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Viernes, 14 Junio 2019

Uribe publica cifra falsa de consumidores de “narcóticos” en Colombia

Por Sania Salazar

El senador aseguró que en Colombia hay 1,7 millones de consumidores de “narcóticos”, pero no hay cifras recientes al respecto y la última que se publicó, en 2013, los calculaba en 839 mil personas.

El senador del Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez, aseguró en su cuenta de Twitter que en Colombia hay 1,7 millones de consumidores de narcóticos.

Le preguntamos a su equipo de prensa en qué fuente se basa la cifra y nos dijeron que el senador recibió esa información del Gobierno, pero no nos especificaron la fuente a pesar de que insistimos en conocerla.

Dos expertos consultados por Colombiacheck coincidieron en que no entienden de dónde pudo haber sacado la cifra el senador del Centro Democrático, pues en última medición, de hace seis años, esta población consumidora de drogas ilícitas se calculaba en 839 mil personas.

Debido, precisamente, a que no hay cifras actualizadas, y a que la publicada por Uribe no coincide con la de la última medición realizada por el Observatorio de Drogas de Colombia, del Ministerio de Justicia, Colombiacheck califica la frase como falsa.

El más reciente Estudio Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas en Colombia, que se realizó en 2013, encontró que “el uso reciente o en el último año de alguna droga ilícita fue reportado por el 3.6% de los encuestados, lo que equivale a unas 839 mil personas”.

El estudio corresponde a una encuesta realizada en hogares en población general de 12 a 65 años, residentes en todos los municipios del país con más de 30.000 habitantes en el área urbana. Se encuestó a un total de 32.605 personas.

Orlando Scopetta, consultor y asesor en asuntos sociales y de salud pública, aclaró que aunque en el trino el senador usa la palabra narcóticos, esa no es la denominación más apropiada porque la narcosis está asociada al sueño, por lo tanto habría que hablar de drogas cuyo uso es ilegal en el país.

Sobre la periodicidad de la medición, Scopetta explicó que se definió técnicamente que una periodicidad apropiada para estos estudios debería ser de aproximadamente cuatro años “porque el costo es muy alto, la metodología es muy exigente y difícil de hacer en el país porque hay cierta renuencia a responder con las encuestas”.

Scopetta recordó que también se hacen el Estudio Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas en Población Escolar, que se debe hacer cada dos años, y el Estudio de Consumo en Población Universitaria. “Cuando se está haciendo el Estudio de sustancias psicoactivas en población escolar, el último se hizo en 2016, los recursos, que son escasos para este tipo de estudios, se destinan a uno o a otro y además el equipo técnico y humano encargado de hacer estos estudios, también está comprometido en un estudio o en el otro”, resaltó el experto.

Scopetta concluyó que hacer el estudio de consumo anualmente sería muy costoso para el país y tal vez no nos daría información tan útil.

Pablo Zuleta, director del área de consumo de sustancias psicoactivas del Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas, Cesed, de la Universidad de Los Andes, coincidió con Scopetta en que en una encuesta de esa naturaleza el valor que podría ser razonable para calcular el consumo actual sería solamente si se considerara ese consumo durante el último mes. Scopetta agregó que en su defecto, el último año.

Zuleta indicó además, que si se va a hacer una consideración sobre un consumo nuevo o reciente que haya aumentado, tiene que haber un parámetro comparativo.

Sobre la falta de cifras actualizadas, Zuleta indicó que es un problema estructural de los procesos de evaluación del consumo por varias razones “una es que el corte que hacen las encuestas de hogares no son buenos en la medida en que solamente están preguntando a una población posiblemente representativa, pero escasa en la medida en que solo preguntan por los usos en ciertos periodos de tiempo que son muy largos, entonces uno con esas cifras no puede evaluar si hay un consumo problemático en la población consultada”, señaló.

Según Zuleta, los consumos problemáticos que podrían estar arrojando la información son aquellos que se registran en el sistema nacional de salud en los hospitales públicos y privados a través del reporte de las estadísticas de atención de consumo, que es finalmente lo que implicó la atención en servicios, lo que arrojaría qué porcentaje de personas tendrían consumos problemáticos y que por lo tanto necesitarían atención, pero indicó que en esas cifras apenas se está trabajando.

El profesor de Los Andes concluyó que hace falta un trabajo continuo, consistente y metodológicamente bien establecido de mediciones de consumo de droga en el país.

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Viernes, 15 Junio 2018

La ley con la que Uribe quiso expropiar tierras improductivas

Por José Felipe Sarmiento Abella

El expresidente critica que Gustavo Petro proponga comprar grandes extensiones desaprovechadas, pero en su gobierno aprobó expropiarlas. Chequeamos los tuits de María M. Maldonado, la directora programática de la coalición Colombia Humana, que le sacó esto en cara a Uribe.

El expresidente y senador Álvaro Uribe, que hoy tiene un fuerte discurso en contra de la expropiación, presentó y sancionó en su gobierno una ley que contemplaba esta medida como una herramienta para el desarrollo rural. Así se lo recordaron los simpatizantes del candidato Gustavo Petro en redes sociales y la afirmación resultó ser verdadera.

Por internet circuló un extracto de esa norma en el que se resaltan las firmas del entonces mandatario, su ministro de Agricultura y autor de la iniciativa, Andrés Felipe Arias, y el de Hacienda, Óscar Iván Zuluaga. La imagen ha sido compartida por diferentes personas, entre ellas la directora programática de la coalición Colombia Humana, María Mercedes Maldonado.

 

 

 

 

La exalcaldesa encargada de Bogotá incluso hizo varias críticas a la norma en mensajes sucesivos. Entre ellas señaló que esta pretendía compensar a los dueños de los terrenos expropiados según el valor catastral de los predios, un precio que podría resultar injusto por la desactualización de esos datos en gran parte del país rural.

Maldonado también recordó que la ley no pudo aplicarse porque la Corte Constitucional la declaró inexequible, es decir, la ‘tumbó’ completa porque el Gobierno no respetó el derecho de las comunidades afros e indígenas a ser consultadas sobre sus contenidos.

Toda la historia que contó es verdadera. El Estatuto de Desarrollo Rural fue sancionado por el presidente y los dos ministros mencionados como la ley 1152 de 2007. Pero fue demandada por no cumplir con el requisito de la consulta previa a los pueblos étnicos y por eso se cayó del todo.

El artículo 72, en efecto, le permitía al Estado comprar o expropiar tierras desaprovechadas por sus dueños. A cambio, les respondería estos con el valor correspondiente al avalúo catastral, en efectivo si era compra o en bonos en caso de expropiación.

El economista Juan Manuel Ospina, exdirector del desaparecido Instituto de Desarrollo Rural (Incoder), le explicó a Colombiacheck.com que estos precios están “subestimados” y desactualizados. El valor comercial de un inmueble rural puede ser hasta 15 veces mayor, por lo que una posible expropiación incentiva la actualización de los registros porque los dueños tratan de acercar las dos cifras para perder menos plata.

Es que 63,9 % de los municipios del país tenían desactualizada su información catastral en 2016. Esta ni siquiera existía en 28 % del territorio nacional, según el Conpes que ese año declaró la importancia estratégica del catastro multipropósito que busca ponerlos al día, universalizar la cobertura y diversificar la información con más datos disponibles.

Y el problema, que se hace mayor en las zonas más afectadas por el conflicto armado, no es nuevo. Para 2007, cuando Uribe firmó su frustrado estatuto, la desactualización catastral ya afectaba a más de la mitad del país rural (53 %). Por ejemplo, el Conpes para el desarrollo sostenible del Cauca registraba entonces que apenas 11 de sus 41 municipios estaban al día.

El artículo 73 de la ley de Uribe también autorizaba a los alcaldes a subirles el impuesto predial a los terrenos improductivos con el fin de estimular su venta o mejor utilización. Otros apartes contemplaban la expropiación con diferentes propósitos, como la construcción de bienes públicos para el campo.

Aunque la mayoría de esas menciones al mecanismo hacía parte de la versión original del proyecto radicada por Arias, cabe aclarar que los dos artículos citados no se originaron en el Ministerio. Estos fueron introducidos durante su trámite en el Congreso. No obstante, desde la primera ponencia fueron firmados por senadores de los partidos de La U, Cambio Radical, Conservador y AICO, casi todos pertenecientes a la bancada uribista de entonces.

Lo curioso es que el expresidente fundador del Centro Democrático y el candidato presidencial de ese partido, Iván Duque, critican ahora a Petro por tener propuestas similares a lo que esa norma planteaba.

El exsenador uribista arremete en sus discursos y entrevistas contra el “dedo expropiador”, como una metáfora que busca igualar a su contrincante con el exmandatario venezolano Hugo Chávez y su abuso de esa figura.

En redes sociales ha circulado también un video en el que Duque le pregunta en tarima a una trabajadora de un cultivo de Flores Ipanema, en El Rosal (Cundinamarca), si “le gustaría que llegara un presidente a echarle mano a la empresa y acabarla”.

Sin embargo, como ya explicó Colombicheck.com, la expropiación en Colombia es legal e incluso está consagrada en la Constitución. Ospina aclaró además que, por norma, siempre debe conllevar una indemnización en plata o en bonos y que el monto siempre va a depender del catastro.

Entre tanto, lo que ha propuesto Petro ha sido que el Estado compre las tierras improductivas luego de desestimular su tenencia por medio de alzas en el predial. Con estas ofertas, según el exdirector del Incoder, tendría un margen para negociar un valor por encima del avalúo catastral.

De hecho, su programa de gobierno dice que “no se expropiarán empresas, ni negocios, ni viviendas ni tierra productiva”. Este también fue el primero de los compromisos que reafirmó cuando recibió la adhesión de la excandidata vicepresidencial Claudia López y el senador electo Antanas Mockus.

 

 

El plan de la Colombia Humana sí es buscar que las grandes extensiones sin uso o dedicadas a la ganadería extensiva pasen a la agricultura campesina. Pero los medios para lograr lo que Petro ha descrito en los medios coinciden a grandes rasgos con el estatuto rural de Uribe, excepto porque afirma que fijaría el precio por medio de peritos.

De hecho, Ospina asegura que Petro ni siquiera tendría que crear normas nuevas para cumplir esas promesas. “Son cosas que ya existen, lo que pasa es que no se aplican”, señala el economista. Esto porque hay múltiples leyes que autorizan y regulan tanto la compra como la expropiación de predios por parte del Estado, como ya había contado Colombiacheck, por lo que al candidato le bastaría con actuar conforme a ellas de llegar a la Presidencia.

Conozca la ruta del chequeo
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    Frase: “Álvaro Uribe y Óscar Iván (Zuluaga) sancionaron una ley que permitía expropiar. Sí, expropiar tierras rurales a valor catastral. Sí, catastral”.

    Autor: María Mercedes Maldonado, coordinadora programática de la campaña del candidato presidencial de la coalición Colombia Humana, Gustavo Petro.

    Fuentes: Juan Manuel Ospina, economista y exdirector del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder); Conpes para el desarrollo sostenible del Cauca (2007) y el catastro multipropósito (2016); ley 1152 de 2007 (Estatuto de Desarrollo Rural), sentencia C-175 de 2009, proyecto de ley 30 de 2006 (Senado), Gaceta del Congreso 397 de 2006 (ponencia para primer debate), discurso del candidato presidencial del Centro Democrático, Iván Duque, después de pasar a segunda vuelta y entrevista con Yamid Amat publicada el siguiente domingo en El Tiempo; Twitter del expresidente Álvaro Uribe, de Maldonado y de Petro; entrevista del aspirante de Colombia Humana con Vicky Dávila en W Radio el 5 de febrero de 2018.

    Contexto: La exsecretaria de Planeación y Hábitat de Bogotá replicó en Twitter una imagen viral sobre a la aparición de la expropiación en el estatuto rural de Uribe e intercambió mensajes con varios usuarios en los que dio detalles sobre la ley.

    Calificación: Verdadera.