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Jueves, 14 Junio 2018

A Petro no le reabren investigaciones del M-19

Por Ana María Saavedra

Colombiacheck verificó una nueva información, publicada por el portal El Nodo, que indica que el candidato presidencial “no fue indultado sino simplemente desmovilizado, lo que dejaría abierta su posible investigación por delitos comunes o crímenes atroces”.

“Dirección de Justicia Transicional (Mininterior) establece que Petro es desmovilizado, no Indultado del M19, por lo que sus delitos podrían Activarse”, titula una noticia del portal El Nodo. Colombiacheck verificó esta información y encontró que es Falsa.

El Nodo en su artículo, cuya información ha sido compartida en grupos de Facebook, en Twitter y en una columna del portal El Debate, se basó, primero, en una respuesta de la Dirección de Justicia Transicional a un derecho de petición del abogado Francois Roger Cavard, quien demandó ante el Consejo de Estado la Candidatura de Petro a la presidencia.

Noticia falsa sobre reapertura de procesos a Petro por el M-19

De acuerdo con El Nodo: “Un comunicado emitido por la Dirección de Justicia Transicional del Ministerio del Interior, firmado por su directora, Diana Isabel Durán, confirmaría la tesis de que el candidato presidencial Gustavo Petro Urrego fue un desmovilizado por crímenes comunes del grupo terrorista M19. El comunicado, emitido luego de una petición expresa del abogado Francois Roger Cavard, establece con claridad que el político Petro, a pesar de estar incurso en la comisión de delitos del grupo narcoterrorista, no está incluido en los términos de indulto contemplados en la Constitución Política de Colombia, y por el contrario, limita su situación legal al marco jurídico de desmovilización de la Ley 77 de 1989”.

Aunque el Consejo de Estado rechazó la demanda de Cavard, el 18 de mayo pasado, El Nodo publicó esta información el pasado 4 de junio.

Aparte de ese hecho, hay que aclarar, en un primero lugar, que la interpretación realizada por el portal de noticias de ese documento es errónea y que la Dirección de Justicia Transicional no depende del Ministerio del Interior sino que está adscrita al de Justicia.

Lo segundo, al verificar la autenticidad del comunicado, el viceministro de Justicia, Miguel Carlos Medina, le explicó a Colombiacheck que no se trata de un comunicado sino es la respuesta a un derecho de petición, interpuesto por Cavard.

Medina indicó que es necesario aclarar que a Gustavo Petro “no lo iban a amnistiar ni indultar porque para la fecha no tenía ningún proceso judicial en su contra. Hasta ahí podemos llegar nosotros en la certificación. De pronto, al responder ese derecho de petición se debió explicar ese punto para ser más concretos”.

Y agregó que el hecho que Petro haya podido ocupar cargos públicos de elección evidencia que la interpretación es errónea.

El abogado Carlos Hernán Escobar, con maestría en derecho procesal penal, señaló que tanto la amnistía como el indulto parten del principio de que son procesados y si Petro no tenía ni condena ni proceso abierto pues no tenían que perdonarle.

De acuerdo con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), la amnistía consiste en: a) La posibilidad de impedir el enjuiciamiento penal y, en algunos casos, las acciones civiles contra ciertas personas o categorías de personas con respecto a una conducta criminal específica cometida antes de la aprobación de la amnistía; o b) La anulación retrospectiva de la responsabilidad jurídica anteriormente determinada (OACNUDH, 2009) Según la OACNUDH (2009), el indulto es “un acto oficial que exime a un delincuente o delincuentes condenados de la aplicación de la pena en todo o en parte, sin borrar la condena en que se basa”.

Una apreciación jurídica similar tuvo el exmagistrado de la Corte Constitucional José Gregorio Hernández, quien al analizar la información de El Nodo indicó que “no hay absolutamente nada contra Petro. Esta una noticia falsa, pues toda información incompleta lleva al equívoco y a la falsedad. Se presenta apenas una parte de la situación para dar la impresión de que él puede ser procesado, a pocos días de las elecciones”.

Hernández concluyó que “en resumen de todo lo que se ha visto al respecto, en este caso; de las leyes que se han expedido y de la situación misma de Petro, no se desprende nada diferente a que contra él no hay nada”.

La noticia de El Nodo indica también que “el candidato Petro Urrego fue efectivamente incorporado al proceso de desmovilización por la comisión de delitos comunes, y no necesariamente políticos”.

Sin embargo, esta no es la primer demanda presentada contra Petro, que argumenta su condena por porte ilegal de armas. Para analizar la información de El Nodo también se revisó la sentencia del Consejo de Estado de octubre de 2013, en la que se negó la pérdida de la investidura del ex senador.

En ese momento, Orlando Parada instauró la demanda, argumentando que Petro había sido condenado por la Justicia Penal Militar a 18 meses de prisión por porte ilegal de armas. El candidato había sido condenado bajo el estado de sitio (de la Constitución de 1886), mediante Resolución de fecha 6 de noviembre de 1985 por violación al Decreto 1056 de 1984.

En el fallo, el Consejo de Estado la Procuraduría consideró el delito por el que Petro supuestamente fue procesado, el porte ilegal de armas, sí era conexo con la situación de rebeldía del entonces concejal de Zipaquirá.

En el fallo a favor de Petro, el Consejo concluyó “que la condena impuesta al demandado dentro del marco del estado de sitio declarado bajo la Constitución de 1886, al no emanar de una ‘sentencia judicial’ ajustada al nuevo marco constitucional, no constituye el antecedente penal que subyace a la causal de inhabilidad prevista en el artículo 179.1 de la C.P.”

En este proceso también se llamó la atención por la pérdida del expediente de la condena del exsenador en la Justicia Penal Militar.

Asimismo, Petro en su defensa dijo que “A mí me capturaron por mí militancia en el M-19 y por eso me llevaron al Cantón Norte donde otros oscuros episodios ocurrieron unos días después y por eso terminé en las cárceles. Querer quitar ese contexto para decir que un delito común para hacer que sea derribado el alcalde, desconoce el hecho que el 1056 no habla de sentencias judiciales ni de delito lo que habla es de contravención”, señaló.

Según el informe de la Comisión de la Verdad del Palacio de Justicia, el primer indulto al M19 se da con la Ley 77 de 1989, que había autorizado el presidente para conceder indultos delitos políticos y los delitos conexos.

Un juez orden público ordenó la reapertura del caso del Palacio Justicia en 1992 por el delito de terrorismo (incluyendo a la cúpula del M!9, entre ellos Petro), pero con en julio de ese año el Congreso tramitó un reindulto y no se reabrió el caso.

La Comisión también indicó que en ese momento, el presidente César Gaviria envió una carta al Procurador “señalando que las personas beneficiadas con el indulto, la cesación de procedimiento o el autor inhibitorio decretados en el desarrollo de esa ley no podían ser procesadas por los mismos hechos que originaron su otorgamiento”.

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Domingo, 05 Marzo 2017

“Lo acordado con las Farc permite que muchos casos ya fallados sean considerados por la JEP”

Por Sania Salazar

La frase de Diego Palacio, exministro de Protección social de Álvaro Uribe es cierta, lo que hay que aclarar es que esa revisión se limita solo a casos relacionados con el conflicto. En el caso de los fallos de la Corte Suprema de Justicia, como el de Palacio, hay una restricción adicional.

El exministro de Protección social, Diego Palacio Betancourt, condenado por el delito de cohecho en el famoso caso conocido como la Yidispolítica, aseguró que si veía garantías se acogería a la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP. Hay voces que dicen que podría hacerlo y otras que critican la intención porque dicen que es forzado relacionar su caso directamente con el conflicto armado.

¿Pero el Acuerdo Final entre Gobierno y Farc permite que la JEP revise casos resueltos?

“Jurídicamente, lo acordado con las Farc permite que muchos de los casos ya fallados sean considerados por la JEP”, le dijo Palacio Betancourt a la Revista Semana en una entrevista.

Después de revisar documentos y contrastar fuentes Colombiacheck califica la afirmación como aproximada, porque es cierto que habrá una sección de revisión de sentencias, pero hay restricciones, es decir, revisarán casos muy puntuales relacionados con el conflicto armado.

Colombiacheck revisó el Acuerdo Final y encontró que el Tribunal para la Paz tendrá una “sección de revisión de sentencias, con la función de revisar las proferidas por la justicia, de conformidad con lo establecido en el numeral 58. A petición del sancionado, recibirá los casos ya juzgados por órganos jurisdiccionales o sancionados por la Procuraduría o la Contraloría, siempre que no vayan a ser objeto de amnistía o indulto”.

Pero en el numeral 58, literal C, dice que “la Corte Suprema de Justicia será la competente para la revisión de las sentencias que haya proferido. Únicamente para quienes hubieran sido condenados teniendo en cuenta la definición de quiénes son combatientes según el DIH, podrá solicitarse la revisión de las anteriores sentencias ante la Sección de Revisión de la JEP”.

Palacio cumple una condena de seis años de cárcel ratificada, precisamente, por la Corte Suprema de Justicia por ofrecerles dádivas a Yidis Medina y a Teodolindo Avendaño, en ese entonces congresistas, para que votaran a favor de la reelección presidencial. Esa reforma constitucional la impulsó el Gobierno de Álvaro Uribe, quien buscaba la posibilidad de su reelección. Finalmente la reforma se aprobó y Uribe fue elegido por segunda vez consecutiva como Presidente.

Sería entonces la Corte Suprema la encargada de revisar el fallo, pero es claro que a Palacio no lo condenaron por un delito relacionado con la calidad de combatiente, así que esa precisión del numeral 58 sería un obstáculo para las pretensiones del exministro.

En la entrevista Palacio argumenta que la relación de su caso con el conflicto armado es la justificación de la reelección de Álvaro Uribe. “Lo que se reeligió con él fue la seguridad democrática, que fue concebida como una política de Estado para acabar con las Farc. Ese argumento de partida demuestra que en mi caso entrar a la JEP es posible”, aseguró.

 

Opiniones

Enrique Santiago, asesor jurídico de las Farc, en conversación con RCN Radio, dijo que si los hechos por los que condenaron a Palacio y a otros interesados en someterse a la JEP están relacionados con el conflicto, la jurisdicción sería competente, “por el contrario, si estos hechos no tienen relación directa o indirecta con el conflicto, la jurisdicción no será competente, quién va a decidir esto, pues la Jurisdicción Especial para la Paz, es decir, los jueces de esta jurisdicción, cuando esté funcionando, examinarán las solicitudes de comparecencia”.

Santiago resaltó que le parece sumamente interesante que estas personas tengan una voluntad de ofrecer una verdad detallada, completa y exhaustiva, que es el requisito esencial para comparecer ante la Jurisdicción Especial para la Paz. Pero añadió: “también les digo que la Jurisdicción está diseñada para que aquel que no ofrezca esa verdad completa y exhaustiva no pueda optar a las sanciones que se contemplan. “Si alguien tuviera en la cabeza simplemente acudir a la JEP para intentar obtener una rebaja de condena que le hubiera puesto la jurisdicción ordinaria, francamente, tendría muy poco éxito”, sentenció.

El Acuerdo Final es claro en que una de las funciones de la sección de revisión del Tribunal para la Paz es “a petición del condenado, revisar las sentencias proferidas por la justicia por: variación de la calificación jurídica conforme a lo establecido en el numeral 19; por aparición de nuevos hechos que no pudieron ser tenidos en cuenta con anterioridad; o cuando surjan pruebas no conocidas o sobrevinientes no conocidas al tiempo de la condena, todo lo anterior por conductas cometidas con ocasión del conflicto y en relación con este, o con la protesta social, siempre que se cumplan las condiciones del Sistema”.

Quienes cumplan algunas de estas características podrán aspirar a que revisen su caso, la pregunta que queda es si Palacio logrará que la JEP revise su caso y cuáles serán las consecuencias para el proceso si eso pasa, pues sería un precedente para que bajo argucias legales muchos otros quieran beneficiarse.