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Falso
La detención domiciliaria ordenada por la Corte Suprema de Justicia contra el expresidente y exsenador Álvaro Uribe Vélez el pasado 4 de agosto ha generado debates en redes sociales con publicaciones a favor y en contra de la medida que no necesariamente se basan en argumentos jurídicos.
Uno de los que se ha difundido estos días en defensa del expresidente es que quienes “no gustan de Uribe (...) cobran familias en acción, cobran sisbén, estudian gratis en el SENA, se alegran porque a los hijos le dan la semana de Uribe (sic)”.
Este contenido se ha viralizado a través de imágenes y posts de Facebook en los que, además, se atribuye al expresidente la creación de estas políticas. Uno de estos, por ejemplo, ha sido compartido más de 3.000 veces.
Sin embargo, solo es verdad que la semana de receso estudiantil de octubre, también conocida como la ‘semana de Uribe’, es producto de su gobierno. Se creó el 24 de abril de 2007 a través del Decreto 1373 y no constituyó, como muchos consideran, una semana adicional de vacaciones, sino una redistribución del calendario educativo.
Las demás políticas que se mencionan en las publicaciones son anteriores a su mandato.
De acuerdo con un documento presentado por el Departamento Nacional de Planeación, DNP, en el Seminario Internacional de Programas de Transferencias Condicionadas de 2007, Familias en Acción nació con la aprobación del CONPES 3081 del 28 de junio del 2000, durante el gobierno de Andrés Pastrana.
Este programa surgió, según el CONPES, como parte de la ‘Estrategia de Recuperación Económica y Social del Plan Colombia’ y fue un programa pensado para mitigar el impacto de la crisis de finales de 1990, una de las peores del siglo.
En palabras de Juan Nicolás Garzón, internacionalista con maestría en Economía Aplicada y profesor de la Universidad de La Sabana, “Uribe potenció bastante al programa, le dio un impulso importante, y los indicadores sociales respondieron muy bien. Si uno se fija, hay reducciones de pobreza importantes. Pero no lo creó”.
Con esta versión coincide la introducción al Manual Operativo de Familias en Acción del DNP, según la cual durante los gobiernos de Uribe y Santos esta política pública continuó, creció y se amplió: acogió por ejemplo a la población desplazada y a todos los municipios del país, lo que en un principio no ocurría. Y en 2012 el programa se convirtió en Ley de la República. Pero, como ya dijimos, Familias en Acción es mucho más antiguo de lo que se difunde en redes.
Algunos de los usuarios que han calificado como falsa la publicación que abordamos en este chequeo han incluído en los comentarios la alocución de Pastrana del 10 de mayo de 2001, en la que explica el funcionamiento del programa.
De hecho, en 2011 Pastrana le envió una carta a Enrique Peñalosa, que estaban en campaña por la Alcaldía de Bogotá y que contaba con el apoyo de Uribe, para decirle que aunque agradecía que este último hubiera continuado con Familias en Acción, el programa no era de autoría del gobierno de Álvaro Uribe como, según él, difundió por esos días el candidato.
Primero, esta afirmación parte de una concepción errónea del Sisben, que no es un subsidio o beneficio que se pueda cobrar al Estado, sino que, como su nombre lo indica, es un Sistema de Identificación y Clasificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales.
¿Cómo funciona? A partir de una encuesta, que arroja un puntaje de 0 (para los más pobres) a 100 (para los más ricos), se identifica a la población en situación de pobreza y vulnerabilidad para focalizar la inversión social del Estado. Esta herramienta sirve, por ejemplo, como criterio para elegir a los beneficiarios de Familias en Acción o para identificar a las personas que se pueden afiliar al régimen de salud subsidiado.
Y segundo, Uribe no fue el creador de este sistema. De acuerdo con un artículo publicado por varios economistas en las Notas de Política del Centro de Estudios sobre Desarrollo de la Economía de la Universidad de los Andes, “desde su formulación en el artículo 30 de la Ley 60 de 1993, [al Sisbén] se le encargó la focalización de la totalidad del gasto social”.
Ese año era presidente César Gaviria. Y la creación del Sisbén finalmente se aprobó a través del CONPES 022 de 1994, bajo el gobierno de Ernesto Samper Pizano.
Encontramos un artículo de El Tiempo, fechado el 26 de abril de 2002, que replicaba un comentario en el que Uribe, en ese momento candidato presidencial, sostenía que “a él le tocó, como ponente de la Ley 100, crear el Sisbén”.
Pero como el texto solo se basaba en las palabras del expresidente, verificamos la información con Carolina Corcho, vicepresidenta de la Federación Médica Colombiana y experta en política pública en salud. Y nos respondió: “la Ley 100 no creó al Sisbén. Creó al régimen contributivo y al subsidiado, y uno accede al régimen subsidiado de acuerdo a que tan pobre es, lo que cual se mide con el puntaje del Sisbén. Pero son leyes diferentes”.
Una de las razones por las que pudo haber surgido esta confusión, que no es nueva, entre los términos para referirse al régimen subsidiado y al Sisbén, la identificaron los investigadores Óscar Fresneda y Patricia Martínez, del Centro de Investigaciones para el Desarrollo de la Universidad Nacional.
En una investigación que publicaron en 2010, escribieron:
“El término Sisbén se ha convertido en sinónimo de afiliación al régimen subsidiado de salud. Es la connotación corriente que ha adquirido no sólo en la charla cotidiana, sino también en los medios de comunicación [como hemos resaltado en chequeos de Colombiacheck], no pocos informes técnicos e incluso en el lenguaje de las sentencias por acción de tutela. Estar afiliado al régimen subsidiado de salud significa haber sido ‘Sisbenizado’, es decir, haber sido entrevistado y haber sido calificado con un puntaje que lo marca como ‘pobre’ y lo hace merecedor de un aseguramiento a cargo del Estado”.
Pero insistimos: a pesar de que los términos se hayan confundido, el Sisbén y el régimen subsidiado son asuntos diferentes. Además, Uribe no creó el Sisbén.
El Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, se creó mucho antes de que Uribe fuera siquiera un político regional. Nació a través del Decreto-Ley 118 de 1957, durante el gobierno de la Junta Militar.
La gratuidad para los estudiantes tampoco es un asunto que se pueda adjudicar al gobierno de Uribe. Como nos explicó Wilson Arias, senador del Polo Democrático y antiguo líder sindical del Servicio Nacional de Aprendizaje, “El SENA siempre ha sido gratuito y la Ley 119 de 1994, que desprivatizó al SENA por una iniciativa legislativa de los trabajadores colombianos, consignó por primera vez la obligación de la norma aunque siempre había sido gratuito”.
De hecho, según Arias, “en el gobierno de Uribe se intentó el desmonte de esa gratuidad, entre otras cosas, mediante decretos y mediante documentos CONPES”. Para soportar esta afirmación, nos compartió, por ejemplo, el Decreto 0249 de 2004, que en el numeral 15 del artículo 27, contemplaba ofrecer cursos de extensión a ciudadanos con capacidad de pago.
Este tipo de medidas produjeron paros en los que los estudiantes demandaban la entrega de recursos del SENA a particulares, la eliminación de la gratuidad como principio institucional y reducciones en la duración de la formación.
En ese sentido, calificamos como falsas las publicaciones con las que se sostiene en Facebook que tanto el SENA [y su gratuidad] como el Sisbén y Familias Acción son políticas públicas o entidades resultantes del gobierno de Álvaro Uribe Vélez.