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Miércoles, 18 Abril 2018

La papa caliente del fracking

Por Carlos González

El cuestionado fracking está generando polémica en la campaña presidencial. Tres de los cinco candidatos mas opcionados han dicho que lo vetarán. Pero lo cierto es que hay seis licencias listas para implementar esta técnica de extracción de petróleo y gas. Chequeamos las propuestas.

La campaña a la presidencia ha dejado ver la vena ambientalista de los candidatos. A medida que avanza la contienda, varios de ellos se han desligado del fracking, a pesar de que al inicio Iván Duque y Sergio Fajardo no le cerraban la puerta a la extracción de hidrocarburos de manera no convencional.

Fajardo, avalado por el partido Alianza Verde, en una entrevista con el Diario La República, del 8 de marzo, dejó claro que antes de hacer fracking se deben tener estudios sobre los efectos de esta práctica, por lo que entre tanto no se puede desarrollar, aunque no descartó su uso. “No digo que no lo vayamos a hacer, pero tenemos que estar seguros”, fue su salida.

La semana pasada, en el programa “El país de los jóvenes” de Caracol Televisión, el ex gobernador dijo que el país debe ir mirando hacia las energías renovables. Sin mencionar el petróleo, ni el fracking, afirmó que se debe trabajar, con ciencia, tecnología y educación, en mejorar las condiciones medioambientales, aunque todo debe ser una transición estructurada.

En redes sociales, amplios sectores de la sociedad, como ambientalistas, jóvenes o académicos han rechazado esta práctica, que consiste en extraer petróleo fracturando las rocas que se encuentran por encima de los yacimientos no convencionales con agua a alta presión y químicos. Este proceso dura en promedio dos semanas y genera una alta actividad sísmica.

Este pudo ser uno de los motivos que inclinaron a Iván Duque, el candidato del Centro Democrático, a cambiar de posición frente al tema. En un foro, organizado por la ANDI a principios de 2018, el exsenador manifestó que no había que cerrarle la puerta al fracking bajo una lógica de economizar recursos, ya que los costos de extracción en el país son altos y las reservas cada vez menores. Sin embargo, Duque la semana pasada publicó una propuesta completamente diferente en Twitter.

En el tuit publicado el 10 de abril dio una ‘voltereta’ de 180 grados, anunciando que en su eventual gobierno no habría fracking, porque de hacerse podría afectar las reservas de agua del país.

 

 

Al consultar su página web, en la sección de propuestas, el candidato no hace ninguna mención sobre el petróleo, y solo tiene un enunciado escueto en el que sostiene que el “desarrollo minero del país se adelantará con los más altos estándares de responsabilidad”.

En otra orilla, Germán Vargas no ha ocultado su interés por mantener la extracción de petróleo en Colombia e, incluso, darle cabida a esta técnica aunque sea “impopular”, como él mismo la calificó en el debate en la ANDI. “Con una reglamentación adecuada podríamos traer compañías que den suficientes garantías e ir pensando en ese frente. No lo descartemos”, dijo Vargas.

El exvicepresidente sostiene que los recursos provenientes del crudo han sido la caja del Gobierno para ejecutar gran parte de los programas sociales, por lo que un cambio de modelo “es populismo”, ya que no se sabe de dónde saldrán esos dineros; así que es evidente su apoyo a este sector económico.

Cabe mencionar que las reservas probadas de crudo del país, que llegan a 1.650 millones de barriles, según cálculos estatales, cubririan la demanda de los próximos cinco años. Según información de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), en el país hay 40 bloques de hidrocarburos de yacimientos no convencionales, en departamentos como Boyacá, Antioquia y Tolima, que en caso de empezar a explotarse con fracking, aumentarían la producción del país en cerca de 350.000 barriles diarios, además de extender las provisiones a 16 años.

La tentación del fracking no es fácil de evadir en una economía que se ha ralentizado en los últimos años. Estudios calculan que pueden llegar más US$$30.000 millones de inversión extranjera al país, para trabajar en estos proyectos.

Actualmente, la Agencia Nacional de Hidrocarburos está estudiando una solicitud de la Conoco Phillips para operar un campo en el departamento del Cesar.

En todo este panorama el único que se ha mostrado completamente en contra de este modelo en Gustavo Petro, que ha dicho que no permitirá el fracking de llegar a ser presidente y que, además, cambiará el modelo económico del país hacia la agroindustria y las energías renovables. El exalcalde de Bogotá propone que Colombia se convierta en una potencia alimenticia mundial, con lo cual se podrían sustituir parte de los ingresos petroleros.

 

Entre las razones que han llevado a varios países a prohibir el fracking se encuentra la contaminación de los acuíferos por los fluidos vertidos, tanto a aguas superficiales como subterráneas, además, se producen “derrames durante todo el proceso del fracking, ya sea por los transportistas de los residuos, o de las mismas estructuras que no quedan bien ajustadas”, según estudios de la Asociación Internacional de Impacto Ambiental, el Parlamento Europeo, la Comisión Europea o el centro de investigación Tyndall Center.

Por otra parte, un artículo del New York Times encontró que de los 240 yacimientos que existen en Pennsylvania y Virginia del este y que fueron estudiados, se encontró que los mismos contenían, residuos de agua con elementos radioactivos.

Además, otra investigación publicada en la revista Sciencie encontró que en Oklahoma, Estados Unidos, uno de los estados en donde es permitida esta práctica, los sismos han aumentado 40 veces entre 2008 y 2013 con respecto a la actividad registrada entre 1976 y 2007.

Según la Asociación Colombiana de Petróleo, entre los mitos que se han difundido sobre el fracking está que contamina las aguas subterráneas, y por ende los acuíferos para el consumo humano, además de que acaba con lagos y ríos. Por otra parte, la organización dice que es falso que se incrementará la sismicidad.

“El agua subterránea está protegida por una serie de tubería selladas con cemento. Antes se hacen estudios de calidad de los acuíferos, se analizan los riesgos de una potencial contaminación y se diseñan medidas de protección”, explica un documento de la ACP sobre esta actividad.

Francisco Lloreda, presidente de la ACP, indicó que aún no es claro cuándo empezará el fracking. “El primer proceso es validar a través de un proceso exploratorio. Si se llega a encontrar recursos explotables y la Anla autoriza su desarrollo, se pasaría a fase de producción. Es decir, varios años”, dijo.

Hay que mencionar que el Gobierno, en cabeza del ministro de Ambiente, Luis Gilberto Murillo, ha dejado claro que antes de cinco años no habrá fracking en el país, pero ya se están haciendo pruebas piloto en el Meta y Cesar.

Miércoles, 07 Marzo 2018

Los obstáculos a los que se enfrenta la bancada de mujeres

Por Camila Osorio

La rama legislativa colombiana sigue sin cumplir las cuotas mínimas de participación de las mujeres. Estas elecciones no son la excepción. La agenda de género tampoco ha estado dentro de sus prioridades. Análisis.

El saliente Congreso que se renueva el próximo 11 de marzo sigue en deuda con la inclusión de las mujeres en la política. También con una agenda de equidad. De 268 parlamentarios electos en el 2014, tan solo el 20% fueron mujeres, lejos de cumplir con el 30% al que aspira la ley de Cuotas que rige en el país desde el 2000.

A esta falta de participación de las mujeres, se suma que de las 56 congresistas, al menos 14 no buscarán su reelección para el período 2018-2022. Entre las más conocidas están Claudia López (Alianza Verde) y Viviane Morales (antes partido Liberal, ahora por el partido Somos), que decidieron lanzarse a la vicepresidencia y presidencia, respectivamente, y Thania Vega (Centro Democrático), quien cedió su postulación a su esposo, el coronel Alfonso Plazas Vega, absuelto por la Corte Suprema por la desaparición de dos personas en la retoma del Palacio de Justicia.

Esta investigación revisó lo que hizo el saliente Congreso para tramitar leyes e iniciativas que le dieran un vuelco a la discriminación contra las mujeres y les garantizara un mayor acceso a la política y a cargos públicos. De igual forma, verificó e identificó el rol que tuvieron las congresistas en los debates más álgidos que vivió el país en los últimos cuatro años.

También se revisaron las listas de aspirantes al nuevo Congreso para constatar si los partidos políticos cumplieron con la ley de Cuotas. Este es el resultado.

Las listas, al límite

El panorama de participación de las mujeres en el próximo Congreso no es alentador. Como ha sido la costumbre, la mayoría de partidos tratan de cumplir con el mínimo de cuotas en sus listas, pero no son una prioridad.

Según datos de la Misión de Observación Electoral -MOE- publicados en El Tiempo, de los 2.730 candidatos inscritos, 943 son mujeres, lo que representa un 34.5%. Pero solo el MIRA y el Partido de La U, sobrepasan ese porcentaje cuando se analiza su lista a Senado, mientras que el resto tienen en sus listas el 30% obligatorio de mujeres (Polo, Centro Democrático, Alianza Verde, Farc, Partido Liberal y Conservador).

En su lista al Senado, el partido de La U incluyó mujeres en un 50%, aunque la mayoría de ellas no son cabeza de lista (a excepción de la senadora Maritza Martínez). La lista del MIRA, que ha sido reconocido en elecciones pasadas como el partido más incluyente, este año tiene el 60% de mujeres.

Pocos consensos

Ser mujer no garantiza que se trabaje en una agenda género ni en conjunto con la bancada de mujeres. Al revisar el trabajo de las congresistas en los últimos cuatro años se evidencia que llegaron con propuestas radicalmente distintas y hubo pocos proyectos que lograron unirse. Sin embargo, en lo que sí coinciden es en la necesidad de una mayor participación política para ellas.

La bancada de mujeres defendió de forma conjunta tres propuestas que podrían facilitar el acceso a cargos políticos. La más importante exigía a los partidos que aumentaran el número de mujeres en sus listas: 40% para las elecciones de 2022 y 50% para las de 2026.

Beatriz Quintero, de la Red Nacional de Mujeres, que apoya a la bancada con proyectos de ley relacionados con el tema de género, afirma que, en el papel, todos los congresistas se comprometieron con esta agenda, pero a la hora de las votaciones la realidad fue otra. “Ningún hombre fue capaz de decir no a la paridad, pero luego se ausentaron en la votación”, agregó.

El proyecto arrancó en el Senado con el apoyo de todas las congresistas y logró ser aprobado en primer debate. “Pero en el momento de las votaciones, a algunos hombres les costó apoyarla,” dijo la representante por el Partido Liberal, Clara Rojas.

La iniciativa tuvo otro traspiés cuando se sumó al debate de la reforma política, que terminó hundiéndose en la última legislatura. “Las mujeres del Centro Democrático se oponían a toda la reforma del Gobierno, entonces no votaron,” añadió Rojas.

La bancada de mujeres también apoyó un proyecto para que fueran obligatorias las comisiones especiales para la mujer en concejos y asambleas (aún no aprobado); otro que proponía crear un Ministerio para la Mujer (archivado) y, apoyó la iniciativa para crear la Dirección de Mujer Rural en el Ministerio de Agricultura, aunque el Gobierno se demoró en nombrar a una directora, como lo denunció entonces la senadora Claudia López en audiencias públicas.

Viviane Morales, la polarizadora

A la falta de equidad de género en el poder político, se suma que la bancada de mujeres sufrió de la misma polarización que vive el país por cuenta del proceso de paz con las FARC. En especial, por dos hechos políticos: la campaña por el NO al plebiscito para el acuerdo de paz y la llamada ideología de género, fundamental para que los colombianos no refrendaran el primer acuerdo que firmó la guerrilla y el gobierno de Juan Manuel Santos.

En el centro del debate estuvo la senadora por el partido Liberal, Viviane Morales. Ella fue la creadora del proyecto para realizar un referendo que buscaba impedir la adopción de niños a las parejas homosexuales y a madres solteras. El proyecto, que finalmente se hundió, no sólo dividió al país sino también al grupo de congresistas.

“Morales fue de las mujeres que lideró la iniciativa de Ley de Cuotas al Congreso hace muchos años,” dijo Angélica Bernal, profesora de Ciencia Política en la Universidad Tadeo Lozano. “Incluso cuando llegó a la Fiscalía, fue celebrada por ser la primera mujer”. Las organizaciones de mujeres también celebraron sus esfuerzos por investigar crímenes sexuales; así como cuando, en 2011, se opuso a lo que se denominó “populismo punitivo” en el proyecto de la senadora Gilma Jiménez, que proponía cadena perpetua a violadores de niños. “Era vista como una política progresista, hasta que llegó el referendo de adopción,” dijo Bernal.

Esta propuesta no sólo dividió a la bancada de mujeres, sino que alejó a las organizaciones de mujeres que trabajan con las congresistas y que han sido fundamentales para crear proyectos a favor de la equidad de género. “Indudablemente, sus posiciones sobre las parejas del mismo sexo y la ideología de género alejaron a las activistas,” dijo Beatriz Quintero, de la Red Nacional de Mujeres.

El proyecto logró llegar a la Cámara para su tercer debate, pero finalmente se hundió cuando la representante Angélica Lozano logró el apoyo de sus colegas. “Por muchos meses hice sondeos a la posición de cada uno en mi comisión y fortalecí mi relación con ellos discutiendo otros proyectos. En esto funciona mucho el colegaje”, dijo Lozano.

Todo este debate dejó al descubierto las distintas posiciones de género en la bancada de parlamentarias y en el Congreso. Cuando se trata de temas LGBTI, “hubo muy poca iniciativa,” dijo Marcela Sánchez, directora de Colombia Diversa. Sánchez calificó el Congreso como un espacio que “no es seguro” para este tipo de iniciativas que confrontan al país conservador con las minorías.

“En el Congreso, si se trata de iniciativas sobre mujeres que no reten la idea de familia tradicional de papá y mamá, se pueden pasar. Pero si lo enfrentan, no pasa. El Congreso es conservador y dogmático,” dijo la representante de la Alianza Verde, Ángela María Robledo.

Una agenda tradicional

Otros proyectos que fueron presentados al Congreso y que proponían mejorar las condiciones y derechos de las madres colombianas consiguieron más fácilmente el apoyo de la mayoría de las bancadas.

La senadora Clara Rojas, del Partido Liberal, logró que se aprobara la creación de salas amigas para las mujeres lactantes en entidades privadas y públicas. Ahora quiere que se apruebe otra iniciativa que refuerce los derechos de las mujeres durante el parto.

“Espero que ayude a las mujeres en zonas apartadas que rechazan la medicina como la conocemos nosotros, y puedan ser acompañadas por parteras si lo desean. Eso ayuda a que las mujeres accedan al sistema”, explicó Rojas. “Yo tuve mi hijo en la selva y por eso soy sensible a este tema”, agregó.

El Congreso también aprobó la iniciativa para aumentar cuatro semanas la licencia de maternidad, presentada por la representante del CD, Tatiana Cabello, y un proyecto que establece nuevos lineamientos laborales para las madres comunitarias que trabajan con el ICBF, presentado por el MIRA, pero que fue objetado por la Presidencia.

Otras propuestas que tuvieron apoyo tienen que ver con los derechos económicos de las mujeres. El congresista Mauricio Lizcano y el partido de La U impulsaron la reducción del número de semanas a cotizar para que las mujeres se pensionen más rápido (luego objetado por Presidencia argumentando una falta de sostenibilidad financiera), y las representantes del Partido Verde Angélica Lozano y Ángela María Robledo lograron que se aprobara el proyecto que reconoce el derecho de las trabajadoras domésticas a una prima de servicios.

El partido MIRA, por su parte, propuso prohibir las pruebas de embarazo como requisito para una entrevista laboral, y estabilidad laboral para las mujeres embarazadas con contratos de prestación de servicios. Y, la senadora de La U, Maritza Martínez, logró evitar que en la reforma tributaria se grabaran las toallas higiénicas y tampones con un 19 por ciento (quedó en 5 por ciento). “Todas las mujeres de la bancada me acompañaron,” aseguró Martínez.

Más populismo punitivo y menos política educativa

La senadora del Partido Verde, Gilma Jiménez, quien llegó al Senado en 2010 con una de las mayores votaciones que ha tenido una mujer, contaba con el apoyo de miles de personas que respaldaron su propuesta de hacer un referendo para imponer cadena perpetua a violadores de niños.

Jiménez no logró que se aprobara su iniciativa (falleció en 2013) pero dejó en el Congreso lo que se conoce como ´populismo punitivo´, el cual privilegia el castigo sobre otras formas de prevención del delito. Este enfoque sigue ganando adeptos cuando se trata de violencia sexual, incluyendo en la bancada actual de mujeres.

La senadora de La U, Maritza Martínez, por ejemplo, propuso la castración química para los violadores de menores. “Presenté ese proyecto escéptica, pero fue aprobado en la Comisión Primera de Senado rápidamente,” contó. Otro proyecto de su autoría, que buscaba imponer sanciones no penales a padres que no cumplan a tiempo con las cuotas alimentarias, avanzó pero con mayor lentitud.

Los ejemplos de proyectos que privilegian la mano dura son múltiples. Desde el partido Conservador, la senadora Nadya Blel propuso inhabilitar políticamente a quienes hayan cometido delitos sexuales contra menores. Un proyecto que impulsó el MIRA aumentó las penas a aquellos que atacan a las mujeres con ácido. La senadora del Centro Democrático, María del Rosario Guerra, intentó que se prohibiera la maternidad subrogada con fines de lucro. Y, finalmente, desde el Partido Liberal, la representante Clara Rojas buscó penalizar a los hombres que pagan por prostitución.

En el tema de violencia sexual, que es un problema recurrente que enfrentan las mujeres, las soluciones son difíciles de aplicar y por eso no es fácil conseguir un apoyo diferente al de la línea dura. Pero más penas no implica, necesariamente, menos crímenes, coinciden los expertos en seguridad, sobre todo si no hay institucionalidad que haga cumplir nuevas normas.

La bancada de mujeres que llegue al Congreso este año traerá caras conocidas y otras nuevas. Pero tanto las primíparas como las que repitan, ya sea que busquen más poder político o repensar el rol de la mujer en la sociedad colombiana, se encontrarán con un muro.

* Camila Osorio: Politóloga, periodista y miembro del equipo editorial de la revista The New Yorker.