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Martes, 25 Mayo 2021

“Enciérrenlas y ahóguenlas”: abuso policial en Palmira durante el paro

Por La Liga Contra el Silencio

Las noches del 2 y 3 de mayo, muy cerca de Cali, varios manifestantes sufrieron una represión inédita entre los cultivos de caña. El comandante de la Policía desconoce las denuncias registradas por el Comité de Derechos Humanos, pero abundan testimonios que involucran a la fuerza pública.

“Nos iban a violar. Nos metieron la pistola en la boca y nos amenazaron. Nos tocaron por todos lados, y nos decían: ‘Las vamos a matar, ¡zorras!’ Y nos metieron al lado del cañaduzal”, contó una mujer en un video que circuló el 3 de mayo en Palmira, Valle del Cauca. Las imágenes, también publicadas en Twitter, se sumaron a las denuncias de violencia sexual que acumula hasta ahora el paro nacional. 

La Defensoría del Pueblo registró, entre el 28 y el 14 de mayo, 87 casos que incluyen tocamientos, amenazas y tortura contra contra distintas personas por parte de agentes de la fuerza pública. A este saldo se sumó la denuncia conocida el 20 de mayo, en la cual una policía asegura haber sido torturada y abusada sexualmente por civiles en un CAI de Cali durante las manifestaciones del 29 de abril. 

En Palmira, según el Comité de Derechos Humanos, al menos 48 personas resultaron heridas y 10 mujeres denunciaron violencia de género durante “la larga noche de los cañaduzales”, como describen allí a las dos jornadas continuas de confrontación entre el Esmad y los manifestantes, el 2 y 3 de mayo.

“En el resto del país aún no entienden la magnitud de todo lo que está pasando acá”, declaró Óscar Escobar, el alcalde de Palmira. El abuso policial y las protestas continuas, según dijo, nunca se habían visto así en la ciudad. Desde el 28 de abril las principales vías del municipio han estado bloqueadas; escasean los vegetales y la gasolina, y la basura no se recoge con la frecuencia habitual. 

El 10 de mayo abrieron un corredor humanitario que ha permitido la entrada de algunos víveres esenciales. Mientras tanto, un centenar de jóvenes construyó campamentos improvisados en la carretera Palmira-Cali, entre vastos cultivos de caña, y en coordinación con la Asamblea Popular, junto a estudiantes, profesores y otras personas que impulsan la organización comunitaria y el paro nacional.

Campamento en bloqueo del sector conocido como "La Y". | Crédito: Juan Arias/Mutante.

“Nos descartan por ser humildes. Por eso estamos en esta lucha, y seguiremos hasta cuando el gobierno nos escuche”, dijo un joven al que llamaremos Santiago. Él hace parte de la primera línea de resistencia, el grupo que está de forma permanente en los puntos de bloqueo; la vanguardia que enfrentó a los Escuadrones Móviles Antidisturbios (Esmad). Como muchos otros, por temor, el muchacho prefirió ocultar su rostro y su nombre. 

El miedo en el cuerpo

Juanita, una estudiante de 25 años, jamás había participado en una movilización en Palmira. Ella salió a marchar desde el 28 de abril, animada por el descontento colectivo frente al proyecto de reforma tributaria que el presidente Iván Duque presentó ante el Congreso. Su indignación creció con los asesinatos que se contaron en los primeros días del paro. Por precaución, siempre protestaba de día. Juanita, tampoco es su nombre real. 

“Me habían invitado de noche, y yo dije que no. Las mujeres siempre vamos a estar en desventaja. Hay matorrales, no hay energía. Pueden ser policías o manifestantes. Somos vulnerables”. En todo esto pensó ella en la tarde del 2 de mayo, antes de acudir al llamado que la primera línea hizo por redes sociales pidiendo bolsas de leche para mitigar el ardor de los gases lanzados por el Esmad. 

El miedo de las mujeres hacia las manifestaciones lo confirma el conteo de la Defensoría del Pueblo y de varias organizaciones no gubernamentales. El 13 de mayo se conoció la historia de una joven de 17 años que se suicidó tras denunciar otro caso de violencia sexual por parte de cuatro policías que habría ocurrido en una Unidad de Reacción Inmediata (URI) en Popayán. El hecho fue negado por el general Ricardo Alarcón, comandante de la regional 4 de la Policía. Horas después, cuatro uniformados involucrados en la detención fueron separados de sus cargos mientras se investiga el caso.

Jóvenes de primera línea tras sus escudos protectores.  | Crédito: Juan Arias/Mutante.

El domingo 2 de mayo en Palmira, junto a una de sus amigas, a quien llamaremos Andrea, Juanita decidió apoyar la movilización. A las 5 de la tarde le entregó unas bolsas de leche a una joven de la primera línea y se alejó. En pocos segundos, mientras buscaban la salida, ambas se vieron envueltas entre los gases del Esmad. Entonces decidieron resguardarse en un arbusto junto a los cañaduzales. Un policía, según Juanita, las abordó con violencia. “¡Perras hijueputas! Acá solo están los vagos, los vándalos”, les gritó.

La descripción de Juanita incluye más abusos. Dos policías, declaró, les vaciaron las mochilas que llevaban y tiraron a su amiga al piso. “Ahí le metieron mano para sacarle el celular que tenía aquí (señala su pantalón en los genitales)”, dijo. Según su recuerdo, después los hombres levantaron a Andrea tomándola del pelo y a ambas las arrastraron al menos un kilómetro entre insultos y bolillazos hasta llegar al peaje CIAT, ubicado entre Palmira y Cali, donde la tortura continuó.

“Palmira es un municipio donde la violencia sexual es alarmante. El extenso monocultivo de caña lo convierte en un escenario de terror para las mujeres, especialmente por la oscuridad. Igual pasa con los asesinatos, que son casi diarios”, dijo Camila, asesora legal de Juanita y Andrea e integrante del Comité de Derechos Humanos de Palmira. 

Camila no es su verdadero nombre. Ni siquiera los defensores de derechos humanos escapan del miedo, pues temen sumarse a las 15 personas que recibieron amenazas en Palmira durante los primeros 20 días del paro. Varias personas que han participado de las movilización, según el Comité de Derechos Humanos del municipio, fueron señaladas en un panfleto firmado por “la mano negra”. Camila conserva su cédula, a diferencia de las víctimas que representa. “A todas se las robaron, y eso es muy simbólico. Hasta la identidad les quitaron”, dijo.

A esta violencia, según la abogada, se suma la negligencia institucional. “Enviamos la denuncia de Juanita y Andrea a la Fiscalía al menos tres veces, porque no la encontraban en la bandeja de entrada del correo”, contó. Camilia considera esto revictimizante y no concibe que esta misma situación hubiera ocurrido con las otras víctimas que aún están en shock o son menores de edad. Una semana después de los hechos, Juanita puede dar una entrevista frente al cañaduzal aún con temor. Entre las demás, algunas cerraron sus redes sociales; otras siguen en silencio o encerradas en sus casas.

Ante la Fiscalía se han radicado solo tres denuncias, pero la abogada acompaña a diez mujeres que dicen haber sido violentadas en los cañaduzales o en la vía que conecta a Cali y Palmira entre el 2 y el 3 de mayo. Las denuncias incluyen tocamientos, insultos, hostigamientos de carácter sexual y golpizas.

A Jennifer Melo, psicóloga de varias mujeres que han denunciado estos abusos, los testimonios la desbordaron. “En la noche del lunes me encontré a una nena que tenía la cabeza ensangrentada, y me contó: ‘Ellos a mí no me penetraron físicamente, pero me penetraron la cabeza y el alma. Me dijeron que era una perra, una guerrillera, una vándala; me patearon, me tiraron al suelo’”, recordó. Para Melo, además de la violencia física, existe un impacto psíquico que será más difícil de sanar. 

Una de las mujeres integrante de la primera línea en el bloqueo de "La Y". | Crédito: Juan Arias/Mutante.

El coronel Germán Manrique, comandante de la Policía de Palmira, dijo el 11 de mayo que no conocía las denuncias. “Discúlpame. Como suceden las cosas no hay tiempo para eso. Son 22 personas del Esmad que deben estar adelante para no ser superados, y ese día había por lo menos 500 jóvenes que ya iban muy adelante (y que tenían el deber de dispersar)”, declaró. 

Represión desmedida

“Nos metimos a los cañaduzales y ellos (la fuerza pública) comenzaron a quemarnos con gasolina. Nos comenzaron a tirar gases, a ahogarnos. Muchos jóvenes salieron con tiros en las espaldas, en las piernas. Nos gritaban que nos iban a matar, que nos tenían ahí cercados”, recordó Santiago, el integrante de la primera línea, sobre la noche del 2 de mayo. 

Al día siguiente, según dijo, fue peor. Recibió unos golpes que le dejaron una rodilla herida, corrió por los cañaduzales en un acoso que duró seis horas. El Esmad lanzó gases y aturdidoras; se escucharon disparos y varios jóvenes salieron heridos.

“Los compañeros con tanto gas se estaban ahogando”, contó Santiago. La altura de los cultivos casi dobla la de una persona. Hay mosquitos, mucho pantano, las hojas de la caña afiladas. Por ahí corrieron decenas de manifestantes en completa oscuridad. Una semana después de los hechos seguían allí algunos objetos: la espuma de un brasier, bolsas de leche, una llanta quemada, la placa de una moto. 

Extensiones de cañaduzales que bordean la vía Palmira - Cali.  | Crédito: Juan Arias/Mutante.

Camila, quien se animó a volver, recordó el lugar como un campo de guerra. En camas de cartón atendieron a los heridos que se iban sumando a medida que caía la noche. “Quién haya estado ahí, no volverá a ver ese lugar igual”, dijo. En su teléfono, como en los de otros defensores de derechos humanos, están los videos que muestran heridas a quemarropa, moretones y hemorragias.

El coronel Manrique aseguró que del Esmad solo pudieron salir gases y aturdidoras. También mencionó rumores. “Gente de esas fincas no quería que se les metieran. Cuando vieron que se les metió toda esa gente... Hay algo que está lastimosamente muy de moda, que no ha arreglado el gobierno, y es la venta de armas traumáticas que llaman, que en realidad son armas de fuego”, dijo.

El coronel tiene una explicación para cada abuso. Frente a una fotografía donde un uniformado del Esmad le apunta a un joven de cerca, concede. “No lo niego. Puede que haya habido (golpes y heridas), pero son pocos. No lo niego, pero para eso son los elementos que tienen el Esmad”, señaló.

Según el Comité de Derechos Humanos, entre las noches del 2 y 3 de mayo se contaron 38 desaparecidos. La Defensoría del Pueblo presentó entonces un listado nacional, y allí la vía Cali-Palmira encabezó la tragedia con 28 desaparecidos entre el 28 de abril y el 2 de mayo. Algunos reportados como desaparecidos en realidad se habían resguardado en los cañaduzales durante horas. Otros, por temor, pasaron la noche en casas de amigos, con los teléfonos descargados, o incluso, según múltiples denuncias que conocen en el Comité, robados por agentes de la Policía. 

El 19 de mayo, en Palmira, todavía se reportaban ocho personas con paradero desconocido, de acuerdo con la información de los defensores de derechos humanos. Óscar Escobar, el alcalde, debió disculparse después de negar la magnitud de los hechos cuando dijo que solo conocía de cinco heridos, mientras en redes sociales rodaban videos con decenas. El desfase de las cifras, según Escobar, se explica porque muchos heridos fueron atendidos por brigadas de voluntarios, mientras al hospital Raúl Orejuela Bueno y a la Clínica Santa Bárbara solo llegaron unos pocos. 

Actividad cultural en el bloqueo de "La Y" el martes 10 de mayo.  | Crédito: Juan Arias/Mutante.

Pero a los defensores de derechos humanos y a los manifestantes de la primera línea lo que realmente les molestó fue que el alcalde no diera la orden de detener el Esmad, aunque fue advertido: “Alcalde, paren ya; la cuenta (de heridos) que tengo es larga”, le escribió Jhonier Flórez, integrante del colectivo Francisco Isaías Cifuentes y miembro del Comité de Derechos Humanos del municipio. Escobar dice que la noche del 3 de mayo habló con un alto mando de la Policía y le pidió retirar al Esmad. “Me explicó que no lo podíamos hacer, que había una orden de proteger la infraestructura nacional”, contó el alcalde. 

Nada nuevo bajo el sol

La última vez que el Esmad reprimió una protesta en Palmira fue en noviembre de 2018, cuando los estudiantes se unieron a las movilizaciones del país y exigieron mayor financiación para la educación superior pública. Antes, en 2008, un intento de toma del peaje CIAT, ubicado a dos kilómetros de la zona urbana, también derivó en una confrontación. Pero nada puede compararse con este paro nacional, aunque este municipio valluno exhibe una tradición de lucha popular estimulada por la presencia de varios sindicatos de corteros de caña y de los miles de estudiantes que albergan sus nueve universidades.

Para Jhonier Flórez el estallido social en Palmira es una respuesta lógica ante dos realidades. Por un lado, el proceso de politización de la juventud en el municipio. Y por el otro, fallas en la gestión de Iván Duque que evidenciaron un conflicto social antes relegado por el conflicto armado. 

Flórez es vocero del Comité de Derechos Humanos de Palmira, un espacio al que se han sumado universidades, colectivos de la sociedad civil y organizaciones humanitarias desde hace dos años, con el fin de garantizar, entre otras cosas, que la acción policial no sea abusiva en un municipio donde hay al menos 468 cámaras de vigilancia en la zona urbana y dos comandos de Policía en cada extremo. 

Bloqueo en MonteResistencia, uno de los puntos de concentración de la movilización en Palmira. | Crédito: Juan Arias/Mutante.

El Comité nunca tuvo tanto trabajo como en las últimas semanas. Sus cerca de 15 integrantes duermen poco, y entre ellos se reparten asuntos como monitorear los puntos de bloqueo y las manifestaciones convocadas, mediar en las detenciones arbitrarias, responder a la prensa, dialogar con la institucionalidad y representar a las víctimas. Todos están exhaustos, y algunos de ellos viven amenazados. 

El trabajo constante ha fijado en la cabeza de Jhonier Flórez los hitos del paro en su localidad. El 28 de abril, primer día de convocatoria, dice que se movilizaron cerca de cuatro mil personas en Palmira, un hecho sin precedentes. Luego vinieron marchas más atomizadas, pero también masiva, de educadores y profesionales de la salud. El 5 de mayo, el alcalde Óscar Escobar participó en una de ellas, que transcurrió en calma y luego terminó con el incendio del peaje de CIAT. Según la primera línea, esto ocurrió por unos infiltrados. Según el coronel Manrique fueron los mismos manifestantes, que habían alentado esta quema. Según los defensores de derechos humanos, todo ocurrió en condiciones que hasta ahora no se aclaran.

El peaje es una suerte de Florero de Llorente. “En el Valle del Cauca tenemos casi cinco peajes en menos de 30 kilómetros alrededor. ¡Eso es un abuso!”, dijo Flórez. 

Peaje del CIAT en la vía Palmira - Cali.  | Crédito: Juan Arias/Mutante.

Palmira es un paso estratégico en el Valle del Cauca. Por eso los asentamientos de los jóvenes de la primera línea se han ubicado en las principales entradas del municipio. Existen dos bloqueos urbanos. Uno conocido como “La Y”, que empieza en el centro comercial Llano Grande, avanza un kilómetro hasta el peaje y conecta con la vía a Cali. Y otro ubicado en Monteclaro, un barrio popular habitado históricamente por corteros de caña, que ha sido rebautizado durante el paro como “MonteResistencia”. Esta vía comunica a Palmira con otros municipios del norte del Valle del Cauca, como Guacarí y Buga. Además, hay otros dos puntos bloqueados por comunidades campesinas en El Bolo y Aguaclara. 

Santiago, el joven manifestante de la primera línea, dice que la sociedad los ha visto como “descartables”. Así se ha sentido siempre. Según él, las protestas no van a parar hasta que no se garanticen unos mínimos vitales para él y los suyos, todos muchachos de las clases populares. “A muchos nos echaron del trabajo cuando supieron que estábamos aquí”, dijo. 

Según Jhonier Flórez, los manifestantes han admitido que en los puntos de resistencia hay miembros de pandillas, y durante el paro han usado los bloqueos como zonas de distensión en el conflicto urbano que suele trazar fronteras invisibles entre un barrio y otro. “Hoy los une una sola causa: responder al trato militar de la protesta social”, aseguró el defensor.

En los bloqueos de Palmira es evidente la cuota de poder espontáneo que estos jóvenes difícilmente querrán perder. La vieja guardia, integrada por gente de las universidades públicas o los sindicatos, quisiera organizar a los recién llegados para evitar los desmanes. Pero estos nuevos actores quieren hacer las cosas a su manera, bajo la atención de la prensa, con la solidaridad de personas que les llevan comida y el acompañamiento de los defensores de derechos humanos. Y han cedido en la negociación. Por ejemplo, permitieron un corredor humanitario para el suministro de víveres esenciales al municipio. “Estos pelados comen tres veces al día, a diferencia de muchos que en su casa no lo hacían. Aparte están recibiendo el cariño que tampoco tenían en su casa”, explicó Flórez. 

¿Quién manda?

“Sí, las órdenes de proceder ese día las di yo”, dijo el coronel Germán Manrique,  comandante de la Policía de Palmira. Manrique explicó que se demoró en pedirle al Esmad que atacara y dejó avanzar lo que más pudo a los manifestantes el 2 de mayo.

No podía ser de otra manera, según Manrique, pues la amenaza de los muchachos era destruir el peaje. Durante los primeros días de las manifestaciones solo había policías uniformados con chalecos reflectivos, pero luego enviaron al Esmad. “Estaban tirando mucha piedra, entonces decidimos cambiar el esquema”, contó Manrique.

Con toda la fuerza que había disponible, una sección del Esmad con 22 hombres llegó al sitio. “Nunca tuvimos más Esmad, porque el resto estaban en otro lado (en la zona más cercana al aeropuerto). Esos 22 muchachos estuvieron conmigo todos esos días de corrido. Cuatro días duramos ahí”, dijo el coronel.

El Comité de Derechos Humanos, en su reporte sobre la correlación de fuerzas, registró al menos el doble de policías del Esmad. Juanita asegura que, además del Esmad, había uniformados de la policía, los mismos que las metieron a la fuerza a una habitación del CAI junto al peaje. 

Bloqueo de "La Y", a la altura del centro comercial Llano Grande.  | Crédito: Juan Arias/Mutante.

“Ya habían tirado a mi compañera al cañal y le habían metido mano. Yo les dije: ‘No, no me voy a meter’. Nos metieron a ese cuarto que tenía un baño al lado y llegaron tres del Esmad, diciendo ‘ay, tenemos ganas de orinar’”, contó Juanita. Según su relato, las miraron con morbo y buscaron la manera de que ellas vieran sus genitales. Se burlaron, las humillaron. Después dieron la orden a los demás policías: “Enciérrelas y ahóguenlas con gas”. Y así fue. 

Para Juanita pronto terminaría parte de la tragedia. Para otras apenas empezaba. “Un agente de tránsito nos ayudó, nos dio agua. Luego llegaron los policías cagados de la risa. Segundos después llegaron los de derechos humanos y nos sacaron de ahí, porque los policías ya estaban grabando, diciendo que nosotras teníamos bombas”, recordó. 

Por eso todavía tienen miedo. Además de la violencia sexual, de los bolillazos y los insultos, algunas de las mujeres que decidieron denunciar han recibido amenazas y presiones para que callen. Varias siguen confinadas en sus casas, convencidas por un mensaje que parece ir dirigido a todas las mujeres: que protestar no es su derecho, y hacerlo las vuelve vulnerables frente a los hombres de la Policía Nacional. 

Miércoles, 27 Enero 2021

Iglesias y Estado: una sociedad sin control

Por La Liga Contra el Silencio

La personería jurídica especial, un reconocimiento otorgado por el Ministerio del Interior, ha promovido una falta de transparencia en los contratos que varias entidades religiosas tienen con distintas alcaldías de la Costa Caribe. La adjudicación directa promueve las irregularidades y el clientelismo.

La relación entre las iglesias y el dinero público en Colombia es tan estrecha como opaca. Las instituciones oficiales celebran contratos multimillonarios con fundaciones que están exentas de control fiscal y no están obligadas a demostrar cómo administran esos fondos. Los recursos públicos en manos de organizaciones religiosas son difíciles de rastrear, y esto impide verificar cualquier manejo irregular. Las iglesias en nuestro país disfrutan de una personería jurídica especial, otorgada por el Ministerio del Interior, que las libra de los requisitos legales establecidos para las entidades con fines de lucro. 

Las iglesias además pueden ejecutar proyectos del Estado sin acudir a licitaciones ni rendir cuentas al fisco. Pero el andamiaje jurídico entorpece las acciones legales que podrían provocar sanciones. Por eso en la mayoría de los casos, cuando ocurre alguna irregularidad, solo procede la condena pública, el juicio ético y la indignación.

Alcalde_Cienaga_Luis_Tete_Samper

La Liga Contra el Silencio conoció un caso reciente. En septiembre de 2020 hubo un escándalo mediático por un contrato de 1.650 millones de pesos celebrado entre la administración de Luis Tete Samper, alcalde de Ciénaga, Magdalena, y la iglesia cristiana evangélica Nueva Jerusalem Apocalipsis 21.2. El objeto, según consta en el contrato, era la “promoción e implementación de estrategias para el desarrollo pedagógico en el municipio”. 

Personas cercanas al partido Fuerza Ciudadana, opositores del movimiento De la Mano con el Pueblo, que lidera el alcalde Samper, denunciaron que en la contratación podía haber intereses particulares del alcalde. Según el alegato, la representante legal de esta iglesia es la pastora y periodista Yurissa del Castillo Romero, cuyo esposo, Víctor Polo Rodríguez, pastor de la misma iglesia, es director de Caracol Radio en Santa Marta. La denuncia en medios de comunicación locales describió esto como una forma de comprar información positiva en Caracol Radio sobre la gestión de Samper.

La información de este contrato, firmado el 5 de marzo de 2020, debía cargarse tres días después en el Servicio Electrónico de Contratación Pública (Secop), la plataforma digital de compras del Estado. Pero solo se formalizó el 6 de agosto del mismo año. La designación de esta iglesia, amparada por la ley, se hizo por contratación directa. Así la congregación cristiana se ganó el derecho de administrar 1.650 millones de pesos en labores pedagógicas sin participar en ninguna convocatoria pública, donde se valoraría su experiencia e idoneidad para ejecutar el contrato. En el Secop es el único contrato que aparece relacionado con la iglesia evangélica en los últimos años. Su representante legal sí figura como contratista pública en varias ocasiones, pero sólo en asuntos vinculados con su profesión.

El Sindicato de Trabajadores de la Educación del Magdalena no halló motivos para objetar esta contratación. “No importa lo que pensemos de esos contratos. Si denunciamos sin pruebas, esas acciones se revierten y terminan afectando a los denunciantes. Someterse a la jurisprudencia en ese terreno de las entidades religiosas y las públicas, es una pelea de tigre con burro amarrado”, dice César Cantillo Peralta, presidente del sindicato.

Cantillo reconoce que los maestros son contratados por las iglesias para desempeñar el mismo trabajo que harían siendo funcionarios públicos. Pero allí, según dice, no gozan de estabilidad laboral, les irrespetan el escalafón profesional, les pagan con retraso, no tienen derecho a la sindicalización y viven con temor de denunciar porque ponen en riesgo su único ingreso. 

“En las zonas rurales de la Sierra Nevada, donde llegan esos programas impartidos por las iglesias, ante la ausencia del Estado, los maestros y los padres de familia ven a Dios en persona. Aunque sea injusto con el docente y se pierda la posibilidad de auditar los dineros públicos, es mejor eso que nada”, dice el sindicalista. Para Cantillo existe un sistema de gobierno que facilita una corrupción indemostrable. “Uno puede presumir intereses partidistas, pago de favores, sobreprecios, clientelismo. Pero es legal y no se puede actuar”, agrega.

En las consideraciones del contrato entre la Alcaldía de Ciénaga y La Nueva Jerusalem se lee: “Contratos a celebrarse con iglesias y confesiones religiosas se sujetarán a lo previsto en artículo 200 de la Ley 115 de 1994, razón por la cual, las entidades territoriales certificadas seleccionarán los respectivos contratistas, en forma directa … y sin necesidad de que el contratista se encuentre habilitado en el Banco de Oferentes de la entidad territorial –que es el listado de establecimientos educativos no oficiales con trayectoria e idoneidad para prestar el servicio educativo-, o de acudir a un proceso licitatorio”.

En su primer periodo como alcalde (2012-2015), Tete Samper suscribió contratos con otra iglesia, el Centro Bíblico Internacional Emanuel: uno por 1.419 millones y una adición de 709,5 millones por “servicios administrativos del servicio público educativo”.

La Liga contactó a Karen Villafaña, secretaria de Educación de la Alcaldía de Ciénaga, para conocer detalles de la adjudicación de los contratos pero no respondió hasta la publicación de este reportaje.

Otro contrato por 2.091 millones de pesos, también en Ciénaga, se celebró en 2016 entre Edgardo Pérez Díaz, entonces alcalde, y la iglesia Centro Cristiano Avivamiento AD para las Naciones, entonces representada legalmente por el empresario Luis Fernando Carrillo, investigado por la Fiscalía, en aquel momento, por delitos contra la administración pública, en ocasión de otro contrato celebrado con la misma entidad local para actividades ambientales. 

En total, durante la alcaldía de Pérez Díaz (2016-2019) esta misma iglesia (que cambió de representante legal) fue beneficiada en Ciénaga con cuatro contrataciones directas que suman 6.249 millones. En 2016, el contrato ya mencionado; en 2017, uno por 1.302 millones; en 2018, otro por 1.571 millones; y en 2019, uno más por 1.284 millones. El objeto en todos es casi idéntico: “prestación de servicios educativos a través de la promoción e implementación de estrategias de desarrollo pedagógico en instituciones educativas oficiales de la zona rural alta” de Ciénaga.

A estos contratos se suma otro más, firmado en 2016 por 6.574 millones, con la Gobernación del Magdalena, también por “servicios educativos”.

Normas para los entuertos

“Las entidades sin ánimo de lucro son las más beneficiadas en los últimos años por su participación creciente en la contratación estatal. Entre enero de 2014 y julio de 2016 se destinaron 14,5 billones de pesos en la contratación con este tipo de entidades (...), la mayoría destinadas a labores en salud y educación. Estas entidades cuentan con dos ventajas frente a las entidades con ánimo de lucro: Por un lado son cobijadas por un régimen jurídico especial, y por otro se benefician por las exenciones del régimen tributario, lo que dificulta el control de la ejecución de los recursos públicos”, dice un informe del Grupo Interno de Análisis de la Auditoría General de la República (AGR) de 2016.

En la revisión de los contratos estatales con entidades religiosas, según este informe, no se advierte ninguna ilegalidad. Pero el documento sí señala varios peligros. “Debe advertirse la posibilidad de un riesgo real sobre la idoneidad de muchas de estas fundaciones, corporaciones y/o asociaciones en el cumplimiento de los objetos contractuales”, dice.

Nicolás Ardila, abogado especialista en derecho administrativo, estima que el concepto de la AGR sigue vigente, pues el marco jurídico no ha cambiado. Además explica que en estos contratos se deben cumplir varias etapas: “En la precontratación hay que demostrar que el contratista tiene idoneidad para cumplir con la infraestructura, el equipamiento, el capital, la experiencia y el perfil que se requiere para el proyecto. Pero eso no aplica para las entidades sin fines de lucro acogidas por la personería jurídica especial”, dice el abogado.

Ardila explica que lo más apetecido por los entes públicos es la figura de contratación directa, donde no se precisa licitación. Así se omiten varios de los pasos anticorrupción que dificultan el favorecimiento de contratistas con intereses particulares. Este proceso es más rápido y permite ejecutar recursos en plazos cortos. 

Todos los contratos públicos deben estar publicados en el Secop tres días hábiles después de firmarse, pero muchas entidades religiosas contratan con el Estado a través de fundaciones, con lo cual se hace más difícil detectarlas a través de esos registros. Ardila comenta que las organizaciones religiosas obtienen su personería jurídica especial sin dificultades porque la norma es ambigua y permisiva. “Las iniciativas ciudadanas para la vigilancia de la gestión pública no tienen mucho que hacer porque los funcionarios públicos no están cometiendo nada que la ley no permita”, explica.

Con respecto al ámbito tributario, la Ley 20 de 1974 aprobó el Concordato del Estado colombiano con el Vaticano, y desde entonces la Iglesia católica ha sido considerada no contribuyente. Así se estableció que las propiedades eclesiásticas quedarían también exentas, incluidos los inmuebles destinados al culto, las curias diocesanas, las casas episcopales, curales y los seminarios. Con la Constitución de 1991, cuando Colombia pasó a ser un Estado laico, las exenciones se extendieron a otras entidades religiosas reconocidas por el Ministerio del Interior.

En su libro ‘Reconocimiento jurídico de las entidades religiosas en el derecho colombiano’, el académico Vicente Prieto explica que, según la Ley Estatutaria de Libertad Religiosa, el Ministerio de Interior es el que reconoce la personería jurídica a las iglesias, confesiones y denominaciones religiosas; sus federaciones, confederaciones y asociaciones de ministros, que lo soliciten a través del Registro Público de Entidades Religiosas. Sin embargo, el Ministerio no tiene funciones de vigilancia, control o inspección sobre ellas.

“En realidad las exenciones de impuestos a entidades religiosas son una especie del género ‘entidades sin ánimo de lucro’. Por tanto, en principio no se requeriría ninguna configuración jurídica “especial”. Pero (...) es necesaria cuando se aspira a celebrar convenios con el Estado”, explica Prieto en su libro.

La actualización más reciente del Registro Público es del 23 de noviembre de 2020, cuando había formalizadas 8.490 entidades religiosas con personería jurídica especial en Colombia.

Nicolás Carrero, experto tributario, opina que las iglesias deberían hacer algún tipo de contribución al fisco, porque “mueven bastante dinero” y nadie las controla. “No llevan facturas, no tienen un sistema contable, simplemente hacen una declaración de palabra que nadie puede cuestionar”, dice.

Ferney Rodríguez, presidente de la Asociación de Ateos y Agnósticos de Bogotá, dice que en seis años al frente de esta organización han atado cabos sueltos para detectar las modalidades de corrupción que se tejen entre instituciones públicas y organizaciones religiosas. “A las iglesias se les encomiendan labores de bienestar animal, salud, educación y hasta culturales; y a través de contratos se cumple con cuotas de cargos públicos para pagar favores políticos, se financian campañas y se favorece a los amigos del culto”, advierte el activista. 

Un informe de Bogotá Atea sobre el estado de laicidad en Colombia señala que en la separación entre Estado e iglesias debe garantizarse que los dineros públicos no se destinen a sostener cultos ni al proselitismo religioso. “Pero en Colombia se siguen presentando casos en los que se destinan dineros para capellanías, misas masivas y conciertos evangélicos bajo el pretexto de defender la libertad religiosa, de la mano de la acción organizada de evangélicos y pentecostales en cargos de elección popular”. 

La tajada católica

Alcalde_Barranquilla_Jaime_Pumarejo

El 28 de febrero de 2020, el secretario general de la Alcaldía de Barranquilla, Carlos Alfredo Acosta, firmó un contrato con Pia Sociedad Salesiana Inspectoría San Luis Beltrán, por 5.528 millones de pesos, para la administración, dirección y orientación pedagógica en el Centro Social Don Bosco. El distrito entregó una infraestructura que el contratista se comprometió a cuidar y mantener, así como el equipamiento para educar a 2.950 estudiantes. El Estado asignó 1.874.000 pesos por cada cupo, y de ahí debe cubrirse el pago de los docentes, la seguridad social del personal, el mantenimiento de la infraestructura y los salarios de los trabajadores vinculados a la organización religiosa.  

Pia Sociedad Salesiana registra en Secop 13 contratos en Barranquilla suscritos entre 2013 y 2020 (ocho con la Alcaldía y cinco con el Sena) que suman 28.375 millones de pesos.

Con la Fundación Fe y Alegría, la Alcaldía de Barranquilla suscribió un contrato por 2.985 millones de pesos en 2019, y otro por 116,4 millones de pesos en 2020. Con la Fundación San Carlos Borromeo para la Educación Popular y el Desarrollo Comunitario, el monto de otros dos contratos (contrato 1 y contrato 2) fue de 2.475 millones de pesos en 2019, y de 1.994 millones de pesos en 2020, para atender a 1.325 estudiantes por año. 

Todos estos acuerdos se hicieron por contratación directa, sin pagar impuestos, con transacciones exentas de IVA y sin someterse a fiscalización o auditoría de los organismos de control.

José Ignacio Jiménez, presidente de la Asociación de Educadores del Distrito de Barranquilla, habla de “un negocio redondo”. Explica que el Distrito recibe en donación una infraestructura, la construye o la arrienda para que funcione ahí una escuela, y además la equipa. Pero no la administra, sino que la otorga en concesión a una entidad religiosa y paga ese servicio con el dinero que asigna el Estado.

 Las fundaciones, dice Jiménez, ahorran dinero porque contratan a los maestros por un tiempo determinado, sin reconocer horas extras ni garantizar estabilidad laboral. “Uno puede presumir que además de rentable para ellos es conveniente para los políticos, porque financian sus campañas con dinero público sin que se pueda hacer seguimiento a ese dinero”, dice. 

“Entre las fundaciones Fe y Alegría y San Carlos Borromeo en Barranquilla son contratados unos 140 maestros. Esas entidades religiosas son beneficiarias de unos contratos millonarios para hacer lo que debería hacer la administración pública. Es la tercerización de la educación”, dice el sindicalista.

En la plataforma Secop, Fe y Alegría aparece, entre 2011 y 2020, con otros contratos en Barranquilla: 15 con la Alcaldía y 49 con el ICBF. Sin contar los que ejecuta en otras regiones del país.

Por su parte, la Fundación San Carlos Borromeo, entre 2012 y 2020 suma 16 contratos adjudicados (15 con la Alcaldía y uno con el ICBF).

La Ley 1294 de 2009 establece que se pueden entregar en concesión los servicios educativos cuando la entidad pública no esté en capacidad de brindarlos. “Es una falencia de la ley que facilita la corrupción, porque el distrito de Barranquilla tiene la capacidad. Pero prefieren la vía fácil que deja dividendos para pagar favores políticos y enriquecimiento personal”, dice Jiménez.

Para obtener la versión de la Alcaldía de Barranquilla La Liga contactó a un miembro del equipo de prensa de la institución, pero no respondió. 

Réplica en Santa Marta

Con la Fundación San José (católica), cuya representante legal es Alicia Valencia Vives, la Alcaldía de Santa Marta firmó en febrero de 2020 un contrato por 1.800 millones de pesos, para el trabajo pedagógico con estudiantes del Instituto de Educación Distrital San Francisco Javier, provenientes de los sectores vulnerables de Garagoa y Timayuí. En 2019 un contrato similar, por 1.596 millones de pesos, fue otorgado a la misma fundación por el exalcalde Rafael Martínez, de Fuerza Ciudadana, el mismo partido de Virna Johnson, la actual alcaldesa. 

Desde 2014 hasta 2020 hay registros en el Secop de contratos suscritos cada año entre la Alcaldía de Santa Marta y la Fundación San José. En total son siete contratos que suman 8.945 millones de pesos.
Otros contratos de arrendamiento de inmuebles a la Diócesis de Santa Marta, celebrados entre 2019 y 2020, suman 430 millones de pesos. 

El rabino Richard Gamboa, secretario general del Cabildo Interreligioso de Colombia, considera que las soluciones para proteger el dinero público han tardado. Además, dice, falta control fiscal y normas que garanticen transparencia y supervisión estatal sobre el cumplimiento de los contratos. Pero Gamboa piensa que es necesario usar un lenguaje jurídico cuidadoso y proceder con cautela, porque el análisis de esta situación de forma hostil podría estimular la ejecución de políticas discriminatorias hacia las iglesias. El desafío institucional implica ubicar un punto medio, entre el exceso que menciona el rabino y los privilegios laxos de hoy.