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Falso

Lunes, 24 Febrero 2020

Afros e indígenas sí fueron censados antes de 1991

Por Isabel Caballero Samper

Un trino asegura que las poblaciones indígenas y afrocolombianas no eran contadas en los censos antes de ese año. Pero, aunque no todos los censos incluían preguntas etnorraciales diferenciadas, siempre contaron a afros e indígenas en los totales.

Una publicación de Twitter, que ha sido compartida más de 7.000 veces, dice que “hasta 1991 los afrocolombianos y los indígenas no eran contados en el censo nacional porque no eran considerados ciudadanos sino población salvaje”.

Revisamos y encontramos que esto es falso. Aunque algunas leyes sí han discriminado a indígenas y afros, nunca han definido a la ciudadanía basándose en la raza de las personas. Además, aunque los censos del siglo XIX en general no incluyeron clasificación etnorracial, varios del siglo XX antes del 91 sí lo hicieron.

Captura de pantalla Twitter  

Para sustentar su argumento, el usuario de Twitter usa un pantallazo de un artículo de Andrés Felipe Ramírez Gallego en la revista de la Universidad del Rosario y resalta un párrafo que dice:

“Se consideró, en los artículos 1 y 5 de la Ley 89 de 1890, a los indígenas como ‘salvajes’ e ‘incapaces relativos’. En los citados artículos se hizo tal descripción de los grupos étnicos vigente por más de cien años; estos fueron declarados inexequibles después del tránsito constitucional de 1991 por la Corte Constitucional en la Sentencia C-139 de 1996, cuyo magistrado ponente fue Carlos Gaviria Díaz”.

Luego, el usuario de Twitter cita, correctamente, los tres artículos de la Ley 89 de 1890 declarados inexequibles:

“Artículo 1º. INEXEQUIBLE.  La legislación general de la República no regirá entre los salvajes que vayan reduciéndose á la vida civilizada por medio de Misiones. En consecuencia, el Gobierno, de acuerdo con la Autoridad eclesiástica, determinará la manera como esas incipientes sociedades deban ser gobernadas.

Artículo. 5º. INEXEQUIBLE.  Las faltas que cometieron los indígenas contra la moral, serán castigadas por el Gobernador del Cabildo respectivo con penas correccionales que no excedan de uno o dos días de arresto.

Artículo 40. INEXEQUIBLE.  Los indígenas asimilados por la presente Ley a la condición de los menores de edad, para el manejo de sus porciones en los resguardos, podrán vender con sujeción a las reglas prescritas por el derecho común para la venta de bienes raíces de los menores de veintiún años; debiendo en consecuencia solicitarse licencia judicial justificándose la necesidad o utilidad. Obtenido el permiso, la venta se hará en pública subasta conforme a las disposiciones del procedimiento judicial.

Serán nulas y de ningún valor las ventas que se hicieren en contravención a lo dispuesto en este artículo, así como las hipotecas que afecten terrenos de resguardo, aun hecha la partición de éstos”.

Aunque la ley de 1890 sí menciona que los indígenas deben ser tratados como “menores de edad”, eso es diferente de la cuestión sobre la ciudadanía. Revisamos el artículo de Ramírez Gallego y encontramos que no dice que de estas disposiciones, aunque discriminatorias y estigmatizantes, se desprendiera que los indígenas no fueran considerados ciudadanos. Además, el artículo no habla de los afrocolombianos ni de cómo unos y otros eran contados en el censo.

La ciudadanía

Es verdad que la Ley 89 de 1890, que definió los resguardos, sí se refería a los indígenas como “salvajes”. En su propio texto, esta ley se describe así: “por la cual se determina la manera como deben ser gobernados los salvajes que vayan reduciéndose a la vida civilizada”. Pero eso no significa que esta ley excluyera a los indígenas de la ciudadanía. Por el contrario, los autores Fernando Urrea, Carlos Augusto Viáfara y Mara Viveros argumentan, en el capítulo que escribieron para el libro Pigmentoracias: Etnicidad, raza y color en América Latina, que esta ley tuvo el efecto de integrar a la población indígena a la nación de manera simbólica y darles acceso a la ciudadanía.

En ningún momento de la historia republicana de Colombia se han excluido a estas poblaciones de la ciudadanía. En el libro El régimen de Santander en la Gran Colombia, el historiador David Bushnell explica que para el nuevo régimen que nació después de la independencia, el principio de la igualdad racial total era considerado un dogma oficial tanto en pronunciamientos públicos como en textos educativos oficiales. Aunque la teoría distaba bastante de la práctica, pues la manumisión de los esclavos se tardó hasta 1851.

En el primer siglo de historia colombiana, el derecho al voto y a ser elegido para cargos públicos no estuvo limitado en ningún momento por un criterio etnorracial, sino por un criterio de clase, pues se exigía tener propiedades; y de género, pues se debía ser hombre. Pero según Bushnell desde los primeros años de la República había hombres de ascendencia mixta africana y europea en el Congreso.

El Congreso de Cúcuta de 1821, según el mismo autor, declaró a los indígenas capaces de llenar cargos públicos, abolió el pago del tributo y sujetó a los indígenas a los mismos impuestos que los demás ciudadanos e intentó dividir los resguardos en tierras de propiedad individual de cada familia con el propósito de incluir a los indígenas en el sistema de mercado. Todo esto seguía una idea liberal de la igualdad de todos los individuos ante la ley.

Además, el Congreso de Cúcuta trató de eliminar el uso de la palabra ‘indio’ por considerarla derogatoria y propuso que se utilizara la palabra ‘indígena’. Esta sugerencia no se cumplió y se siguieron usando las palabras ‘indio’ y ‘salvaje’ en decretos oficiales.

Otro problema más complejo eran los grupos indígenas que no habían sido reducidos por los españoles, es decir que no habían sido subyugados al sistema colonial, o que habían reafirmado su independencia durante la época de caos de las guerras de independencia. Bushnell cuenta que durante el Congreso de Cúcuta incluso hubo una discusión sobre si se debería considerar a estos grupos “naciones indígenas independientes” cuyos territorios no hacía parte de la nación. Al final se decidió que la jurisdicción del nuevo Congreso incluía en su territorio todo lo que se encontraba dentro de los límites del antiguo virreinato, incluidos los territorios de estos grupos indígenas sobre los que el gobierno en la práctica no ejercía ningún control.

Bushnell explica el caso de los indígenas wayúus como un ejemplo interesante de estas tensiones. Los wayúus comerciaban con barcos ingleses que traían ron de Jamaica a pesar de que esto estaba prohibido en las legislación comercial de la Gran Colombia. Cuando las autoridades intentaron detener este comercio tuvieron que enfrentarse con los ingleses, cosa que no les convenía.

El gobierno aceptó entonces que los wayúus y otros grupos indígenas no estaban sujetos a las leyes colombianas. Bushnell dice que para los wayúus era más importante seguir comerciando ron con los ingleses que tener el derecho a ser elegidos a cargos públicos.

De manera que estos grupos indígenas estaban en un punto intermedio en cuanto a la ciudadanía pero no se puede decir que haya sido el gobierno el que los excluyó de la ciudadanía, pues nunca dejó de intentar integrarlos. Por ejemplo, en 1824 el Congreso pasó una ley para incentivar a los indígenas a “civilizarse” ofreciéndoles 200 fanegadas de tierras públicas, la mismas cantidad que otra ley les ofrecía a los inmigrantes europeos. 

Con el retorno de los conservadores al poder, en el período de la Regeneración (en la segunda mitad del siglo XX), aunque imperaba una visión más paternalista de los indígenas como se ve en la ya mencionada Ley 89 de 1890, esta les devolvió el derecho a sus tierras colectivas y formas de gobierno local propias que les habían sido arrebatadas en el periodo liberal.

Los censos

Los censos de Colombia nunca han excluido a los afros y a los indígenas en el sentido de que estas personas no fueran contadas. Aunque no todos los censos incluyen instrumentos para contar a estos grupos de manera diferenciada, no es verdad que esto sólo se hiciera después de 1991.

 En la época colonial, cuando la sociedad neogranadina estaba estrictamente dividida en castas, los censos tenían en cuenta estas categorías. El libro Historia de Colombia. País fragmentado, sociedad dividida de Frank Safford y traducido por Marco Palacios dice que el primer censo general sistemático fue realizado entre 1776 y 1778. “El 46 por ciento de la población de la Nueva Granada se clasificó como ‘libre’ (que en términos generales significaba negros libres, mulatos y mestizos), el 26 por ciento se anotó como “blanca”, el 20 por ciento como india y el ocho por ciento como esclava”.

Después de ese censo, según Urrea, Viáfara y Viveros, ningún censo volvió a reconocer y medir diferencias etnorraciales en la población colombiana hasta los censos de 1912 y 1918, que fueron los primeros censos modernos en hacerlo. En estos censos la pertenencia etnorracial de las personas era decidida por el censista según su criterio sobre la apariencia física del censado. 

El censo no volvió a recoger información sobre las personas afrodescendientes hasta 1993. Pero la población indígena sí se siguió contando de manera diferenciada en los censos. En los censos de 1938, 1951 y 1964 se contó a la población indígena sobre la base de lenguaje y lugar de residencia. El censo de 1973 definió a la población prehispánica como las personas que vivían en territorios constituidos como resguardos y dependían de una economía campesina de subsistencia. 

El censo de 1985 contó a la población indígena sobre la base de autoidentificación cultural. El censo de 1993 también contó a la población indígena de esta misma manera e hizo lo mismo con las comunidades negras, raizales y palenqueras. Los autores explican que esta definición cultural y no fenotípica no incluía a la mayoría de personas negras del país que vivían en entornos urbanos y rurales. El censo de 2005 combinó características culturales y fenotípicas, es decir de apariencia física, en una pregunta de autoidentificación.

Tabla

Tabla del libro Pigmentocracias que muestra los porcentajes de población afro e indígena en los censos del siglo XX y el primero del siglo XXI

El censo de 2018 también incluyó una pregunta de autorreconocimiento étnico que ha sido muy cuestionada por las organizaciones afro, pues se registró un descenso de 30 por ciento de personas que se definieron afrodescendientes. Mientras que, por otro lado, el número de personas que se autoidentificó como indígenas subió en un 37 por ciento.

Las diferencias que se ven de un censo al siguiente muestran las dificultades para medir y definir la pertenencia etnorracial. El artículo de Urrea, Viáfara y Viveros discute estos problemas a profundidad e incluyó una medición propia de la población afro de Colombia según la cual esta representa el 19.4 por ciento de la población, muy por encima del 10,31 por ciento que calculaba el censo de 2005 (el artículo fue publicado en 2014, antes del censo nacional más reciente de 2018).

Con todos estos elementos, calificamos la afirmación de que “hasta 1991 los afrocolombianos y los indígenas no eran contados en el censo nacional porque no eran considerados ciudadanos sino población salvaje” como falsa. 

Primero, porque la ciudadanía nunca se definió sobre la base de la raza. Desde los primeros años de independencia los afros libres y los indígenas que vivían en zonas donde el Estado ejercía autoridad siempre fueron considerados ciudadanos. Y, segundo, porque aunque no todos los censos incluían preguntas etnorraciales diferenciadas siempre contaron a afros e indígenas en los números totales y porque los primeros censos en incluir preguntas sobre la pertenencia racial fueron mucho antes de 1991.

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Verdadero pero...

Lunes, 22 Abril 2019

El departamento del Cauca es donde más asesinan dirigentes sociales

Por Sania Salazar

El departamento es uno de los más afectados con los asesinatos de líderes sociales, según concluyen diversas fuentes, ¿por qué?

Terminada la Minga indígena que tuvo la vía Panamericana cerrada por 29 días, Darío Tote, vocero de ese movimiento indígena e integrante del Consejo Regional Indígena, Cric, manifestó preocupación por la seguridad de quienes participaron en la protesta.

“Nos preocupa el derecho a la vida porque el departamento del Cauca es donde más se asesina a dirigentes sociales, a dirigentes de derechos humanos y esta es una de las grandes preocupaciones, que después de la Minga venga esa situación, porque se nos ha señalado como lo peor”, manifestó en entrevista con RCN Radio.

Tote le dijo a Colombiacheck que la situación de violencia contra los líderes es “oficial” y que la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, los organismos de derechos humanos y la comunidad internacional saben que el Cauca es el departamento donde más asesinan líderes sociales de distintas organizaciones.

Después de revisar varias fuentes Colombiacheck califica la afirmación de verdadero, pero, porque como ya lo habíamos explicado, hay varias organizaciones que hacen seguimiento a estos asesinatos utilizando diferentes metodologías, por lo que hay varias cifras al respecto y no necesariamente el Cauca aparece en todas como el de mayor número de asesinatos, pero sí en los primeros lugares.

Un informe de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, publicado en diciembre de 2018, indica que según la oficina del alto comisionado para los derechos humanos de Naciones Unidas, desde la firma del Acuerdo de Paz en noviembre de 2016, se han verificado 163 asesinatos de líderes sociales y defensoras de los derechos humanos y se ha informado de 454 casos en total. “Estos asesinatos se concentran principalmente en tres departamentos: el Cauca, Norte de Santander y Antioquia”, puntualiza el informe.

Un trabajo que cruza la información de diversas fuentes el portal de datos Datasketch muestra las cifras que ubican al Cauca como el departamento con mayor número de víctimas, con 114 líderes asesinados desde 2016. Según ese portal, el segundo departamento con mayor número de víctimas es Antioquia, con 73 asesinados.

Gráfico Datasketch

Según el más reciente informe del programa Somos Defensores correspondiente al primer semestre de 2018, en ese periodo asesinaron a 77 líderes. La mayoría de los casos se registraron en Cauca (13), en Antioquia (12) y en Norte de Santander (10).

Un artículo publicado por  la Fundación Paz y Reconciliación, Pares, en febrero pasado indica que el norte del Cauca concentra la mayor cantidad de hechos de victimización a nivel departamental en los últimos años.

“La salida de las Farc-EP de la ecuación de la guerra en 2016, la entorpecida implementación del Acuerdo de Paz y la recomposición de estructuras armadas enfocadas en fortalecer su capacidad de control sobre distintas economías ilegales, han contribuido en gran medida, con el recrudecimiento de los altos niveles de victimización contra líderes y lideresas sociales”, señala Pares en el documento.

Según esa Fundación, los distintos tipos de victimización, incluyendo los no letales, apuntan principalmente a quienes impulsan procesos de defensa de derechos étnicos y colectivos, a líderes y lideresas involucrados en procesos de sustitución de cultivos de uso ilícito, a quienes trabajan por la implementación del Acuerdo de Paz y a quienes promueven o participan en candidaturas y procesos políticos alternativos.

“Los indígenas encabezan la lista de líderes asesinados con un poco más del 40% de todos los hechos registrados, la mayoría ocurridos en municipios como Corinto, Buenos Aires y Santander de Quilichao”, señala el informe de Pares, que además explica que los grupos sociales con mayor cantidad de víctimas son las comunidades afrodescendientes, y las comunidades campesinas, así como líderes y lideresas comunitarios que encabezan procesos sindicales, culturales, comunales y de defensa del acuerdos de paz.

“Tristemente, los ataques a líderes y lideresas en el caso del norte del Cauca hay que verlas, por un lado, a través del acumulado histórico de décadas de persecución a los procesos sociales que reivindican el derecho a decidir sobre sus territorios y, por otro, de cara a una realidad histórica que mezcla las nuevas dinámicas sociales y comunitarios y los viejos conflictos que siguen palpitando en la región”, concluye el informe.

Giovanny Yule, dinamizador político del sistema de gobierno propio del Cric y líder de la Minga, explica que el Cauca ha sido fuerte  históricamente en organización social de los pueblos indígenas, campesinos, afros, sindicatos y otros sectores sociales “eso le hace estorbo a quienes quieren perturbar el equilibrio y la armonía de la comunidad como los narcotraficantes y los grupos armados ilegales, pero también a los grandes terratenientes que quieren seguir acumulando más tierras en detrimento de las comunidades indígenas, afros y campesinas”.

Yule dice que en ese territorio los grupos armados se han puesto a la orden de los narcotraficantes y concluye que es una lucha en buena parte territorial, pero también política y cultural.

Durante la presentación del “Tercer informe del estado de la implementación del acuerdo de paz” del Instituto Kroc de estudios internacionales de paz, de la Universidad de Notre Dame, Borja Paladini, director de la entidad, aseguró que la seguridad de los líderes sociales y los excombatientes es una de las principales preocupaciones que tienen, pues los líderes no se sienten seguros y eso pone en riesgo la implementación territorial del acuerdo de paz.

Foto portada: Fernando Acalo. Tomada de la página del Cric.