En la parte alta del Río Yurumanguí, por lo menos 30 líderes de comunidades negras del Pacífico Sur se reunieron para leer la sentencia de restitución. Ellos, contentos por la decisión, saben que esta es la base para que el proceso continúe en los otros consejos comunitarios.
Para llegar a San José de Las Playas desde San Antonio, hay que recorrer en contracorriente una hora y media el río en pangas o lanchas rápidas. El trayecto puede tardar más de una hora por la intensidad de la lluvia o el nivel del agua, que obliga a los pasajeros bajarse del bote para ayudar a remar. Ya en la vereda, el Proceso de Comunidades Negras (PCN) lidera una reunión con 30 líderes del Pacífico Sur para estudiar la sentencia que favoreció al Consejo Comunitario de la Cuenca del Río Yurumanguí.
Video interno 1: 20180818_145351Leila Andrea Arroyo toma la palabra, explicando que el proceso es anterior a la aplicación del Decreto 4635 de 2011 que permite la restitución de derechos territoriales a comunidades negras. Desde 2007, con el apoyo de la Maap OEA y el Ministerio del Interior, comenzaron a redactar una propuesta autónoma de reparación integral que reconoce la resistencia de los Consejos Comunitarios de Calima, Dagua, Córdoba San Cipriano, Anchicayá, Raposo, Mayorquín; Yurumanguí, La Gloria, Cajambre, Naya, La Plata, La Esperanza y Cisneros.
Así, con la aplicación de la Ley 1448 de 2011 o Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, la Unidad de Víctimas asumió la responsabilidad de aplicar la consulta previa para documentar los daños culturales; mientras la Unidad de Restitución de Tierras, la de realizar un proceso de concertación para caracterizar los daños territoriales. Sin embargo, la comunidad afirma que las Unidades no trabajan en equipo, y que el proceso de consulta previa, que comenzó en 2014, está frenado desde noviembre de 2015 por falta de operador. “La sentencia de Yurumanguí ordena acelerar el Plan Integral de Reparación Colectiva (PIRC) pero en realidad es con todos los 13 Consejos Comunitarios”, apunta Arroyo.
Aunque pasaron seis meses desde que supieron de la sentencia, fue en agosto que la comunidad pudo sentarse para leer por turnos las 141 páginas del fallo, sin contar la solicitud de aclaración. “Es importante revisar si las decisiones de los magistrados recogen nuestras pretensiones de restitución de derechos territoriales”, dice Leila.
Por eso durante dos días los líderes se reunieron primero en el salón comunal y luego en la iglesia, en la parte más alta de la vereda, donde con cantos espantaron los “espíritus del sueño”. Con diccionario en mano resolvieron tecnicismos jurídicos del fallo como “deprecado, colegirse y colorario”, mientras sobre papel escribían la esencia de las órdenes y con qué mecanismos estas podían cumplirse.
En sus intervenciones, los participantes fueron insistentes en lograr el goce, control y uso del territorio; la importancia de la educación y la tradición oral, y garantizar mejores condiciones de vida para que la gente regrese. Después de varias horas de trabajo redactaron 10 acciones para el cumplimiento de la sentencia, entre estas, varios derechos de petición para preguntar a las instituciones sobre sus responsabilidades y de su parte, elaborar un plan de uso y conservación territorial, así como un sistema de producción que respete la seguridad alimentaria.