De regreso al puerto, los líderes esperan que en la próxima reunión haya avances de las instituciones en el proceso de reparación integral. También que existan garantías de seguridad para toda la comunidad, rechazando la intervención de cualquier actor armado en su territorio.
Para llegar de nuevo a Buenaventura, hay que recorrer el río aguas abajo en dos jornadas. Primero desde San José de Las Playas hasta San Antonio y desde ahí hasta el puerto. Son las 4:30 de la mañana y aún de noche, todos se alistan para el recorrido de regreso. En el trayecto paran a saludar a sus hermanos y algunos compran 10 mil pesos de cangrejo, diez crustáceos capturados en cestas para un próximo platillo.
Después de dos días de “botar corriente”, observan el río y el mar en silencio. Uno de ellos señala la vieja estructura del desembarcado de El Firme, la vereda que los paramilitares borraron del mapa hace 17 años. Buenaventura es uno de los municipios con mayores registros de desplazamiento, incluso en el llamado posacuerdo: durante los últimos 18 años la cifra oficial reporta 196 mil personas en esta condición.
El monitor de la Unidad de Manejo y Análisis de Información Colombia (Umaic), bajo la supervisión de la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (Ocha), ha registrado 9 mil 998 reportes de violencia en el Valle del Cauca, en lo que va de 2018. La mayoría de estos, restricciones, amenazas, confinamientos y desplazamientos.
Aunque el Valle del Cauca ocupa el puesto 12 con más hectáreas cultivadas de coca en el país, pasando de 752 en diciembre de 2016 a 1.261 en diciembre de 2017; comunidades como Yurumanguí rechazan que a su territorio entre una mata. El Consejo Comunitario no quiere presencia de actores armados, ni disputas territoriales, ni fumigaciones, reclutamiento o prostitución. Menos que asesinen a sus líderes, como ha ocurrido en otros departamentos con quienes han participado de forma activa del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (Pnis) o hacen una defensa de áreas de protección ambiental (Lea informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, septiembre de 2018).
Por eso los yurumanguireños le exigen al Estado proyectos productivos sostenibles, de acuerdo con sus prácticas y costumbres, que garanticen seguridad alimentaria y progreso para las 3 mil personas del Consejo Comunitario. También que existan medidas colectivas de protección porque, como reiteraron en la reunión de líderes, “los esquemas individuales no sirven y son más riesgosos”.
Ahora, a la expectativa de que les cumplan y que la implementación de la sentencia sea el piloto para las otras 12 comunidades del Pacífico Sur, se niegan a que su territorio replique la historia del Consejo Comunitario de Renacer Negro, en Timbiquí, Cauca. Esta, la primera comunidad afrodescendiente en ser restituida, sufre los embates de la minería a gran escala, la división de sus población y el cumplimiento apenas del 20 por ciento de las medidas de reparación.