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Lunes, 27 Febrero 2017

¿Un ‘orangután’ para favorecer a militares se está colando en JEP?

Por Sania Salazar

Integrante de Voces de Paz, movimiento político de las Farc que acompaña la implementación del Acuerdo Final, asegura que en el proyecto de acto legislativo sobre la JEP que estudia el Congreso, hay una modificación a la regulación de responsabilidad de mando que no debería estar allí. Se une a otras voces que señalan fallas en dicho proyecto.

En la cuenta de Twitter del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, @movicecol destacaron hace un par de semanas una frase de Judith Maldonado, vocera del movimiento político Voces de Paz en el Senado, sobre la responsabilidad de mando.

Se trata de un aspecto algo técnico, pero relevante, de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, que ha causado polémica.

Maldonado criticó que en el proyecto de acto legislativo que crea la JEP se hubiera incluido un capítulo sobre responsabilidad de mando.

 

 

Después de revisar documentos y consultar a expertos Colombiacheck califica la afirmación como ligera, pues técnicamente el capítulo se puede incluir.

Pese a esta calificación, es importante esta denuncia y la atención la avalancha de críticas sobre la orientación que se le está dando a esta regulación que, según expertos consultados, buscaría favorecer a los militares y, de rebote, podría abrir la puerta para que la Corte Penal Internacional inicie investigaciones en Colombia sobre la implementación del Acuerdo Final.

¿Por dónde se está colando ese ‘mico’?

Llamamos a Maldonado y nos explicó que se refiere, específicamente, al capítulo 7, artículos 21, 22 y 23, del acto legislativo sobre la JEP que están discutiendo actualmente en el Congreso.

“En la página 279 del Acuerdo Final dice que Gobierno y Farc concertaron diez puntos que debe llevar el acto legislativo de la Jurisdicción Especial para la Paz y ahí no se encuentra ninguna mención a que se resuelva la responsabilidad de mando, en cambio a esta se hace mención en el acto legislativo que ya está en discusión en el Congreso”, especificó Maldonado.

Para comprender mejor el asunto hay que entender, primero, qué es responsabilidad de mando.

¿Eso con qué se come?

Rodrigo Uprimny, investigador de Dejusticia, explica así el concepto en una columna publicada en El Espectador: “es una figura del derecho internacional que existe desde hace décadas y que establece cuándo un comandante militar debe responder por las atrocidades cometidas por sus subalternos. La tesis central es que, incluso si el comandante no ordenó las atrocidades ni participó en ellas, debe responder por los actos cometidos por sus subalternos si, pudiendo hacerlo, no evitó que éstas ocurrieran o se abstuvo de sancionar a los responsables”.

“El rechazo a este capítulo se debe a que no está incluido en el punto 5 del Acuerdo Final y tampoco en el acuerdo específico de lo que debe contener el acto legislativo y a nosotros eso nos parece un abuso”, detalló Maldonado.

Diana Güiza, investigadora de Dejusticia, explicó que aunque el Acuerdo no establece que el tratamiento a Fuerza Pública debe incorporarse a la reforma constitucional que cree la JEP “eso no es obstáculo para que esa reforma constitucional lo incluya. No hay motivo”.

Un acto legislativo, como lo explica la Misión de Observación Electoral, MOE, es “una norma expedida por el Congreso de la República que tiene por objeto modificar, reformar, adicionar o derogar los textos constitucionales”.

Colombiacheck revisó la página 279 del Acuerdo Final firmado por el Gobierno y las Farc, allí no encontró menciones específicas a la responsabilidad de mando, como lo asegura Maldonado.

El siguiente paso fue mirar el texto definitivo aprobado en sesión plenaria de la Cámara y, efectivamente, en el capítulo 7, artículo transitorio 23, se determinan cuatro situaciones para aplicar la responsabilidad de mando. Ese texto se está discutiendo también en el Senado, donde pasó a último debate.

“El capítulo siete que nos quieren meter ahí es por cuestión, me imagino, de los intereses de los militares, del Ministerio de Defensa. El debate candente está, sobre todo, en la responsabilidad de mando, porque ellos quieren que esta se haga efectiva cuando ocurran simultáneamente cuatro condiciones que no están en el derecho penal internacional, la responsabilidad de mando está en el artículo 28 del Estatuto de Roma y es todo lo contrario”, precisó Maldonado.

Hay que mencionar que Colombia firmó el Estatuto de Roma en 2002, lo que quiere decir que el país se debe regir por este.

Maldonado criticó además el hecho de que inicialmente, la responsabilidad de mando estaba redactada de manera exacta tanto para las Farc como para miembros de la Fuerza Pública en el Acuerdo entre Gobierno y Farc, "ambas remitían al contenido del artículo 28 del Estatuto de Roma, pero un día antes de la firma de dicho Acuerdo en el Teatro Colón, el Gobierno modificó unilateralmente el texto sobre la remisión al artículo 28 para militares", aseguró.

Unos a favor, otros en contra

“Es verdad que no hay ninguna referencia expresa al Estatuto de Roma, entre otras cosas, porque no hay ninguna obligación de aplicarlo directamente”, explicó el exministro de Justicia, Yesid Reyes, en el programa Semana en Vivo y añadió que lo que se debe hacer es respetar los estándares internacionales.

“Los requisitos del artículo 28 del Estatuto de Roma están perfectamente contenidos en la Jurisdicción Especial para la Paz con términos distintos”, sentenció.

En la orilla opuesta está Dejusticia, Centro de estudios de derecho, justicia y sociedad que ha llamado la atención sobre tres inconsistencias en la regulación de la responsabilidad de mando que explican en el video que está en el siguiente trino:

https://twitter.com/Dejusticia/status/832585810998345730

“El problema que tiene la regulación con relación a los miembros de la Fuerza Pública es que se establecen cuatro criterios, como por ejemplo tener mando formal sobre el territorio, como tener la posibilidad formal y material de dar órdenes, son criterios razonables, pero el error es que dicen que para comprobar la responsabilidad de mando tienen que concurrir simultáneamente los cuatro criterios, pero eso no es lo que dice el derecho internacional, eso es contrario al derecho internacional”, indicó Uprimny.

El investigador advirtió que la responsabilidad de mando es un deber que existe en el derecho internacional y que si no se reconoce en la reforma constitucional y no se regula adecuadamente, esto es, conforme al derecho internacional, habrá una debilidad del proceso de justicia transicional en Colombia y se abre el camino para que la Corte Penal Internacional intervenga en el país.

Se está tratando de legislar en contra los acuerdos de paz y contra las obligaciones internacionales del Estado colombiano, creo que ha habido una presión indebida de parte de los militares activos”, aseguró Alirio Uribe, Representante a la Cámara por el Polo Democrático, en el programa Semana en Vivo antes mencionado.

La senadora Claudia López, del Partido Alianza Verde, también ha criticado que el texto que se discute en el Congreso no va acorde con lo que dispone el derecho internacional sobre responsabilidad de mando.

 

 

¿Por qué es importante la responsabilidad de mando?

Uprimny lo explica en la misma columna antes mencionada: “Que la JEP aplique adecuadamente esta responsabilidad del mando, tanto frente a la guerrilla como frente a agentes estatales, es fundamental no sólo para evitar la impunidad de quienes incurrieron en esta responsabilidad, sino además para dar solidez jurídica al proceso de paz”.

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Viernes, 26 Abril 2019

Ley de la JEP no impediría extraditar a personas ajenas al proceso de paz

Por José Felipe Sarmiento

El presidente del Senado, Ernesto Macías, mintió sobre un artículo objetado de la ley estatutaria que solo cobija a quienes estén aportando verdad sobre delitos del conflicto armado.

El próximo lunes sería la votación en el Senado de las seis objeciones que el presidente Iván Duque le hizo al proyecto de ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y, según el senador Ernesto Macías, presidente del Congreso, negarlas implicaría que “quede en firme un artículo que permite a personas ajenas al proceso de paz, bajo el engaño de ofrecer verdad, impedir su extradición”.

Captura de pantalla del tuit del senador Ernesto Macías

Se trata del mismo “articulejo” que criticó el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, en la audiencia pública ante esa corporación porque supuestamente beneficiaría a “cualquier tercero”, en especial a los narcotraficantes. La senadora Paloma Valencia, copartidaria de Macías en el Centro Democrático, también había asegurado que las objeciones pretenden “blindar las posibilidades de que terceros se escondan en la JEP para evadir la extradición”.

Captura de pantalla del tuit de la senadora Paloma Valencia

Lo que dice el artículo 156 aprobado por el Congreso y avalado por la Corte Constitucional es que “no se concederá la extradición de otras personas que estén ofreciendo verdad ante el Sistema Integral de Verdad Justicia Reparación y No Repetición [SIVJRNR], antes de que terminen de ofrecer verdad”. Al objetarlo, Duque dijo que “esto produce un incentivo perverso para el ingreso a la JEP de terceros bajo el ropaje de supuestos ofrecimientos de verdad (...) para eludir responsabilidades ante la justicia de otros Estados”.

Pero el alto tribunal ya había aclarado en la sentencia que esto “se refiere a personas naturales sometidas a la jurisdicción de la JEP no mencionadas en los artículos 152 a 155 [que regulan la garantía de no extradición para los exguerrilleros de las Farc, personas acusadas de haberlo sido y sus familiares], es decir, terceros, particulares o agentes del Estado, y miembros de la Fuerza Pública que estén ofreciendo verdad plena en el SIVJRNR”.

El exministro Yesid Reyes, en su columna del martes pasado en el diario El Espectador, explicó que “según la Constitución la JEP no se ocupa de investigar o juzgar narcotraficantes, [por lo que] ellos no pueden acudir a ese organismo para ofrecer verdad y, por supuesto, ni el artículo comentado por el fiscal ni ningún otro de esa Ley Estatutaria se refiere a alguien sobre quien la JEP no tenga competencia”. Para sustentar su tesis, resumió la normatividad vigente que establece esa limitación.

En efecto, el acto legislativo que creó esta jurisdicción transicional define a los terceros en el artículo transitorio 16 como “las personas que sin formar parte de las organizaciones o grupos armados, hubieren contribuido de manera directa o indirecta a la comisión de delitos en el marco del conflicto”. También le deja a la ley la definición sobre la competencia judicial en casos de narcotráfico “conforme a lo establecido en el Acuerdo Final”.

El artículo 62 de la ley estatutaria, que no tiene objeciones pero tampoco puede entrar en vigencia hasta que la situación de estas se resuelva, aclara que la JEP cobijará este delito “cuando los presuntos responsables fueran, en el momento de cometerse las anteriores conductas, integrantes de grupos armados al margen de la ley que hayan suscrito un acuerdo final de paz con el Gobierno Nacional, siempre que la finalidad del delito haya sido financiar la actividad de dicho grupo”.

La interpretación de la sentencia de constitucionalidad es que “así se excluye la competencia de la JEP sobre dichos delitos cuando hubieren sido cometidos exclusivamente con la finalidad de obtener beneficio económico particular” y también “cuando hubieren sido cometidos por particulares y agentes del Estado, entre ellos los miembros de la Fuerza Pública”. Es decir que la norma ya era ‘anticolados’ antes de ser objetada por el mandatario.

Reyes, que el año pasado desistió de posesionarse como magistrado de la JEP a pesar de haber sido seleccionado para el cargo, pretendía desmentir al fiscal. Pero la revisión de las normas, por extensión, también rebate los mensajes de los citados congresistas, que se han valido del mismo razonamiento.

La Corte Constitucional también recordó que en el Acuerdo del Teatro Colón quedó el compromiso de crear “medidas adicionales (...) para evitar que otras personas que estén ofreciendo verdad ante el SIVJRNR sean extraditadas antes de que terminen de ofrecer verdad”. Además, estas condiciones tampoco serían del todo nuevas pues, como lo trajo a colación Noticias Uno, en Colombia ya se han aplicado a procesos de extradición por jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia desde hace diez años.

Colombiacheck también había mencionado esos antecedentes en una nota del año pasado: “Con la teoría de que el delito de narcotráfico ‘palidece’ ante los crímenes de lesa humanidad cometidos por hombres como ‘don Mario’, ‘el Alemán’, ‘Diego Vecino’ o ‘comandante Chaparro’, por los que debían responder primero en Colombia, el tribunal detuvo sus respectivos viajes a prisiones americanas”.

Y si la estatutaria cierra la puerta de la JEP para que los narcotraficantes entren como terceros civiles, la opción de hacerlo como falsos exintegrantes de las Farc está asegurada hace rato. El mismo lunes que Macías publicó su tuit, la JEP informó que ya ha rechazado 43 solicitudes de personas que intentaron ‘colarse’ en el sistema por esa vía para obtener la garantía de no extradición que cobija a los exmiembros del desmovilizado grupo ilegal, sus familiares y otras personas acusadas, procesadas o condenadas por pertenecer a él.

Según el comunicado, los peticionarios “no fueron incluidos en los listados de integrantes de esa organización (...), ni sobre ellos pesa acusación o condena por conductas cometidas durante el conflicto armado con relación a las Farc-EP”. Entre los rechazados por la jurisdicción incluso está el empresario Fabio Younes, vinculado en Estados Unidos al mismo caso por el que el ex jefe guerrillero ‘Jesús Santrich’ podría perder ese beneficio.

Además, desde 2017 fueron excluidos de esas listas 19 nombres por el alto comisionado para la Paz de ese entonces, Rodrigo Rivera. Precisamente se trataba de ‘colados’ que en realidad eran extraditables por narcotráfico que no tenían vínculos reales con el grupo armado. El más llamativo era Segundo Alberto Villota Segura, señalado por el país norteamericano de pertenecer a una sociedad del cartel mexicano de Los Zetas en Colombia.

Por otra parte, como lo explicamos en otro chequeo a Valencia, es falso que la JEP impida del todo la extradición de exintegrantes de las Farc. Aunque sí puede hacerlo mientras tengan la garantía de no extradición, ellos pueden perder ese beneficio si se prueba que los hechos que sustentan la acusación en el extranjero ocurrieron después de la firma de la paz.

En conclusión, son falsos los tuits de Macías y su colega senadora, así como el pronunciamiento de Martínez (que también ha mentido antes sobre la JEP).