A partir de la consulta hecha a documentos de la CEV y entrevistas de exfuncionarios de la Comisión, les explicamos porqué la Comisión no judicializó a los responsables del conflicto armado en Colombia y porqué no menciona con nombre propio y juzgamientos a los responsables de la violencia histórica del país. 

La CEV, que terminó su mandato el pasado 27 de agosto, no tuvo entre sus funciones asignadas hacer investigación judicial para juzgar a los y las responsables del conflicto armado en Colombia, una guerra que lleva más de 60 años en el país y un solo proceso de paz firmado, esto como respuesta a la duda más frecuente entre usuarios de redes sociales sobre por qué la entidad no cita en su informe final, con nombre propio, quiénes han sido los perpetradores de la violencia en el país.

Por mencionar algunos ejemplo, en Twitter @jorgedarioa, identificado en la red social como  Jorge D Arbelaez C., hizo un comentario en torno al papel de la Comisión de la Verdad, incluso antes de salir el informe final: “La comisión de la verdad,es un tribunal de juzgamiento de izquierda, no escucha versiones para esclarecer la verdad, juzga al estado y señala a las FFMM”. 

Al anterior mensaje se suma el de Manuel Collazos, en su cuenta @noloco, al decir: “Comisión de la Verdad??? O de la impunidad??? Reina a sus reinados…”, esto en respuesta a un trino de la exreina de belleza Gabriela Tafur (@GabrielaTafur), quien el pasado 31 de julio trinó sobre la posibilidad de llevar el informe final a los colegios y escuelas del país. 

También está el trino de un usuario identificado en Twitter como Suertudo, en @Suertud12853553, que dijo lo siguiente: “La comisión de la verdad, no tiene una verdad, supone una verdad, cree en su propia verdad, y juzga con su verdad, crítica con su verdad, pero la verdad es que sus mentiras las hacen, ver como verdad, y cuál es la verdadera verdad”.

Hay que recordar que la Comisión de la Verdad pertenece al Sistema Integral para la Paz, creado con el Acuerdo firmado con las antiguas Farc y donde también están la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas. Las tres tienen funciones distintas. Para entender este sistema hay que explicar que la Comisión de la Verdad es un ente extrajudicial y su investigación se basó en lograr una verdad histórica del conflicto armado, nada más que eso. 

Junto a la CEV está a JEP, con mandato máximo de 20 años, que sí persigue fines judiciales al ser un tribunal y tener como objetivo encontrar la verdad jurídica de los y las responsables del conflicto armado en Colombia, mientras que la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas es esencialmente humanitaria, es decir, pretende esclarecer los casos de desaparición forzada en el marco de la guerra que ha vivido el país durante décadas. 

Se puede leer en la página web de la entidad, que quedó como repositorio de los diez capítulos del informe final y otros documentos, que la Comisión de la Verdad tuvo como misión ser una entidad del Estado que buscaba el “esclarecimiento de los patrones y causas explicativas del conflicto armado interno” para “sentar las bases”  de la no repetición de estas acciones. La CEV, vale la pena recordar, fue creada mediante el Acto Legislativo 01 de 2017 y el Decreto 588 de 2017.

En Colombiachek ya habíamos reiterado el 30 de junio de 2022 que la CEV es un organismo extrajudicial. Es decir, no juzga, no señala, ni otorga en su informe final responsabilidades individuales a los actores que participaron en la multiplicidad de escenarios que emergieron durante el conflicto armado colombiano. 

Para esos tiempos, la senadora María Fernanda Cabal, en su cuenta de Twitter, aseguraba que en el informe final de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad “lo único que vamos a sacar son acusaciones y señalamientos contra el Estado colombiano, para decir que era un Estado genocida, que asesinó a campesinos pobres a lo largo y ancho del país”.

Como contexto hay que decir que esta institución nacida del Acuerdo de Paz es una de las 51 comisiones de la verdad creadas a lo largo del mundo desde 1971, año en el que Uganda, en África Oriental, creó la Comisión de Investigación sobre la Búsqueda de Personas Desaparecidas, la cual tuvo un mandato de tres años (1974). Perú, Ecuador, Guatemala, El Salvador, Chile, Argentina y México han tenido comisiones de la verdad, este último país recién en 2021 la creó para esclarecer los homicidios y violaciones a los derechos humanos entre los años de 1965 y 1990, un periodo conocido en esa nación como ‘Guerra Sucia’.  Dicha Comisión inició labores en junio de este año. 

¿En los objetivos de la Comisión de la Verdad estaba uno relacionado con el juzgamiento a responsables del conflicto armado?

No. En el desarrollo de su trabajo, la Comisión, según el Decreto 588 de 2017, debía contribuir a esclarecer lo ocurrido en el conflicto armado y explicar al país la complejidad del mismo a partir del análisis del impacto del conflicto en los niños, niñas y adolescentes y la violencia basada en género, entre otros. 

De igual forma, promover y contribuir al reconocimiento de las víctimas como ciudadanos y ciudadanas que vieron sus derechos vulnerados y como sujetos políticos de importancia para la transformación del país, por citar algunos apartes de los objetivos de la CEV publicados en libros y página web de la institución.

En el artículo 4 del decreto en mención, se explica de forma muy clara que la CEV no tiene entre sus facultades la de juzgar, pues establecer que la Comisión de la Verdad será un “mecanismo extrajudicial” y por eso sus actividades “no tendrán carácter judicial, ni servirán para la imputación penal ante ninguna autoridad jurisdiccional”. Aclara que toda información que procese la institución, bien sea que reciba o produzca,  “no podrá ser trasladada por esta a autoridades judiciales para ser utilizada con el fin de atribuir responsabilidades en procesos judiciales o para tener valor probatorio, ni las autoridades judiciales podrán requerírsela”.

¿El reconocimiento de responsabilidades era un juzgamiento a perpetradores?

No. “El reconocimiento voluntario de responsabilidades individuales y colectivas por parte de todos quienes de manera directa o indirecta participaron en el conflicto como una contribución a la verdad, a la justicia, a la reparación y a la no repetición; y en general el reconocimiento por parte de toda la sociedad de ese legado de violaciones e infracciones como algo que merece el rechazo de todos y que no se debe ni se puede repetir”, ha dicho la Comisión de la Verdad en sus documentos  e información colgada en la página web.

La CEV se centró principalmente en promover la convivencia en los territorios con el fin de crear ambientes que permitieran la resolución pacífica de los conflictos y la construcción de la cultura de respeto y tolerancia. 

¿Cómo trabajó la CEV y por qué no juzgó a los responsables del conflicto?

La Comisión de la Verdad basó su trabajo en una investigación histórica del conflicto armado colombiano desde 1958 hasta 2016. Para ello, adelantó espacios de escucha colectiva y pública con 28.566 diferentes actores de la sociedad, como por ejemplo exguerrilleros de las Farc; población LGBTIQ+; militares víctimas y sus familias; periodistas, entre otros. 

Entre algunos datos de interés del trabajo hecho por la entidad, hay que decir que en total la CEV realizó 14.928 entrevistas y 58 procesos de reconocimientos con actores del conflicto armado colombiano, 40 de ellos relacionados con aceptaciones de responsabilidades. Sin embargo, estas responsabilidades no configuraron juzgamiento judicial o penal alguno porque las personas comparecieron de manera voluntaria, de acuerdo con información consignada en la cartilla ‘Caminos de futuro, ¿qué recomienda la sociedad para que no se repita el conflicto armado en Colombia?’.

Diálogos con responsables y no juzgamientos individuales o colectivos

En la misma cartilla, de 96 páginas, la CEV describe que durante el trabajo adelantado un total de 1.111 personas comparecieron ante el llamado de la entidad, en el marco de diálogos sociales o privados, no audiencias judiciales de algún tipo. Este número se discrimina así: 723 víctimas del conflicto armado, 238 testigos y 150 responsables, de los cuales 86 eran exintegrantes de las Farc, 31 antiguos paramilitares y 26 viejos funcionarios de la Fuerza Pública, el resto de distintos sectores.

“El diálogo social nos permitió realizar entrevistas y escuchar a personas de todos los sectores a través de diversos procesos que fueron transversales a los objetivos, enfoques y estrategias: i) los encuentros por la verdad y las contribuciones a la verdad; ii) los diálogos para la no repetición y la no continuidad del conflicto armado; iii) los procesos de acuerdos por la convivencia y el buen vivir y el gran acuerdo por la convivencia; iv) las mesas técnicas en materia de enfoques y estrategias; v) los espacios de escucha, y vi) la recepción de informes. Todos los espacios tuvieron un componente de acompañamiento psicosocial, lo cual permitió generar confianza entre la Comisión y quienes participan”, dio a conocer la Comisión en el documento. 

¿Es cierto que la Comisión de la Verdad hizo reconocimiento de responsabilidades a las antiguas Farc y exparamilitares?

Sí, durante su trabajo la CEV realizó contribuciones a la verdad de expresidentes, como Juan Manuel Santos y Andrés Pastrana, y reconocimiento de responsabilidades en el conflicto armado por parte de integrantes del Ejército, del excomandante de las Farc Rodrigo Londoño y de Salvatore Mancuso, antiguo jefe paramilitar, solo por mencionar algunos ejemplos principales.

Estos reconocimientos se dieron de manera voluntaria por los contribuyentes citados por la CEV, no de manera obligatoria ni en el marco de un proceso judicial, alcanzaron a explicar a Colombiacheck desde la Comisión.

¿Qué buscaba la Comisión de la Verdad con su trabajo si no era juzgar a los responsables del conflicto armado?

La institución, nacida con el Acuerdo de Paz con las Farc, pretendía con su investigación histórica del conflicto armado colombiano poder identificar “patrones de violencia y documentar lo sucedido, desde diferentes perspectivas y experiencias”, para contribuir a la construcción de paz y la no repetición del conflicto armado interno. De ahí surgieron las propuestas y más de 100 recomendaciones consignadas en el informe final de la CEV.

¿Qué fue entonces la Comisión de la Verdad? ¿Cuándo cerró su trabajo? 

La Comisión de la Verdad nació del Acuerdo de Paz firmado entre la hoy extinta guerrilla de las Farc y el Estado, representado en 2016 por el presidente de entonces Juan Manuel Santos Calderón. 

El funcionamiento de esta entidad se dio a partir del Decreto 588 del 5 de abril de 2017, para un periodo inicial de tres años, pero que luego fue prorrogado, incluso por la Corte Constitucional en el 2021, hasta terminar el pasado 28 de agosto de 2022. 

Actualmente el proceso de liquidación de la entidad está a cargo de Mauricio Katz, quien fuera el secretario general de la institución, nombrado hace unos días por el presidente Gustavo Petro para el cierre legal de la CEV. Este trabajo se realizará durante un año.

El tiempo en que funcionó la Comisión esta hizo  parte del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, donde están la JEP y la Unidad de Búsqueda. Su rol principal era “contribuir al esclarecimiento de lo ocurrido en el conflicto armado colombiano”, como se lee en el decreto que la reglamentó. Lo anterior sumado también a ofrecer una explicación amplia de la complejidad del conflicto para que la ciudadanía lo pudiera comprender, tanto adultos como niños, niñas y adolescentes.

Algunos datos del trabajo realizado por la Comisión de la Verdad están consignados en un anexo del informe final. Entre las estadísticas presentadas en el documento está que la CEV, a corte del 31 de mayo de 2021, había adelantado 10.701 entrevistas a víctimas del conflicto armado en el país, familiares o testigos de los casos. 

(*) Este texto hace parte del proyecto Memorias del Conflicto, que verifica la desinformación que circula en redes sociales sobre el Informe Final de la Comisión de la Verdad, y es financiado por el Centro Internacional de Justicia Transicional y la Embajada de Noruega en Colombia.