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Verdadero

Lunes, 13 Agosto 2018

María Victoria Angulo no ocultó la contratación de la empresa de las pechugas de 40.000 pesos

Por José Manuel Cuevas

Las redes sociales le cobraron a la nueva Ministra de Educación la polémica de finales del año pasado del contrato que la Secretaría de Educación de Bogotá firmó con Coosuacol.

La ibaguereña María Victoria Angulo pasó en julio de encabezar la Secretaría de Educación de Bogotá a ser nombrada nueva ministra de Educación por el entonces presidente electo, Iván Duque.

En medio del repaso de la hoja de vida de Angulo que hicieron los medios tras su nombramiento, muchas personas compartieron una imagen de diciembre que publicó el medio 180° a la verdad (presente sólo en redes sociales).

Imagen viral sobre María Victoria Angulo

La imagen recordaba que, en su paso por la Secretaría de Educación de Bogotá, Angulo había adjudicado un contrato para la alimentación de los colegios de la capital a la Cooperativa de Suministros de Alimentos de Colombia (Coosuacol).

En la imagen, además, se asegura que “la representante legal de esta cooperativa es la misma que cobró pechugas de pollo a 40 mil pesos para la alimentación de los niños en Cartagena” y que “a pesar del escándalo, Angulo señala que la cooperativa cumplió todos los requisitos para ganar la licitación”.

Colombiacheck investigó y encontró que estas afirmaciones son VERDADERAS.

En efecto, en noviembre del año pasado la Contraloría denunció el sobrecosto en un contrato de Coosuacol por suministro de alimentos pero en Cartagena, que incluía la compra de pechugas de pollo a 40.000 pesos por unidad.

Con el escándalo en la opinión pública, después se supo que en Bogotá se le había adjudicado el 30 de noviembre un contrato para el suministro de alimentos de los colegios públicos a Coosuacol, Consorcio Logístico Catalimentos 2017, UT MS 3-60, Aerodelicias LTDA, Fabio Doblado Barreto, UT Agrosocial II y a UT Unidos por los niños de Bogotá.

El contrato mediante licitación, que se hizo a través de Colombia Compra Eficiente (organismo creado para unificar los procesos de la contratación pública) es, como dice la imagen que circula por redes sociales, por 177.461 millones de pesos. Además, tiene una vigencia mínima de 24 meses (de enero de este año a diciembre de 2019).

Frente a los cuestionamientos, en particular a los de la videocolumna La Pulla del periódico El Espectador, María Victoria Angulo aclaró a mediados de diciembre mediante una carta en el mismo diario que, aunque hubiera investigación, Coosuacol no había sido sancionada, con lo cual no había impedimento para su contratación.

No obstante, RCN reveló también en diciembre que Coosuacol tenía el mismo NIT (800185713-9, registrado en la Cámara de Comercio de Cartagena) de la antigua Cooseheroica, empresa que había contratado con la Alcaldía de Bucaramanga en marzo de 2014 y que la Contraloría denunció en ese entonces por haber encontrado alimentos en descomposición, entre otras irregularidades.

Si bien no hubo sanción, de acuerdo con su resolución 2018330002485 del 10 de abril de 2018, la Superintendencia de Economía Solidaria intervino Coosuacol para “administrar los bienes, haberes y negocios”, por deficiencias en el cumplimiento de requisitos legales para su funcionamiento, que van desde actas incompletas hasta inconsistencias en su estructura financiera.

Sin embargo, en la revisión de la entidad a la actividad de la empresa en los dos últimos años, el documento señala que el contrato con la Secretaría de Educación de Bogotá “es operado en condiciones normales y (...) se tiene evidencia de una buena gestión en su ejecución”.

El Programa de Alimentación Escolar, tarea difícil

El escándalo de las pechugas de 40.000 pesos no es un hecho aislado. En varios colegios y sedes del ICBF se han denunciado sobrecostos en contrataciones, así como escasez y mala calidad en los alimentos. Todo esto ha puesto en la mira la implementación del Programa de Alimentación Escolar (PAE).

Incluso la Contraloría General de la República afirmó informe de gestión que pudo “evidenciar las falencias (…) en cuanto a valores de las raciones, sobrecostos y falta de objetividad en la selección de los contratistas”.

De hecho, el contralor general Edgardo Maya se pronunció sobre el tema el pasado 2 de agosto en en medio del lanzamiento del libro de la Contraloría Una mirada a las políticas públicas de Colombia 2014-2018, pidiéndole a María Victoria Angulo que, en su nuevo cargo como ministra de Educación, le hiciera reformas estructurales al PAE.

Con esas reformas estructurales se busca corregir la falta de ejecución de los recursos del programa, que según el documento se debe, “por una parte, a situaciones inherentes a la prestación del servicio (calamidades públicas, ausentismo de los niños, condiciones climáticas o geográficas que impiden llevar los alimentos) y, por otra, a debilidades en la unificación y articulación de recursos, en la planeación financiera y en los procesos de presupuestación, como se ha mencionado”.

Según el máximo órgano de control fiscal, el PAE ha presentado irregularidades en 17 departamentos, afectando la salud de unos ocho millones de niños.

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Jueves, 06 Febrero 2020

Médico que mató a tres asaltantes no ha sido condenado a 90 años de cárcel

Por Ana María Saavedra

En redes sociales se asegura que el ciudadano que mató a tres supuestos asaltantes en un puente peatonal en Bogotá fue detenido y “en tiempo récord” un juez lo condenó a 90 años de prisión. Pero esto es falso. El hombre no está capturado y mucho menos sentenciado. 

Este es el mensaje que circula:

“Noticia de última hora, la justicia colombiana, ha desplegado un inmenso operativo y en menos de 45 minutos a capturado al ciudadano que último a estos ladrones, en tiempo record a recopilado las pruebas y la fiscalía general de la nación, ágilmente le ha imputado cargos por magnicidio(al ser tres los bandidos muertos), un juez de control de garantías en su infinita sabiduría a declarado legal esta captura y ah condenado al ciudadano a 90 años de cárcel, motivado en que nadie debe tomarse la justicia por su mano, con esto crea un ejemplo para que ningún ciudadano de bien vuelva a defenderse y quitarle la vida a unos indefensos delincuentes”. (sic)

Consultamos la Fiscalía, a través de su oficina de prensa, acerca del caso y nos informaron que el médico no está detenido. Además, nos enviaron un audio de una entrevista en la que el fiscal general, Francisco Barbosa, explica cómo va el caso.

Barbosa aclara que actualmente están en las valoraciones de los elementos de prueba recaudados y haciendo una valoración del marco normativo de las diversas disposiciones que regulan el porte de armas. 

Con este análisis jurídico, agrega el fiscal, pueden tomar las siguientes decisiones: “disponemos el archivo de la indagación, no se ha hecho; solicitamos la preclusión de la investigación, no se ha hecho, o formulamos alguna imputación, tampoco se ha hecho”.

Es decir que la Fiscalía aún no ha solicitado la captura ni le ha imputado cargos al médico.

De otro lado, al revisar el mensaje que circula en redes encontramos varios datos falsos del sistema penal acusatorio colombiano. 

El primero es que un juez de control de garantías no dicta sentencia, como se indica en el Código de Procedimiento Penal.

Estos jueces son los encargados de dirigir las audiencias preliminares, hacer legalizaciones de captura o de allanamientos, imputar cargos por parte del fiscal y resolver la petición de la medida de aseguramiento.

La etapa del juicio oral y de la sentencia está a cargo de un juez de conocimiento. Así el imputado haya aceptado los cargos en la formulación de imputación, la condena no se da de forma inmediata. Luego de la aceptación, que se realiza ante un juez de control de garantías, el caso pasa a un juez de conocimiento, quien, en otra audiencia, verifica la legalidad del allanamiento a cargos y dictar sentencia.

Otro dato falso es el supuesto crimen de “tomarse la justicia por su mano”. En casos de asesinatos, en el Código Penal colombiano solamente están tipificados el genocidio, feminicidio y homicidio, los cuales pueden tener circunstancias de agravación.

Asimismo, en la legislación colombiana el límite para penas de prisión es de 60 años, como lo indica el artículo 31 del Código Penal Colombiano.

Con todos estos elementos concluimos que es falso que el hombre que mató a tres supuestos asaltantes en un puente de Bogotá haya sido condenado a 90 años de prisión.