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Viernes, 06 Agosto 2021

“Matrícula Cero es la mayor conquista social educativa de Colombia”

Por Mónica Ospino Orozco

Este chequeo hace parte del especial sobre el discurso del presidente, Iván Duque, en la instalación de las sesiones ordinarias del Congreso el 20 de julio de 2021.

Entre el balance de logros que el presidente, Iván Duque, hizo manifiestos en el discurso que pronunció en la instalación del Congreso de la República el pasado 20 de julio, estuvo una frase con la que resaltó su gestión, en uno de los que ha sido punto clave de conflicto en lo que va de su gobierno, y se trata de la educación y la inversión en ella.

Duque aseguró al respecto que: “esta gratuidad en la educación universitaria, técnica y tecnológica pública prometida en campaña y que interpreta un anhelo de décadas es la mayor conquista social educativa que ha alcanzado Colombia y juntos la dejaremos para siempre en nuestro país”.

 

En particular, el presidente Duque se refería al recientemente anunciado programa de Matrícula Cero, que contempla  “destinar nuevos recursos, que permiten que el 97 % de los estudiantes de educación pública superior, en los niveles técnico, tecnológico y universitario, de estratos 1, 2 y 3, tengan matrícula gratuita para segundo semestre de 2021 y durante el año 2022”, de acuerdo con lo que publicó el Ministerio de Educación en este boletín de prensa.

Por esas razones decidimos ponerle la lupa a estas afirmaciones del presidente Duque, pues el tema de la matrícula gratuita ha sido un reclamo recurrente en las más recientes protestas sociales de noviembre de 2019 y abril de 2021.

El pasado 10 de mayo, durante una visita a Cali, que en ese momento padecía los efectos de las prolongadas protestas por causa del paro nacional, el presidente Duque anunció el programa de Matrícula Cero con el que pretendió bajar la presión de los jóvenes que permanecían en las calles.

Duque, aseguró entonces, de acuerdo con esta nota de registro del diario El País de Cali: “Sabemos que la pandemia ha traído muchos efectos negativos en el ingreso de las familias y, por lo tanto, muchas familias expresaron la necesidad de poder tener un mecanismo para ayudar a cubrir los gastos de la educación y la educación técnica y tecnológica pública para nuestros jóvenes”.

Y a renglón seguido precisó que, “por primera vez en la historia, el 97% de estudiantes de educación pública superior, técnica y tecnológica, de estratos 1, 2 y 3, tendrán matrícula gratuita para el segundo semestre de 2021”, como quedó registrado en este video de Instagram en la cuenta del presidente Iván Duque:

 

Posteriormente, a mediados de junio el Ministerio de Educación confirmó que este programa se extendería ya no solo al segundo semestre de 2021 sino también a los dos semestres de 2022 y que se buscaría convertirlo en un programa permanente.

“A través del Fondo Solidario para la Educación, creado mediante el Decreto Legislativo 662 de 2020, el Gobierno Nacional asignará recursos adicionales, que se sumarán a los ya destinados a través de programas para el acceso y permanencia como Generación E, y otros programas del Gobierno Nacional y los gobiernos territoriales, que permitirán que los estudiantes de programas de pregrado de las IES públicas, a lo largo del país, cuenten con gratuidad en el valor de la matrícula a partir del semestre entrante, durante el 2022, y se trabaja para lograr que sea una política permanente, que beneficie a los jóvenes más vulnerables del país”, precisa este boletín de prensa del Ministerio de Educación del 16 de junio de 2021.

No es la mayor conquista social educativa de la historia de Colombia

Consultamos con varios expertos y analizamos los datos disponibles, hasta ahora, de este programa y encontramos que Matrícula Cero está lejos de ser “la mayor conquista social educativa que ha alcanzado Colombia”, como lo afirmó Duque en su discurso del 20 de julio de 2021, ya que el impacto de la gratuidad para la educación preescolar, básica y media es mucho más relevante, pues cubre a un poco más de 8 millones de niños, niñas y jóvenes en todo el país.

Y es que las cifras de Matrícula Cero, según los propios cálculos del Ministerio de Educación, son que beneficiará a “cerca de 695 mil jóvenes de estratos 1, 2 y 3, que representan el 97% de los estudiantes de pregrado de las Instituciones de Educación Superior pública”.

Además, por ahora, su vigencia se limita a este último semestre de 2021 y los dos de 2022.

En detalle y de acuerdo con el viceministro de Educación Superior, Maximiliano Gómez, Matrícula Cero será para “todos los jóvenes que estén matriculados en una institución de educación superior pública (en cualquiera de las 63 que hay en todo el territorio nacional) solo deben tener como único requisito estar matriculados y pertenecer a los estratos 1, 2 o 3”.

“El único requisito es estar matriculado en un programa de educación superior y también se aplicará para los jóvenes que se matricularán para el 2022; es decir, quienes hayan culminado su bachillerato e inicien sus carreras. Son todos los que están estudiando actualmente y quienes lo harán en el 2022”, explicó el Viceministro en este artículo de Radio Nacional.

Y de acuerdo con el Mineducación, “salvo casos excepcionales, la estrategia cubrirá a los estudiantes nuevos y antiguos matriculados en todas las 63 IES públicas. También a estudiantes que soliciten reintegros, traslados, transferencias u otras figuras académicas, siempre y cuando se matriculen para el periodo 2021-2”.

Pero es que además, las cifras de absorción de educación superior en Colombia son desalentadoras, pues de acuerdo con este artículo de Francisco Cajiao, escrito para Razón Pública, “casi 500.000 jóvenes finalizan el bachillerato cada año, pero apenas 192.000 ingresan de inmediato a la educación superior: 308.000 jóvenes quedan fuera del sistema, o sea que cada cinco años tenemos millón y medio de personas entre 18 y 23 años que deben solicitar trabajo no calificado”.

“Aproximadamente el 51% de los 192.000 jóvenes que continúan sus estudios opta por instituciones universitarias, técnicas y tecnológicas de carácter público; el 49% restante se matricula en centros privados”, precisa Cajiao.

En el contexto de las cifras netas, es sin duda más grande el impacto de la gratuidad educativa para los niveles de preescolar, primaria y media, que fue establecida por el decreto 4807 de diciembre 11 de 2011, y que cubre hoy a 8.077.702 millones de estudiantes de las instituciones educativas oficiales en todo el país, de acuerdo con los registros del Sistema Integrado de Matrículas, SIMAT.

Cabe resaltar además que en Colombia aún hay un 35% de personas entre 24 y 35 años que de acuerdo con un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) del año 2016 no cuenta con grado de bachiller, lo que indica que el 65% de los colombianos sí logra culminar la educación media. 

“En promedio, para los países miembros de la OCDE, alrededor del 17% de los adultos entre 25 y 34 años en el año 2104 no contaban con título de bachiller. Los datos varían de forma considerable entre países: en Corea (Sur) prácticamente el 97% de las personas en ese mismo rango de edad se habían graduado de bachilleres, mientras que en España, por ejemplo, sólo el 65% tenían dicho grado”, dice esta reseña de Compartir Palabra Maestra.

 Para el profesor Moisés Wasserman, exrector de la Universidad Nacional, los “logros que son muy destacables y de gran impacto a mi juicio en la educación nacional son: la cobertura en educación básica que ya hoy en el país es casi completa y gratuita, eso es extraordinario y también es un importante logro el aumento de la cobertura en educación superior. Pues en 50 años pasamos del 4% al 52% lo que también es extraordinario, en un contexto en el que los logros educativos no suceden de un día para otro”.

“En realidad lo que hace Matrícula Cero es subsidiar un poco más a los que ya están bastante subsidiados en la educación superior pública que son los estratos 1, 2 y 3, y aunque está bien mejorar las condiciones de los estudiantes, el problema grande no está en aquellos que lograron pasar los exámenes de admisión y conseguir uno de los muy limitados cupos que ofrece la universidad pública, sino entre el grupo bastante importante que no lo logra”.

La opinión de Wasserman se sustenta además con datos como que “la tasa de cobertura bruta en educación superior en Colombia es similar al promedio de América Latina, pero se encuentra 21 puntos porcentuales por debajo del promedio de las economías de la OCDE (72,8 % en 2017)”, según registra este informe 2019- 2020 del Consejo Privado de Competitividad.

 

 

Gráfico tomado del diario La República, en el informe Matrícula cero para estratos 1, 2 y 3 en el segundo semestre costará $600.000 millones, publicado el jueves 13 de mayo de 2021.

Para el analista educativo y profesor de la Universidad Tecnológica de Bolívar, Ángel Pérez, “si vemos la tasa de cobertura, lo que queda claro es que casi el 50% de los jóvenes del país no acceden a la educación superior, pero lo que es aún más grave es que más del 60% de los bachilleres de los colegios oficiales no llega a la educación superior y ese es un problema muy grave porque son muchachos que van a la educación básica y media sin esperanza, sin sueños. Por eso hay que incrementar los cupos y la cobertura y si al menos el 60% de los jóvenes de los colegios oficiales lograrán llegar a la educación superior”.

En esta editorial escrita para la página web de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, su rector, Jaime Leal Afanador, aseguró que “si bien es loable la decisión del Ejecutivo en la medida que atiende los intereses de una juventud que hoy no escapa de la desesperanza por su futuro cercano, mientras dicha iniciativa no sea una política de Estado que garantice la financiación permanente, su impacto real no se verá reflejado en un proceso efectivo, pertinente y de fomento a la calidad”.

Precisa Leal Afanador que “mal se actúa si la visión sobre la gratuidad educativa es cortoplacista sin afianzar la necesaria garantía de una Ley de Estado que impulse tal derecho al acceso y permanencia en la educación superior de todos los jóvenes colombianos del hoy y del mañana y que, además, incorpore la conectividad como un derecho de todo ciudadano”.

Entre tanto, el profesor Andrés Felipe Mora Cortés, director del Centro de Pensamiento en Políticas Públicas de Educación Superior de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), apunta a otro problema de la educación pública y es el desfinanciamiento de las universidades.

“La Matrícula Cero no tiene como propósito aumentar la cobertura. No resuelve el problema estructural de desfinanciamiento de las universidades públicas, que ha superado los 18 billones de pesos. Este es un alivio para los estudiantes, mas no para las universidades como instituciones, pues estas deben pagar el costo real de un estudiante” explicó en esta entrevista concedida a UN Periódico Digital.

La dirigente estudiantil Jennifer Pedraza considera que “Matrícula Cero es un paso positivo, sin duda, pero no es el más importante que se ha dado en términos de educación en Colombia. Creo que en los últimos años, por ejemplo, lo que se pactó en el 2018 que implica un aumento a la base presupuestal de las universidades porque el hecho de que los incrementos acordados en ese año implican que por ley se tienen que crecer, por mínimo, lo de la inflación y eso sí es un aporte estructural. Matrícula Cero se mantiene, por ahora, como un programa de gobierno y porque además tiene muy poco alcance”.

Así que tras este análisis y las evidencias presentadas concluimos que es falso que el programa de Matrícula Cero del gobierno Duque sea la mayor conquista social educativa de Colombia, como lo afirmó en su discurso ante el Congreso el pasado 20 de julio, pues el impacto que significa frente a otras políticas previas como la gratuidad educativa es mucho menos significativa. 

 

 

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Jueves, 05 Agosto 2021

La obstrucción de vías “es un delito”; los bloqueos “no hacen valer ningún derecho”

Por José Felipe Sarmiento

Este chequeo hace parte del especial sobre el discurso del presidente, Iván Duque, en la instalación de las sesiones ordinarias del Congreso el 20 de julio de 2021.

Uno de los puntos principales del discurso del presidente de Colombia, Iván Duque, en la apertura de la cuarta y última legislatura del actual Congreso fue su crítica a las manifestaciones contra su gobierno. En particular, se refirió a los bloqueos de esta manera:

“Como sociedad, debemos entender que el derecho a la protesta pacífica se protege, se respeta y se garantiza. Pero no existe el derecho a interrumpir las oportunidades de vida de los demás. No existe el derecho a impedir que una persona llegue a su trabajo, acceda a los servicios de salud o se le prive de tener comida en su mesa, esa obstrucción es un delito, sin ambivalencias, sin licencias morales. Y, óiganmelo bien, los bloqueos no son cortes de ruta; los bloqueos son cortes de vida, no hacen valer ningún derecho, solo hacen valer la ambición de los agitadores que se quieren beneficiar del caos”.

Colombiacheck verificó esta afirmación dentro de un especial en el que también revisamos otras frases de su intervención. En el chequeo de esta se encontró una mezcla de datos ciertos con otros que no lo son, por lo que la calificación de lo dicho por Duque sobre estas formas de protesta es cuestionable.

Por un lado, es cierto que existe el delito de obstrucción de vías y que su definición corresponde a grandes rasgos con los hechos descritos en principio por el mandatario. En la entrevista reciente que le hizo El Espectador, publicada el 24 de julio, incluso fue más específico al referirse al mismo tema: “Nuestro Código Penal, en el artículo 353, es diáfano”.

No obstante, la contracara es que no todos los bloqueos encajan en esas características, ni siquiera la mayoría, sino que corresponden a expresiones de derechos protegidos por la Constitución, aspecto que el jefe de Estado pretende desconocer de forma explícita.

El delito sí existe

Como lo explicó Colombiacheck en un chequeo de mayo de 2021, el Código Penal sí incluye la conducta de “obstrucción de vías que afecte el orden público” desde 2011. Para que se configure como delito, el Artículo 353A (Duque se descachó por la A) establece que el bloqueo debe hacerse “por medios ilícitos” y “de tal manera que atente contra la vida humana, la salud pública, la seguridad alimentaria, el medio ambiente o el derecho al trabajo”.

Además, la Corte Constitucional avaló esta penalización en la sentencia C-742 de 2012, luego de que fuera demandada. El tribunal consideró que el texto limita claramente las circunstancias a protestas violentas y, por tanto, no viola el derecho a manifestarse públicamente de forma pacífica.

Justamente este último es el que el presidente dice proteger, respetar y garantizar al tiempo que niega la posibilidad de hacerlo por medio de bloqueos en general. Ahí está el problema: esa generalización que estigmatiza todas las obstrucciones de vías como si cumplieran con las características propias del delito tipificado en el Código Penal es errónea.

Bloqueos como protesta

Tanto en el chequeo anterior sobre los bloqueos como delitos como en un explicador de 2020 sobre la protesta social, Colombiacheck ha citado voces expertas para señalar el límite en el que las obstrucciones de vías pueden empezar a considerarse delitos y pierden la protección como manifestaciones pacíficas. Así, la evaluación debe hacerse caso a caso y no de manera general, como lo plantea Duque.

Para la constitucionalista Catalina Botero Marino, exrelatora para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la protesta “es naturalmente disruptiva” y por eso es normal que tenga ciertas consecuencias. “Utilizar la fuerza para impedir que la protesta social bloquee una calle no es legítimo porque eso disuelve la protesta”, señaló en el citado explicador.

El politólogo Víctor Barrera Ramírez, investigador del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep), también dijo en ese entonces que el límite se debe dar cuando “haya un estado real de cosas donde haya una afectación muy explícita e intolerable de la seguridad y la integridad física de las personas”. Es decir, de nuevo, que no se puede partir de una hipótesis general para disolver las manifestaciones.

Por otra parte, el penalista Andrés Garzón Roa aclaró en el chequeo de mayo que el “camino del tipo penal” se empieza a recorrer “cuando el bloqueo es violento y prolongado” de modo que pone en riesgo, por ejemplo, la vida o la salud de quienes no participan en él. Una vez más, advirtió que estos no son todos los casos.

El abogado también señaló que la movilidad de las personas ajenas a la manifestación no es un derecho que, al ser afectado, permita justificar la tipificación penal por sí solo. De esta forma, también coincidió en que la protección constitucional a la protesta sí puede cobijar los bloqueos en la mayoría de los casos.

Protesta como derecho

Al contar con la protección constitucional como formas de protesta pacífica, salvo en los casos específicos en los que desbordan esos límites y empiezan a caer en el delito de obstrucción, los bloqueos sí pueden constituir la expresión de derechos fundamentales. El presidente negó esto en su discurso.

En otro chequeo reciente, Colombiacheck profundizó sobre la existencia del derecho a la protesta. Si bien este no está escrito literalmente en la Carta Política, las jurisprudencia sí lo ha reconocido de forma expresa, pues está incluido en el de reunión y manifestación pública pacífica y el de libertad de expresión, entre otros.

Esto ha sido determinado, por ejemplo, por la Corte Constitucional en la sentencia C-009 de 2018 y por la Suprema de Justicia en el fallo STC 7641 de 2020. Este último fue el que surgió de una tutela interpuesta por la represión contra el Paro Nacional de finales de 2019.

En la providencia, la Sala de Casación Civil del alto tribunal aclaró que “no todo acto desafiante constituye violencia y, en esa medida, tal conducta está bajo amparo del derecho a la protesta”. Incluso le ordenó al gobierno expedir un estatuto para proteger este derecho, lo que resultó en el Decreto 003 de 2021.

El profesor Fabio Pulido Ortiz, director de la Maestría en Derecho Constitucional de la Universidad de La Sabana, incluso dijo que la protesta también “combina” otros derechos fundamentales. En particular, mencionó las libertades de expresión y asociación así como el ejercicio y control del poder político.

Lo mismo se considera a nivel internacional. Así lo reflejan informes de la CIDH y de relatores especiales de las Naciones Unidas al respecto. “El derecho a la protesta social es un ejercicio del derecho a la manifestación que sí está consagrado en las convenciones y en las obligaciones internacionales”, dijo la presidenta de la Comisión, Antonia Urrejola, en W Radio el 27 de mayo de 2021.

En resumen, Duque tiene razón en que las obstrucciones de vías que impiden ir al trabajo, acceder a la salud o abastecerse de alimentos son delitos. No obstante, esto no implica estigmatizar los bloqueos en general y declarar que estos “no hacen valer ningún derecho”, como lo asevera el presidente en contradicción con la protección nacional e internacional a la protesta que él mismo asegura respetar. Por eso esta parte de su intervención es cuestionable.