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Viernes, 30 Agosto 2019

Plazas Vega repite error de Jacobo Arenas y le suma otras inconsistencias

Por José Felipe Sarmiento

Basado en un video del fallecido jefe guerrillero, el coronel retirado del Ejército contradice a la justicia sobre el asesinato de Bernardo Jaramillo y ataca a la Alianza Verde con tergiversaciones.

El coronel retirado Luis Alfonso Plazas Vega ató cabos con base en un video donde habla el fallecido jefe guerrillero Luis Alberto Morantes Jaimes, alias ‘Jacobo Arenas’, uno de los fundadores de las Farc, y llegó a dos conclusiones que publicó en un trino: que “el M-19 (ahora partido [Alianza] Verde) nació de las Farc” y que este desaparecido grupo armado ilegal participó en el magnicidio del candidato presidencial de la Unión Patriótica (UP) para las elecciones de 1990, Bernardo Jaramillo Ossa.

Captura de pantalla del tuit de Plazas Vega sobre el video de Jacobo Arenas

Colombiacheck revisó ambas afirmaciones y encontró que la primera es cuestionable, porque exagera sobre el alcance de algunos vínculos que son ciertos mientras que omite otros, y la segunda es falsa, porque contradice lo que la justicia ha probado hasta el momento sobre el homicidio con base en la repetición de un error que cometió Arenas.

Aunque el exoficial del Ejército ignoró los mensajes y llamadas para consultarle sobre el sustento de sus afirmaciones, este portal encontró un segmento un poco más largo de la misma grabación en YouTube.

Allí Arenas, que también murió en 1990, dice que Jaramillo es un “traidor al movimiento revolucionario”. También cuenta que, luego de su supuesta deserción de las Farc, el frente quinto “estuvo durante un año persiguiéndolo, no para premiarle su actitud sino para otra cosa” y recuerda que dirigentes del M-19 como Carlos Pizarro y Álvaro Fayad pertenecieron primero a esa otra guerrilla.

Pero la existencia de esas declaraciones es insuficiente para probar las aseveraciones del excoronel en Twitter.

“El M-19 (hoy Partido Verde) nació de las Farc”

Cuestionable

Además de Carlos Pizarro y Álvaro Fayad, otros dirigentes del M-19 también pasaron antes por las filas de las Farc. Jaime Bateman e Iván Marino Ospina llegaron a este grupo en 1966, el mismo año en el que asumió su nombre y su sigla. Les siguieron Luis Otero y los dos hombres mencionados por Arenas, como lo cuenta el historiador Darío Villamizar en Aquel 19 será (Planeta, 1995).

Entre otras fuentes, el autor retoma apartes de la historia que algunos de ellos le contaron a la periodista Patricia Lara para su libro Siembra vientos y recogerás tempestades (Planeta, 2014), publicado por primera vez en 1982. También concuerda con la versión establecida en el informe entregado en 2010 por la Comisión de la Verdad sobre los Hechos del Palacio de Justicia, toma efectuada por el M-19 en 1985 y en la que Plazas comandó la retoma por parte del Ejército.

Los futuros altos mandos del ‘Eme’ entraron a las Farc como militantes de un ala de las Juventudes Comunistas (Juco) más simpatizante de la lucha armada que el resto. Pero, siendo muchos citadinos, se estrellaron con una organización rural y dispersa, que percibían alejada de las posibilidades de un triunfo que les permitiera acceder al poder, objetivo que era fundamental para ellos mientras que el grupo seguía concentrado en la lucha por la tierra. Fayad se le explicó a Lara de esta forma:

“Y a pesar de que encontrábamos positiva nuestra experiencia en las Farc… A pesar de que habíamos aprendido la técnica guerrillera y la de supervivencia en la selva… A pesar de que ya sabíamos que los conocimientos adquiridos en las Farc eran de los más valiosos que pudieran darse en América Latina… A pesar de que ya habíamos aprendido que, por ello, no es gratuito –como dicen– que el ejército colombiano sea el mejor preparado para la lucha antiguerrillera… A pesar de que sabíamos ya que ello se debe a que ha tenido como contendor a una guerrilla fuerte, a una guerrilla que ese ejército nunca ha podido destruir, a una guerrilla comandada por dirigente con experiencia y tradición como Jacobo y [Manuel] Marulanda, dirigentes políticos y militares capaces de ser los jefes de todo un pueblo… A pesar de todo lo anterior, veíamos que esos dirigentes estaban enmarcados dentro de una estructura que los limitaba, que encajonaba su capacidad de liderazgo, su agilidad política y mental”.

Luego de plantear estas y otras diferencias, con relación al lenguaje y los métodos de la revolución, fueron acusados de traición y expulsados de las Farc a principios de la década de 1970. En el caso de Bateman, a quien Marulanda había enviado a Bogotá para crear “un aparato militar urbano”, el anuncio se hizo público por medio de una resolución de la guerrilla en 1972. En esas labores propagandísticas en las ciudades también participaron otros futuros ‘emes’ como Otero, Fayad, Yamel Riaño y Jorge Eduardo Carvajalino.

Desde 1971, Ospina había liderado la conformación de una organización diferente a la que llamaron Comuneros. Esta editó cuatro números de una revista homónima en la que llamaban a la unidad con otros grupos armados de izquierda, como el ELN y el EPL.

En esta etapa llegaron reclutas célebres como Vera Grabe y María Eugenia Vásquez, según lo recuerda una tesis de la Universidad del Rosario con base en sus biografías. Villamizar también menciona otros nombres famosos venidos de diferentes organizaciones, entre ellos Otty Patiño, Rosemberg Pabón, Sandy Puentes, Esmeralda Vargas, Germán Rojas, Armando Orozco Tovar, Augusto Lara Sánchez, Guillermo Elvecio Ruiz y Afriano Parra. Este último militó simultáneamente en las Farc por dos años.

Pero el Movimiento 19 de Abril solo nació hasta 1973 y se presentó al público en 1974 con un componente adicional: la integración con una vertiente radical de la Alianza Nacional Popular (Anapo), el partido del general Gustavo Rojas Pinilla. Esta parte de la historia, que Plazas omite en su aseveración, está directamente ligada al nombre de la nueva guerrilla y es mucho más conocida que sus antecedentes en las Farc.

El exmandatario militar buscaba regresar a la Presidencia y se enfrentó en las elecciones del 19 de abril de 1970 al conservador Misael Pastrana, que contaba con el apoyo bipartidista del Frente Nacional. Rojas Pinilla llevaba la ventaja hasta la madrugada del día 20, por lo que unos medios lo anunciaron como ganador y otros dudaron porque la votación había sido reñida, como lo recuenta un artículo de la historiadora Olga Yanet Acuña.

El Gobierno informó de fallas eléctricas y telegráficas en medio del conteo. Después, para la noche del 21 de abril, el candidato frentenacionalista había tomado una ligera ventaja y estallaron las protestas anapistas por la sospecha de fraude. Sin embargo, Pastrana amaneció el 22 de abril como presidente electo y Rojas Pinilla no se manifestó a favor de quienes lo defendían en las calles como el ganador legítimo de la contienda.

“Hasta ahora, no sabemos qué causó más desconcierto y estupor en las masas, si el robo de las elecciones o la mansa actitud del resignado general”, cita Villamizar de una carta que Bateman le escribió años más tarde a la hija y heredera política del militar, María Eugenia Rojas. Esa indignación impulsó a un sector de la Anapo, liderado por los representantes Carlos Toledo Plata, Israel Santamaría Rendón y Andrés Almarales Manga, a promover la creación de un brazo armado.

Tras la fundación de una plataforma interna, hicieron contacto con los Comuneros y juntos dieron origen al M-19. De modo que Plazas pasó por alto por lo menos la mitad de los antecedentes en su trino. A esto hay que sumarle la mención al partido Alianza Verde como derivado de esta guerrilla, que también contiene inconsistencias que la organización de periodistas Chicas Poderosas ya había verificado en una cadena de WhatsApp de 2018.

Con la firma de la paz y la entrega de armas en 1990, el grupo guerrillero se convirtió en el partido Alianza Democrática M-19. Allí entraron también personalidades ajenas a la lucha armada como la poeta María Mercedes Carranza o el entonces líder sindical Angelino Garzón. La colectividad tuvo una corta existencia, con unos resultados electorales que decayeron casi tan rápidamente como crecieron.

Logró dos curules en la Cámara de 1990 y Pizarro, que pasó de máximo comandante a candidato presidencial, fue asesinado ese año. El partido conquistó 27 por ciento de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 y, con ello, consiguió un puesto para Antonio Navarro Wolff en la presidencia tripartita de la corporación. Entró al nuevo Congreso electo ese año con 13 representantes y 9 senadores, menos del 10 por ciento en ambos casos, y en las elecciones de 1994 conservó una sola silla en la cámara baja.

Luego, la AD M-19 “se disolvió y sus miembros tomaron rumbos diversos”, recuerda Navarro. Su personería jurídica sí fue usada por otro exmilitante, Carlos Ramón González, para fundar el partido Opción Centro en 2005 y este se convertiría más adelante en el Verde, como se cuenta en la página de la actual Alianza. Pero “solo un par de personas permanecieron” en esta organización política, complementa el exconstituyente.

El mismo Navarro Wolff solo entró a este partido en 2014. Pero en los 20 años intermedios desde su salida de la AD, pasaron muchas cosas.

Primero, llegó a la Alcaldía de Pasto en 1995 como candidato de un grupo significativo de ciudadanos. Después, a la Cámara por Bogotá en 1998 y al Senado en 2002 con su movimiento Vía Alterna (al segundo llegó en fórmula con Gustavo Petro, también exintegrante del M-19). El año siguiente, su agrupación se fusionó con otros colectivos de izquierda para conformar el Polo Democrático, con el que Navarro se convirtió en gobernador de Nariño en 2007.

Tras terminar su periodo en ese departamento, ocupó tres meses la Secretaría de Gobierno de Bogotá en la recién iniciada alcaldía de Petro, que se había salido del Polo a fundar Progresistas. Cuando dejó el gabinete distrital, el exconstituyente asumió el liderazgo de este nuevo movimiento y fue quien terminó por fusionarlo con el Partido Verde. Ahí sí volvió al Senado, donde estuvo hasta 2018, con esta nueva Alianza.

Entre las 24 personas que hoy forman parte de la Dirección Nacional o el Comité Ejecutivo (la mayoría pertenece a ambos), los únicos exmiembros del M-19 son González, el exsenador Rodrigo Romero y Jaime Navarro Wolff, hermano de Antonio. Tres más son familiares de otros exintegrantes: el representante Inti Asprilla, hijo de Guillermo, exsecretario de Gobierno de Bogotá; el exsenador Mauricio Ospina, hijo de Iván Marino, y Andrés Felipe Arango Romero, sobrino del alcalde de Ipiales, Ricardo Romero. Suman seis, la cuarta parte del total.

Por otro lado, solo el senador Antonio Sanguino perteneció a otra guerrilla, el ELN. Y no sobra recordar que las Farc formaron su propio partido aparte tras su dejación de armas en 2017: la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, que nada tiene que ver con los verdes.

En cambio, hay exmilitantes del M-19 repartidos por casi todo el espectro político del país. Desde Petro, hoy senador por la coalición Colombia Humana; pasando por los verdes ya citados, hasta los exsenadores Everth Bustamante, copartidario de Plazas en el Centro Democrático, y Luis Alberto Gil, parapolítico fundador de Convergencia Ciudadana.

Entonces, la relación entre el M-19 y la Alianza Verde se puede resumir en que “ni están todos los que son, ni son todos los que están”, como dice el dicho, a pesar del vínculo jurídico y algunas trayectorias individuales. Tampoco el ‘Eme’ surgió solo de las Farc, que hoy tienen su propia agrupación política; en cambio, se separó de ellas precisamente por diferencias de forma y fondo, para aliarse con sectores muy distintos. Todo esto hace cuestionable la relación entre esas tres organizaciones planteada por Plazas.

“Al candidato presidencial comunista Bernardo Jaramillo, lo mataron las Farc”

Falsa

Plazas Vega basa su afirmación en una confusión de Jacobo Arenas, que se equivocó de apellido. El relato que hace en el video coincide es con la historia de Bernardo Gutiérrez, que en efecto sí llevaba el alias de ‘Raúl’ en el frente quinto de las Farc y desertó de esta guerrilla con algunos de sus hombres para unirse al EPL en 1978. Así lo confirman otras fuentes, como una biografía de la ONG Viva la Ciudadanía, un artículo del portal Verdad Abierta y otro de la revista Semana.

Gutiérrez llegó a ser el máximo comandante del EPL en 1987, tras la ejecución extrajudicial de su antecesor, Ernesto Rojas. En esa posición de liderazgo, firmó la paz con el Gobierno y entregó las armas en 1991, al año siguiente de la muerte de Arenas, quien probablemente se refería a los acercamientos en este sentido cuando lo llamó “dos veces traidor” y lo comparó con Pizarro y Fayad, porque el M-19 también había dado el paso a la política sin armas.

Después de la desmovilización, Gutiérrez fue electo senador de la AD M-19 en 1991. El gobierno de Ernesto Samper lo nombró secretario de Colombia ante la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), con sede en Roma, en 1995. El presidente Álvaro Uribe intentó trasladarlo al cuerpo diplomático en Jamaica en 2003, pero el exjefe guerrillero se rehusó por motivos de seguridad y pidió asilo en Italia, donde se lo concedieron y murió en 2008.

Jaramillo, en cambio, nunca fue parte de las Farc. Ingresó al Comité Central de la Juco con 23 años, cuando estudiaba derecho en la Universidad de Caldas, mientras ‘Raúl’ desertaba y era perseguido por las Farc en Urabá a finales de los 70. Luego, el joven manizaleño vivió dos años en Europa. Solo se mudó a Apartadó, para asesorar como abogado a los sindicatos bananeros, en 1981, tres años después de los hechos que relata Arenas. En ese municipio fue personero y concejal comunista.

Estando allí en 1985, entró a la recién fundada UP, que nació del acuerdo de paz de La Uribe entre el gobierno de Belisario Betancur y las Farc, firmado en 1984. Pero, según fuentes como el informe Todo pasó frente a nuestros ojos del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) sobre el genocidio de ese partido político, Jaramillo representaba a un sector moderado, que buscaba tomar distancia de la lucha armada, defendía la autonomía de la colectividad frente a la guerrilla e intentó mediar entre ella y el Estado.

Así llegó a la Cámara por Antioquia en 1986, asumió la dirección nacional del partido tras el asesinato de Jaime Pardo Leal y lo mataron a él también, a los 34 años, siendo senador recién electo y candidato presidencial en 1990.

Esta hoja de vida se puede leer en los medios, en el portal Abra la Memoria del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos y el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) en Caldas o en el libro Bernardo Jaramillo Ossa: “Es un soplo de vida”, escrito por Napoleón Vanegas (Desde Abajo, 2015).

Contrario a lo que dice Plazas, la justicia nunca ha probado ningún vínculo de las Farc con el magnicidio. El autor material fue un sicario adolescente que también fue asesinado, junto a su papá, en 1992. Hasta ahora, los condenados por el crimen son los jefes paramilitares Carlos y Vicente Castaño Gil. En la misma sentencia de 2001 fue absuelto Gustavo Adolfo Meza Meneses, alias ‘el Zarco’, exintegrante del Cartel de Medellín.

La Fiscalía considera el caso un crimen de lesa humanidad desde 2010, cuando hubiera prescrito de no haber sido así, y esta clasificación fue ampliada en 2014 a otros 33 homicidios representativos del exterminio contra la UP. No obstante, fue apenas en 2018 que nueve escoltas del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y tres integrantes de la Policía fueron llamados a indagatoria.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), por su parte, abrió en febrero pasado el macrocaso 006 sobre la victimización de los miembros de esa agrupación política. La entidad judicial advirtió que los informes de el CNMH y la Corporación Reiniciar señalan a diversos agentes estatales y que las víctimas podrían ser 6.613, según la ONG, aunque la Fiscalía calcula 1.620 personas.

El tribunal transicional también informó que al menos 16 miembros de la Fuerza Pública se han sometido a su competencia por hechos relacionados con estos crímenes y que otros están en estudio. Estos provienen tanto del Ejército, con diversos rangos, como del DAS.

En cualquier caso, nada apunta en la dirección que señala Plazas Vega, por lo que su afirmación sobre el asesinato de Jaramillo Ossa es falsa.

Martes, 25 Julio 2017

¿Uribe redujo los asesinatos de periodistas?

Por Sania Salazar

Aunque eso dice la dirección del partido Centro Democrático en Santander, el tema no se puede reducir a la matemática. Así que menos muertes de periodistas no garantizan una mayor libertad de prensa.

Diana Saray, subdirectora del diario Vanguardia Liberal, publicó el pasado 28 de mayo la columna Uribe, el destructor, en la que llamaba la atención sobre los ataques del senador Álvaro Uribe a varios periodistas del país. Como respuesta recibió en la redacción del periódico una carta del Centro Democrático en Santander con algunas ‘precisiones’.

 

 

En la carta, Carlos Arturo Peña Blanco, director ejecutivo del Centro Democrático en Santander, asegura que durante los dos periodos presidenciales de Uribe (2002-2010) los índices de homicidio de periodistas “tuvieron una reducción considerable, lo cual garantizaba ese ejercicio de la prensa como un derecho fundamental”.

Colombiacheck califica la afirmación como engañosa, pues si bien en esos años se redujeron los homicidios de periodistas, se desconoce el contexto de la situación, que según estudios al respecto, para nada se reflejó en garantías para el ejercicio del periodismo en el país. Las formas de acallar a la prensa cambiaron.

Llamamos a Peña Blanco para saber en qué basa su afirmación. Nos dijo que la fuente era la Fundación para la Libertad de Prensa, Flip.

“En 2002 asesinaron 10 periodistas, en 2010, uno solo. Hay que resaltar que en el 2008 no asesinaron a ninguno, lo que no ocurría en el país desde hace mucho tiempo”, nos explicó por WhatsApp.

“Ahora, dirán que si bien los homicidios disminuyeron las amenazas aumentaron. Es cierto. Mientras que en el periodo 1998-2001 se presentaron 14 amenazas contra periodistas al año, en los periodos 2002-2005 fue de 66 y en el periodo 2006-2009, fue de 93”, aseguró el directivo.

Según Peña Blanco, el aumento de las amenazas se debe a “la confianza en las instituciones y el Programa de Protección al periodista, que incentivaron las denuncias. El programa de Protección lo montó Pastrana, pero fue en el gobierno Uribe donde se fortaleció a cargo del Ministerio del Interior”, concluyó.

El primer error de sus declaraciones es afirmar que en 2010 mataron un solo periodista, pues en realidad fueron dos. Según las cifras del informe del Centro Nacional de Memoria Histórica, La palabra y el silencio. La violencia contra los periodistas en Colombia (1977-2015), los asesinatos pasaron de diez en 2002 a dos en 2010.

La reducción a la que se refiere Peña Blanco es del 80%. Aunque durante los ochos años de la era Uribe fueron asesinados 30 periodistas en colombia.

 

El informe de la Flip aporta cifras anuales de asesinatos de periodistas desde 1996. Entre ese año y 2001, un año antes de que Uribe llegara a la presidencia, mataron a 36 periodistas. Hay que aclarar que ese periodo abarca seis años y no ocho.

El informe compara además periodos de cinco años. Entre 2011 y 2015 segaron la vida de 6 periodistas. Estas comparaciones, aunque no abarcan periodos de ocho años, permiten vislumbrar el panorama antes y después del Gobierno Uribe.

“Entrado el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, las estadísticas de asesinatos de periodistas disminuyeron sensiblemente por medidas asociadas al desmonte del paramilitarismo, ante el seguimiento internacional de la realidad vivida por las personas que ejercen el periodismo, que atrae la atención de medios y de organizaciones de periodistas y de derechos humanos internacionales; a los mecanismos de protección diseñados por las instituciones periodísticas y el gobierno; a los esfuerzos realizados por entidades como la Flip en temas como las redes de alerta, la denuncia pública, la investigación y los mecanismos de protección de periodistas promovidos junto con otras organizaciones colombianas; a los extendidos procesos de formación de periodistas y a una mayor atención al periodismo regional”, indica el informe del Centro de Memoria Histórica.

Vivos, pero amordazados

“Como observaron en su momento los Informes de la Flip sobre el estado de la libertad de prensa en el país, mientras disminuían los asesinatos aumentaba la autocensura y otros fenómenos agresivos que incidían sobre el periodismo y sobre la sociedad local y nacional. No se debe dejar de mencionar la actitud del Presidente Álvaro Uribe Vélez en contra de defensores de derechos humanos y de algunos periodistas”, resalta el informe.

El documento también registra casos reportados por la Flip como el del periodista Gonzalo Guillén, de quien Uribe dijo que había dedicado su carrera periodística a la infamia y la mentira. O la calificación de “mentiroso” y “miserable” a Daniel Coronell. “Estas acusaciones públicas solían tener como consecuencia el aumento de las amenazas a los periodistas señalados”, dice el informe.

Camilo Vallejo, abogado y periodista, uno de los investigadores del informe La palabra y el silencio, explicó que no porque se reduzcan los homicidios de periodistas hay más libertad de prensa. “Crecen otro tipo de agresiones, no solo las amenazas, que son las que toman protagonismo después. En el Gobierno de Uribe aparecen dos tipos de agresiones que eran muy pobres antes, el espionaje, lo que viene con las chuzadas del DAS (Departamento Administrativo de Seguridad), donde un gran número de periodistas sufre de interceptación de sus comunicaciones, de robos de equipos en sus propiedades. El otro es la estigmatización por parte del mismo presidente y ese es un problema de libertad de prensa en la medida en que pone en riesgo al periodista, en la que el principal funcionario, que es el presidente, pierde su posición de garante para defender a los periodistas”.

Vallejo afirma que es absolutamente falso que las amenazas se incrementen porque hay una confianza y la gente ha denunciado más. Explica que los datos de la Flip, que son los que retoma el informe, no son datos oficiales, no se toman ni de la Fiscalía, ni de la Policía, “precisamente porque desde su nacimiento la Flip documenta casos porque entiende que muchos periodistas no quieren hacerlos llegar a las autoridades. El incremento se registra en el rastreo que hacía la Flip antes del 2002”, indicó.

Además, Vallejo recordó que en esa época hubo muchos periodistas desplazados, solo en Arauca 20 periodistas tuvieron que salir del departamento. Para el investigador es muy difícil saber si el sistema de protección se fortaleció en el gobierno Uribe.

Vallejo indicó que hay una hipótesis muy fuerte y es que lo que ocurre en la era Uribe, con ese proceso de estigmatización y de recrudecimiento del conflicto, es que al aumentar la autocensura, menos agresiones se registran como noticias, pero no hay más libertad de prensa, “esa es la ecuación que no se puede perder de vista”, recalcó.

“Otra hipótesis es que la autocensura está creciendo cada vez más, hay menos agresiones, pero la situación de la libertad de expresión puede estar igual o incluso peor si hablamos en términos de cuánta información estamos conociendo”, concluyó Vallejo.