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Martes, 16 Febrero 2021

Es falso que Gobierno Duque haya ‘encontrado 0 acuerdos cumplidos’ con Buenaventura

Por Andrés Felipe Martínez

En un cruce de trinos con su antecesor Guillermo Rivera, el actual ministro del Interior, Daniel Palacios, aseguró que durante el anterior gobierno no se avanzó en ningún punto de los acuerdos del paro cívico de Buenaventura. Revisamos las inversiones.

En medio de las manifestaciones ciudadanas que se dieron en los primeros días de febrero en Buenaventura, a raíz de la ola de violencia urbana que atraviesa el distrito, surgieron nuevamente reclamos sociales en materia de acceso a servicios de salud, saneamiento básico, agua potable, educación, infraestructura, entre otros asuntos elementales de los que adolece el puerto.

Se trata de las mismas necesidades por las que han reclamado los bonaverenses en los últimos años y que motivaron el desarrollo del recordado paro cívico del 2017. Esta manifestación concluyó con la firma de unos compromisos entre las comunidades y el gobierno nacional de turno, del entonces presidente Juan Manuel Santos. 

En aquel pacto, el Gobierno Nacional se comprometió a reunir 1,5 billones para la ejecución de obras e inversiones en salud, saneamiento básico y agua potable, medio ambiente, vivienda e infraestructura, educación, empleo, entre otros ejes de desarrollo.

A propósito de esos acuerdos, y en medio de la coyuntura de violencia actual, se presentó un cruce de acusaciones entre el actual ministro del Interior, Diego Palacios, y su antecesor, el exministro Guillermo Rivera, quien estuvo en esa cartera durante las manifestaciones de 2017.

La conversación la inició el exministro Rivera, hoy veedor distrital de Bogotá, quien publicó en su cuenta de Twitter:

“Hace 3 años, cuando se resolvió el paro cívico de Buenaventura, el principal compromiso fue tramitar una ley que ordenara un plan de desarrollo especial para el puerto. Esa ley se tramitó y la hoja de ruta está diseñada. Hay que cumplirla para resolver la crítica situación de hoy”.

El trino fue replicado por el ministro Palacios con esta respuesta:

“Levantar un paro NO es lo mismo que cumplirle a un pueblo. Gobierno Santos no transfirió un peso en 2017 y 2018, encontramos 0 acuerdos cumplidos! El autor de la ley que exige cumplimiento a Buenaventura es de @IvanDuque y su gobierno está cumpliendo”.

Rivera, a su vez, contestó:

“Ministro: el paro se levantó con unos compromisos que empezaron a cumplirse al día siguiente. El primero de ellos fue tramitar una ley que se aprobó 6 meses después. Si ud habla con el comité del paro ellos le contarán lo que hicimos”.

Dada esta discusión, decidimos verificar algunas de las afirmaciones de estos dos funcionarios.

Ley se aprobó durante el gobierno anterior

Verdadero, pero

En sus trinos, el exministro Rivera asegura que el primer compromiso cumplido con el paro, en el gobierno de Juan Manuel Santos, fue tramitar y aprobar la ley que “ordenara un plan de desarrollo especial para el puerto”.

Con ello se refiere a la Ley 1872 de 2017 por medio de la cual se creó el Fondo para el Desarrollo Integral del Distrito Especial de Buenaventura, que tiene como objeto financiar un Plan Especial de Desarrollo Integral para el puerto, con inversiones a diez años.

La creación de ese fondo fue el primer punto de una lista de compromisos pactada en el acta de levantamiento del paro.

Dicha ley empezó a ser tramitada el 26 de julio de 2017, un mes después de los acuerdos. Y fue sancionada el 18 de diciembre de ese mismo año, cuando aún continuaba el gobierno Santos.

Hasta este punto, la afirmación del exministro Rivera es verdadera.

Sin embargo, en su trino, el ministro Rivera dice que esta ley “hay que cumplirla para resolver la crítica situación de hoy”, algo que no es del todo preciso, pues se trata de una ley que crea un fondo para financiar inversiones a mediano y largo plazo.

Para resolver la situación crítica actual, el Gobierno Nacional se comprometió a invertir $1,59 billones en proyectos urgentes, antes de diciembre de 2019. Es decir, se empezaba a cumplir en aquel gobierno de Santos y continuaría en la siguiente administración (la actual de Iván Duque).

Pero ese dinero no ha llegado al puerto. Según detalla la secretaria ejecutiva del comité, Yolanda Echeverry, las inversiones hechas desde el levantamiento del paro no superan el 17 por ciento de ese monto pactado.

Para tener más detalle, según el acuerdo, una parte de los recursos saldrían del programa Todos Somos Pazcífico, un crédito, el programa de obras por impuestos, y el aporte de la Gobernación del Valle y de la Alcaldía de Buenaventura.

Y la mayor parte, 900.000 millones de pesos, se comprometían con presupuesto de ministerios y vigencias futuras así:

Tabla_presupuesto

El autor de esta ley fue el presidente Iván Duque cuando era Senador

Falso

En el cruce de trinos, el ministro Palacios comentó: “El autor de la ley que exige cumplimiento a Buenaventura es Iván Duque”, refiriéndose también a la Ley 1872 de 2017.

Sin embargo, de acuerdo al mismo texto de la ley que reposa en la biblioteca del Senado, el autor no fue el presidente Iván Duque, quien en ese momento era senador por el Centro Democrático.

Realmente, el autor de la ley fue el Ministerio del Interior, a cargo en ese entonces del exministro Rivera.

El presidente Duque participó en el trámite de este proyecto como uno de los siete ponentes designados, junto a John Jairo Cárdenas, Nancy Denise Castillo, Juan Manuel Corzo, Andrés Cristo Bustos, Antonio del Cristo Guerra y Antonio Navarro Wolff.

En este caso, la afirmación del ministro Palacios es falsa. 

Cero acuerdos cumplidos

Falso

En su trino, el ministro Palacios afirmó: “Gobierno Santos no transfirió un peso en 2017 y 2018, encontramos 0 acuerdos cumplidos”.

Contactamos al equipo de prensa del Ministro para consultarle en qué basó estas afirmaciones, pero no entregaron una respuesta sobre ello.

Para verificar esta declaración, consultamos las actas de seguimiento al cumplimiento de los acuerdos que realiza el Comité del Paro Cívico y hablamos con algunos actores sociales que han liderado la veeduría desde su inicio.

“Sí se avanzó (en ese período), de pronto muy poco, lento, pero no se quedó en ceros. También hay que tener en cuenta que los primeros meses era un tema de construir una metodología, unas rutas; los proyectos no es que estuvieran claros en su estructuración”, señala Alexánder Micolta, quien en ese entonces era el presidente de la Cámara de Comercio de Buenaventura, e hizo parte de las mesas de seguimiento. 

De acuerdo con Micolta, las primeras inversiones correspondieron “a lo que ya se venía trabajando, lo más importante fueron los temas de inversión en acueducto”.

En ello coincide Narcilo Rosero, líder del comité del paro y miembro de la Mesa de Saneamiento Básico:

“Se avanzó en algo, sí. Se fue avanzando lentamente en los temas de acueducto. En esos meses estaba fluyendo en recursos para deporte, para educación, salud y algo de saneamiento básico que ya tenía dineros por un préstamo con el BID que se tramitó en el gobierno de Santos”, explica.

Según Rosero, con los recursos de un préstamo al BID se cumplieron dos de las 13 obras priorizadas del Plan Maestro de Acueducto: “Por esa vía se obtuvieron recursos y se han terminado cuatro obras: las dos plantas de tratamiento de Escalerete (15.000 millones de pesos) y Venecia (8.000 millones de pesos); y los tanques de Venecia II y Loma Alta (39.000 millones de pesos)”.

En octubre de 2018, dos meses después de iniciado el período de Iván Duque, el comité  citó al Gobierno Nacional para presentarle en qué estado se encontraba el cumplimiento de los acuerdos y en qué se debía continuar.

Hasta ese momento, y después de dieciséis meses de firmados los acuerdos, se había avanzado en:

Educación:

Desembolso de 19.000 millones de pesos para el mejoramiento y construcción de aulas en instituciones educativas, entre las que fueron priorizados los colegios I.E. Jaime Rook y José Acevedo y Gómez; además de 15 sedes (nueve en zona rural y seis en zona urbana).

Otro desembolso de 300 millones de pesos para “la formulación del diagnóstico de la infraestructura educativa en Buenaventura”.

Avance en la formulación de una “política etnoeducativa”, diseñada con recursos del Ministerio de Educación y el Departamento Nacional de Planeación.

Ampliación de la planta de docentes en 134 nuevas plazas.

Creación de un fondo local en Ciencia, Tecnología e Innovación, con 500 millones de pesos provenientes del Ministerio de Educación. 

Se realizó un ajuste en el Sistema General de Participaciones para aumentar el valor girado al distrito por la atención de cada estudiante en niveles preescolar, básica y media. El aumento equivale a 25.600 millones de pesos, para un total de 164.000 millones por prestación del servicio educativo; aplicable a partir de 2018.

“Una de las cosas que se habían ya establecido fue el ajuste de la inversión por cada estudiante, algo que se establece por regiones, y se logró la discusión de unos valores, esta fue una asignación que logramos antes de que terminara el gobierno de Santos”, explica el líder Humberto Hurtado, quien fue vocero del Comité del Paro, y hoy es concejal del Distrito.

En materia de educación superior, el documento señala que se recibieron 11.000 millones de pesos para infraestructura en la sede de la Universidad del Valle en el puerto.

Salud:

Desembolso de recursos para adecuación, remodelación y construcción de puestos y centros de salud urbanos y rurales. Entre ellos, 3.500 millones de pesos para el Centro Hospitalario de Puerto Merizalde.

Girados 12.500 millones para la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital Luis Ablanque de la Plata. 

Agua:

En materia de servicio de acueducto, el acta del comité señala que se lograron asegurar recursos, pero su ejecución presentaba en su mayoría retrasos.

Entre los proyectos con recursos disponibles estaba la ampliación de la planta de tratamiento de agua de Venecia, por 8.000 millones de pesos; y de Escalerete, por 15.000 millones.

Aunque se mencionan estos avances, los líderes consultados y el mismo documento publicado en su momento, coinciden en que el cumplimiento era reducido frente a lo que se esperaba. 

“Se presenta una dificultad similar en varias de las mesas en el aspecto de avances de temas priorizados en la fase de planeación, definición y diseño de proyectos, además en los últimos meses del gobierno saliente se registra un estancamiento en seguimiento y avances”, se lee en el acta. 

Con estas cuentas, aunque los líderes consultados advierten que debieron ser más significativas, queda claro que durante el gobierno anterior sí se inició la ejecución de recursos y el cumplimiento de acuerdos, por lo que la declaración del actual ministro Palacios es falsa.

Avances muy lentos

Actualmente, las comunidades de Buenaventura siguen esperando el cumplimiento de la mayoría de acuerdos pactados en el paro cívico de 2017. 

Un informe realizado por el comité del paro en septiembre de 2020, con la participación del Gobierno Nacional, muestra que de 188 proyectos priorizados, solo se habían cumplido nueve, y tres estaban cumplidos parcialmente. “El estado de avance refleja el bajo nivel de cumplimiento de los acuerdos priorizados”, señala el documento. 

Dicho informe se realizó durante la octava comisión de seguimiento, en la que por parte del gobierno asistió el ministro Palacios, quien en ese entonces era el viceministro de Relaciones Políticas del Ministerio del Interior.

“En septiembre hicimos un examen exhaustivo de cada mesa de acuerdos, punto por punto, y encontramos que el cumplimiento no llegaba más allá del 8 por ciento. En los últimos meses hasta hoy ha habido un avance, pero no se llega a un 10 o 12 por ciento”, señala Narcilo Rosero, vocero del comité.

Actualmente se está construyendo un nuevo informe actualizado de cumplimiento. Mientras se publica, la secretaria ejecutiva del comité, Yolanda Echeverry, adelantó a Colombiacheck que el número de acuerdos cumplidos ahora es de 19; y parcialmente cumplidos, sei. Esto equivale a un 11 por ciento de los acuerdos priorizados.

Esto contrario a lo que ha manifestado el ministro Palacios en Twitter, donde ha dicho que se han cumplido ya 45 compromisos del paro cívico.

“Él se equivoca. Está sumando los parciales que han aumentado en febrero, pero no todos los acuerdos son de recursos, sino decisiones políticas, como actualizar cada año el artículo que garantiza el cumplimiento”, dice Echeverry.

El líder Rosero tampoco está de acuerdo con las cuentas del Ministerio: “El gobierno dice otra cosa, pero la verdad es que no supera ese 10 por ciento. Y tenemos documentos de este análisis acuerdo por acuerdo, punto por punto”.

También duda el expresidente de la Cámara de Comercio, Alexánder Micolta: “Él [Palacios] menciona 45 temas chuleados, pero deben ser detalles, porque en los temas gruesos no se han avanzado, solo algunas obras del acueducto”.

Mary Estrada, directora del Comité Intergremial e Interempresarial de Buenaventura, también advierte el bajo cumplimiento de los acuerdos del paro por parte del Gobierno Nacional, tanto del actual como del anterior:

“Hay un cumplimiento muy bajo actualmente. Se ha avanzado en asuntos que pueden ser de trámites o administrativos, pero en materia de inversión de recursos, se ha ejecutado muy poco. Hay un problema y es que los dineros se reciben cuando se tienen los proyectos, y en Buenaventura no hay un equipo estructurador de proyectos que pueda agilizar la presentación de estos para el desembolso de recursos”.

Entre los proyectos que deben iniciar con mayor urgencia, según los voceros del comité del paro, están las inversiones en el acueducto y el alcantarillado del puerto, y se espera avanzar en la construcción de la Ciudadela Hospitalaria, con servicios nivel 3 y nivel 4 que necesita la población del distrito.

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Martes, 21 Febrero 2017

Cristo echa mano del pacto de La Habana para sustentar su reforma política

Por Óscar Felipe Agudelo B.

Aunque no es exacto decir que la reforma política que presentó Juan Fernando Cristo, ministro del Interior, es un mandato del Acuerdo Final pactado en La Habana con las Farc, una interpretación laxa del punto dos permite sostener ese argumento.

Luego de múltiples acusaciones, retractaciones y opiniones respecto a uno de los mayores escándalos de corrupción en el continente: el caso Odebrecht, Juan Fernando Cristo, ministro del Interior, dio a conocer a los medios de comunicación varias propuestas para una eventual reforma política.

Los planteamientos de Cristo, en buena medida, lograron un viraje del discurso público y que la opinión pública dejara de hablar de los sobornos de Odebrecht que han salpicado a las campañas por la presidencia de Colombia en 2014, tanto la de su jefe político, el presidente Juan Manuel Santos, como la de su mayor contendor, Óscar Iván Zuluaga del Centro Democrático.

Varios de los miembros del Centro Democrático, partido de oposición, señalaron que las propuestas de Cristo eran cortinas de humo para tapar el escándalo que tocó las fibras del presidente.

 

 

Anticipando las críticas, el Ministro Cristo dijo que la reforma se basa en un mandato del Acuerdo Final de La Habana que quedó explícito en el punto dos de participación política el cual “plantea que hay que reformar el sistema político colombiano”. Colombiacheck no encontró una referencia literal en el Acuerdo Final pero sí halló un párrafo que permite sustentar su tesis, por eso califica su afirmación como aproximada.

Y aunque no podemos determinar la intención del Ministro al hacer tan importante y polémico anuncio, por la complejidad de sus planteamientos es indiscutible que abrió otro frente de debate en el discurso público colombiano sobre cómo debería ser la próxima reforma política.

 

¿Cuestión de maquillaje?

Cristo propuso eliminar la figura del vicepresidente, permitir que el voto electoral sea desde los 16 años y obligatorio, ampliar a un año más el periodo presidencial (eliminando la reelección), listas cerradas al Congreso, volver a a la figura de la Constitución de 1886 del designado por el Congreso de la República, que el Estado se ocupe de financiar las campañas electorales, entre otras iniciativas.

El principal argumento que dio Cristo para lanzar su propuesta fue que el punto dos del Acuerdo Final negociado en La Habana, el de la participación política, “plantea que hay que reformar el sistema político colombiano”, una tesis que respaldó al enfatizar que “el proceso de paz no puede servir única y exclusivamente en materia política para crear el partido de las Farc o financiarlo. Tenemos que ser conscientes que hay que ir más allá".

 

 

Colombiacheck buscó al Ministro del Interior para conocer en qué parte del punto dos del Acuerdo Final se plantea una reforma al sistema político colombiano y una de sus voceras nos indicó que lo argumentado por él lo podíamos encontrar en las páginas 36, 37 y 38 del texto negociado en La Habana.

Este medio buscó en dichas páginas y no encontró ningún párrafo que de forma literal indique que el sistema político colombiano debe ser reformado. Es más, Colombiacheck buscó la palabra “reforma” en todo el texto del Acuerdo Final y dicha palabra (sumando reforma y reformas) solo aparece una vez en el punto dos. Está en la página 53 bajo el título: “Reforma del régimen y de la organización electoral”.

Por lo demás, la palabra “reforma” está 65 veces en el Acuerdo Final pero en cuanto al punto dos solo aparece una vez, lo que representa un 1.5% del número de veces que la palabra se registra en el acuerdo.

Apariciones de la palabra "reforma" por cada punto del Acuerdo de Paz

¿Por qué sustenta Cristo que su reforma política viene de La Habana?

Es evidente que el punto dos del Acuerdo Final no plantea explícitamente “que hay que reformar el sistema político colombiano”, sin embargo, hay un párrafo que le sirve de salvavidas al Ministro y que aparece en unas de las páginas que refirió su vocera, la número 37.

“Para cumplir con todo lo anterior, se harán las revisiones y los ajustes institucionales necesarios que conduzcan a una plena participación política y ciudadana de todos los sectores políticos y sociales, y de esa manera, hacer frente a los retos de la construcción de la paz”.

Vale la pena acotar que “todo lo anterior” se refiere a un conjunto de consideraciones e ideas que el Gobierno y las Farc acordaron sobre materia de participación política y apertura democrática en las páginas 35 y 36.

En síntesis, el texto no es específico en cuanto a que es imperioso hacer una reforma política pero sí exhorta a hacer revisiones y ajustes institucionales para una plena participación política. Además, el punto dos dio los primeros pasos de una reforma política porque aborda temas como el estatuto de garantías para la oposición, garantías de seguridad, una participación ciudadana en los medios comunitarios y demás, una promoción del pluralismo político, control y veeduría ciudadana, reforma al régimen de organización electoral, entre varios temas.