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Jueves, 19 Noviembre 2020

A las fuerzas armadas en Colombia no les han quitado presupuesto, pero sí pie de fuerza

Por Sania Salazar

El exministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, acierta en que el pie de fuerza ha disminuido, pero se equivoca al asegurar que el presupuesto en general también lo ha hecho. Expertos explicaron que se ha reducido el dinero para inversión, aspecto clave.

En un informe de Noticias Caracol del 25 de septiembre sobre las investigaciones disciplinarias que la Procuraduría General de la Nación tiene abiertas contra miembros de las fuerzas armadas, el exministro de Defensa y actual presidente ejecutivo de Probogotá, Juan Carlos Pinzón, aseguró que “a las fuerzas armadas se les ha debilitado desde 2015, tienen menos presupuesto, menos pie de fuerza, menos equipos y por lo mismo menos entrenamiento que el que se tenía antes”.

Colombiacheck contactó a Pinzón a través de Whatsapp y de llamada telefónica, pero no obtuvo respuesta. También se contactó con su equipo de prensa de Probogotá, pero no fue posible hablar con él para saber en qué fuente basaba su afirmación.

Aclaramos que nos centramos en verificar lo concerniente al presupuesto y al pie de fuerza, pues el aspecto de equipos y de entrenamiento es difícil de cuantificar y por lo tanto de verificar. 

Después de revisar el presupuesto y el pie de fuerza que reporta el Ministerio de Defensa  para estas entidades y de consultar a expertos, calificamos la afirmación como cuestionable porque, aunque los presupuestos generales de las fuerzas muestran un aumento general, contrario a lo que afirma Pinzón, lo que aumenta cada año es el dinero para el funcionamiento, y no necesariamente para inversión, un rubro que los expertos consideran clave para el mejoramiento de las capacidades de las fuerzas militares. Además, porque si bien los números le dan la razón a Pinzón en cuanto a la reducción del pie de fuerza, las opiniones de los expertos están divididas en cuanto a si reducir el número de efectivos se traduce necesariamente en debilitar estas instituciones.

En respuesta a un derecho de petición el Ministerio de Defensa le envió a Colombiacheck los presupuestos de cada fuerza (Ejército, Armada y Fuerza Aérea) correspondientes al lapso 2015-2020 que se pueden ver en los siguientes cuadros, y que muestran, en general, un aumento sostenido del presupuesto total.

Presupuesto anual total

*Cifras en millones de pesos

2015: 10’181.375

2016: 10’349.702

2017: 10’578.020

2018: 10’944.650

2019: 11’388.269

2020: 11’564.339

Al mirar en detalle el comportamiento del presupuesto en la parte de funcionamiento se ve ese aumento sostenido, solo se evidencian algunas reducciones al Comando General de las fuerzas militares. No pasa lo mismo con el presupuesto para inversión, en el que son más constantes las reducciones.

En el presupuesto de la Policía Nacional, que aunque tenga armas es considerado un cuerpo civil, se nota la misma tendencia general y en los detalles de los presupuestos de funcionamiento y de inversión.

Presupuesto anual total

*Cifras en millones de pesos

2015: 7’640.090

2016: 8’215.944

2017: 8’538.245

2018: 8’932.032

2019: 9’220.200

2020: 9’701.672

Pantallazo derecho de petición Mindefensa

El equipo de prensa de Mindefensa le indicó a Colombiacheck que el 80% del presupuesto de ese sector se destina para personal y pensiones y reconocieron que los recursos de inversión se han reducido.

Pie de fuerza 

Según datos del Mindefensa, Pinzón tiene razón en que el pie de fuerza ha disminuido, en general, entre 2015 y 2020, al pasar de 451.124 efectivos, entre fuerzas militares y Policía, a 402.308 a septiembre de 2020.

En un boletín de la Contraloría General de la República titulado Pie de fuerza militar y capacidades de las fuerzas militares en la disminución del conflicto y la construcción de la paz 2008-2017, el análisis del periodo 2008-2017 arrojó un mantenimiento de los uniformados efectivos (oficiales, suboficiales, personal en formación en diferentes niveles y soldados de diferentes naturalezas de Ejército, Armada y Fuerza Aérea) hasta el año 2014, pero a partir de ese año evidencia una reducción constante, es decir, la disminución habría empezado antes del lo que dice Pinzón.

“Una comparación entre las FFMM y la Policía Nacional, indica que los militares efectivos ascendieron en 2017 a 237.876 uniformados y la Policía Nacional tiene activos 175.620 uniformados en el mismo año. En el periodo de análisis, mientras las FFMM se han reducido en un 13,3%, la Policía Nacional creció en 34% (44.567 activos adicionales), especialmente en los rangos de alumnos (359%), Nivel Ejecutivo (63%) y Oficiales (55%)”, indica el documento.

El siguiente cuadro, del libro Detrás de la Guerra en Colombia, de Ariel Ávila, muestra una tendencia general del aumento del pie de fuerza tanto en las fuerzas militares como en la Policía en la década del 2000.

Pantallazo libro Detrás de la guerra en Colombia


Inversión, la clave

Pedro Piedrahíta, director de la maestría en estudios políticos y constitucionales de la Universidad de Medellín, y magíster en seguridad y defensa, le dijo a Colombiacheck que si bien es cierto que se ha disminuido el pie de fuerza, eso obedece al contexto específico de la seguridad en el país donde ya no se necesita aumentar el pie de fuerza, tal vez mantenerlo, porque aunque el país tiene todavía muchas amenazas de seguridad, el aumento de pie de fuerza era una fase necesaria que ya se dio en el marco de la política de seguridad democrática.

“No obstante fue una aceleración en el incremento del pie de fuerza que tuvo muchos problemas porque en el afán de tener más personal se cometieron muchos errores en términos de instrucción y entrenamiento y por eso aparecen tantos problemas al interior de la fuerza pública en general, en eso se explica la violencia policial, los falsos positivos. Hay perspectivas que plantean que en el afán de tener muchos se descuidó la calidad”, indicó.

Para Piedrahíta ahora los organismos de seguridad del Estado deben centrarse en mejorar las capacidades estratégicas a nivel internacional y las capacidades de la inteligencia.

El experto aseguró que la inversión en seguridad en Colombia es mínima y aclaró que cuando se habla de inversión se hace referencia a mejorar capacidades de los organismos de seguridad en aspectos como ciencia, tecnología e innovación, mientras que la mayor parte del presupuesto se va en gastos de funcionamiento y de personal, como efectivamente lo muestran las cifras.

Para Piedrahíta no es que exista una política de debilitamiento de las fuerzas armadas, porque debilitarlas o fortalecerlas no solamente depende del personal, pues la cantidad de personal no se traduce necesariamente en que sean fuerzas de alta capacidad, porque, reiteró, las capacidades en temas de seguridad están actualmente dadas sobre todo en la inversión en ciencia, tecnología e innovación y en reestructurar los componentes de instrucción y entrenamiento. Para él tampoco se trata de presupuesto, pues como son menos miembros se gasta menos, la discusión debería ser en cuánto del presupuesto está yendo a mejorar las capacidades.

“Uno de los grandes problemas de las fuerzas armadas en Colombia tiene que ver con la instrucción y el entrenamiento porque sigue primando el enfoque del enemigo interno comunista en la formación de policías y de militares, estamos formándolos bajo las mismas doctrinas del siglo XX y eso no puede ser posible. Necesitamos una mayor especialización de las fuerzas militares y la especialización de las fuerzas armadas en el mundo hoy está asociada a los derechos humanos”, aseguró.

Jean Carlo Mejía, profesor de las universidades Nacional y Católica de Colombia y experto en derecho operacional, resaltó que él viene llamando la atención sobre ese debilitamiento de la fuerza pública desde 2015 en eventos académicos, pues considera que desde ese momento se empezó a reducir el pie de fuerza.

Mejía coincidió con Piedrahíta en el poco dinero que se destina a inversión, es decir, en los medios que se necesitan para cumplir de una mejor manera la misión de esas instituciones. Además, considera que cuando más se necesita una fuerza pública fuerte es cuando más se ha debilitado, pues las fuerzas armadas más fuertes de la historia contemporánea deben ser las del posacuerdo.

El profesor también afirma que la desconfianza y la mala imagen de las fuerzas armadas es coyuntural y muy específica, “eso viene desde 2013, momento desde el cual se ha incrementado un descontento en el mundo, lo que obviamente tiene una repercusión en Colombia y los gobiernos no han sabido enfrentar las protestas sociales, carecen de políticas claras para manejar el orden público”, concluyó.

Aunque el asunto del pie de fuerza parece ser de percepción, los expertos sí coinciden en que la clave para el fortalecimiento de las fuerzas armadas es destinar más dinero al rubro de inversión, que es la parte que sí ha sufrido reducciones en el periodo señalado por Pinzón.

 

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Lunes, 27 Febrero 2017

¿Un ‘orangután’ para favorecer a militares se está colando en JEP?

Por Sania Salazar

Integrante de Voces de Paz, movimiento político de las Farc que acompaña la implementación del Acuerdo Final, asegura que en el proyecto de acto legislativo sobre la JEP que estudia el Congreso, hay una modificación a la regulación de responsabilidad de mando que no debería estar allí. Se une a otras voces que señalan fallas en dicho proyecto.

En la cuenta de Twitter del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, @movicecol destacaron hace un par de semanas una frase de Judith Maldonado, vocera del movimiento político Voces de Paz en el Senado, sobre la responsabilidad de mando.

Se trata de un aspecto algo técnico, pero relevante, de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, que ha causado polémica.

Maldonado criticó que en el proyecto de acto legislativo que crea la JEP se hubiera incluido un capítulo sobre responsabilidad de mando.

 

 

Después de revisar documentos y consultar a expertos Colombiacheck califica la afirmación como ligera, pues técnicamente el capítulo se puede incluir.

Pese a esta calificación, es importante esta denuncia y la atención la avalancha de críticas sobre la orientación que se le está dando a esta regulación que, según expertos consultados, buscaría favorecer a los militares y, de rebote, podría abrir la puerta para que la Corte Penal Internacional inicie investigaciones en Colombia sobre la implementación del Acuerdo Final.

¿Por dónde se está colando ese ‘mico’?

Llamamos a Maldonado y nos explicó que se refiere, específicamente, al capítulo 7, artículos 21, 22 y 23, del acto legislativo sobre la JEP que están discutiendo actualmente en el Congreso.

“En la página 279 del Acuerdo Final dice que Gobierno y Farc concertaron diez puntos que debe llevar el acto legislativo de la Jurisdicción Especial para la Paz y ahí no se encuentra ninguna mención a que se resuelva la responsabilidad de mando, en cambio a esta se hace mención en el acto legislativo que ya está en discusión en el Congreso”, especificó Maldonado.

Para comprender mejor el asunto hay que entender, primero, qué es responsabilidad de mando.

¿Eso con qué se come?

Rodrigo Uprimny, investigador de Dejusticia, explica así el concepto en una columna publicada en El Espectador: “es una figura del derecho internacional que existe desde hace décadas y que establece cuándo un comandante militar debe responder por las atrocidades cometidas por sus subalternos. La tesis central es que, incluso si el comandante no ordenó las atrocidades ni participó en ellas, debe responder por los actos cometidos por sus subalternos si, pudiendo hacerlo, no evitó que éstas ocurrieran o se abstuvo de sancionar a los responsables”.

“El rechazo a este capítulo se debe a que no está incluido en el punto 5 del Acuerdo Final y tampoco en el acuerdo específico de lo que debe contener el acto legislativo y a nosotros eso nos parece un abuso”, detalló Maldonado.

Diana Güiza, investigadora de Dejusticia, explicó que aunque el Acuerdo no establece que el tratamiento a Fuerza Pública debe incorporarse a la reforma constitucional que cree la JEP “eso no es obstáculo para que esa reforma constitucional lo incluya. No hay motivo”.

Un acto legislativo, como lo explica la Misión de Observación Electoral, MOE, es “una norma expedida por el Congreso de la República que tiene por objeto modificar, reformar, adicionar o derogar los textos constitucionales”.

Colombiacheck revisó la página 279 del Acuerdo Final firmado por el Gobierno y las Farc, allí no encontró menciones específicas a la responsabilidad de mando, como lo asegura Maldonado.

El siguiente paso fue mirar el texto definitivo aprobado en sesión plenaria de la Cámara y, efectivamente, en el capítulo 7, artículo transitorio 23, se determinan cuatro situaciones para aplicar la responsabilidad de mando. Ese texto se está discutiendo también en el Senado, donde pasó a último debate.

“El capítulo siete que nos quieren meter ahí es por cuestión, me imagino, de los intereses de los militares, del Ministerio de Defensa. El debate candente está, sobre todo, en la responsabilidad de mando, porque ellos quieren que esta se haga efectiva cuando ocurran simultáneamente cuatro condiciones que no están en el derecho penal internacional, la responsabilidad de mando está en el artículo 28 del Estatuto de Roma y es todo lo contrario”, precisó Maldonado.

Hay que mencionar que Colombia firmó el Estatuto de Roma en 2002, lo que quiere decir que el país se debe regir por este.

Maldonado criticó además el hecho de que inicialmente, la responsabilidad de mando estaba redactada de manera exacta tanto para las Farc como para miembros de la Fuerza Pública en el Acuerdo entre Gobierno y Farc, "ambas remitían al contenido del artículo 28 del Estatuto de Roma, pero un día antes de la firma de dicho Acuerdo en el Teatro Colón, el Gobierno modificó unilateralmente el texto sobre la remisión al artículo 28 para militares", aseguró.

Unos a favor, otros en contra

“Es verdad que no hay ninguna referencia expresa al Estatuto de Roma, entre otras cosas, porque no hay ninguna obligación de aplicarlo directamente”, explicó el exministro de Justicia, Yesid Reyes, en el programa Semana en Vivo y añadió que lo que se debe hacer es respetar los estándares internacionales.

“Los requisitos del artículo 28 del Estatuto de Roma están perfectamente contenidos en la Jurisdicción Especial para la Paz con términos distintos”, sentenció.

En la orilla opuesta está Dejusticia, Centro de estudios de derecho, justicia y sociedad que ha llamado la atención sobre tres inconsistencias en la regulación de la responsabilidad de mando que explican en el video que está en el siguiente trino:

https://twitter.com/Dejusticia/status/832585810998345730

“El problema que tiene la regulación con relación a los miembros de la Fuerza Pública es que se establecen cuatro criterios, como por ejemplo tener mando formal sobre el territorio, como tener la posibilidad formal y material de dar órdenes, son criterios razonables, pero el error es que dicen que para comprobar la responsabilidad de mando tienen que concurrir simultáneamente los cuatro criterios, pero eso no es lo que dice el derecho internacional, eso es contrario al derecho internacional”, indicó Uprimny.

El investigador advirtió que la responsabilidad de mando es un deber que existe en el derecho internacional y que si no se reconoce en la reforma constitucional y no se regula adecuadamente, esto es, conforme al derecho internacional, habrá una debilidad del proceso de justicia transicional en Colombia y se abre el camino para que la Corte Penal Internacional intervenga en el país.

Se está tratando de legislar en contra los acuerdos de paz y contra las obligaciones internacionales del Estado colombiano, creo que ha habido una presión indebida de parte de los militares activos”, aseguró Alirio Uribe, Representante a la Cámara por el Polo Democrático, en el programa Semana en Vivo antes mencionado.

La senadora Claudia López, del Partido Alianza Verde, también ha criticado que el texto que se discute en el Congreso no va acorde con lo que dispone el derecho internacional sobre responsabilidad de mando.

 

 

¿Por qué es importante la responsabilidad de mando?

Uprimny lo explica en la misma columna antes mencionada: “Que la JEP aplique adecuadamente esta responsabilidad del mando, tanto frente a la guerrilla como frente a agentes estatales, es fundamental no sólo para evitar la impunidad de quienes incurrieron en esta responsabilidad, sino además para dar solidez jurídica al proceso de paz”.