3 DATOS CLAVE:

1. En redes circulan piezas que aseguran que desde el Senado se le “puso freno” a las fotomultas.
2. La información alude al Proyecto de Ley 158 de 2024, que busca que la detección de infracciones mediante esta tecnología identifique a los conductores, no a los vehículos, como ocurre actualmente.
3. Sin embargo, la iniciativa apenas fue aprobada en primer debate en la Comisión Sexta. Para convertirse en ley, debe superar aún tres debates adicionales en el Congreso y ser sancionado por la Presidencia de la República.

Una imagen en Facebook de la página Canal Regional del Norte incluye un titular en el asegura que el senador Jairo Castellanos, del partido En Marcha, “le puso freno a las Fotomultas abusivas” (sic).

La publicación acumula casi 20.000 visualizaciones. Así mismo, la página de Facebook Radio Uno Cucuta 91.7 tituló “🚨 ¡Se le pone freno a los abusos de las fotomultas! 🚨”, y un usuario nos solicitó a través del Gato Chequeabot verificar una captura de pantalla con el titular de un artículo del medio Red+ Noticias, titulado “Ponen freno a las fotomultas: nueva ley en Colombia acabaría con el martirio de los conductores”.

Estos contenidos son cuestionables, pues exageran un paso temprano en el proceso de aprobación del proyecto de ley, al que aún le resta camino en el Congreso antes de integrarse en la normatividad de tránsito. Además, a falta de contexto, las piezas pueden generar confusión respecto de cuál es realmente el “freno” al que se refieren.

Al consultar el artículo de Red+ Noticias y revisar la información de las publicaciones en Facebook, encontramos que se basan en el Proyecto de Ley 158 de 2024, que efectivamente es de autoría del congresista nortesantandereano Jairo Castellanos y busca reformar el sistema de detección de infracciones de tránsito mediante dispositivos tecnológicos. La iniciativa propone que las sanciones solo se impongan si se identifica con precisión al conductor responsable y no al propietario del vehículo, alineándose con la sentencia C-038 de 2020 de la Corte Constitucional.

El sistema actual de fotomultas en Colombia está regulado por la Ley 1843 de 2017, que ha permitido que los dueños sean considerados “solidariamente responsables” por las violaciones a las normas viales captadas por dispositivos tecnológicos, incluso si no conducían su automotor en ese momento. Sin embargo, el tribunal consideró que esto vulnera principios fundamentales como la presunción de inocencia y la responsabilidad personal, por lo que tumbó esa parte de la norma.

La Corte enfatizó que las autoridades de tránsito deben identificar plenamente al conductor infractor y demostrar su culpabilidad antes de multarlo, por lo que el sistema de fotomultas debe alinearse con las garantías constitucionales del debido proceso. En consecuencia, el “freno” que este proyecto pondría eventualmente a las fotomultas sería el detener la imposición de sanciones a través de la identificación de vehículos, lo que forzaría a las autoridades a desarrollar mecanismos para individualizar a los conductores.

Sin embargo, la iniciativa apenas fue aprobada en primer debate en la Comisión Sexta del Senado el pasado 6 de mayo. Según la Ley 5 de 1992, un proyecto de esta naturaleza requiere de cuatro debates en el Congreso antes de ser sancionado, por lo que aún le restan otros tres: uno en la plenaria del Senado y dos en la Cámara de Representantes. En cualquiera de estos pasos, la discusión podría dilatarse o directamente podrían hundir la propuesta.

De ser aprobado, en el Legislativo, luego pasa a la Presidencia de la República. Es el jefe de Estado quien debe sancionar el proyecto para que finalmente se convierta en ley y pueda entrar en vigencia tras su publicación.

Así pues, las publicaciones que aseguran que ya “se le puso freno” al sistema de fotomultas con el proyecto de Castellanos son engañosas. Este busca obligar a las autoridades a individualizar a los infractores en lugar de identificar solamente a los vehículos. Sin embargo, responde a una decisión ya tomada por la Corte Constitucional y aún le falta trecho para convertirse en ley.