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Viernes, 10 Diciembre 2021

Empresas protegen su reputación y limitan la libertad de prensa

Por La Liga Contra el Silencio

A través del monitoreo web varias empresas públicas y privadas, y algunas entidades de gobierno, rastrean contenidos que puedan afectar su imagen en internet. Esta vigilancia, que suele producir comunicaciones intimidantes contra periodistas para ocultar o eliminar información, propicia la autocensura en los medios y restringe la libertad de expresión.

El 6 de septiembre pasado, a las 11:53 de la mañana, Rutas del Conflicto* recibió un mensaje desde el correo servicio.antifraude@telefonica.com, con copia a phishing@telefonica.com. “[Abuse][Ecopetrol] Exposición de información confidencial detectada en su sitio web”, decía el asunto. En este mensaje, que parecía generado de forma automática, Telefónica España dice que es la encargada de proteger la ciberseguridad y gestionar las acciones fraudulentas en contra de Ecopetrol, y advierte a Rutas del Conflicto que en su página web fue detectada información confidencial de su cliente.
 
La multinacional se refiere al Acuerdo de Cooperación-AC- No. 01, publicado en la investigación Convenios de Fuerza y Justicia, realizada junto a La Liga Contra el Silencio. Allí se presentaron detalles sobre un convenio suscrito entre el Ministerio de Defensa, la Fuerza Pública, la Fiscalía y varias empresas minero-energéticas de Colombia. “El fichero disponible para descarga en este enlace”, continúa el correo, “es un documento que pertenece a nuestro cliente, y contiene información confidencial (Procedimientos internos, infraestructura, etc.) de su organización. Esta información interna representa un alto riesgo contra nuestro cliente y por ello, no ha autorizado su acceso público”. El mensaje concluye con la solicitud de darle fin a lo que ellos consideran un fraude, pidiendo que el documento referente al contrato sea eliminado inmediatamente. 

Pero este convenio, donde participan Ecopetrol, la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y el Fondo Rotatorio de la Policía (FORPO), figura en un documento encontrado en la plataforma de contratación pública Secop I. La naturaleza de la información consignada en esta plataforma es pública, en aras de garantizar la transparencia en los contratos que se celebren con instituciones del Estado. Por lo tanto, el reclamo no procede.

Raissa Carrillo, coordinadora de atención y defensa de periodistas de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), considera que la exigencia de Telefónica es grave. “No solo afecta a la difusión y a la parte colectiva de la libertad de prensa y la libertad de expresión; también puede evitar que se den más investigaciones sobre estos temas, y esto rompe con la veeduría que no solo hacen los medios, sino también la ciudadanía”, dice.
 
El correo lo firma CyberThreats Anti-Fraud Service, de Telefónica Tech, que según su página web, es un “proveedor de Servicios de Seguridad Gestionada Inteligente”. Una división de Telefónica España que ofrece ciberseguridad con tecnología de punta. Además de Ecopetrol, tiene clientes como Mercedes Benz, Highways England y Gestamp, entre otras multinacionales. 
 


Ante la solicitud de eliminar información pública, esta investigación presentó  derechos de petición a Ecopetrol y Telefónica para conocer qué tipo de relación tienen estas empresas y cómo pueden llegar a atentar contra el derecho a la información pública, el principio de transparencia y la libertad de prensa en el país.
 
Hasta la fecha de esta publicación, Telefónica no respondió a nuestros cuestionamientos. Ecopetrol, por su lado, dice que ambas empresas tienen relaciones contractuales desde 2004, y que esos servicios son de dos tipos: uno de infraestructura de comunicaciones y otro de ciberseguridad. 

¿Ciberseguridad o censura? 
La ciberseguridad, según la Fundación Karisma, una organización de la sociedad civil que busca responder a las amenazas y oportunidades que plantea la tecnología, es “el conjunto de recursos, políticas, conceptos de seguridad, directrices, acciones, seguros y tecnologías que pueden utilizarse buscando la disponibilidad, integridad, autenticación y confidencialidad, con el fin de proteger a los usuarios en el ciberespacio”. La discusión en torno a la ciberseguridad en Colombia ha sido larga, pero poco profunda, como lo expresó Karisma en una nota de 2020. El debate se ha desarrollado en torno a una política de seguridad nacional que ha intercalado la responsabilidad entre el Estado y terceros. 

En este caso, Telefónica Tech ofrece un servicio denominado Security Operation Center (SOC), que toma medidas de seguridad digital ante ataques cibernéticos y delitos informáticos para empresas como Ecopetrol. Un ejercicio alineado con la política nacional de seguridad digital. En esto se basa Ecopetrol para argumentar que su infraestructura física y digital es vital para la seguridad energética del país. Esto los lleva a actuar frente a riesgos en el ciberespacio. 

Hasta el 19 de octubre pasado, Ecopetrol asegura haber analizado más de 3.000 intentos de phishing, identificado 3.000 publicaciones no autorizadas, y retirado más de 1.194 campañas falsas de ofertas de empleo, minimizando así el riesgo de ciberataques por medio de servicios como el SOC. La ejecución de este servicio, “emite alertas cuando detecta casos de publicaciones en los que eventualmente se pudieran violar normas de confidencialidad, vulnerar la Ley de Habeas Data o presentarse suplantaciones para engañar o defraudar a terceros”, dice la empresa. Un ejercicio que consiste en monitorear la web para ver qué información hay de la empresa y cómo puede llegar a afectarla.

Edgardo Alonso Arrieta, de la gerencia de cyberseguridad y ciberdefensa de Ecopetrol admite, en la respuesta al derecho de petición enviado, que la información publicada por Rutas del Conflicto es verídica, y que efectivamente se encuentra disponible en Secop; de modo que “no hay lugar a la solicitud de eliminar dicha información”, expresó Arrieta. La respuesta concluye haciendo énfasis en que Ecopetrol respeta la libertad de prensa, y que el SOC lo único que hace es proteger a la compañía de delitos informáticos.

Para Emmanuel Vargas, abogado, periodista y codirector de El Veinte, una asociación que combate la censura a través del litigio en Colombia, el caso de Telefónica España y Ecopetrol demuestra el interés que tienen las compañías por cuidar su reputación en internet. Esto, según Vargas, también evidencia cómo estos servicios recurren a presiones legales para que medios de comunicación como Rutas del Conflicto no afecten la reputación de sus clientes.

Otro caso particular es el de Eliminalia, una empresa catalana que ofrece eliminar las menciones a los nombres de sus clientes en la web, por medio de estrategias que rayan con la ilegalidad, como lo denunció La Silla Vacía, cuando dicha organización trató de censurar una publicación del medio a toda costa. También fueron investigados por presuntamente suplantar a funcionarios de la Unión Europea para presionar a medios de comunicación. 

Vargas considera que en el futuro otras compañías de relaciones públicas o de comunicaciones podrían ofrecer estos servicios de monitoreo web, pues cada vez más empresas empiezan a ser conscientes de la necesidad de tener una buena imagen en internet.

“Lo que uno esperaría es que la gente contrarreste sus problemas de reputación no haciendo cosas malas, pero eso no es lo que se encuentra en la práctica”, comenta Vargas. Por el contrario, lo que buscan estas compañías es borrar el contenido publicado, esconder o silenciar la información que les afecta

La relación entre ambas compañías es llamativa. Ecopetrol es una petrolera de economía mixta, considerada por muchos como la empresa más importante del país. En materia de derechos humanos su compromiso con garantizarlos queda en entredicho. Así lo evidencia el índice Corporate Human Rights Benchmark (CHRB), que mide a las principales empresas del mundo según su respeto a aquellos, y que le dio en 2019 una calificación de solo 40,4 puntos sobre 100.

Por su parte, Telefónica es una multinacional española dedicada a las telecomunicaciones y que promueve activamente los derechos humanos a través de campañas como #OrgulloDeTi, que recalca su compromiso con los derechos de las personas LGBT+, o de la Fundación Telefónica, que le apuesta a la transformación social por medio de la educación y la cultura digital.

Desde la perspectiva de la responsabilidad empresarial, este tipo de firmas debe contar con una política de derechos humanos que se aplique integralmente y que blinde sus acciones y a las personas que se vean afectadas de una u otra forma. La ciberseguridad también está integrada a estas acciones empresariales.
 
Sin embargo, muchas veces la norma no se traslada a la acción, generando unas zonas grises de interpretación y un panorama difuso frente a las consecuencias de estos actos. “Los derechos humanos hay que tomarlos desde el momento cero, no cuando ocurre la masacre. Se deben abordar desde esa visión preventiva y tener claridad sobre lo que está impactando la ciberseguridad; por qué se hace, cómo se hace, cuándo es legítimo, cuándo no”, dijo una abogada especialista en el tema. 

¿Protección u opresión? 
Desde hace algunos años en Colombia, diferentes organizaciones, en especial de abogados, contactan a medios de comunicación o a periodistas con un reclamo: dicen que se está vulnerando el derecho al olvido de sus clientes. Como sucedió con el correo de Telefónica España, solicitan la eliminación inmediata del contenido, y advirtiendo que en caso contrario podría haber consecuencias legales.

El derecho al olvido es una faceta del derecho al habeas data que reclama la eliminación o modificación de contenido publicado en la web porque ya no cumple con la finalidad de su tratamiento. En Colombia la jurisprudencia (sentencias T-414 de 1992 luego se delimita su alcance mediante la T-277 de 2915 y T-725 de 2016, entre otras, y la jurisprudencia más reciente es la T-098 de 2017) al respecto es uniforme desde hace pocos años, y aplica solo a información financiera en bases de datos de entidades públicas y privadas.

La FLIP explica que el acceso a la información, la libertad de prensa y la libertad de expresión son derechos que prevalecen sobre el derecho al olvido. Sin embargo, persiste la estrategia de empresas que intentan eliminar o esconder las publicaciones que afectan su reputación en internet. Estas acciones, que se realizan tras identificar el contenido perjudicial a través del monitoreo web, pueden entorpecer el ejercicio periodístico con amenazas legales.

El derecho al olvido no aplica para contenidos periodísticos, pues prima el deber de informar a la ciudadanía en temas de interés público. De igual forma, el artículo 2 de la Ley 1581 de 2012 dispone que el régimen de datos personales (del cual se deriva el derecho al olvido) no se aplica a contenidos periodísticos. En Colombia, es una restricción al derecho a la libertad de expresión obligar a los medios a eliminar información relacionada con procesos penales. En nuestro país solo un juez podría restringir la libertad de expresión o de prensa.

En este panorama, los periodistas deben recurrir a otros mecanismos de protección, desde conocimiento legal para responder a estas solicitudes, hasta recursos preventivos durante el ejercicio periodístico. “Utilizar internet desde la pestaña de incógnito; esto permite que no haya una huella digital. O recurrir a otros medios para contactar a las fuentes, entre otros”, comenta Raissa Carrillo, coordinadora de atención y defensa de periodistas de la FLIP.

Pero no siempre se cuenta con una asesoría legal inmediata. Con el fin de evitar “más problemas”, los periodistas ceden a la petición y terminan borrando o desindexando el contenido. “El simple hecho de que ya les llegue la carta es desalentador, prefieren evitarse el problema. Aunque sea una decisión autónoma, es autocensura”, dice el abogado Emmanuel Vargas.

Con la autocensura vienen los riesgos físicos y psicosociales derivados de estas solicitudes, que casi siempre buscan solo intimidar. Desde la coordinación de atención y defensas de periodistas de la FLIP han identificado que, en la mayoría de los casos, este tipo de afectaciones no son tan evidentes, y por eso es preciso prestarles mayor atención. “Si te llega una amenaza por redes sociales, eso tiene un impacto emocional y en tu seguridad física. Si esto conduce a un camino de autocensura, hay que corregir y minimizar las debilidades que uno tiene”, dice Raissa Carrillo. 

La particularidad de cada caso elevará o disminuirá la autocensura y los riesgos que se puedan presentar. Sin embargo, en todos los casos se ve una constante: las acciones que debe tomar el periodista para su autoprotección devienen en opresión. Esto ocurre porque la responsabilidad cae sobre los hombros del reportero. Es decir, se culpa al periodista por no haber sido lo suficientemente cuidadoso con la información. 

Ciberseguridad sí, pero no así 

Con todos los matices que se generan alrededor de la ciberseguridad, es importante decir que esta ha sido utilizada con fines de prevención. “No hay que decirle no a la ciberseguridad, porque hay procesos encaminados para prevenir delitos contra menores. Hay que evaluar cada caso”, dice Raissa Carrillo, de la FLIP. 

La particularidad define la ruta de acción y ha dado resultados favorables en la prevención de delitos contra menores de edad, por ejemplo. Pero en cuanto a los medios de comunicación, la ciberseguridad entra en una zona gris donde puede estar amenazada la libertad de prensa y la libertad de expresión, e incluso el acceso a información pública. 

Esta zona gris ha permitido que el concepto de ciberseguridad mute hacia variaciones como el ciberpatrullaje, un compendio de acciones de vigilancia en línea, principalmente en redes sociales. La más reciente investigación de la FLIP, titulada Los jueces de la verdad, el mar de mentiras detrás del ciberpatrullaje del Estado, revela que durante las manifestaciones sociales de este año, el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Militares realizaron una campaña dirigida a identificar a ciudadanos que cuestionaban o criticaban su labor. 

El monitoreo web genera preguntas sobre qué criterios se evalúan antes de ejecutarlo, qué se entiende por contenido nocivo para las empresas o entidades del Estado, y qué se pretende vigilar. “Desde el Estado se están catalogando ciertos comportamientos en línea. ¿Qué tan legal es que nos estén vigilando? Ese es el problema de fondo finalmente”, señala la abogada Raissa Carrillo. Además, es clave resaltar que tanto el monitoreo web como el ciberpatrullaje se han convertido en acciones cada vez más masivas que no cuentan con mecanismos de control. 

En medio de este panorama, la ciberseguridad termina funcionando como una moneda, con dos caras: una, como mecanismo para prevenir delitos digitales; otra, como herramienta para presionar a medios de comunicación y periodistas a borrar contenidos. Esta situación invita a mantener la lupa sobre estos casos que violentan la libertad de expresión y acorralan a periodistas y medios que pueden terminar autocensurándose.

*Rutas del Conflicto es uno de los medios aliados de La Liga Contra el Silencio.

Miércoles, 21 Julio 2021

Los negocios turbios del nuevo presidente del Senado

Por Cuestión Pública, Vorágine y La Liga Contra el Silencio

Los antecedentes del nuevo presidente del Senado de la República incluyen un negocio con dos socios de un narcotraficante, una denuncia por estafa, una disputa familiar por tierras, y el embargo de su apartamento, su sueldo y su carro.

La finca

Transcurría el año 2005 y Juan Diego Gómez Jiménez era diputado de la Asamblea de  Antioquia. Faltaban cuatro meses para que cumpliera 30 años cuando decidió comprar un predio en la vereda El Noral, una zona de fincas de recreo en el municipio de Copacabana, Antioquia, 40 kilómetros al norte de Medellín. 

En la compra del predio, de 2,3 hectáreas, que colinda con la quebrada Carboneros, participaron seis personas más, cinco naturales y una jurídica. Tres de los socios de Gómez Jiménez en esta transacción terminaron vinculados al narcotráfico y en escándalos de corrupción. 

La propiedad tenía tres casas, piscina, bomba de purificación de agua, estadero, establo y sembradíos. El negocio lo suscribieron los siete socios en la Notaría 21 de Medellín el 27 de julio, con una participación del entonces diputado del 12,5 %. Una de las socias, con el 12.5%, fue María Luisa Zapata Vélez, esposa hasta 2007 de Juan Diego Gómez. Los demás se la repartieron así:

Diego Aristizábal Mejía, de 62 años en ese momento, compró el 4,6 % de la finca. Aristizábal fue incluido por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en la lista de negocios y personas asociados al narcotráfico, la Lista Clinton, entre 2010 y 2018, por pertenecer a la estructura criminal del narcotraficante Pedro Antonio Bermúdez Suaza, alias El Arquitecto, piloto de Pablo Escobar y socio de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán. En 1981 Aristizábal también fue miembro de la junta directiva de Confirmesa, empresa involucrada en el asesinato de Guillermo Cano, director de El Espectador.

Diego Aristizábal en la Lista Clinton del Departamento del Tesoro de Estados Unidos

Diego Aristizábal en la Lista Clinton del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. 

Además de las seis personas naturales, en la adquisición del lote en Copacabana participó la empresa AAA Estrategias Financieras S.A., que compró la mayor parte de la propiedad, el 32,11 %. El representante legal suplente de esa compañía era Fabio Jaramillo Guzmán, que ese mismo año, 2005, hizo un negocio inmobiliario con una empresa de alias El Arquitecto, narcotraficante incluido en la Lista Clinton en 2010. Por cuenta de este último negocio, las autoridades capturaron a Bermúdez Suaza, quien era un narco fantasma, es decir, sin figuración.

El Arquitecto logró mantener su bajo perfil hasta que tomó parte en el negocio inmobiliario entre Fabio Jaramillo Guzmán y una de sus empresas. La historia fue así: Jaramillo Guzmán compró un lote de 29 hectáreas en Sabaneta, al sur de Medellín. Lo hizo por 9.000 millones de pesos en julio de 2005, mismo mes del negocio inmobiliario entre Estrategias Financieras S.A. (la empresa que gerenciaba) y Juan Diego Gómez Jiménez. Dos meses después, en septiembre, el millonario lote fue cedido a Franzul S.A., del emporio de alias El Arquitecto. La transacción encendió las alertas de las autoridades financieras, que encontraron que el 75% del dinero que Jaramillo Guzmán usó para comprar el terreno no provenía de sus cuentas bancarias. Es decir, su nombre habría sido usado de fachada para transferir 6.750 millones de pesos. A partir de ese hallazgo se develó la red de empresas que dominaban El Arquitecto y su familia, lo que permitió a las autoridades estadounidenses y colombianas realizar su captura y posterior encarcelamiento en Nueva York.

La finca en Copacabana les costó 515 millones de pesos de la época a los siete socios. En el negocio también participó, con el 6,19 %, María Consuelo Ruiz Londoño, representante legal de la Fundación Berta Arias (Fundarias), entre 2004 y 2009.

Esta organización, según El Espectador, registró millonarios negocios entre los entonces senadores Otto Bula, condenado por el escándalo de Odebrecht, y el parapolítico Mario Uribe, primo del expresidente Álvaro Uribe. En 2011, la Corte Suprema allanó las oficinas de esa fundación, en desarrollo de la investigación contra Bula y Uribe.

Escritura _Diego_Aristizabal_y_Juan_Diego_GomezEscritura Diego Aristizábal y Juan Diego Gómez.

Cuando Juan Diego Gómez Jiménez era presidente de la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes, entre 2012 y 2013, tuvo una reunión privada con Eleuberto Martorelli, expresidente de Odebrecht en Colombia. Por esa época Odebrecht pagó al menos dos millones de dólares en sobornos a senadores y políticos conocidos como “Los Bulldozer”, por su capacidad para aplanar los obstáculos en favor de esa empresa y de sus socios. 

Esta no es la única línea que conecta al nuevo presidente del Senado con Odebrecht. Uno de sus financiadores, el empresario César Hernández Sanmartín, dio un crédito a la campaña de Gómez Jiménez al Senado en 2014 y seis meses después de las elecciones lavó dinero para la multinacional brasileña, hechos por los cuales fue condenado a casa por cárcel en 2017.

El predio de Copacabana estuvo en manos del entonces diputado Juan Diego Gómez, Diego Aristizábal, María Consuelo Ruiz y dos socios más hasta marzo de 2007, cuando vendieron sus porciones a la Promotora La Provincia S.A. por 338.300.000 pesos. De esta empresa fue accionista Fabio Arturo Jaramillo Guzmán en junio de 2008, según los registros de la Cámara de Comercio de Medellín. La empresa fue copropietaria del predio en Copacabana hasta diciembre de 2011. 

Este hallazgo de Cuestión Pública se suma a una investigación de Vorágine que demuestra cómo el senador y su familia se encuentran en una disputa por unas tierras.

La denuncia de Coogranada

Los líos de tierras del senador Juan Diego Gómez Jiménez son parte de la herencia de su padre, Orlando de Jesús Gómez Botero, alias La ballena, quien fue condenado en 2012 a ocho años de prisión por fraude procesal, falso testimonio y obtención de documento público falso, todos delitos en los que incurrió para proclamarse dueño de un predio en Bello, donde se proyectaba construir el Centro Comercial La Provincia. Gómez Botero murió en 2013 en la cárcel, pero sumido en un pleito desde 2004 con la Cooperativa Coogranada por hechos similares a los que lo llevaron a su condena.

La familia del senador Gómez, en cabeza de su madre María Mercedes Jiménez, y de sus tres hermanos -Elizabeth, Clara Mercedes y David Orlando- heredó el litigio por las tierras, según una denuncia de Coogranada, propietaria desde 2003 de un lote de 52.000 metros cuadrados denominado Las Brisas, ubicado en el barrio La Gabriela del municipio de Bello. Este lote pertenecía a la señora Bibiana Edith Ossa Aristizábal, quien lo utilizó, en noviembre de 2004, como dación de pago para saldar una deuda que tenía vigente con Coogranada. 

Mientras la cooperativa estaba legalizando la propiedad, en el lote ya había movimientos de tierras para la construcción de viviendas de interés social, en una urbanización que se llamaría “Jardín de los Sueños”. El responsable de la construcción era Orlando de Jesús Gómez Botero, padre del presidente del Senado. Un informe del CTI de la Fiscalía del 21 de agosto de 2004 determinó que Gómez Botero y sus socios habían invadido el lote vecino en un área de 18.507 metros cuadrados, en cuanto el lote del señor Gómez realmente tenía un área de 9.169 metros cuadrados y lo hicieron aparecer de 27.676 metros cuadrados.

Por cuenta de estas inconsistencias, el Fondo Nacional de Vivienda declaró el siniestro del proyecto y se abrió una investigación en la Fiscalía 23 de Bello. Gómez Botero culpó a Coogranada de no haber podido terminar las viviendas de interés social y, a finales de 2007, junto a sus socios, le reclamó 2.300 millones de pesos de indemnización por perjuicios. Alias La ballena interpuso esta demanda ante los jueces de El Santuario, Antioquia, donde el senador Gómez Jiménez vivió su infancia y que años más tarde se convirtió en su fortín electoral. 

El padre del senador y sus socios ganaron la demanda el 26 de enero de 2010. Coogranada apeló el fallo ante la Sala Civil del Tribunal Superior de Antioquia. El proceso terminó en el despacho de Álvaro Raúl Gómez Duque, quien fue juez del Juzgado Civil del Circuito de El Santuario en los años ochenta. El magistrado Gómez Duque, que murió en noviembre de 2013, también fue profesor de la Universidad de Medellín, entre 1983 y 2005, de las cátedras de Personas, Bienes, Teoría General del Negocio Jurídico, Obligaciones y Derecho de Familia, coincidiendo en el campus con el entonces estudiante Juan Diego Gómez Jiménez.

La sentencia de segunda instancia confirmó la de primera, pero redujo el monto a 900 millones de pesos. Coogranada presentó entonces un recurso de casación ante la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, en la que participó la entonces magistrada Margarita Cabello Blanco, hoy procuradora general, que confirmó las sentencias de los jueces antioqueños.

Al negocio inmobiliario en Copacabana y la disputa familiar por tierras, se suma una denuncia por estafa. El 21 de diciembre de 2013, Noticias Uno presentó la denuncia de Margarita Sosa, a quien el entonces diputado de Antioquia Juan Diego Gómez Jiménez le vendió en 2007 dos lotes en el barrio Laureles de Medellín, que no le pertenecían o que presentaban inconsistencias en la matrícula inmobiliaria. A pesar de que el noticiero mostró el documento firmado por el diputado, al ser consultado, Gómez Jiménez dijo que él no firmó nada y que no hizo negocios con la mujer.

El senador Juan Diego Gómez Jiménez no es el único poderoso en su familia. Su hermano David Orlando es el director de CISA en Antioquia, desde hace más de cinco años, reconoció el congresista. Esta es una entidad adscrita al Ministerio de Hacienda que administra los negocios inmobiliarios del Estado.

“Malicioso”

El nuevo presidente del Senado también ha enfrentado tres procesos civiles en los que le embargaron el carro, el apartamento y el sueldo, y que tienen como denominador común que no le gusta pagar sus deudas. Aunque no son los únicos. En el Juzgado Noveno Civil de Medellín reposan dos procesos más, pero el juez se niega a entregarlos. También se niega a entregar, a pesar de que son públicos, un proceso que está en ese despacho contra el senador liberal Julián Bedoya Pulgarín, a quien la Universidad de Medellín le retiró el título de abogado por fraudulento. A ambos, Gómez y Bedoya, los une haber recibido el título de Derecho de la Universidad de Medellín y su padrino político, César Pérez García, condenado a 30 años de cárcel por la masacre de Segovia, en la que fueron asesinadas 46 personas.

El primer proceso de embargo contra Juan Diego Gómez Jiménez fue el de un vehículo. Ocurrió el 12 de octubre de 2007, cuando este era diputado, por el no pago de una deuda. La orden la dio el juez 25 civil municipal de Medellín. La historia data de 2004, cuando los hermanos David y Juan Diego le firmaron un pagaré a GMAC, la financiera de General Motors, por 17.269.698 pesos para comprar un carro Chevrolet Corsa Active 2005. El proceso terminó el 4 de julio de 2008. Ese día el hermano del hoy senador devolvió el carro y la deuda quedó saldada.

Ordenes_Embargo

Al nuevo presidente del Senado, Juan Diego Gómez, le embargaron el sueldo, el apartamento y el carro.

El segundo proceso de embargo fue el de su sueldo. El 28 de enero de 2014, tres meses antes de las elecciones del Congreso, Gómez Jiménez le firmó una letra por 50 millones de pesos a Apolinar Zabala Pavas, que se comprometió a pagar un mes después. Tres años y un mes más tarde, Zabala demandó al senador porque “no se ha dignado pagar el importe del título valor, como tampoco los intereses de mora causados hasta el momento, no obstante los continuos cobros”. En ese momento, ya la deuda estaba en casi 90 millones y eso era lo que estaba reclamando Zabala al senador en el Juzgado Segundo Civil de Medellín, que el 9 de marzo de 2017 embargó una quinta parte del sueldo del congresista antioqueño.

El 2 de abril de 2018 apareció el recién reelegido senador Juan Diego Gómez con su defensa. Dijo que no era cierto que Apolinar le hubiera cobrado y que no podían exigirle ningún pago porque ya había operado la “prescripción y caducidad de la acción cambiaria”.Gómez Jiménez le pidió al juzgado que lo exonerara de pagarle la deuda a Apolinar, de quien dijo que fue negligente por cobrarle la deuda vía judicial.

El senador señaló incluso que dicha actuación “es sancionada por el legislador”. Por poco y Zabala Pavas termina en la cárcel. El congresista pidió, eso sí, que lo condenaran a pagar las costas y que le devolvieran los sueldos que le habían embargado.

El proceso continuó. Apolinar dijo que, al ignorar la notificación que el juzgado trató de hacer por más de un año, el senador sacó provecho de su “malicia”. Un año más tarde, mientras el senador mantenía su defensa, el juzgado los citó a una audiencia de conciliación. Fue el 16 de mayo. Gómez le pagó 85 millones de pesos a Zabala. El dinero salió de los 107 millones que le habían embargado. 

El último embargo fue el de su apartamento. La demanda la presentó la administradora de su edificio el 11 de mayo de 2017. El senador debía 4.456.745 pesos, de seis meses de cuotas de administración, y los intereses de mora. El proceso le correspondió al juzgado 12 civil de Medellín, que inmediatamente citó al congresista para notificarlo del proceso. Ese mismo día, el 23 de mayo, el juez le embargó el apartamento. Un mes más tarde el juez le ordenó al inspector de policía el secuestro del apartamento y “allanar si es necesario”. 

El 12 de diciembre de 2017, la jueza ordenó el remate del apartamento para pagar la deuda, pero la Alcaldía escogió el 26 de junio de 2018 para secuestrar el inmueble (tomar posesión). Esos seis meses de gabela ayudaron para que el 30 de abril de 2018 el senador Gómez pagara lo que adeudaba por concepto de administración. Según la matrícula inmobiliaria, Juan Diego Gómez compró el apartamento por 650 millones de pesos el 20 de junio de 2012, cuando era representante a la Cámara. Es un penthouse de 253 metros cuadrados, incluyendo un balcón de 40 metros cuadrados, en un edificio ubicado en El Tesoro, zona exclusiva del barrio El Poblado, en Medellín. El 6 de octubre de 2020, el congresista lo vendió por 1.150 millones de pesos al economista uruguayo Juan Alejandro Montero Avero.

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Edificio Balcones de la Calera, barrio El Poblado, Medellín, Antioquia.

Gómez Jiménez, a sus 45 años, presidirá el Senado desde el 20 de julio de 2021. Ingresó a la política electoral con el Partido Conservador y su carrera ha registrado un ascenso vertiginoso, que comenzó cuando tenía solo 28 años en la Asamblea de Antioquia (2004-2010) y continuó en el Congreso, primero en la Cámara de Representantes (2010-2014) y ahora en el Senado (2014-2022). Su primer cargo público, recién egresado de la Universidad de Medellín, fue el de director de la cárcel de Bello, desde el 15 de diciembre de 1999 hasta el 14 de agosto de 2000.

A través de su abogado Jesús Albeiro Yepes, el congresista ha acosado judicialmente a los medios de comunicación que firman esta investigación. Primero fue Cuestión Pública por la investigación sobre su patrimonio, negocios familiares, contratos y conflictos de interés en #SabemosLoQueHiciste. El medio ganó, en primera y segunda instancia, la tutela que interpuso Gómez Jiménez. Usando la misma estrategia, el senador antioqueño presentó una solicitud de rectificación contra Vorágine, previo a la acción de tutela, por la denuncia de la disputa familiar por tierras en Bello.

Contactamos al senador Juan Diego Gómez para preguntarle por el contenido de esta investigación, y su último mensaje fue el 18 de julio de 2021, a las 2:16 de la tarde: “Estoy en una reunión. Al terminar le escribo”.

De Antioquia con amor

De cara a las elecciones de 2022, Vorágine, Cuestión Pública y La Liga Contra el Silencio investigan a caciques electorales de Antioquia en una serie que expondrá casos que demuestran cómo han tenido negocios con personas vinculadas al narcotráfico; cómo implementan carruseles en contratación pública; siguen patrones clientelistas; y desvían recursos para favorecer intereses privados. Esta es la primera investigación de la serie.