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Falso

Lunes, 27 Agosto 2018

No es lo mismo Sisbén que “salud gratis”, como tituló Caracol Radio

Por José Felipe Sarmiento Abella

Un periodista digital de la cadena convirtió la propuesta del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, de crear “un Sisbén para los ricos” en otra todavía más polémica.

Un fragmento de la intervención del nuevo ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, ante la asamblea de la Asociación Nacional de Industriales (Andi) en Cartagena causó una enorme controversia porque propuso crear “un Sisbén para los ricos” y en medios y redes sociales, más allá de la discusión sobre la conveniencia de la idea, se desvió el debate por una confusión que se generó con el régimen subsidiado de salud.

El titular de Caracol Radio al respecto es quizás el mejor ejemplo, aunque no el único. El título (que es lo único que leen muchos usuarios desprevenidos en redes sociales) decía que “Minhacienda propone ‘salud gratis para los ricos’”, con todo y comillas.

La cita es falsa y su interpretación también, porque pone como sinónimos dos cosas que son distintas: el sistema de salud para las personas más pobres y la base de datos que se usa para identificarlas.

No obstante, una semana después, la nota en la página de la cadena radial mantiene el mismo encabezado.

 

Noticia en Caracol Radio sobre "Sisbén para ricos" de Carrasquilla

Tan solo en el último de los tres párrafos del artículo se pone una cita del ministro Carrasquilla: “Tendría que haber un Sisbén para los ricos, identificar a quienes tienen esa verdadera capacidad de pago, porque hoy todas las empresas, sean rentables o no, están pagando los mismos impuestos, por eso es urgente redistribuir la carga impositiva de manera más acertada”.

Sin embargo, el mensaje que queda es el de la supuesta gratuidad en salud, como lo demuestran muchos de los comentarios.

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Comentarios en Facebook a noticia del "Sisbén para ricos"

 

 

Pero el Sisbén no es un régimen de salud, ni un subsidio en sí mismo, sino una herramienta para saber a quiénes asignarles ese tipo de beneficios.

Su origen se remonta a la ley 60 de 1993, que le ordenó al Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes) establecer unos criterios para focalizar los programas sociales del Gobierno en las personas que más los necesitaran.

El organismo hizo la tarea por primera vez en 1994, cuando determinó que la Ficha de Clasificación Socioeconómica sería el instrumento ideal para la caracterización individual de personas u hogares para su evaluación frente a la entrega de subsidios y la afiliación al régimen de salud correspondiente. La medida se hizo oficial ese mismo año con una resolución del Departamento Nacional de Planeación (DNP).

Ese documento fue el inicio de lo que hoy se conoce como el Sisbén (Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales), que se definió por primera vez como tal en el Conpes de 1997. Desde entonces ha tenido tres versiones, debido a diferentes cambios en su metodología. La que está vigente se definió en 2008 y hay una cuarta programada desde 2016 para entrar en funcionamiento el año entrante.

Pero su propósito sigue siendo el mismo: focalizar en los más pobres el régimen subsidiado de salud y las ayudas del Departamento para la Prosperidad Social (DPS) como Familias en Acción o Colombia Mayor. Antes lo hacía por niveles y ahora es con un puntaje de cero a cien, como lo explica la misma página del sistema. Entre más bajo es el número, más pobre es la persona.

“Solo es una clasificación o una base de datos”, le confirmó a Colombiacheck el economista Mario Valencia, director del Centro de Estudios para el Trabajo (Cedetrabajo), aunque también advirtió que a Carrasquilla le faltó claridad en su propuesta porque “le quedó mal la comparación”. De hecho, el Ministerio no ha emitido ninguna comunicación aclarando lo dicho por el jefe de la cartera.

El decano de Economía de la Universidad del Rosario, Carlos Sepúlveda, también explica que “lo que hace el Sisbén es caracterizar personas pobres, en un sentido amplio de la palabra, y los puntajes determinan si pueden ser beneficiarios de subsidios”. En ese contexto, la interpretación del académico es que “el ministro dice que deberíamos tener un registro focalizado de personas muy ricas (...) para lo contrario, para cobrarles más impuestos”.

En eso coincide con su colega economista Roberto Angulo que, entre otros cargos, justamente ha sido director del Sisbén en el DNP y de los programas Familias y Jóvenes en Acción del DPS.

 

 

En efecto, cuando Carrasquilla dijo la frase en cuestión ni siquiera estaba hablando del sistema de salud sino de la inequidad en el sistema tributario de Colombia. Por eso tiene sentido el análisis que hizo Sepúlveda de la propuesta.

El ministro estaba justificando la intención del presidente Iván Duque de bajarles los impuestos a las empresas para cobrarles más a las personas naturales. Señaló que, en consecuencia, había que identificar a las más ricas para cobrarles, así como se tiene la información de los pobres para entregarles recursos.

Sus palabras exactas fueron las siguientes:

“Lo que que hace el impuesto empresarial (como lo demuestra el hecho de que, después de impuestos, nuestra desigualdad social es idéntica a lo que era antes de impuestos) es que no hemos logrado hacer esa progresividad. Si verdaderamente queremos progresividad tenemos que identificar. Así como tenemos un Sisbén para los pobres, tendría que haber un Sisbén para los ricos. Identificar pobres y ricos y hacer la redistribución de verdad en el sistema impositivo”.

En consecuencia el título de Caracol es falso. Más allá de la interpretación del ejemplo, habla de “salud gratis” como sinónimo del Sisbén, que no es lo mismo.

Conozca la ruta del chequeo
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    Para hacer esta nota buscamos la definición que el propio Sisbén hace de sí mismo en su página de internet. Luego consultamos las normas que crearon y regularon el sistema. Para buscarlas partimos de un artículo de la revista Dinero sobre el tema, que sitúa su origen en el Conpes de 1997. Pero revisando este documento y la normatividad citada en la web del sistema encontramos la referencia al de 1994, que creó la primera ficha de clasificación, y la resolución 65 de 1994 que la implementó en el tercer parágrafo del artículo 4.

    Estos, a su vez, nos llevaron al artículo 30 de la ley 60 de 1993 que ordenó hacer toda esa reglamentación en cumplimiento del 357 de la Constitución de 1991. Este habla sobre la participación de los municipios en los ingresos de la Nación y señala algunos criterios para su distribución, incluido el nivel de pobreza, que debían precisarse con legislación posterior.

    En la página del Sisbén también consultamos el Conpes más reciente, el de 2016. Ahí estaba la información sobre las versiones III (vigente) y IV (para 2019). Buscando ampliar la primera en Google encontramos una guía del DNP al respecto, que incluye la historia del sistema hasta 2011.

    Además, hablamos con dos economistas (Carlos Sepúlveda, decano de la Universidad del Rosario, y Mario Valencia, director de Cedetrabajo). Ellos nos explicaron, en palabras menos técnicas, la función del Sisbén y nos dieron su propia interpretación de lo dicho por el ministro Carrasquilla con base en ella.

    De hecho también buscamos la aclaración del Ministerio de Hacienda pero prefirieron no referirse al tema de manera oficial. En todo caso, consultamos el video con la intervención completa del funcionario en Cartagena, que la misma entidad subió en su canal de YouTube.

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Miércoles, 14 Junio 2017

¿Las Farc manejarán su propia ‘platica’?

Por Óscar Felipe Agudelo B.

“El decreto 903 indica que los bienes de las Farc pasarán a manos de una fiduciaria, que será manejada por las mismas Farc”, afirmación imprecisa que fue difundida por el programa radial La Hora de la Verdad de Fernando Londoño.

La semana pasada el periodista D´mar Córdoba Salamanca, productor de contenidos en Radio Red RCN y quien ha trabajado con Fernando Londoño desde 2004, como lo certifica su perfil, sostuvo que “el Decreto 903 indica que los bienes de las Farc pasarán a manos de una fiduciaria, que será manejada por las mismas Farc”.

 

 

Para verificar su aseveración es necesario revisar el contexto ya que los bienes de las Farc ha sido un tema de gran controversia a lo largo del proceso de paz. En un principio las Farc dijeron no tener bienes, luego aceptaron poseer varios activos y después el papel protagónico en el asunto lo ha tomado el fiscal Néstor Humberto Martínez, quien hace dos semanas le dijo a Noticias Caracol que por primera vez la Fiscalía tiene el listado de los bienes y los testaferros de las Farc.

“Estamos hablando de miles de inmuebles urbanos, rurales, automotores, ganado, dinero, establecimiento de comercio que tenemos identificados (…) Estamos hablando de billones de pesos”, explicó Martínez.

El tema no es cosa menor porque, según quedó establecido en el decreto 903, antes que se acaben jurídicamente las Zonas Veredales de Transición y Normalización, Zvtn, las Farc deben entregar la lista de sus bienes y activos.

“Las Farc elaborarán un inventario definitivo de sus bienes y activos dentro del término o plazo que habrá de coincidir con la fecha de terminación de la existencia jurídica de las Zonas Veredales Transitorias de Normalización, Zvtn, y Puntos Transitorios de Normalización, PTN”, dice el decreto.

Esa fecha es el 1 de agosto de acuerdo al cronograma que entregó el Mecanismo de Monitoreo y Verificación de la ONU, Mm&v.

Cronograma para la dejación de armas de las Farc

Respecto al asunto el Acuerdo Final en su página 186 es puntal: Bienes que no reporte las Farc pasarán a manos de la jurisdicción ordinaria (la Fiscalía) y por ende podrán ser llevados a un proceso de extinción de dominio.

“Los bienes y activos que no hayan sido inventariados una vez concluido el proceso de dejación de armas, recibirán el tratamiento que establece la legislación ordinaria”.

Sobre la recepción y manejo de dichos bienes y activos, el Gobierno nacional por medio del decreto 903, al que hace referencia el periodista Córdoba Salamanca, decidió que se irán para el Fondo de Víctimas, es decir, para la reparación de las personas que hayan sido víctimas del conflicto armado.

Dice el decreto que se creará “un patrimonio autónomo del Departamento Administrativo de la Presidencia que servirá de receptor de todos los bienes y recursos patrimoniales monetizados y no monetizados inventariados. En contrato fiduciario se indicará los términos de administración del mismo, el destino que habrá de dársele al patrimonio a su cargo, y los criterios que deberá tener en cuenta para monetizar los bienes y acciones que reciba”.

La aseveración del periodista Córdoba Salamanca fue encaminada a expresar que dicha fiducia, o contrato fiduciario como lo señala el decreto 903, en la que estarán los bienes de las Farc sería “manejada por las mismas Farc”.

La afirmación, según pudo establecer Colombiacheck, es inflada porque de acuerdo al mismo decreto las Farc sí tendrán incidencia en dicho contrato fiduciario pero no serán autónomas para manejar los recursos que se obtengan de dichos bienes y activos. El decreto explica que: “El Fondo referido será gobernado por un Consejo Fiduciario cuya administración será decidida y constituida por el Gobierno nacional, por recomendación de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final (Csivi). La administración del fondo fiduciario la hará la entidad que defina el Gobierno nacional conforme a la normativa aplicable. Facúltese al Gobierno nacional para reglamentar el mecanismo y los términos para permitir la transferencia de los bienes al patrimonio autónomo”.

Respecto a esto la gran pregunta es: ¿quiénes conforman la Csivi que recomendará al Gobierno nacional sobre la administración del Consejo Fiduciario que recibe los bienes y activos farianos?

La respuesta la tiene el decreto 1995 de diciembre de 2016 que en su artículo 2 establece que la Csivi “estará integrada por tres representantes del Gobierno Nacional y tres representantes de las Farc en proceso de reincorporación a la vida legal, o del partido político que surja de su tránsito a la vida legal. Los representantes del Gobierno Nacional serán de alto nivel y serán designados por el Presidente de la República”.

Como ha sido de público conocimiento, y como Colombiacheck verificó con la Oficina del Alto Comisionado para la Paz (Oacp), los tres representantes de alto nivel por el lado del Gobierno son Sergio Jaramillo, Rafael Pardo y Juan Fernando Cristo, éste último saldría de la Csivi en caso de ser candidato presidencial en 2018, así lo confirmaron de la oficina de prensa y comunicaciones de la Oficina del Alto Comisionado.

Es decir, tres personas afines al Gobierno recomendarán al mismo Gobierno como administrar el Consejo Fiduciario al que llegarán los bienes y activos de la guerrilla que se tendrán que usar para reparar a las víctimas.

Por el lado de las Farc, los tres representantes en la Csivi son Victoria Sandino, Jesús Santrich e Iván Márquez.

La información sobre quién recomendará respecto a la administración de la fiducia es clara, la mitad serán personas afines al Gobierno y la otra mitad representantes de las Farc. Es decir, sí habrá una incidencia de la guerrilla en cuanto a la administración de sus propios bienes y activos pero no tendrán autonomía total como lo aseveró el periodista y abogado de La Hora de la Verdad, D´mar Córdoba Salamanca.

Colombiacheck contactó a D´mar Córdoba Salamanca quien explicó que en el tuit que se publicó en el programa La Hora de la Verdad en definitiva sí debió hacerse más claridad que los fondos no solo los manejarían las Farc. Córdoba añadió que en el programa él explicó con más detalles el tema pero que igual queda claro que las Farc sí tendrán incidencia en el manejo de sus propios recursos.