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Miércoles, 13 Febrero 2019

No hay cifras para saber si la mayoría de homicidios son cometidos con armas de fuego ilegales

Por Sania Salazar

Christian Garcés, representante a la Cámara del Centro Democrático, atina al asegurar que alrededor del 70% de los homicidios en Colombia se cometen con arma de fuego, pero se equivoca al concluir que la mayoría de esas armas son ilegales, pues no hay cifras que lo comprueben.

El representante a la Cámara por el Centro Democrático Christian Garcés aseguró en su cuenta de Twitter que, según el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, “de 2010 a 2016, 7 de cada 10 homicidios en Colombia fueron cometidos con arma de fuego, mayoritariamente ilegales”.

Garcés lideró la iniciativa de pedirle la felixibilización al porte de armas al presidente Iván Duque, solicitud que abrió el debate en el país sobre el asunto.

Garcés le dijo a Colombiacheck que “al analizar las cifras de Medicina Legal del periodo comprendido entre 2010 y 2018 se puede observar que el porcentaje de homicidios cometidos con arma de fuego superaba el 70%, lo que permite concluir que siete de cada 10 homicidios se cometieron con arma de fuego durante ese periodo”. Además, nos envió los links de los documentos de los que extrajo las cifras.

Después de revisar las cifras y de consultar a expertos, calificamos la afirmación como cuestionable, pues si bien la proporción de asesinatos cometidos con arma de fuego concuerda con lo que dice Garcés, no hay manera de determinar la legalidad de las armas con las que se cometen todos los homicidios en Colombia, por lo cual no hay evidencia para concluir lo dicho por el Representante a la Cámara.

Colombiacheck revisó los informes de Medicina Legal en los que se basó el Representante y encontró que, efectivamente, el porcentaje de homicidios cometidos con arma de fuego entre 2010 y 2016 osciló entre el 69 y el 77 por ciento. Lo que es similar a decir que siete de cada 10 homicidios se perpetró con arma de fuego. Pero Medicina Legal no indica si esas armas eran mayoritariamente ilegales, como lo asegura Garcés.

Pedro Piedrahíta, profesor de ciencia política de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín y magíster en seguridad y defensa, le explicó a Colombiacheck que tanto las armas legales como las ilegales funcionan con los calibres aprobados por el Estado colombiano y distribuidos por la industria militar en el país, por lo que es prácticamente imposible saber qué porcentaje de los homicidios son cometidos con armas legales e ilegales.

Katherine Aguirre, investigadora del Instituto Igarapé de Brasil, le aseguró a Colombiacheck que no hay estadísticas disponibles para determinar si las armas con las que se cometen los asesinatos son legales o ilegales. “Medicina Legal solo sabe con qué clase de mecanismo se cometió el delito, pero no tiene información sobre la procedencia o el permiso de porte del arma”, precisó.

Según la investigadora, esto solo se podría averiguar con una investigación de la Policía que determine de qué arma salió el proyectil y cuál es el estado de la misma. “El nivel de conocimiento del arma concreta de los actos de homicidio es muy bajo y requiere una investigación profunda que no se ha desarrollado mucho en Colombia”, concluyó.

El artículo “Control de armas de fuego: mucho protocolo, pocos resultados”, de la Fundación Ideas para la Paz, FIP, recuerda que desde el gobierno de César Gaviria (1990-1994) hay una propuesta para realizar un censo de proyectiles, tanto de los que están en poder de civiles como de las de dotación de las fuerzas armadas lo que, según dice el artículo, “sin duda sería de gran utilidad para esclarecer crímenes que involucran armas de fuego”. Ela artículo, además, señala que desde la misma época se introdujo al país el Sistema Integrado de Identificación Balística (IBIS, por su nombre en inglés), que es clave para cumplir dicha función.

La implementación de ese sistema ha sido muy limitada “y en algunos casos críticos, como el de Cali, dejó de funcionar hace cerca de diez años, debido a la consabida falta de recursos”, concluye el artículo.

Se espera que el Gobierno publique el texto con las nuevas directrices para el porte de armas, que según el ministro de defensa, Guillermo Botero, ya está listo, y por el contrario endurece los criterios para el porte.

 

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Falso

Viernes, 05 Octubre 2018

Abuso sexual no es delito político, como lo asegura el Centro Democrático

Por Sania Salazar

En medio la presentación de un proyecto de ley, miembros del Partido Centro Democrático dijeron, equivocadamente, que actualmente los delitos sexuales contra menores de edad en el conflicto armado son considerados delitos políticos.

En un trino publicado en su cuenta personal de Twitter, la senadora del Centro Democrático Margarita Restrepo resaltó una iniciativa de la que se viene hablando hace semanas en esa colectividad y que parte de un hecho falso.

 

 

La senadora habla en su trino del proyecto de acto legislativo que presentaron los senadores Álvaro Uribe y Paloma Valencia el pasado 25 de septiembre para modificar lo que ellos llaman “los acuerdos de La Habana” en dos aspectos: que los delitos sexuales cometidos en el marco del conflicto armado contra menores de edad no sean considerados conexos al delito político y que esos delitos lo juzgue la justicia ordinaria y no la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, quien tiene actualmente a cargo esos casos.

Colombiacheck le preguntó a la senadora Restrepo en qué basan el argumento de que el abuso sexual a menores de edad es considerado como delito político dentro del Acuerdo Final que firmaron el Gobierno y la antigua guerrilla de las Farc, pero hasta la publicación de esta nota no habíamos recibido respuesta.

De todas maneras, el abuso sexual no está en la lista de delitos considerados como conexos de los delitos políticos contemplados en la Ley de amnistía e indulto. Por eso, la parte del trino de Restrepo que indica que actualmente ese delito es considerado político es falsa.

Es más, en la Ley de amnistía dice expresamente que, “este mecanismo no procede cuando se trate de ... acceso carnal violento y otras formas de violencia sexual ... conforme a lo establecido en el Estatuto de Roma”.

En efecto, el Estatuto de Roma considera que los delitos sexuales, entre otros, son crímenes de guerra y de lesa humanidad y, por lo tanto, no pueden ser amnistiados.

En Colombia son considerados delitos políticos la rebelión, la sedición y la asonada. La amnistía es el perdón de la pena otorgado, generalmente, a quienes han cometido este tipo de faltas. Los delitos conexos son aquellos que están relacionados con el desarrollo de la rebelión (por ejemplo el porte ilegal de armas).

¿Justicia ordinaria o JEP?

En el Acuerdo Final se acordó que la JEP se encargaría de manera exclusiva de las conductas relacionadas con el conflicto armado. Por eso, a este sistema de justicia transicional, que fue diseñado para acabar con el conflicto, le corresponde juzgar los delitos sexuales que se hayan cometido en ese contexto.

La competencia para juzgar esos delitos se debe a lo anterior y no a que los delitos sexuales sean considerados como conexos al político, argumento falso, como ya lo explicamos.

La JEP tiene penas restrictivas de la libertad, que van de cinco a 20 años y que dependen de la verdad que se aporte sobre los hechos y el momento del proceso en que se cuente esa verdad. Además, las sanciones incluyen acciones de reparación a las víctimas.

Ligia María Vargas, abogada de la Universidad de Los Andes y estudiante de doctorado en derecho penal, le explicó a Colombiacheck que sacar de la JEP los delitos sexuales, aunque hayan sido cometidos contra niños y adolescentes, sería negarles su nexo con el conflicto. Además aclaró que, por el alto volumen de casos, a la justicia ordinaria le queda materialmente imposible resolverlos, por lo que el objetivo de la justicia transicional es priorizarlos y obtener justicia, verdad y reparación.

“Lo que prima en este momento es solucionar el conflicto, es pasar la página y eso no quiere decir que no haya justicia. Lo que quiere decir es que no solo se trata de eso y, lo más importante, que justicia no es igual a penas de cárcel altísimas. Justicia en este caso equivale a reconocer la verdad, a pedir perdón, a reparar a las víctimas, a hacer una cantidad de procesos de sanación que reconstruyan el tejido social, que es una cosa que no hace la pena de cárcel porque el derecho penal ordinario no está diseñado para hacer eso”, destacó Vargas.

En un artículo escrito para el diario El Espectador sobre la jurisdicción en la que deberían quedar estos delitos, Laura Melissa Posada, abogada del Observatorio Constitucional de la Universidad Libre, habla de un estudio de la Corporación Sisma Mujer según el cual “estos hechos superaban el 90% de impunidad, independientemente del actor armado responsable”.

“En términos de estándares de reparación integral, la justicia ordinaria no ha sido efectiva, pues está limitada a una justicia punitiva, sin brindar estrategias de acompañamiento psicosocial y reconstrucción del proyecto de vida de las víctimas”, indica Posada.

Para Vargas, las penas reducidas tienen el objetivo de conocer la verdad, “que en este momento es más importante si lo que queremos en realidad es una paz que dure. Si no hay verdad y no hay reconstrucción del tejido social la paz nunca va a llegar”, concluyó.

La idea de que los delitos sexuales cometidos en el marco del conflicto armado los juzgue la justicia ordinaria y no le JEP no es nueva.

Ya en agosto, la Corte Constitucional declaró inconstitucional un artículo que se había incluido en Ley Estatutaria de la JEP por iniciativa de la senadora Maritza Martínez, del Partido de la U, para que esos delitos pasaran a manos de la justicia ordinaria. El presidente de la Corte Constitucional, Alejandro Linares explicó en La W Radio que el Congreso carecía de competencia para hacer esa modificación.

Según Linares, la manera de hacer la modificación es con un acto legislativo (proyecto para reformar la constitución), que fue lo que presentaron ahora los senadores Uribe y Valencia.