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Miércoles, 12 Octubre 2016

“Nuestra campaña fue con argumentos”: Tatiana Cabello

Por Sania Salazar

Colombiacheck verificó cuatro mensajes que la Representante a la Cámara por el Centro Democrático asegura son argumentos válidos con los que promovieron el voto negativo. Ninguno es completamente cierto.

La Representante a la Cámara por Bogotá, Tatiana Cabello Flórez, del partido de oposición Centro democrático, a través de su cuenta de Twitter insiste en que la campaña que lideró para promover el voto negativo al plebiscito fue con argumentos. Colombiacheck califica como falsa su afirmación, pues en los mensajes, que se componen de imágenes con frases, no hay una sola que sea verdadera.

 

 

Con este trino Cabello Flórez lo único que está haciendo es darle la razón a Juan Carlos Vélez, gerente del Comité Promotor Nacional por el No en el plebiscito, quien confesó en una entrevista al diario La República, que la campaña se basó en mentiras y desinformación.

Aunque al otro día de sus declaraciones y ante la reacción negativa del senador Álvaro Uribe, líder del Centro Democrático, Vélez se retractó y dijo que no había medido las consecuencias de su palabras.

El primer paso fue contactar a la Representante Cabello Flórez, a quien llamamos el 11 de octubre en la mañana, pero no contestó. Lina García, quien le maneja prensa, nos pidió enviar las preguntas por correo, lo que hicimos de inmediato con la advertencia de que el artículo se publicaría el 12 de octubre, pero solo obtuvimos respuesta el 13.

“Frente al contenido de las imágenes publicadas en mis redes sociales contentivas del plebiscito los conmino a que sigan el contenido de estas imágenes, ya que son bastante claras al indicar el articulado y la página en la cual se encuentra la información allí plasmada, información que fue elaborada de un estudio minucioso, profesional y juicioso del acuerdo final de paz firmado entre las Farc- Ep y el Gobierno nacional”, asegura Cabello Flórez en el mensaje.

La Representante insiste también en que la campaña por el No “nuestros argumentos son verdaderos y contundentes”, que se leyó las 297 páginas del Acuerdo y que “evidenció grandes desmanes del gobierno nacional con las Farc- Ep en el contenido de los mencionados acuerdos”.

Además, nos conminó a “realizar una lectura juiciosa de los mismos, para así poder llevar a cabo un periodismo verdadero e informativo para los ciudadanos, y no incurrir en la desinformación y las calumnias como lo hacen la mayoría de los periodistas de este país”.

Como siempre lo hacemos, dejamos claro desde un principio en el chequeo que Colombiacheck comparó las frases de los trinos de Cabello con el Acuerdo Final, que tal como está no puede implementarse debido a que no fue aprobado en el plebiscito pero que para el momento en que fueron divulgadas estas afirmaciones era el referente obligado.

 

 

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En el Acuerdo está muy claro que no habrá amnistía ni indulto, (lo que quiere decir que los autores de esos delitos tendrán que responder por sus actos) para quienes hayan cometido “delitos de lesa humanidad, el genocidio, los graves crímenes de guerra, la toma de rehenes u otra privación grave de la libertad, la tortura, las ejecuciones extrajudiciales, la desaparición forzada, el acceso carnal violento y otras formas de violencia sexual, la sustracción de menores, el desplazamiento forzado, además del reclutamiento de menores”.

Así también lo explica Rodrigo Uprinmy, investigador del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad, Dejusticia en este video, en donde precisa que quienes no confiesen la verdad irán a la cárcel, pero quienes sí lo hagan tendrán sanciones que incluyen restricción efectiva de la libertad.

El Acuerdo también estipula que “la imposición de cualquier sanción en el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición no inhabilitará para la participación política ni limitará el ejercicio de ningún derecho, activo o pasivo, de participación política, para lo cual las partes acordarán las reformas constitucionales pertinentes”.

Diana Güiza, investigadora de Dejusticia, explica en este video que para llegar a una negociación con un grupo guerrillero como las Farc es necesario aceptar que participen en política, pero que para que puedan hacerlo, deben, primero participar en elecciones y lograr votos, y rendir cuentas. “El gran reto de la implementación del acuerdo es cómo coordinar las medidas de justicia transicional, de ir ante jueces y responder por crímenes que han cometido y al mismo tiempo lograr que participen en política”.

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Quienes hayan cometido estos delitos tendrán que comparecer ante el Tribunal para la Paz, donde determinarán si las acciones tienen conexidad con el delito de rebelión, es decir, si son actividades estrechamente relacionadas con el objetivo de alzarse en armas. Basado en eso el Tribunal definirá las restricciones de la libertad y las sanciones restauradoras dependiendo del grado de culpabilidad y de colaboración del implicado. Los delitos conexos serán amnistiables. En este video, César Rodríguez, Director de Dejusticia, explica esa parte del Acuerdo y las sanciones previstas para estas personas.

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En el mensaje se hace referencia al punto 2.3.6, ubicado en la página 48 del Acuerdo Final donde se lee que son 16 Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz, una concesión temporal por dos periodos electorales. Pero lo que no menciona la representante Cabello es que el documento deja claro que esas Circunscripciones son para candidatos de “zonas especialmente afectadas por el conflicto, el abandono y la débil presencia institucional” y que “los candidatos en todo caso deberán ser personas que habiten regularmente estos territorios o que hayan sido desplazados de ellos y estén en proceso de retorno”.

En resumen, no son para las Farc, sino para comunidades con baja representación política en el Congreso. Las 10 curules restantes son: 5 en Cámara de Representantes y 5 en Senado que sí se le otorgarán al partido político que surja cuando las Farc dejen las armas, esto para facilitar y garantizar su participación en la vida política. Pero el grupo político deberá intentar ganarlos con votos, como cualquier otro partido. Eso también lo explica la investigadora de Dejusticia en el video ya mencionado.

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En el Acuerdo Final no hay un párrafo en el que las Farc pidan perdón por sus actos de manera expresa, pero en la página 158, punto 5.1.3.1 queda claro el compromiso adquirido por las Farc de realizar, luego de la firma del Acuerdo Final, “actos de reconocimiento y de contrición en los cuales el Gobierno, las Farc y diferentes sectores de la sociedad que puedan haber tenido alguna responsabilidad en el conflicto, reconozcan su responsabilidad colectiva por el daño causado y pidan perdón, asumiendo cada uno lo que le corresponde, como expresión de voluntad de contribuir a un definitivo Nunca Más”.

Como se ha divulgado ampliamente, las Farc empezaron a cumplir este punto con el encuentro con los familiares de los diputados del Valle secuestrados y asesinados por esa guerrilla, con las víctimas de Bojayá y con los de la masacre de La Chinita.

Nelson Camilo Sánchez, investigador de Dejusticia, explica en este video, cómo y por qué las víctimas son el centro del Acuerdo; aspecto que también ha resaltado el Gobierno. “El Acuerdo crea un mecanismo robusto y necesario de satisfacción de sus derechos, este es el Sistema integral para la satisfacción de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas”, indica.

Ese sistema tendrá una comisión de la verdad, que le dará la posibilidad a las víctimas de ser escuchadas y reconocidas, una unidad para la búsqueda de desaparecidos y la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, ante la que tendrán que comparecer los responsables de los delitos más graves para recibir sanciones por esos hechos, precisa el investigador.

Luego de esta verificación en Colombiacheck nos preguntamos: ¿Cuántos colombianos habrán definido su voto no dominados por la indignación, como lo confesó el Gerente de la campaña, sino a partir de esta estrategia sistemática de mentiras e imprecisiones como las que divulgó el Centro Democrático y que la congresista Cabello se empeña en negar?

*Este chequeo se actualizó el 14 de octubre con las respuestas enviadas por la Representante a la Cámara Tatiana Cabello.

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Viernes, 05 Octubre 2018

Abuso sexual no es delito político, como lo asegura el Centro Democrático

Por Sania Salazar

En medio la presentación de un proyecto de ley, miembros del Partido Centro Democrático dijeron, equivocadamente, que actualmente los delitos sexuales contra menores de edad en el conflicto armado son considerados delitos políticos.

En un trino publicado en su cuenta personal de Twitter, la senadora del Centro Democrático Margarita Restrepo resaltó una iniciativa de la que se viene hablando hace semanas en esa colectividad y que parte de un hecho falso.

 

 

La senadora habla en su trino del proyecto de acto legislativo que presentaron los senadores Álvaro Uribe y Paloma Valencia el pasado 25 de septiembre para modificar lo que ellos llaman “los acuerdos de La Habana” en dos aspectos: que los delitos sexuales cometidos en el marco del conflicto armado contra menores de edad no sean considerados conexos al delito político y que esos delitos lo juzgue la justicia ordinaria y no la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, quien tiene actualmente a cargo esos casos.

Colombiacheck le preguntó a la senadora Restrepo en qué basan el argumento de que el abuso sexual a menores de edad es considerado como delito político dentro del Acuerdo Final que firmaron el Gobierno y la antigua guerrilla de las Farc, pero hasta la publicación de esta nota no habíamos recibido respuesta.

De todas maneras, el abuso sexual no está en la lista de delitos considerados como conexos de los delitos políticos contemplados en la Ley de amnistía e indulto. Por eso, la parte del trino de Restrepo que indica que actualmente ese delito es considerado político es falsa.

Es más, en la Ley de amnistía dice expresamente que, “este mecanismo no procede cuando se trate de ... acceso carnal violento y otras formas de violencia sexual ... conforme a lo establecido en el Estatuto de Roma”.

En efecto, el Estatuto de Roma considera que los delitos sexuales, entre otros, son crímenes de guerra y de lesa humanidad y, por lo tanto, no pueden ser amnistiados.

En Colombia son considerados delitos políticos la rebelión, la sedición y la asonada. La amnistía es el perdón de la pena otorgado, generalmente, a quienes han cometido este tipo de faltas. Los delitos conexos son aquellos que están relacionados con el desarrollo de la rebelión (por ejemplo el porte ilegal de armas).

¿Justicia ordinaria o JEP?

En el Acuerdo Final se acordó que la JEP se encargaría de manera exclusiva de las conductas relacionadas con el conflicto armado. Por eso, a este sistema de justicia transicional, que fue diseñado para acabar con el conflicto, le corresponde juzgar los delitos sexuales que se hayan cometido en ese contexto.

La competencia para juzgar esos delitos se debe a lo anterior y no a que los delitos sexuales sean considerados como conexos al político, argumento falso, como ya lo explicamos.

La JEP tiene penas restrictivas de la libertad, que van de cinco a 20 años y que dependen de la verdad que se aporte sobre los hechos y el momento del proceso en que se cuente esa verdad. Además, las sanciones incluyen acciones de reparación a las víctimas.

Ligia María Vargas, abogada de la Universidad de Los Andes y estudiante de doctorado en derecho penal, le explicó a Colombiacheck que sacar de la JEP los delitos sexuales, aunque hayan sido cometidos contra niños y adolescentes, sería negarles su nexo con el conflicto. Además aclaró que, por el alto volumen de casos, a la justicia ordinaria le queda materialmente imposible resolverlos, por lo que el objetivo de la justicia transicional es priorizarlos y obtener justicia, verdad y reparación.

“Lo que prima en este momento es solucionar el conflicto, es pasar la página y eso no quiere decir que no haya justicia. Lo que quiere decir es que no solo se trata de eso y, lo más importante, que justicia no es igual a penas de cárcel altísimas. Justicia en este caso equivale a reconocer la verdad, a pedir perdón, a reparar a las víctimas, a hacer una cantidad de procesos de sanación que reconstruyan el tejido social, que es una cosa que no hace la pena de cárcel porque el derecho penal ordinario no está diseñado para hacer eso”, destacó Vargas.

En un artículo escrito para el diario El Espectador sobre la jurisdicción en la que deberían quedar estos delitos, Laura Melissa Posada, abogada del Observatorio Constitucional de la Universidad Libre, habla de un estudio de la Corporación Sisma Mujer según el cual “estos hechos superaban el 90% de impunidad, independientemente del actor armado responsable”.

“En términos de estándares de reparación integral, la justicia ordinaria no ha sido efectiva, pues está limitada a una justicia punitiva, sin brindar estrategias de acompañamiento psicosocial y reconstrucción del proyecto de vida de las víctimas”, indica Posada.

Para Vargas, las penas reducidas tienen el objetivo de conocer la verdad, “que en este momento es más importante si lo que queremos en realidad es una paz que dure. Si no hay verdad y no hay reconstrucción del tejido social la paz nunca va a llegar”, concluyó.

La idea de que los delitos sexuales cometidos en el marco del conflicto armado los juzgue la justicia ordinaria y no le JEP no es nueva.

Ya en agosto, la Corte Constitucional declaró inconstitucional un artículo que se había incluido en Ley Estatutaria de la JEP por iniciativa de la senadora Maritza Martínez, del Partido de la U, para que esos delitos pasaran a manos de la justicia ordinaria. El presidente de la Corte Constitucional, Alejandro Linares explicó en La W Radio que el Congreso carecía de competencia para hacer esa modificación.

Según Linares, la manera de hacer la modificación es con un acto legislativo (proyecto para reformar la constitución), que fue lo que presentaron ahora los senadores Uribe y Valencia.