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Cuestionable
La cuenta Misión Cumplida (@ojocolombia2026) publicó un mensaje en X con una cuestionable mezcla de datos ciertos y desinformación para atacar al senador y precandidato presidencial oficialista Iván Cepeda.

El trino afirma que el congresista emitió una “orden” en la que “le exige” a la fiscal general, Luz Adriana Camargo, la liberación de 11 presuntos “terroristas de la primera línea”, lo cual es impreciso. Aunque él y otros 30 legisladores sí hicieron un comunicado que pide garantías procesales para las 11 personas detenidas, incluyendo su liberación, esto no obliga de ninguna manera al ente acusador.
Además, los implicados serían integrantes de un grupo de agitadores que se hacían pasar por estudiantes de una universidad para hacer disturbios violentos; el caso no tiene relación con ninguna “primera línea”. La publicación desinformadora incluso da una lista de delitos por los que supuestamente fueron imputados, que incluye unos reales y otros que en realidad no están contemplados en ese proceso penal.
El mensaje contra Cepeda acumula casi 90.000 visualizaciones en X y fue compartido por al menos 20 páginas y perfiles de Facebook. Entre estas últimas, con 22.500 visualizaciones, se destaca Informa Santander, que se presenta como medio de comunicación, pero ya la hemos verificado antes por replicar contenidos de Misión Cumplida, un consabido desinformador de derecha al que desmentimos frecuentemente.
Tras la captura del grupo de presuntos vándalos, se publicó en distintos medios un comunicado, firmado por la Comisión Accidental de Seguimiento y Verificación a Garantías y Situación de Derechos Humanos de las Personas Privadas de la Libertad del Congreso. Allí, 31 parlamentarios solicitaron a la Fiscalía General de la Nación respetar el derecho al debido proceso para los imputados y permitirles defenderse en libertad.
Los firmantes, coordinados por el senador Robert Daza y el representante Alirio Uribe (ambos copartidarios de Cepeda en el Polo Democrático), manifiestan su preocupación por lo que califican como una “criminalización de la juventud” y solicitan que se respete el derecho a la protesta social. Su petición central es que no se aplique la prisión preventiva como una medida restrictiva automática, pero no contiene por ninguna parte las palabras “orden”, “exigencia” o similares.
De hecho, aunque lo hiciera, el reglamento del Congreso (Ley 5 de 1992) establece, en el artículo 66, que las comisiones accidentales como esta se crean para cumplir “funciones y misiones específicas” en el marco del trabajo del Legislativo. Así, por el principio constitucional de separación de poderes, este no tiene autoridad para influir realmente sobre la Fiscalía o la Rama Judicial, que es donde se toman las decisiones sobre restricciones a la libertad en los procesos penales.
Los 11 detenidos son presuntos integrantes de una red señalada de planear y ejecutar actos de vandalismo y terrorismo en Bogotá entre 2024 y 2025. De acuerdo con el boletín oficial 57958 de la Fiscalía, los cargos que se les imputan son: concierto para delinquir, terrorismo, incendio, daño en bien ajeno, perturbación en servicio de transporte público y fabricación o porte de armas y explosivos.
En ningún fragmento de la comunicación se mencionan las conductas de secuestro, tortura o reclutamiento de menores que cita la desinformación. Incluso se resumen algunas de las actividades adjudicadas a los imputados, como ataques a la fuerza pública con material explosivo, así como la incineración de una motocicleta y de un vehículo de transporte público. No se relatan conductas alusivas a las de esos supuestos ilícitos.
Tampoco se les relaciona como miembros de ninguna “primera línea”, que fueron diversos grupos surgidos en el marco de las protestas y el Paro Nacional contra el gobierno de Iván Duque (2018-2022), algunos de los cuales efectivamente cometieron delitos graves en ese momento. Sin embargo, las fechas no coinciden.
Un comunicado de la Alcaldía de Bogotá con base en información de la Policía, en cambio, señala que el grupo se conoce como Brigada Clandestina para el Pueblo y por el Pueblo (PPP). Según el Distrito, sus integrantes se habrían hecho pasar por estudiantes universitarios con carnés falsos para generar disturbios violentos en los que cometieron las acciones que hoy los tienen frente a los estrados.
Así pues, la publicación del Misión Cumplida exagera y tergiversa los delitos que se imputaron al grupo de capturados. Del mismo modo, descontextualiza la participación de Cepeda dentro de la solicitud de garantías, siendo que el candidato presidencial no ha hecho ninguna otra referencia al caso más que su firma en el mencionado comunicado.
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