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Jueves, 01 Noviembre 2018

El caso de David Char evidencia que reparar a las víctimas es una tarea compleja

Por Sania Salazar

Con ayuda de dos expertos, Colombiacheck analizó el proyecto de reparación a las víctimas que presentó uno de los terceros que pretenden ser aceptados en la JEP. A la propuesta le falta ser más específica para ser viable.

Preso en la cárcel La Picota, el exsenador de Cambio Radical David Char Navas espera a que la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, le abra las puertas. Entre los requisitos que debe cumplir está reparar a las víctimas, pero a la propuesta de proyecto productivo que presentó le falta ser más específica en sus objetivos y alcances para ser viable, según expertos que evaluaron el documento.

Char Navas, acusado de vínculos con paramilitares, es uno de los 33 terceros implicados en el conflicto armado que han manifestado interés en acogerse a la JEP. Aunque inicialmente la comparecencia de estas personas era obligatoria (pues, si no acudían por su cuenta, la JEP podía llamarlas), la Corte Constitucional finalmente dejó que este proceso fuera voluntario. Ahora los terceros podrán ser requeridos por la justicia ordinaria si no se presentan a la justicia transicional.

Pero, para que lo acepten en la JEP, Char, como los demás terceros que quieran acogerse, debe comprometerse a aportar verdad, reparación y a garantizar la no repetición.

Colombiacheck conoció el documento de 91 páginas en el que Char Navas propone como reparación la creación de una cooperativa para cultivo y comercialización de maíz tierno y ají en Repelón. Este es un municipio del Atlántico que fue afectado por incursiones del Frente José Pablo Díaz adscrito al Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, al que Char le habría ayudado con dinero y armas.

El exsenador argumenta en el documento que el proyecto productivo es “una manera de reparar a las víctimas cuya actividad económica se vio afectada en el marco del conflicto armado” y propone aportar el dinero para su creación, así como asesorar y acompañar integralmente el proceso “hasta el momento en el que la Cooperativa alcance su estabilización en la fase productivo y operacional”. Luego la idea es entregar el control de la Cooperativa a sus asociados. Además, se propone que la JEP haga parte de la “Junta de Vigilancia” para seleccionar a las familias que participarán en el proyecto y para hacer interventoría de la ejecución de los recursos y del cumplimiento de la reparación.

El documento indica que “el alcance total del proyecto tendrá un costo de 251 millones de pesos, de los cuales cerca de la mitad de estos recursos será destinada a la construcción del centro educativo”, pues el proyecto también incluye la construcción de una escuela que proyecta atender a 80 niños de la zona.

En el proyecto de Char Navas aporta el contexto socioeconómico de Repelón, así como los antecedentes de la violencia paramilitar en esa localidad e incluye un estudio general de los mercados de maíz y ají en Colombia y el mundo. Además, deja claro que pretende que el desarrollo de la misma se base en el diálogo con las víctimas destinatarias del mismo y de manera mancomunada con ellas.

Colombiacheck le pidió a dos expertos de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad de Caldas que revisaran el proyecto, quienes concluyeron que la propuesta es muy general y no explica con suficiente detalle aspectos relevantes como el monto específico de la inversión, la manera en la que se garantizará la comercialización de los productos y cuántas personas trabajarán en la cooperativa, cuáles serán sus roles, de dónde se obtendrá el dinero para el pago de nómina y por cuánto tiempo se les vinculará al proyecto. También encontraron falencias al calcular el margen de ganancia de la venta de los productos.

El proyecto tampoco especifica en qué terrenos se desarrollará, a pesar de que en el Auto de la Sección de Apelación de la JEP, que pide a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas del mismo organismo evaluar la entrada de Char Navas a esa jurisdicción, dice que el exsenador manifestó su voluntad de entregar “bienes inmuebles (predios), así como la asistencia técnica a uno o varios grupos de víctimas para el diseño y ejecución de proyectos productivos y de emprendimiento en el Departamento de Atlántico”.

Los aspectos que hay que mejorar

Los docentes del Departamento de Producción Agropecuaria de la Universidad de Caldas, señalaron las siguientes falencias:

-Se dice que la cooperativa será constituida con aporte del gestor (Char Navas), pero no se menciona ni se dice claramente cuánto dinero aportará, ni en qué porcentaje y si este es en efectivo.

-Un punto muy importante es la comercialización de los productos. No se tiene un contrato cierto o una oferta de compra por parte de los almacenes de cadena o de las industrias de la región en donde se comprometan a comprar los productos que vende la cooperativa, con estándares de calidad exigidos por la industria, pero también de forma preferencial, por ser víctimas de conflicto en la región. Este aspecto debe estar resuelto desde la etapa inicial del proyecto.

–Se estiman utilidades del 50% en el mercadeo de maíz en mazorca y ají, lo cual es un cálculo sobreestimado.

-No se menciona cuál va a ser el mecanismo de riego de los cultivos, aspecto importante para asegurar las cosechas.

-En el proyecto se dice que el ají tiene grandes oportunidades de comercialización como producto procesado, pero no dice cómo se realizará ese procesamiento.

-No se menciona con suficiente detalle la inversión en el cultivo de ají en cuanto a insumos y en cuanto a las actividades en las que se necesitará mano de obra.

Un vocero del equipo de defensa de Char Navas le explicó Colombiacheck que los abogados lo asesoraron en el diseño de la propuesta, pues no tenían directrices de la JEP al respecto y resaltó que, por ser un asunto nuevo tanto para esa jurisdicción, como para la defensa, esperan las observaciones de la JEP sobre la iniciativa. También están a la expectativa de que el exsenador Char Navas sea llamado a aportar la verdad a la que se comprometió. “Debe proveer más información, en términos materiales y sustantivos, de la ya previamente consignada en los expedientes que son adelantados en su contra en la jurisdicción penal ordinaria”, precisa el Auto de la Sección de Apelación de la JEP.

Colombiacheck solicitó formular preguntas a Char Navas, pero nos dijeron que, como está privado de la libertad, no se va a pronunciar.

El caso de Char en la JEP

La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia le imputó al exsenador el delito de concierto para delinquir agravado en calidad de autor por la presunta alianza que articuló con el frente José Pablo Díaz y porte ilegal de armas de fuego de uso privativo de las Fuerzas Armadas.

Char Navas estaba a punto de acogerse a sentencia anticipada y de aceptar su responsabilidad en los delitos que se le atribuían cuando manifestó su intención de someterse voluntariamente a la JEP en su doble calidad de tercero civil y de agente estatal no integrante de la Fuerza Pública.

Luego de recibir una negativa para aceptarlo en la JEP, debido a que se consideró que su caso no tenía relación directa ni indirecta con el conflicto armado, y de que su defensa apeló la decisión, Char Navas espera que la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP evalúe si los compromisos que está dispuesto a asumir “son concretos, claros y programados” para admitirlo en esa jurisdicción.

Jueves, 04 Abril 2019

Explicador: ¿Cómo funciona la contratación de la JEP?

Por Sania Salazar

Tras los escándalos recientes por contratos de funcionarios de la JEP, les explicamos cómo funciona el régimen de contratación de esa entidad.

El escándalo por la captura del fiscal de apoyo de la Unidad de Investigación y Acusación de la Justicia Especial para la Paz (JEP), Carlos Bermeo, y los señalamientos por la vinculación de Miguel Samper (hijo del expresidente Ernesto Samper) a la misma entidad, entre otras posibles irregularidades en contratación, levantaron sospechas sobre la transparencia con la que está funcionando la JEP.

En Colombicheck revisamos el Manual de contratación de la JEP publicado en la página web de esa entidad. En el documento se establecen los procedimientos para la contratación y las actividades para supervisar, vigilar y controlar los contratos.

Uno de los primeros asuntos que deja claro el documento es que la JEP es una entidad autónoma, que no forma parte de ninguna de las ramas del poder público y por lo tanto está sujeta a un régimen legal propio y tiene autonomía presupuestal, como quedó establecido en el Acto legislativo 01 de 2017.

En la JEP le explicaron a Colombiacheck que esa entidad es un tribunal con una estructura conformada por una parte que se encarga de lo judicial y otra paralela que se encarga de lo administrativo, responsable de garantizar la operación de la entidad.

Además, nos explicaron que la presidencia de la entidad está encargada de la parte estratégica, de vocería y de coordinación de esa magistratura, funciones distintas a las de la secretaría ejecutiva, encargada de lo administrativo. Esas funciones también están publicadas en la web de la JEP.

Esta claridad surge a raíz de señalamientos que ha recibido la presidenta de la entidad, Patricia Linares, por posible injerencia en la vinculación de personal.

¿Cómo se deciden las contrataciones?

Según el documento, hay un comité de contratación conformado por:

1. Subdirector Nacional (Director Administrativo y Financiero), o su delegado, quien lo presidirá

2. Asesor III (Subdirector Financiero)

3. Jefe Oficina Asesora Jurídica

4. Jefe Oficina de Planeación

5. Coordinador de Contratación (quién ejercerá la secretaría técnica del comité)

En la JEP explicaron que la contratación de personal se hace con base en los perfiles necesarios definidos en el manual de funciones de la entidad y que la subdirección de talento humano es la encargada de asegurarse de que las personas cumplan con los requisitos.

Recordaron además que funcionan como cualquier entidad pública y que, por transparencia, están obligados a publicar en su página web sus procesos contractuales, donde, efectivamente están los contratos adjudicados desde junio de 2018 hasta febrero de 2019.

¿Cómo puede la JEP garantizar la transparencia?

“En la administración pública la regla obligatoria es la publicidad, eso es sinónimo de transparencia. Toda entidad pública está obligada a dar cuenta de sus actuaciones publicándolas en la página web y haciendo rendiciones de cuentas semestral y anualmente. En materia de transparencia todo lo que uno pueda hacer es importante”, resaltó Hernando Herrera, el director de la Corporación Excelencia en la Justicia

En la JEP recordaron que pidieron a la Procuraduría y a la Contraloría revisar los contratos que esa entidad ha suscrito. Esto ante denuncias por posibles irregularidades de esta entidad en algunos contratos.

¿Cómo se le puede hacer veeduría a la JEP?

Herrera, aseguró que, desde que la JEP empezó a funcionar, crearon el observatorio JEP visible en el que evalúan las principales decisiones adoptadas hasta ahora, cómo ha sido la ejecución y cuáles son los resultados, y publican boletines trimestrales de informes de gestión sobre diversos aspectos.

Además, Herrera le dijo a Colombiacheck que solicitaron información sobre la contratación de los fiscales de esa jurisdicción a raíz de la detención Bermeo. “Además de eso vamos a estar muy pendientes para denunciar cualquier caso de corrupción o de ineptitud”, indicó.

Herrera explicó que los ciudadanos tienen muchos mecanismos para controlar la gestión de la JEP: la revisión constante de los informes de gestión que debe expedir la entidad, utilizar el recurso del derecho de petición para verificar estándares de eficiencia, de calidad y de transparencia, acudir a los órganos de control como la Procuraduría y Contraloría en caso de conocer irregularidades, acudir a organismos de la sociedad civil como la corporación que dirige.

Indicó además, que en la entidad hicieron una evaluación previa de las hojas de vida de quienes aspiraron a los cargos de magistrados de la JEP y concluyeron que la gran mayoría de personas que quedaron en los cargos cumplen con los requisitos de idoneidad, son personas que tienen experiencia en justicia transicional.