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Jueves, 24 Junio 2021

Es falso que JEP haya declarado a las FARC ‘inocentes de todo cargo’

Por José Felipe Sarmiento

Un meme que circula en redes sociales hace la afirmación, que no solo es contraria a la realidad sino también desconoce el funcionamiento de esa jurisdicción.

En Facebook y Twitter circula un meme en el que se anuncia que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) declaró “inocentes a las FARC de todo cargo”, ante lo cual agrega: “No entiendo para qué hicimos la paz con un grupo que no ha hecho nada malo”.

Meme dice falsamente que JEP declaró a FARC inocentes de todo cargo

De acuerdo con una herramienta a la que tenemos acceso por el proyecto 3PFC de Facebook, una alianza en la lucha contra la desinformación, la imagen ha sido vista por más de 26.800 personas en esta red social y ha sido compartido 1.800 veces. Más de 600 usuarios lo han hecho desde una publicación de Pablo León Santoro Trujillo, excandidato a la Asamblea del Atlántico por el partido Centro Democrático. 

Por su alta difusión, Colombiacheck verificó el contenido y encontró que es falso. La JEP,  órgano judicial derivado del Acuerdo Final de Paz firmado en 2016, ya imputó a ocho antiguos líderes de la extinta guerrilla por crímenes de guerra y lesa humanidad cometidos al ejecutar por lo menos 21.396 secuestros; tiene abiertos otros casos en contra de exintegrantes de ese grupo armado ilegal y, de hecho, juzga a personas, no a instituciones en general.

El auto de determinación de los hechos por toma de rehenes y otras privaciones graves de la libertad, entre otras conductas contempladas por el Estatuto de Roma que la jurisdicción documentó dentro de su macrocaso 001, fue dado a conocer por la Sala de Reconocimiento el 28 de enero de 2021. Los siete imputados sobrevivientes (uno falleció ese mismo mes) respondieron el 30 de abril con una declaración en la que aceptaron su responsabilidad.

El presidente de la JEP, Eduardo Cifuentes, ha dicho que habrá una audiencia pública de reconocimiento más adelante. “Estos no fueron errores de las FARC. [...] Fueron delitos de lesa humanidad”, señaló el magistrado en un acto de la Comisión de la Verdad para tratar estos crímenes en el que participaron víctimas y victimarios, el 23 de junio.

Como contó Colombiacheck en otro chequeo, la providencia también dejó abierta la puerta a más imputaciones a futuro por el expediente de secuestro. Además, otros cuatro de los siete macrocasos que tiene abiertos, involucran a las FARC: el de reclutamiento forzado y los de situaciones territoriales en Urabá, tres municipios de Nariño y el norte del Cauca y sur del Valle.

Ninguno de estos procesos ha llegado a la etapa de imputación, mucho menos hay sentencias. La JEP tiene un plazo de 15 años, prorrogable hasta por cinco más, para completar sus labores.

En cualquier caso, el Acuerdo de Paz, el acto legislativo que creó el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición al que pertenece la jurisdicción y la ley estatutaria que rige las competencias de esta última son claros en que la institución debe procesar a personas con relación a hechos que puedan constituir delitos relacionados con el conflicto armado interno hasta 2016. No juzga a grupos armados completos y menos por todas sus conductas en un solo conjunto.

En consecuencia, no solo es mentira que la JEP haya declarado inocentes a las FARC, como dice el meme. Además, es una afirmación sin sentido porque no es así como funciona el sistema de justicia transicional.

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Martes, 18 Abril 2017

Las Farc y el narcotráfico: una verdad pendiente de ser contada

Por Sania Salazar

Aunque en el Acuerdo Final no está escrita la palabra delación, las Farc sí se comprometieron a contar la verdad sobre su participación en el narcotráfico, negocio ilícito con el que financiaron su actividad insurgente.

“Nosotros no hemos hecho un acuerdo de delación, sino de sustitución”, aseguró a Noticias Uno Seusis Pausivas Hernández, mucho más conocido como Jesús Santrich, miembro del Estado Mayor Central de las Farc y uno de los negociadores de esa guerrilla.

Colombiacheck solicitó por Twitter y por correo electrónico una entrevista con Enrique Santiago, abogado de las Farc, para pedirle precisión sobre el asunto, pero hasta la publicación de este chequeo no hemos obtenido respuesta.

En el cuarto punto del Acuerdo Final entre Gobierno y Farc, titulado Solución al problema de las drogas ilícitas, se pactó la puesta en marcha de un nuevo Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) en el cual la guerrilla debe contribuir.

Las Farc se comprometieron a ayudar en el proceso de sustitución de cultivos y aunque la palabra delación no aparece en este punto del Acuerdo, si se pactó que los guerrilleros aportarían información para ayudar a establecer la verdad y construir memoria sobre su participación en este negocio ilegal.

“Será compromiso de todas las personas que hayan tenido relación con conductas asociadas a cualquier eslabón de la cadena de los cultivos de uso ilícito y sus derivados, en el marco del conflicto, y que comparezcan ante la Jurisdicción Especial para la Paz, aportar ante la Sala de Reconocimiento de Verdad, de responsabilidad y de determinación de los hechos y conductas de la Jurisdicción Especial para la Paz, los elementos necesarios de los que tengan conocimiento de una manera exhaustiva y detallada, sobre las conductas cometidas y las circunstancias de su comisión, así como las informaciones necesarias y suficientes de las que tengan conocimiento para atribuir responsabilidades. Todo ello debe contribuir a garantizar los derechos de las víctimas a la reparación y a la no repetición”, dice textualmente el Acuerdo.

De este párrafo llama la atención la parte final, donde se refieren a que los excombatientes aporten información suficiente para “atribuir responsabilidades”, en donde podría caber la delación de otros grupos, modo de operar y rutas de trasiego de estupefacientes. Pero depende de cómo se interprete.

En un video de Acuerdos de La Habana, una iniciativa de la sociedad civil para recoger preguntas surgidas de la lectura del Acuerdo, Lucas Peña, sociólogo y magíster en conflicto, seguridad y desarrollo, asegura que “en el punto dedicado a la solución del problema del narcotráfico Las Farc se comprometen explícitamente a cooperar con el Gobierno a establecer y localizar las rutas del narcotráfico y hallazgo del mecanismo de lavado de activos fruto del narcotráfico, pero adicionalmente van a colaborar con el combate contra crimen organizado mediante la provisión de información, mediante el establecimiento de cooperación con las autoridades y otros mecanismos que deben ponerse en marcha”.

Para Jairo Estrada Álvarez, vocero del movimiento político Voces de Paz (movimiento afín, pero no militante de las Farc, que vela por el cumplimiento del Acuerdo Final en el Congreso), la delación no está planteada explícitamente en el Acuerdo Final.

“En el Acuerdo las Farc no se asumen como una organización insurgente dedicada a la producción y al tráfico de drogas, las Farc en ese sentido manifiestan el compromiso de poner fin a cualquier relación que en función de la rebelión se hubiese presentado con ese fenómeno. Si se presentó esa relación es un asunto que será tratado en su momento en la jurisdicción Especial para la paz, que evaluará cada caso”, indicó.

Estrada hizo énfasis en que no se está hablando de la justicia penal en la que se obtienen ventajas por delaciones, que la JEP no es una justicia de castigo sino una justicia transicional que se fundamenta en el ofrecimiento de verdad.

“Se tendrá que ofrecer verdad y los jueces serán quienes evalúen si la verdad ofrecida, primero, es suficiente y exhaustiva, porque la JEP obliga a un ofrecimiento de verdad exhaustivo y detallado. Hay que recordar que si no se ofrece verdad suficiente, no se verán beneficiados por la JEP, uno supone que en este caso las Farc ofrecerán la verdad que tengan sobre sus presuntos vínculos, reales o no, con el narcotráfico. Es más ofrecimiento de verdad que delación”, precisó Estrada, quien además comentó que según la investigación social en las zonas donde ha habido cultivos de uso ilícito la función de la guerrilla ha sido básicamente de cobro de impuestos y de regulación del mercado de hoja de coca.

Para Carlos Montoya, investigador de la Fundación Paz y Reconciliación, la frase de Santrich tiene que ver con no señalar a los campesinos cocaleros, que son el eslabón más frágil de la cadena y que en muchos casos se metieron en el negocio por el abandono estatal, pues la coca resulta más rentable y más fácil de vender que los cultivos lícitos.

El Gobierno ha resaltado esa descriminalización de los campesinos, pues es una de las estrategias para que participen voluntariamente en el programa de sustitución de cultivos.

Para Montoya, habrá que ver bajo qué condiciones están obligados a suministrar información en tanto el narcotráfico quedó como un delito conexo a la actividad política porque era la forma de sostenibilidad del grupo, “pero lo más lógico es que cuando sean llamados ante la justicia tendrán que contar esas situaciones, cuáles eran sus rutas, con quien negociaban e idealmente uno quisiera saber qué empresarios los protegían para el lavado de activos, ese sería el escenario ideal”.

La importancia de combatir el narcotráfico

“El acuerdo sobre drogas ilícitas parte de reconocer que si bien el conflicto armado antecede al narcotráfico, el narcotráfico ha alimentado, ha atravesado y financiado el conflicto armado y que por tanto es necesario una solución contundente”, explica María del Pilar Barbosa, del equipo del Acuerdo sobre drogas ilícitas de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.

La Comisión para el esclarecimiento de la verdad, la convivencia y la no repetición (punto 5 del Acuerdo Final) tiene entre sus mandatos esclarecer y promover el reconocimiento de “la relación entre el conflicto y los cultivos de uso ilícito, la producción y la comercialización de drogas ilícitas, y el lavado de activos derivados del fenómeno del narcotráfico”.

Aunque en el Acuerdo Final no se utiliza la palabra delación, es claro que uno de sus objetivos principales es ofrecer a las víctimas justicia, verdad y reparación. Para establecer la verdad y para determinar las medidas que se deben tomar para garantizar la no repetición es fundamental, en este caso, que las Farc cuente cómo funciona el negocio del tráfico de drogas, una de las formas con que financiaron su lucha armada.