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Jueves, 07 Noviembre 2019

Alcalde electo 'Julián Conrado' no tiene ocho órdenes de captura vigentes e investigaciones en la Fiscalía

Por Ana María Saavedra

El Nodo da información vieja acerca de Guillermo Enrique Torres, conocido como “Julián Conrado”, alcalde electo de Turbaco, Bolívar, y no aclara su situación legal actual.

En las elecciones del pasado 27 de octubre Guillermo Enrique Torres, conocido como “Julián Conrado” y “el cantante de las Farc”, fue elegido como alcalde del municipio de Turbaco, Bolívar. Tras su elección, el portal El Nodo publicó una nota en la que describe a Torres como "narcoterrorista del Estado Mayor de las Farc” y asegura que se han expedido ocho órdenes de captura en su contra en Colombia.

En el portal agrega que Julián Conrado tiene “investigaciones en su contra en la Fiscalía por terrorismo, desplazamiento forzado y reclutamiento de menores”. También dice que “se expediría una circular roja por parte de la Interpol y La DEA llegaría a ofrecer $2.5 millones de dólares por información sobre el terrorista ‘Conrado’, por los delitos de narcotráfico y conspiración”.

Esta información aparece en el perfil de Julián Conrado en Wikipedia, pero tanto la información de las órdenes de captura como de la recompensa ofrecida son datos viejos basados en publicaciones de los medios de comunicación de 2011, cuando Torres fue detenido en Venezuela

Aunque es verdad que había órdenes de captura y una circular en su contra, y una recompensa por su captura, tras el acuerdo de paz firmado en 2016, Torres (que fue uno de los negociadores de las Farc en La Habana) se acogió a la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, y por lo tanto está cobijado por su jurisdicción, que prevalece sobre la justicia ordinaria.

Contactamos a la JEP para preguntar sobre el proceso contra Torres y nos informaron que en la Sala de Reconocimiento figura la siguiente información:

“Por medio del Auto No. 002 de 4 julio de 2018, la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas avocó el conocimiento del Caso No. 01. En diligencia posterior – el 13 de julio del 2018 –, esta misma Sala notificó el inicio del referido caso a los 31 exintegrantes de las FARC-EP que fueron llamados inicialmente a comparecer dentro del caso, dentro de los que se encontraba el señor Guillermo Torres Cueter, conocido en la extinta guerrilla con el alias de Julián Conrado. 

“Con posterioridad a este llamado, por medio del Auto No. 02 del 17 de enero de 2019, la Sala de Reconocimiento le ordenó al señor Guillermo Torres Cueter, comparecer en diligencia de versión de voluntaria el 29 de abril de 2019. La versión voluntaria se realizó en la ciudad de Valledupar en la fecha programada, y en dicha diligencia el compareciente proporcionó información relacionada con su ingreso y trayectoria en la guerrilla, su rol en la adopción de decisiones de retener civiles, así como de las instrucciones y órdenes concretas dadas en materia del cautiverio.

“En tal sentido, el señor Torres Cueter ha cumplido con su compromiso de comparecer a los llamados en los que la Sala lo ha requerido, y ha venido realizando aportes a la verdad, de acuerdo con los deberes del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición”.

El abogado y exfiscal de Justicia y Paz Joaquín Arias explica que es posible que los crímenes que se le atribuyen sean ciertos, pero que “mientras [los desmovilizados de las Farc] cumplan con las condiciones y los compromisos de verdad, justicia y reparación que han asumido ante la JEP, en teoría no podrían hacerse efectivas capturas ni ningún otro requerimiento judicial, pues la JEP prevalece sobre las demás”.

Por otra parte, aunque El Nodo asegura en el texto de su nota que fue la DEA (Drug Enforcement Administration) la entidad que ofreció una millonaria recompensa por Torres, para probarlo incluyeron un pantallazo del portal del Departamento de Estado de Estados Unidos, otra entidad de ese país que sí ofreció el dinero.

El pantallazo sí corresponde a información publicada por el portal del Departamento de Estado, pero es una información publicada entre 2001 y 2009, y que está desactualizada. Al ingresar a la página y buscar la información el mismo portal lo advierte.

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Con todos elementos calificamos lo publicado por el portal El Nodo como cuestionable, pues aunque es cierto que se emitieron órdenes de captura y una circular roja en su contra, y que Estados Unidos ofreció una recompensa de 2,5 millones de dólares por su captura, todo esto es información vieja cuyo contexto cambia por completo tras la entrada de Torres a la JEP.

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Viernes, 27 Septiembre 2019

Gobierno nacional no está obligado a aportar 70 por ciento para cables aéreos en Manizales

Por Sania Salazar

Carlos Mario Marín dice que gobierno nacional aportará 70 por ciento para cables aéreos que él propone, lo cual no necesariamente es así, porque no está obligado a hacerlo y según la ley puede aportar hasta el 70 por ciento, no necesariamente ese porcentaje completo.

El candidato a la alcaldía de Manizales por el Partido Alianza Verde, Carlos Mario Marín, ha repetido en varias ocasiones que va a financiar su propuesta de construir varias líneas de cable aéreo con la Ley de metros que según él, “dice que el gobierno nacional pone el 70 por ciento y los manizaleños tenemos que poner el 30 por ciento, hace años pusimos el 30 por ciento con las dos líneas existentes”.

Pero lo que dice la Ley 310 de 1996, o Ley de metros, es que la Nación y sus entidades descentralizadas podrán realizar inversiones “con un mínimo del 40% y hasta por un 70% en proyectos de sistemas de transporte público colectivo o masivo”. 

Por lo anterior, Marín es inexacto al decir que la financiación total de la Nación es del 70 por ciento. El candidato no tiene razón cuando afirma que la ciudad ya aportó el 30 por ciento que le corresponde con el cable aéreo que ya funciona, pues esas obras no pueden considerarse como un aporte para nuevos proyectos de transporte. Por estas razones calificamos la información como cuestionable.

Fernando Rojas, experto en movilidad, le dijo a Colombiacheck que esa financiación de la Nación no es obligatoria y que depende de la capacidad financiera del gobierno nacional.

Darío Hidalgo, experto en movilidad, explicó que el Gobierno tiene la potestad para definir qué porcentaje aporta según la ley.

Hidalgo también señaló que los sistemas de transporte que ya se han construido en la ciudad no se pueden considerar como parte del porcentaje que debe aportar el municipio para un nuevo proyecto de transporte porque cada proyecto es individual, se evalúa y se aprueba de manera integral. 

Hay que aclarar que no chequeamos si el proyecto se llevará a cabo, sino si el gobierno sí pone el 70 por ciento en este tipo de proyectos y, como explicamos, eso no es del todo cierto. Además, el candidato dijo en la misma entrevista que además de la Ley de metros, financiará la idea con la plata que tiene el municipio para materia de transporte y contempla también alianzas público-privadas y búsqueda de recursos fuera del país.

RedCheq