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Viernes, 02 Junio 2023

¿Qué es realmente un “golpe blando” y por qué Petro dice que le quieren hacer uno?

Por Paola Benjumea Brito

En este explicador aclaramos el concepto y las decisiones de diferentes organismos del Estado que afectan al Pacto Histórico, trasfondo de la queja presidencial.

El presidente Gustavo Petro publicó el 29 de mayo de 2023 a las 9:16 a.m. un trino en el que califica de “golpe blando” la suspensión de congresistas del Pacto Histórico por autoridades diferentes a las judiciales y las señaló de cambiar, en la práctica, la representación resultante de las elecciones legislativas de 2022.

“A propósito se han dado cuenta que le están quitando los votos de los congresistas del Pacto Historico suspendiendolos con órdenes administrativas? Es decir están cambiando de facto la representación política en el Congreso que el pueblo eligió. Le quitaron al Pacto la presidencia del Congreso y ahora sus votos. Es el golpe blando” (sic), tuiteó Petro.

El trino provocó la reacción de medios de comunicación (1, 2, 3, 4, 5) que inicialmente relacionaron lo dicho por el mandatario con dos decisiones recientes del Consejo de Estado que afectan a su coalición: la salida del Congreso del hasta hace poco presidente del Senado, Roy Barreras, a quien le anularon la elección el 4 de mayo de 2023 por haber incurrido en doble militancia, y la anulación de la elección del contralor, Carlos Hernández Rodríguez, el 25 de mayo por irregularidades en el proceso. 

También reaccionaron políticos de la oposición como María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, David Luna, Enrique Gómez y Marelen Castillo, quienes criticaron al presidente por atentar contra la independencia judicial.  

Pese a que Petro no mencionó directamente al Consejo de Estado, la entidad se pronunció a través de un comunicado en el que señaló que “no considera que las expresiones del primer mandatario guarden relación con sus decisiones, pues la Corporación no ha emitido órdenes administrativas con los efectos que él señala. También, se permite recordar, que las decisiones proferidas por esta Corporación, no tienen otro objeto que el acatamiento riguroso a la misión que el constituyente le impuso”. 

Tras el pronunciamiento del Consejo de Estado, Petro volvió a trinar para criticar una nota de La Silla Vacía y horas después para cuestionar un titular del periódico El Tiempo por, según él, enfrentar “la Presidencia con el Consejo de Estado y producir un efecto: ayudar no solo a la oposición sino a la sedición en marcha”.

Adicionalmente, aclaró que los “actos administrativos que suspendan congresistas del Pacto Histórico quitando su voto, como mencioné, no los emite ni los emitió el Consejo de Estado, los emitió la procuraduría violando el efecto de la sentencia de la CIDH y la convención americana, que el Consejo de Estado ha defendido en sentencia de sala, y que es parte de la constitución y la ley y que veo, el fiscal no ha leído” (sic). Además, que el hecho de que hoy la presidencia del Congreso no esté en manos del Pacto Histórico “no es responsabilidad del Consejo de Estado sino de la actual mesa directiva del senado” (sic).

Finalmente, Petro anunció que “se hará allanamiento a la presidencia por la fiscalía. No tenemos nada que ocultar: Bienvenidos” (sic) y comparó este hecho con lo sucedido en Perú con el expresidente Pedro Castillo.

Al buscar el término “golpe blando” en la herramienta CrowdTangle, que permite hacer seguimiento y análisis de los contenidos en redes sociales, encontramos que entre el 29 y 31 de mayo generó más de 59.000 interacciones y hubo 193 publicaciones en Facebook al respecto. El día con más interacciones fue el 30 de mayo con 35.000, lo que demuestra el impacto del pronunciamiento presidencial en el debate público.


Antecedentes de la narrativa

La narrativa de un supuesto golpe de Estado blando se viene moviendo desde hace varios meses, impulsada por el mismo presidente y congresistas afines a su gobierno. 

Petro ya había mencionado el golpe blando el 26 de marzo de 2023, en la clausura de la Asamblea Nacional Popular Comunal realizada en Bogotá. Días antes, gobernadores y representantes de la oposición habían publicado en redes sociales la imagen del escudo de Colombia y las palabras “libertad y orden”, que también aparecen en él, lo que fue interpretado como una protesta contra su gobierno. 

Ese día, el jefe de Estado dijo en su discurso que “un movimiento popular fuerte implica saber manejar la información, saber cuándo nos engañan, saber cuándo reaccionar, saber cuándo, como dicen por ahí ahora, que dizque el golpe blando; pues yo les digo que ni se les ocurra, porque el pueblo sabe qué hacer si hay un tipo de actividad como esa”.

Días antes, el 19 de marzo, la senadora Piedad Córdoba, avalada por la Unión Patriótica dentro del Pacto Histórico, publicó un hilo en su cuenta de Twitter en el que advertía que “todo indica que se prepara un golpe blando contra Petro, funciona así, se llama #lawfare” (sic). Luego añadió: “Orquestan campaña de desinformación, inundan las redes y medios con información tendenciosa” y “comienzan a instigar marchas con motivaciones falsas, tipo ‘van a acabar el sistema de salud’ o ‘nos quitarán la pensión’ o ‘van a acabar con las empresas’”.

La senadora envió este mensaje previo a las marchas convocadas por la oposición para el 22 de marzo. Córdoba ya había escrito sobre golpe blando en noviembre de 2019 para referirse al caso del entonces presidente de Bolivia, Evo Morales, quien renunció al cargo en medio de denuncias por fraude electoral y dijo que había sido víctima de “un golpe cívico, político y policial”. 

Luego, el 16 de mayo, el senador Wilson Arias, también del Pacto pero desde el Polo Democrático, escribió en Twitter: “No nos equivoquemos: @petrogustavo fue y SIGUE siendo un objetivo militar del paramilitarismo. El golpe de Estado, blando, militar, o como quiera que intente la ultraderecha, no busca más que aniquilar al presidente Petro”.

Otros representantes del petrismo que han mencionado esta narrativa desde marzo de 2023 en sus redes sociales son el exsenador del Pacto Histórico, avalado por el MAIS, Gustavo Bolívar; el pastor cristiano y exprecandidato presidencial de la coalición Alfredo Saade (1, 2, 3, 4, 5)  y el exconcejal de Bogotá Hollman Morris.

Con el reciente trino del presidente, políticos y seguidores del petrismo como los senadores Iván  Cepeda (1, 2) y Piedad Córdoba, el representante por el Valle Alejandro Ocampo y el director del movimiento ‘Vamos que vamos’ Wilson Suaza reavivaron la narrativa. “Golpe blando: Exageran noticias contra el gobierno, fabrican escándalos mediáticos, campaña desinformación contra reformas, atemorizan a la gente con un clima mentiroso de desastre, mueven a reservistas de ultra derecha, van fabricando juicios al presidente”, trinó Córdoba.

El expresidente liberal Ernesto Samper también dijo, a través de su cuenta de Twitter, que “los golpes pasivos o golpes blandos no buscan tumbar gobiernos, como antes lo hacían los militares, sino desestabilizarlos para que se caigan. Lo hacen sembrando desconfianza en la economía, enfrentamientos institucionales y ataques de la prensa ideológica”.

Esta misma narrativa también ha sido usada por otros gobiernos izquierdistas en América Latina. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha acusado a los medios de darle un “golpe blando” a su gobierno. En Argentina, en defensa del gobierno de Alberto Fernández también se hizo pública una denuncia similar en la que se señaló a la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, de estar detrás de un supuesto plan contra el mandatario. 

¿Qué es un “golpe blando”?

La expresión “golpe blando” o “golpe de Estado blando” es atribuida al filósofo y politólogo estadounidense Gene Sharp y se define como “el uso de técnicas no violentas y conspirativas, con el fin de desestabilizar a un gobierno y causar su caída, sin que parezca que haya sido consecuencia de la acción de otro poder.  También se relaciona con el llamado lawfare (guerra jurídica o guerra judicial), cuando la desestabilización o derrocamiento del gobierno se realiza mediante mecanismos aparentemente legales. 

El doctor en Ciencias Políticas y profesor de la Universidad del Rosario Yann Basset le explicó a Colombiacheck que expresiones como “golpe blando” o lawfare se han usado porque, particularmente en América Latina, ya no se dan golpes de Estado como en la época de las dictaduras militares del siglo pasado, sino que hay otras formas de derrocar gobiernos o de impedirles que actúen a través del acoso jurídico y de procedimientos que permiten destituir abusivamente al presidente o sus funcionarios. 

“Es una forma de abusar de los procedimientos democráticos y utilizarlos para desconocer un gobierno electo. En cuanto a antecedentes está la destitución de Dilma Rousseff en Brasil que ha sido muy polémica y se ha hablado mucho en el caso de Perú (con el presidente Pedro Castillo) si se trata de lawfare o no, pero no creo que sea así”, expresó Basset. 

El doctor en Derecho Público y profesor del Departamento de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad del Norte Ángel Tuirán agregó que el golpe blando es una forma de hacerse al poder ejecutivo por otras vías que no sean la fuerza. “Es el que se da a través de las instituciones democráticas, como juicios políticos que terminan con la destitución del presidente y que llevan a otros sectores del establecimiento o grupos opositores al poder. Es decir, instrumentalizando el sistema de frenos y contrapesos se destituye al presidente o se mina su fuerza política en el legislativo”, dijo Tuirán.

Lo que Petro calificó como “golpe blando”, según lo que aclaró en Twitter, son los actos administrativos de la Procuraduría que suspenden a congresistas del Pacto Histórico y las actuaciones de la mesa directiva del Senado que hoy no permiten que la presidencia del Congreso esté en manos del Pacto Histórico. Sin embargo, hay una gran distancia entre la narrativa y el concepto, a la luz de las normas y los hechos.

¿Sanción de la Procuraduría a congresista del Pacto es un “golpe blando”?

El pasado 24 de mayo, la Procuraduría General de la Nación sancionó con suspensión e inhabilidad especial por ocho meses al senador del Pacto Histórico, Alex Flórez, al hallarlo disciplinariamente responsable por llamar ‘asesinos’ a tres agentes de la Policía en septiembre de 2022 en un hotel en Cartagena.  

La actuación de la Procuraduría, según Petro, viola el efecto de la sentencia  de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) a su favor, tras ser destituido de la Alcaldía de Bogotá por esa misma entidad cuando estaba bajo el mando de Alejandro Ordoñez. En consecuencia, de acuerdo con el mandatario, el ente de control estaría tomando esta decisión en contravía de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) y las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su mismo caso.

Con relación a eso, la abogada y experta en derecho internacional de los derechos humanos Silvia Serrano aclaró, en un hilo en Twitter, que “la CorteIDH dijo que las sanciones de destitución e inhabilitación de funcionarios de elección popular sólo se puede imponer por condena de juez competente en proceso penal. La CorteIDH no se pronunció sobre la suspensión como sanción”. Y agregó que la equiparación de la suspensión con la destitución e inhabilidad que hace el presidente Petro requiere de justificación y no puede operar de forma automática.

“No creo que una suspensión de ocho meses sea equiparable a una destitución o a una inhabilitación y me inclino por pensar que la aplicación del artículo 23.2 de la CADH y de la sentencia de la CorteIDH tendría que verse en un caso sobre suspensión”, escribió Serrano. 

“Tampoco me parece una sanción particularmente desproporcionada. Creo que un sistema adecuado debería prever que el partido pueda seguir ejerciendo la curul en lo que dura la suspensión de la persona individualmente”, añadió.

Basset aseguró que, en el caso de la sanción a Flórez, la decisión de la Procuraduría a priori podría ser interpretada como que va en contra de la jurisprudencia a favor de Petro, es decir, una autoridad administrativa no puede inhabilitar y destituir a un político electo popularmente. Sin embargo, la medida no está vigente todavía porque hay un recurso de apelación que debe resolver el Consejo de Estado, que sí es una entidad jurídica. 

Por su parte, Tuirán dijo que la Procuraduría tiene que investigar y revisar toda denuncia contra funcionarios o servidores públicos que hayan cometido actos que sean objeto de sanción disciplinaria como el caso de Alex Flórez y que estas decisiones pueden ser apeladas. Además, el congresista una vez terminada su sanción podrá volver a sus labores por lo que la votación no se pierde. 

La bancada del Pacto Histórico en el Senado y la Cámara de Representantes anunció a través de un comunicado que solicitará a la CorteIDH medidas cautelares para proteger sus derechos políticos debido a las actuaciones de la Procuraduría.

“Siendo este un órgano netamente administrativo, la Procuraduría ha abierto investigaciones que pueden terminar con la suspensión (como ya ha sucedido), destitución e inhabilitación de congresistas, cuando dicha competencia reside exclusivamente en órganos judiciales. En tal situación se encuentran al menos seis congresistas: Wilson Arias, María José Pizarro, David Racero, Alexander López, Susana Gómez y Alex Flórez, con lo que se busca debilitar la bancada del primer gobierno alternativo en los últimos noventa años”, dice el comunicado. 

Y Petro trinó el 30 de mayo: “El Pacto Histórico debe saber que su defensa no es solo la CIDH y la justicia decente del país, su defensa es la convocatoria popular. No separarse del pueblo. Convocar las asambleas de inmediato en todos los municipios del país”.

¿Si el Congreso no elige como presidente del Senado a un congresista del Pacto Histórico se trata de un “golpe blando”?

Con relación a que el “golpe blando” lo haría el Congreso si elige como nuevo presidente del Senado a un congresista que no sea del Pacto Histórico, el abogado y exmagistrado auxiliar de la Corte Constitucional Rodrigo Uprimny dijo, en un hilo de Twitter, que esta interpretación es inaceptable pues el Congreso elige de forma autónoma a sus dignatarios, según los artículos 40 y 45 de la Ley 5 de 1992

“Nada obliga constitucionalmente al Congreso a elegir a alguien del Pacto Histórico como presidente del Senado. El Pacto Histórico es la fuerza con más senadores pero no es mayoría (20 senadores  de 108). Si los otros partidos deciden elegir otro presidente, pueden hacerlo y no hay ningún ‘golpe blando’”, escribió Uprimny. 

Por su parte, Basset aclaró que la elección de la presidencia del Congreso no tiene nada que ver con un “golpe blando” porque esto es producto de las negociaciones de los partidos políticos.

“Aquí hay una especie de regla tácita que quiere que el partido ganador tenga la presidencia de las dos cámaras durante el primer año, pero no es una norma jurídica, esos acuerdos se dan entre los partidos. Estamos en una situación particular por la salida de Roy Barreras, pero aquí lo que toca es que los partidos negocien y arreglen cómo va a funcionar eso. Claro que el quiebre de la coalición obviamente genera ruidos y dudas de si esos acuerdos se mantienen o no, pero eso lo tienen que resolver entre partidos y no es un tema jurídico ni de entidades de control”, expresó.

El politólogo también precisó que, con la salida de un congresista del Pacto Histórico del Congreso, no es cierto que le estén quitando votos o cambiando la representación política de esa coalición, como dijo Petro, porque su reemplazo debe salir de la misma lista por la que se presentó a las elecciones. De esta manera, se mantiene la misma distribución de asientos en el Legislativo y la relación de fuerzas políticas.

“El Pacto Histórico tiene actualmente las curules que se ganó en las elecciones tanto en Senado como en Cámara, así que no veo por qué el presidente dice esto. Que se hayan cambiado personas dentro de las bancadas porque hayan tenido que salir por decisiones del Consejo de Estado en particular, no impide que estas personas sean reemplazadas”, dijo Basset. 

El senador Miguel Ángel Pinto, hoy presidente encargado del Senado, convocó para el próximo 6 de junio la elección del nuevo presidente de esta corporación, en reemplazo de Barreras, quien se despidió del Congreso el pasado 16 de mayo. Los votos por la presidencia se los disputarán Alexander López, del Polo Democrático, y Paulino Riascos, de la Alianza Democrática Amplia (ADA). Ambos partidos pertenecen al Pacto, aunque el candidato oficial de la coalición es el primero.

¿Los procedimientos de la Fiscalía por la investigación a Laura Sarabia son comparables con lo ocurrido con el expresidente de Perú?

Con relación a los señalamientos de Petro a la Fiscalía de hacer allanamientos a la Presidencia, lo cual comparó con lo sucedido con el expresidente de Perú, Pedro Castillo, el ente judicial respondió a través de un comunicado que la diligencia que se realizó el 30 de mayo tuvo la finalidad de “recaudo de información y realizar una labor de verificación para establecer la existencia de cámaras de seguridad para el ingreso al edificio Galán, en donde se encuentra ubicada, al parecer, la sala de polígrafo”. Además, de verificar el protocolo de ingreso a esa dependencia. 

El procedimiento de la Fiscalía está relacionado con la investigación que le abrieron a Laura Sarabia, jefa de gabinete de Presidencia, luego de que Marelbys Meza, la exniñera de su hijo, denunció en una entrevista en la revista Semana haber sido sometida a una prueba de polígrafo en un sótano cerca de la Casa de Nariño tras la pérdida de una alta suma de dinero del apartamento de la funcionaria. 

Esto es muy distinto a lo que ocurrió en Perú, donde la Fiscalía acusó en octubre de 2022 a Castillo de encabezar una presunta organización criminal tras hallar indicios de delitos de tráfico de influencias y colusión y allanó las oficinas y domicilios de seis parlamentarios relacionados con el caso del partido Acción Popular. También ingresaron a la casa de la hermana del entonces mandatario, Gloria Castillo, quien se hallaba en compañía de su madre.

Aunque Castillo sí terminó destituido y preso por rebelión en diciembre de 2022, esto no tiene relación con la Fiscalía, sino con la decisión del Congreso de destituirlo por anunciar la disolución de la Cámara y la instauración de un “gobierno de emergencia”. No obstante, Petro y activistas del petrismo han defendido y alimentado la narrativa falsa de que Castillo fue víctima de un golpe de Estado y que le violaron sus derechos políticos, como lo explicamos en los chequeos ‘Petro defiende a Castillo con interpretación enrevesada de la Constitución de Perú’ y ‘Activista del petrismo difunde narrativa falsa de que Pedro Castillo fue víctima de un golpe en Perú’.