrió el debate en el país sobre el asunto.

Garcés le dijo a Colombiacheck que “al analizar las cifras de Medicina Legal del periodo comprendido entre 2010 y 2018 se puede observar que el porcentaje de homicidios cometidos con arma de fuego superaba el 70%, lo que permite concluir que siete de cada 10 homicidios se cometieron con arma de fuego durante ese periodo”. Además, nos envió los links de los documentos de los que extrajo las cifras.

Después de revisar las cifras y de consultar a expertos, calificamos la afirmación como cuestionable, pues si bien la proporción de asesinatos cometidos con arma de fuego concuerda con lo que dice Garcés, no hay manera de determinar la legalidad de las armas con las que se cometen todos los homicidios en Colombia, por lo cual no hay evidencia para concluir lo dicho por el Representante a la Cámara.

Colombiacheck revisó los informes de Medicina Legal en los que se basó el Representante y encontró que, efectivamente, el porcentaje de homicidios cometidos con arma de fuego entre 2010 y 2016 osciló entre el 69 y el 77 por ciento. Lo que es similar a decir que siete de cada 10 homicidios se perpetró con arma de fuego. Pero Medicina Legal no indica si esas armas eran mayoritariamente ilegales, como lo asegura Garcés.

Pedro Piedrahíta, profesor de ciencia política de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín y magíster en seguridad y defensa, le explicó a Colombiacheck que tanto las armas legales como las ilegales funcionan con los calibres aprobados por el Estado colombiano y distribuidos por la industria militar en el país, por lo que es prácticamente imposible saber qué porcentaje de los homicidios son cometidos con armas legales e ilegales.

Katherine Aguirre, investigadora del Instituto Igarapé de Brasil, le aseguró a Colombiacheck que no hay estadísticas disponibles para determinar si las armas con las que se cometen los asesinatos son legales o ilegales. “Medicina Legal solo sabe con qué clase de mecanismo se cometió el delito, pero no tiene información sobre la procedencia o el permiso de porte del arma”, precisó.

Según la investigadora, esto solo se podría averiguar con una investigación de la Policía que determine de qué arma salió el proyectil y cuál es el estado de la misma. “El nivel de conocimiento del arma concreta de los actos de homicidio es muy bajo y requiere una investigación profunda que no se ha desarrollado mucho en Colombia”, concluyó.

El artículo “Control de armas de fuego: mucho protocolo, pocos resultados”, de la Fundación Ideas para la Paz, FIP, recuerda que desde el gobierno de César Gaviria (1990-1994) hay una propuesta para realizar un censo de proyectiles, tanto de los que están en poder de civiles como de las de dotación de las fuerzas armadas lo que, según dice el artículo, “sin duda sería de gran utilidad para esclarecer crímenes que involucran armas de fuego”. Ela artículo, además, señala que desde la misma época se introdujo al país el Sistema Integrado de Identificación Balística (IBIS, por su nombre en inglés), que es clave para cumplir dicha función.

La implementación de ese sistema ha sido muy limitada “y en algunos casos críticos, como el de Cali, dejó de funcionar hace cerca de diez años, debido a la consabida falta de recursos”, concluye el artículo.

Se espera que el Gobierno publique el texto con las nuevas directrices para el porte de armas, que según el ministro de defensa, Guillermo Botero, ya está listo, y por el contrario endurece los criterios para el porte.

 

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Domingo, 26 Marzo 2017

Las seis mentiras de la marcha Uribista

Por Sania Salazar

El Centro Democrático está invitando a marchar el 1 de abril en contra del proceso de paz con las Farc. Una imagen en la que convocan a la protesta tiene seis frases, ninguna de las cuales es completamente verdadera. Por eso Colombiacheck califica esta iniciativa como engañosa.

La etiqueta #Abril1ALaCalle era tendencia el pasado lunes 13 de marzo. Con ella, el Centro Democrático invitaba a una marcha que realizará el próximo 1 de abril, según el partido, para protestar porque muchas de las advertencias que hicieron sobre el Acuerdo entre el Gobierno y las Farc se están cumpliendo. “Decían que no era cierto, hoy es una grave realidad, podemos evitarlo”, proclaman en una imagen.

Colombiacheck verificó las seis frases que contiene dicha imagen y encontró que hay una falsa, una aproximada, dos infladas y dos engañosas. Es decir, ninguna es completamente cierta, por lo que calificamos la imagen de engañosa.

El Senador Álvaro Uribe y sus seguidores vienen repitiendo estas frases desde la campaña por el voto negativo en el plebiscito y aunque Colombiacheck ya había chequeado varias de ellas, hicimos la tarea de revisar esta imagen para llamar la atención sobre la reiteración continua de estas inexactitudes. Hay que decir que también han vendido la marcha como una protesta contra la corrupción.

Antes de salir a marchar, lea, infórmese para que no lo enreden con información falsa, imprecisa o engañosa.

Que guerrilleros ganarían $1.800.000

 

Las Farc no pagarán cárcel, ¿verdad?

Un tribunal para juzgar a ciudadanos y militares y perdonar a las Farc

Después de revisar el Acuerdo Final entre Gobierno y Farc, Colombiacheck califica la frase del Centro Democrático como engañosa, pues sí habrá un tribunal que juzgará a quienes hayan cometido delitos en el marco del conflicto armado, pero también procesará a los miembros de las Farc.

En el Acuerdo Final entre Gobierno y Farc se pactó la creación del Sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición (Sivjrnr) que entre otros mecanismos y medidas incluye la Justicia Especial para la Paz (JEP) que, según el Acuerdo Final, “estará constituida por una serie de salas de justicia entre las que se incluye una Sala de Amnistía e Indulto, y un Tribunal para la Paz, para administrar justicia e investigar, esclarecer, perseguir y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos y las graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario”.

El Acuerdo indica además, que la JEP se ocupará exclusivamente y de manera transitoria de “las conductas relacionadas directa e indirectamente con el conflicto armado”.

Hay que resaltar que el Acuerdo dice, expresamente que el Sivjrnr, “se aplicará a todos los que participaron de manera directa o indirecta en el conflicto armado. Se aplicará a los investigados o condenados por el delito de rebelión u otros relacionados con el conflicto, aunque no pertenezcan a las organizaciones armadas en rebelión”.

“El tratamiento de justicia para los integrantes de las Farc, para los agentes del Estado y para otros actores que hayan participado en el conflicto, ya sea como combatientes o como no combatientes, cuando hayan cometido delitos, puede ser diferente pero equilibrado y equitativo”, precisa el Acuerdo.

Jairo Estrada, vocero del movimiento político Voces de Paz (movimiento afín, pero no militante de las Farc, que vela por el cumplimiento del Acuerdo Final en el Congreso), explica en un video por qué dentro de la JEP se incluyó la responsabilidad de civiles.

 

 

Precisamente, durante el último debate de la JEP en el Congreso, donde finalmente fue aprobada la iniciativa, se expresaron preocupaciones por la comparecencia de terceros a esta jurisdicción, de las que da cuenta una nota de El Espectador titulada “Congreso le dijo sí a la Jurisdicción Especial para la Paz”.

“Otra de las preocupaciones, y que fue expresada por Cambio Radical, tuvo que ver con la comparecencia de terceros ante los tribunales de la JEP. Según dijo el senador Germán Varón, no se hace lógico amnistiar e indultar a miembros de las Farc, mientras que, por ejemplo, empresarios coaccionados a financiar grupos ilegales sí tendrían el deber de acudir ante la Jurisdicción de Paz para ser procesados. En ese sentido, se dejó claridad en que será una decisión libre de los particulares acudir a la JEP, salvo los casos que involucren delitos como violencia sexual, ejecuciones extrajudiciales, tortura, reclutamiento forzado o desplazamientos. Y tampoco bastará un testimonio para que la JEP ordene la comparecencia de terceros”, relata la nota.

Hay que anotar, por último que el Tribunal de Paz emitirá las sanciones que deberán pagar los responsables de los crímenes que investigue, que pueden, o no, implicar cárcel, según el caso.

¿Timochenko presidente?

Los acuerdos con las Farc serían nuestra Constitución

En la lista de reparos en los que coincidieron los opositores al Acuerdo Final entre Gobierno y Farc estuvo la incorporación de dicho Acuerdo a la Constitución colombiana o al llamado bloque de constitucionalidad.

Colombiacheck califica la afirmación como engañosa, porque aunque en el primer Acuerdo firmado sí se contempló incluir el Acuerdo Final al bloque de constitucionalidad, esto se eliminó en la segunda versión del mismo, que es el que se implementa en la actualidad.

Al respecto, el primer Acuerdo al que llegaron Gobierno y Farc decía que la Constitución Política “tendrá un nuevo artículo transitorio, el cual quedará así:

Artículo Transitorio: En desarrollo del derecho a la paz, el Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera constituye un Acuerdo Especial en los términos del artículo 3 común a los Convenios de Ginebra de 1949. Con el fin de ofrecer garantías de cumplimiento del Acuerdo Final, una vez éste haya sido firmado y entrado en vigor, el anterior ingresará en estricto sentido al bloque de constitucionalidad para ser tenido en cuenta durante el periodo de implementación del mismo como parámetro de interpretación y referente de desarrollo y validez de las Normas y las Leyes de Implementación y desarrollo del Acuerdo Final”.

Pero, ¿qué significa eso? El abogado y profesor de la Universidad Externado, Jorge Iván Cuervo, explica que “el bloque de constitucionalidad es una figura adoptada por la Corte Constitucional colombiana que incorpora en el texto constitucional los tratados de derechos humanos y convenios de la organización del trabajo que han sido suscritos y ratificados por el Estado Colombiano”.

El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, aseguró que las palabras “bloque de constitucionalidad” no están en la última versión del Acuerdo. “Es un cuento chino el que se están inventando de que con la aprobación de este acto legislativo se van a incorporar las 310 páginas de los Acuerdos a la Constitución colombiana. Eso es totalmente falso”.

 

 

Colombiacheck verificó en el texto del llamado Nuevo acuerdo o Acuerdo final y, en efecto, el término bloque de constitucionalidad, no está.

En la nueva versión del Acuerdo dice que el Gobierno Nacional, mediante un Acto Legislativo, impulsará la incorporación “a la Constitución Política el siguiente artículo transitorio relativo al Acuerdo Final:

“Artículo transitorio XX:

“En desarrollo del derecho a la paz, los contenidos del Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera firmado el día 12 de noviembre de 2016 que correspondan a normas de derecho internacional humanitario o derechos fundamentales definidos en la Constitución Política y aquellos conexos con los anteriores, serán obligatoriamente parámetros de interpretación y referente de desarrollo y validez de las Normas y las Leyes de Implementación y desarrollo del Acuerdo Final”.

Y precisa: “Las instituciones y autoridades del Estado tienen la obligación de cumplir de buena fe con lo establecido en el Acuerdo Final. En consecuencia, las actuaciones de todos los órganos y autoridades del Estado, los desarrollos normativos del Acuerdo Final y su interpretación y aplicación deberán guardar coherencia e integralidad con lo acordado, preservando los contenidos, los compromisos, el espíritu y los principios del Acuerdo Final.

El presente artículo rige a partir de la fecha y hasta la finalización de los tres periodos presidenciales completos posteriores a la firma del Acuerdo Final.”

En un documento titulado Cartilla Cambios del Nuevo Acuerdo, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, explica que “el nuevo Acuerdo no contempla la inclusión del Acuerdo al bloque de constitucionalidad, ni la inclusión del Acuerdo en la Constitución. Se acordó el trámite de un artículo transitorio constitucional que tendrá vigencia durante tres períodos presidenciales para asegurar que los contenidos del Acuerdo que correspondan a normas de DIH y a derechos fundamentales, sean parámetro de interpretación sólo de las normas y las leyes de implementación del Acuerdo Final”.

Aunque al respecto hay opiniones divididas, investigadores de Dejusticia y la doctora en Derecho Constitucional y profesora asociada de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional, María Luisa Rodríguez Peñaranda, coincidieron en que no es verdad que el Acuerdo vaya a ser incorporado en la Constitución.

Rodríguez explicó en un chequeo que Colombiacheck hizo en febrero pasado titulado Santos busca dejar blindada la paz durante las tres próximas presidencias, que una de las reformas que se le hizo al primer Acuerdo fue la eliminación del bloque de constitucionalidad como mecanismo para sellarlo y que lo que quedó entonces fue una cláusula de buena fe en la que las partes se comprometen a cumplirlo.

“La buena fe está en el Acuerdo, pero la Constitución va a establecer que sea un compromiso de Estado, por fuera del Gobierno, no importa qué Gobierno sea, no podría hacer campaña en contra del Acuerdo, ni pretender modificar la Constitución para eliminarlo”, explicó la docente.

En un análisis del Centro de estudios de derecho, justicia y sociedad, Dejusticia, explican que “no todo el acuerdo de paz ingresará al ordenamiento jurídico colombiano. Solamente tendrán un valor jurídico especial aquellas disposiciones del acuerdo que “correspondan a normas de derecho internacional humanitario o derechos fundamentales definidos en la Constitución Política y aquellos conexos con los anteriores”. Es así como la nueva fórmula establece un límite temático”, explican.

Destacan, además, que haya también un límite temporal, tres periodos presidenciales completos posteriores a la firma del Acuerdo, con lo que resuelven una de las críticas del Acuerdo anterior, que no fijaba ningún límite temporal.

“Con el nuevo diseño, las disposiciones sobre derecho internacional humanitario y derechos fundamentales no ingresarán a la Constitución ni al bloque de constitucionalidad en sentido estricto, con lo cual ninguno de los contenidos del acuerdo de paz tendrá rango constitucional”.

En conclusión, para Dejusticia la fórmula que adopta el proyecto de reforma constitucional es necesario y conveniente, para la estabilidad y sostenibilidad del proceso de paz, y es razonable, pues respeta la supremacía constitucional.

A las Farc no se les va a exigir el dinero del narcotráfico para reparar a las víctimas", Zuluaga