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Jueves, 01 Julio 2021

Los menonitas acumulan en los Llanos una tierra con pasado turbio

Por Rutas del Conflicto, Mongabay Latam y La Liga Contra el Silencio

La comunidad religiosa adquirió al menos 32.253 hectáreas en Puerto Gaitán, Meta, para expandir su proyecto agroindustrial. Algunos predios pertenecían a narcotraficantes, otros eran baldíos investigados por irregularidades en su compra. Comunidades indígenas de la región reclaman una parte del territorio.

Alexander Álvarez vivió sus primeros años en las sabanas de Puerto Gaitán, Meta, cuando no había reservas ni resguardos indígenas. Eran territorios libres, habitados por el pueblo sikuani. En los ochenta su familia salió del territorio amenazada de muerte por colonos de la región, como antes habían salido otros indígenas que temían ser reclutados por las guerrillas liberales de Guadalupe Salcedo, o asesinados en las cacerías de indígenas conocidas como “guahibiadas”. 

Los primeros intentos por volver a Iwitsulibu, como llaman al territorio que reclaman y a su propia comunidad, no fueron posibles. “Ya había fincas y resultaron dueños, ganado y sembrados”, cuenta Álvarez, líder de la población. En 2009 la comunidad regresó del Vichada y tuvo que instalarse en Únuma, un resguardo indígena ubicado en Puerto Gaitán, pues no pudieron ingresar al que consideran territorio ancestral. En Únuma viven al menos 1500 indígenas, la mayoría de la etnia sikuani, en chozas de plástico, tablas y lona. 

Gran parte de las tierras que reclaman los indígenas está en manos de los menonitas, de origen europeo, que llegaron desde México a Puerto Gaitán en 2016 (ver primera entrega “Menonitas deforestan un territorio ancestral en el Meta) con un proyecto agroindustrial para una zona que concentra al menos  31  predios de origen baldío.

Este amplio territorio, según las leyes colombianas, está destinado a las comunidades indígenas, o a campesinos pobres. Pero terminó controlado por una de las tantas colonias menonitas que existen en América Latina.

Rutas del Conflicto, Mongabay Latam y La Liga Contra el Silencio, en esta segunda entrega, encontraron que este grupo religioso ha acumulado en los Llanos al menos 32.552  hectáreas, un área cercana al área urbana de Bogotá. Uno de estos predios todavía es un baldío de la nación, varios tuvieron irregularidades en su adjudicación y otros estuvieron en poder de un narcotraficante, socio del paramilitar y narcotraficante conocido como ‘Memo Fantasma’

Acumulación en tierra ancestral

Las colonias menonitas están ubicadas en la zona rural de Puerto Gaitán, a media hora de la población más cercana. Sus casas modernas y sus parcelas prosperan en medio de extensas sabanas, junto a cultivos de palma aceitera y maderables. Algunos predios adquiridos por esta comunidad, antes usados para criar ganado, no registraban uso ni ocupación de al menos una década.

Los menonitas llegaron por primera vez a Puerto Gaitán en 2014. Dos años más tarde unas 30 familias se asentaron allí y conformaron su primera colonia: Liviney. 

Según los certificados de Tradición y Libertad de los siete predios que conforman Liviney, cada uno mide mil hectáreas. En cada predio hay una parcela familiar. Los menonitas dicen que cada familia compró su terreno de forma individual. En la finca Liviney se encuentran la iglesia, la escuela de los niños y el cementerio. Allí, según las comunidades indígenas, está Ripialito, uno de sus sitios sagrados, donde enterraron al abuelo de Alba Gaitán, líder sikuani de Barrulia, otra comunidad reclamante.

Al principio los menonita tuvieron que adecuar los suelos ácidos de la región para sembrar monocultivos de arroz, soya y maíz. Al tiempo construyeron vías para  comunicar las colonias. Así se expandieron a medida que llegaban más integrantes de la comunidad. Según dicen, invirtieron mucho en la adquisición de predios, maquinaria y construcciones. “El año pasado mejoró la cosecha, pero los primeros años fueron difíciles. Yo vine en febrero de 2017 y en la primera cosecha perdí plata”,  dice uno de los líderes. 

Mapa de las colonias menonitas en Puerto Gaitán, Meta. Información recolectada de la Oficina de Instrumentos Públicos de Puerto López. 

Los colonos extranjeros construyeron un puente que conecta al sector de Liviney, a través del caño Chavilonia, con el sector de La Australia, la segunda colonia más grande de la comunidad, conformada por siete predios que suman otras 7000 hectáreas. Al sur está la colonia La Florida y otras fincas que operan de manera independiente, como San Roque, La Cabaña y Campo Alegre. Al norte se encuentra el sector de Las Piedras, con seis predios que suman alrededor de 6000 hectáreas. Allí está la mayoría de predios reclamados por la comunidad sikuani Iwitsulibu.

Fiebre por la tierra

La comunidad religiosa adquirió los predios a través de hipotecas a cinco años, pero la transferencia de la tierra figura en los documentos de tradición y libertad solo después de finalizado el pago. Por eso no es posible rastrear la totalidad de los predios que ocupan los menonitas y otros que están en proceso de compra. Sin embargo, en entrevistas a vecinos, trabajadores de parcelas contiguas, imágenes satelitales e información de las oficinas de instrumentos públicos, se pudieron determinar los predios que conforman sus cuatro colonias en Puerto Gaitán.

La Ley 160 de 1994, que regula los terrenos de origen baldío, prohíbe que un actor privado adquiera más de una Unidad Agrícola Familiar (UAF) —extensión de tierra que el Estado considera suficiente para que una familia subsista—. En Puerto Gaitán corresponde a predios entre las 1000 y 1340 hectáreas. La norma busca evitar que grandes empresas o terratenientes acumulen tierra destinada a campesinos sin ella.

Jenny Azucena Díaz, abogada de la comunidad menonita, dice que la adquisición de los predios se ha hecho de manera individual para la explotación familiar y no como comunidad, sin violar la ley. Díaz mostró una tabla de Excel donde están distribuidos los propietarios y el número de hectáreas en proceso o ya compradas, sin superar, según ella, el límite de la UAF. “Cuando salimos de México cada uno tenía su parcela y así entramos acá también; cada quien en su propia tierra, de manera individual”, señala un integrante de la comunidad. 

La colonia menonita tiene por lo menos 32 mil hectáreas, según los certificados de tradición y libertad. 

La Corporación Claretiana Norman Pérez Bello, que apoya con abogados a dos comunidades indígenas sikuani reclamantes, afirma que los menonitas al operar como una organización estarían concentrando tierras. “Si son una comunidad religiosa, ya de entrada están acumulando. No tienen personería jurídica, pero sí lo hacen desde sus integrantes. Ellos lo pueden dividir, pero al final es una única familia, la comunidad, quien se beneficia”, dice un vocero de la Corporación. 

De acuerdo con Yamile Salinas Abdala, abogada e investigadora del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), la compra fraccionada de tierra a través de familias se asemeja a la maniobra, aparentemente legal, a través de la cual varias empresas de agroindustria adquirieron grandes extensiones de tierra en la Altillanura, como fue el caso de la compañía estadounidense Cargill

En 2013 la Contraloría de Colombia denunció a empresas nacionales y extranjeras por comprar tierras que superaban la UAF usando sociedades de papel. Según Salinas, los menonitas estarían acumulando tierras a través de maniobras legales para eludir la restricción de la Ley 160. 

Ellos responden que compran y trabajan la tierra de forma individual. Pero sus colonias funcionan de maneras similares a otras empresas agroindustriales de la región, como La Fazenda, del Grupo Bios, con la cual comparten una vía de ingreso. De acuerdo con la ONG Centro de Información de Empresas y Derechos Humanos, según los estándares internacionales, los menonitas pueden considerarse una empresa, pues realizan actividades comerciales. 

Según los certificados de tradición y libertad de algunos predios, varios menonitas venden la cosecha al grupo Bios y a la empresa arrocera Florhuila (ver certificado). Además, en la cadena de suministros es evidente que trabajan de forma conjunta para vender las cosechas. Los menonitas, como comunidad, importan los materiales y maquinarias necesarias para la cosecha de todos; un porcentaje de las ganancias se invierte en infraestructura dentro de la colonia. 

De acuerdo con el Centro de Información de Empresas y Derechos Humanos, estas operaciones comerciales corresponden a medianos y grandes propietarios. Esto, bajo los Principios de Rectores de la ONU, los obliga a no afectar los derechos humanos de comunidades indígenas y campesinas.

En febrero de este año la Fiscalía pidió información a la Secretaría de Ambiente de Puerto Gaitán sobre las sociedades que los menonitas presuntamente usaron para comprar tierra y vender sus cosechas. El documento menciona a las empresas Alphafeheliviney Farm SAS, Viosion productiva del Meta SAS, Agrícola del campo Australia SAS, Productores Florida SAS, Agroindustria Llanos La Esperanza SAS y Agrícola ENNS del Llano SAS, cuyos representantes son menonitas dueños de fincas. 

Según Jenny Díaz, abogada de los menonitas, estas empresas dejaron de funcionar hace mucho. Sin embargo, varias tienen matrícula mercantil activa y se dedican al cultivo de cereales y actividades posteriores a la cosecha. 

La llegada de estos proyectos agroindustriales se estimuló en los gobiernos de Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos; y ahora en el de Iván Duque, con el objetivo de “reconquistar la Altillanura y convertirla en la despensa agrícola más grande del país”, según un informe de la ONG Indepaz. Desde hace 10 años empresas nacionales y transnacionales han expandido allí sus proyectos agroindustriales, entre ellas el mencionado Grupo Bíos.

Para la abogada Salinas Abdala, esto se conoce como “la extranjerización de la tierra”, una política apoyada desde organismos internacionales como el Banco Mundial.  Se otorga a multinacionales incentivos económicos para que exploten la tierra en la producción de alimentos. “Con negociaciones que no son del todo transparentes y dentro de una debilidad institucional”, dice el informe Así se roban la tierra en Colombia, de la ONG Semillas.  

La extensa compra de tierras de los menonitas no es un caso aislado. Existen 214 colonias que han adquirido unas 3,9 millones de hectáreas en nueve países latinoamericanos, una extensión que supera el área de los Países Bajos, según una investigación de la Universidad McGill. En Paraguay esta comunidad figura entre los mayores 15 propietarios, con 2 millones de hectáreas que corresponden al 4,5 % del territorio, según reseñó la organización internacional Oxfam en su informe Yvy Jára.

El pasado de las tierras

Según la abogada de la comunidad, Jenny Azucena Díaz, antes de la adquisición de los predios se realizó un estudio de títulos para asegurar que la transacción de la tierra fuera legítima. Sin embargo, algunos de los terrenos comprados tienen en su historia adjudicaciones irregulares y transacciones donde figuran narcotraficantes. En otros casos, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y la Unidad de Restitución de Tierras (URT) han iniciado investigaciones de clarificación de baldíos sin haber adelantado hasta hoy la recuperación de estas fincas.

Un documento de 2014 del Incoder sobre la investigación de la historia del sector La Australia indicaba el inicio de transacciones de falsa tradición (no titularidad del predio), que empezó en 1979 cuando era considerado un solo predio y no siete como está actualmente. En dicho documento los poseedores eran Rosenda Garzón, Belisario, Abelardo y Oliverio Céspedes. 

El predio fue transferido en 1992 a Rodrigo Vargas Cuéllar, capturado en España en 2003 por lavar alrededor de 165 millones de dólares procedentes del narcotráfico. Según Insight Crime, Vargas Cuéllar fue socio del narcotraficante Guillermo León Acevedo, conocido como ‘Memo Fantasma’ y líder de los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), capturado el 25 de junio de 2021 por blanquear dineros de paramilitares. Además fue señalado en España de pertenecer a la banda que mandó asesinar al esmeraldero y narcotraficante, Leonidas Vargas, quien también acumuló predios en la zona.

El proceso del Incoder sobre La Australia cerró tras encontrarse siete adjudicaciones de fincas que coincidían y conformaban la totalidad del predio, realizadas entre 1997 y 2000. De acuerdo al auto del Incoder, siete integrantes de una familia con los apellidos Rodríguez Marín recibieron las tierras el 27 diciembre del 2000, después de comprar las mejoras a Vargas Cuéllar.

Según la investigadora Yamile Salinas Abdala, la Ley 160 permite que se entreguen varios predios baldíos a distintos miembros de una familia, pero prohíbe a los beneficiarios de las adjudicaciones tener otras propiedades a su nombre. Esta investigación encontró que uno de los compradores de la familia, Rodrigo Jiménez Marín, adquirió un predio antes de la adjudicación en Restrepo, Meta.

Otro de los requisitos que impone la Ley 160 para la entrega de predios es haber ocupado tres terceras partes de la tierra solicitada, o haber tenido una ocupación de al menos cinco años. De acuerdo con relatos de algunos habitantes del sector, la familia Jiménez llegó en el mismo año que recibió los predios de La Australia. 

Otro predio relacionado con el narcotráfico es Florida 1, una finca de 934 hectáreas. Según su certificado de tradición y libertad, fue adjudicada en 1993; luego fue vendida entre 2003 y 2005. En 2007 llegó a manos de Carlos Gutiérrez Pachón, alias ‘Pitin’, un piloto que transportó droga hasta su captura en Brasil en 2007. 

En 2014, tras varias transacciones, Florida 1 fue comprada por la empresa Soluciones Globales y Logísticas de Transporte, cuya representante legal es Edelmira Gutiérrez Buitrago, hermana de Carlos Gutiérrez Buitrago, quien fue extraditado de Bolivia a Brasil por el delito de narcotráfico en 2019.  

Otro terreno nunca salió formalmente de manos del Estado, y podría ser un baldío. Las imágenes satelitales y una investigación por tala mecanizada adelantada por Cormacarena, la autoridad ambiental del Meta, determinaron la ocupación de los menonitas en las 6.200 hectáreas que comprenden el predio Campo Alegre. El folio de matrícula prueba que el predio no ha sido adjudicado.

El Incoder, en una resolución de 2014, inició la recuperación de baldíos ocupados indebidamente en Campo Alegre. Pero las mejoras del terreno hoy pertenecen a los herederos de Slotkus Gaillausis Wenceslao, un lituano que falleció en 2016. El folio de matrícula no registra arrendamiento o compra del predio por parte de los menonita. Sin embargo, según varios vecinos, desde hace tres años esta comunidad está en el predio con sus monocultivos de soya y maíz. 

Como se expuso en la primera entrega de este especial, Cormacarena abrió una investigación al miembro de la comunidad menonita Abraham Wolle Frosse por la tala de bosque de sabana en ese predio.

Según los certificados de tradición y libertad, los menonitas han formalizado la compra de sus tierras desde 2018.

Indígenas versus menonitas

Las comunidades indígenas despojadas de sus territorios en los Llanos Orientales se han organizado en los últimos 20 años para reclamar sus tierras. Los indígenas sikuani de Iwitsulibu iniciaron el proceso en 2016, basados en un decreto de 2014 que permite solicitar la protección de los territorios despojados a comunidades indígenas. Cerca de 11.000 hectáreas solicitadas corresponden al sector de Las Piedras, explotado por la comunidad menonita junto a terceros.

“En Las Piedras hay ocho sitios sagrados, y tres con cementerios”, señala Alexander Álvarez, líder sikuani de Iwitsulibu. “Cuando mi papá llegó, por ahí en el año 1930, no existía la palabra reserva o resguardo. Tumbaban montañas, sembraban cultivos, hacían canoas”, cuenta. Según el líder, la violencia de Guadalupe Salcedo, las masacres conocidas como “guahibiadas” y la presencia paramilitar los obligó a huir.

“Cuando vi la maquinaria y los arados en los predios, yo me presenté. Les dije que ese territorio lo estaba solicitando hace mucho tiempo como medida de protección. Ellos [los menonitas] me dijeron que habían comprado”, cuenta Álvarez. 

La Agencia Nacional de Tierras ha tardado en tramitar las solicitudes de los indígenas. Por eso ellos volvieron a sus territorios en los últimos dos años. La comunidad Iwitsulibu regresó en enero de 2020 a uno de los predios reclamados, ubicado en el sector Piedras. 

La ANT solicitó que los indígenas no podían ser desalojados, amparándose en el Decreto 2333 de 2014,  pero la comunidad Sikuani fue expulsada un mes después por la Policía Nacional. Además, la comunidad sigue esperando la visita técnica de la entidad de tierras, que ya fue pospuesta tres veces, por lo que decidieron tomar el territorio reclamado. 

Los menonitas y su abogada Jenny Azucena Díaz dicen que en un principio existió una buena relación con los indígenas. “La entrada a los territorios era de libre acceso, hubo colaboraciones de dinero, paneles solares y trabajos por días. Sin embargo, con el tiempo esas ayudas se volvieron extorsiones al punto de convertirse en amenazas”, dice Díaz. Los menonitas dicen que hicieron denuncias en la Fiscalía.

Entre los trabajos que esa comunidad ofreció a los indígenas está el ‘espigeo’, que consiste en recoger el maíz sobrante de la cosecha. Según la investigación de Rutas del Conflicto “Tierra de Nadie”, este trabajo es informal y no cumple los requisitos laborales mínimos. De acuerdo con el Centro de Información de Empresas y Derechos Humanos, los menonitas están obligados a contratar dentro del marco legal como la empresa que son. Esto puede considerarse como un forma de esclavitud que precariza la mano de obra.

Mientras los indígenas esperan acciones de la ANT y la URT, los menonitas siguen comprando tierras en la Altillanura para ampliar su negocio agroindustrial, en una tierra que, según la Ley 160, debe dedicarse a comunidades pobres, indígenas y afro. Este año han formalizado la compra de tres predios más, que oscilan entre los 1.000 y 3.000 millones de pesos. 

“Nos perdimos un tiempo porque en los años 50, indígena que veían, indígena que mataban. Ahora que retornamos, queremos sembrar y vivir en nuestro territorio, donde están enterrados nuestros ancestros”, dijo el líder indígena. 

*Rutas del Conflicto, Mongabay Latam y La Liga hablaron con Justapaz, una organización de la Iglesia Cristiana Menonita de Colombia que está en el país desde los años ochenta y se ha dedicado a la construcción de paz y a la reconciliación de zonas en conflicto. Esta comunidad no tiene relación con la de Puerto Gaitán, y manifestó que el grupo asentado en el Meta responde solo a la iglesia en México. 

Jueves, 15 Julio 2021

Los indígenas Awá viven secuestrados en su territorio

Por La Cola de Rata y La Liga Contra el Silencio

Entre 2018 y 2020 la Defensoría del Pueblo emitió cuatro alertas tempranas debido a la violencia en Tumaco y el Pacífico nariñense. Esta comunidad, una de las más afectadas por las disputas entre grupos armados, ha padecido confinamientos, amenazas, desplazamientos masivos y más de 40 asesinatos en los últimos 18 meses.

Por Gualtal, una vereda de Tumaco, Nariño, está prohibido transitar con la ventanilla cerrada. El vidrio debe ir abajo para que el informante o el “campanero” de la zona puedan identificar a quienes circulan por la zona. Son órdenes de uno de los grupos armados que se disputa la zona, y que puede castigar con balazos al infractor. Ubicado a media hora del río Mira y a pocos kilómetros de un batallón del Ejército, Gualtal es un caserío que a simple vista parece abandonado y que se encuentra al borde de la vía militarizada que conecta Tumaco con Pasto. 

En el último trozo del mapa, donde el Pacífico se encuentra con la selva, hombres armados decretan horarios de circulación, siembran minas antipersonales, destierran profesores, declaran objetivo militar al gobernador indígena que no se les subordine y pagan un millón o dos millones de pesos a los jóvenes para reclutarlos, cuentan varios líderes indígenas entrevistados. 

Uno de estos grupos amenazó a los agentes de tránsito. Desde entonces no volvieron a hacer retenes, ni a pedir documentos, ni a inmovilizar vehículos en Llorente, un corregimiento cercano. “Aquí se consigue de todo. Y de lo que no hay, le consiguen”, dice un guía de la zona. Allí, el 11 de agosto de 2020, balearon a Javier Cortés Guanga, defensor de derechos humanos y gobernador del resguardo Awá Piguanbí Palangala de Tumaco, adonde solo puede ir dos veces al mes después del atentado. Algunas comunidades allí viven confinadas, y condenadas por su cercanía a los ríos Guisa y Nulpe, que desembocan en el océano entre Colombia y Ecuador. 

Durante el último año y medio, 43 autoridades, líderes, guardias y comuneros indígenas Awá han sido asesinados. La Unidad Indígena del Pueblo Awá (Unipa) ha registrado más de 200 líderes amenazados, y desplazamientos masivos en siete resguardos; cuatro de ellos en Tumaco y tres en el municipio vecino de Barbacoas. 

“En el territorio no se puede vivir. Hay mucha amenaza, mucha muerte y muchas necesidades”, dice Rider Pai, consejero mayor de la organización que agrupa a los pobladores ancestrales de la costa nariñense. De ellos quedan casi 25.000, dispersos entre Samaniego, Roberto Payán, Ricaurte, Barbacoas y Tumaco, donde hay 16 resguardos legalmente constituidos. “No sabemos después de este cuarto congreso cuántos iremos a caer”, dice Henry Marín, exconsejero de derechos humanos de la Unipa, refiriéndose al congreso realizado a inicios de junio para renovar las consejerías de la organización.

En el Auto N° 004 de 2009, la Corte Constitucional aseguró que los Ingal-Awá, la “gente de la montaña”, estaba en riesgo de exterminio físico y cultural por el conflicto armado y por el incumplimiento “grave de los deberes de prevención y protección” del Estado colombiano. La Corte ordenó implementar planes de salvaguarda étnica para los Awá y otros 33 pueblos indígenas. Doce años después, su situación socioeconómica y humanitaria sigue igual o peor. 

Según la Fundación Paz y Reconciliación (PARES), 14 grupos armados se disputan el Pacífico en Nariño; 10 de ellos en Tumaco: el ELN, las Guerrillas Unidas del Pacífico, los Marihuanos, la Gente del Orden, el Clan del Golfo, el Frente Óliver Sinisterra, el Bloque Occidental Alfonso Cano, el Frente Iván Ríos, los Contadores y emisarios del Cártel de Sinaloa. Según PARES, los grupos están conformados por antiguos paramilitares, exintegrantes del Frente 29 y la Columna Móvil Daniel Aldana de las FARC que no se desmovilizaron. La Policía asegura que estos grupos funcionan como “redes de apoyo al terrorismo”: jóvenes sin ideología que se venden para ejecutar cualquier acto ilegal. 

Tras la firma del Acuerdo de Paz en 2016, PARES identificó “la emergencia de numerosos ‘capos’ o ‘pequeños jefes’ del narcotráfico que intensifican la exportación ilegal de cocaína mediante lanchas rápidas y semisumergibles”. Esto diversificó el control de los centros donde se acopia la droga y su envío al exterior, fortaleció a las bandas criminales que se disputan su participación en el negocio.

En un estudio sobre las dinámicas territoriales del conflicto armado antes y después del Acuerdo de Paz, el Instituto Colombo-Alemán para la Paz (CAPAZ) atribuye la proliferación de estructuras criminales a la localización geográfica de Tumaco: la franja más angosta de nuestro sistema andino, entre la Amazonía y el Pacífico, con ríos navegables y salida al mar, en una zona fronteriza sin control institucional y con poca información disponible, donde fueron secuestrados y asesinados tres miembros de un equipo periodístico del diario El Comercio, de Ecuador, en 2018. “El Estado colombiano no ha sabido entender esta región, mientras que los actores ilegales sí lo han hecho, poniendo las ventajas geoestratégicas al servicio de sus objetivos criminales”, indica CAPAZ. 

Son cuatro los corredores en disputa que ha identificado esta organización. El primero es el río Mira, cuyo último tramo cruza el Consejo Comunitario Alto Mira y Frontera antes de desembocar en el Pacífico. Luego los ríos Rosario, Mejicano y Chagüi, junto a la ensenada de Tumaco. Después la vía Panamericana, que comunica a Llorente con Tumaco. Y por último los ríos Telembí y Patía, que también desembocan en el mar. 

Sobre el casco urbano de Tumaco existe un interés particular sobre las rentas de la extorsión, el control de los insumos que van del puerto a la zona rural, y la cooptación de los lancheros y pescadores que transportan el clorhidrato de cocaína. 

Con la desmovilización de las FARC, según varios entrevistados, la confrontación disminuyó. “Pensábamos que el país iba a cambiar. A diario encontrábamos muertos en el río. Al firmar el proceso, eso se perdió. No escuchábamos tiros ni helicópteros. Estaba muy bonito”, dice Jaime Nastacuas, exsecretario general de la Unipa y habitante del resguardo Hojal La Turbia de Tumaco. 

El acuerdo no se acompañó con inversión social ni gobernanza institucional, y lo poco que se implementó, por ejemplo el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), no solucionó las angustias de los entrevistados. En Tumaco 16.524 familias se inscribieron en el programa. De ellas, casi el 73 % había recibido la totalidad de los pagos ofrecidos por la institucionalidad como parte de la “asistencia alimentaria inmediata”. En todo el departamento de Nariño solo 1.407 familias inscritas en el PNIS contaban con proyectos productivos implementados. Los datos son del informe de seguimiento de la ONU, con información hasta diciembre de 2020. Es decir, la mayoría de las familias no cuenta con proyectos ni opciones reales de sustitución voluntaria. 

Muchos beneficiarios del programa gastaron el dinero o vendieron las gallinas que les regalaron. Otra parte de los recursos cayó en manos equivocadas. “Aquí vino gente de Pasto a cobrar [subsidios del PNIS]”, dice el guía. Las reservas del Presidente y el Centro Democrático hacia el acuerdo acentúan su descalabro. “El gobierno firmó fue la muerte de campesinos, negros, indígenas, soldados y policías”, dice Eduardo Marín Taicus, habitante del resguardo Pinguambi Palangala de Tumaco. 

Los nombres de los grupos y sus dinámicas bélicas han cambiado, pero la violencia permanece. A los Awá les preocupa la cantidad de grupos, y lo difícil que resulta distinguirlos. Además, no hay interlocutores de mando con quienes hablar, como hacían las comunidades cuando el territorio estaba controlado por las FARC. “El tema es que esta gente no tiene escrúpulos. Hoy asesinan delante de las esposas y de los hijos”, dice Javier Cortés Guanga. “Con la desmovilización de las FARC puedo decir que hay más peligro que antes”, manifiesta un líder del resguardo Ñambí Piedra Verde de Barbacoas, quien ha padecido amenazas y atentados, y cuyo nombre se omite por seguridad. “Ahorita no sabemos qué actor se mueve por el territorio. Todos los días sacan diferentes nombres. Aquí están matando mucha gente. Al campesino lo matan y lo entierran como el perrito, y nadie dice nada”, asegura Jaime Nastacuas. Según Medicina Legal, desde 2017 Tumaco se ha acercado o ha superado los 200 homicidios cada año. En el municipio más violento de Nariño se cometieron 153 homicidios en 2016 y 193 en 2020. 

Hasta el 30 de junio de este año, el Registro Único de Víctimas reportó 178.788 habitantes de Tumaco como víctimas de algún hecho. La mayoría de la población vive en el casco urbano: dos islas de concreto y palafitos ganadas al mar, sin alcantarillado, apenas surtidas de agua cada martes y jueves por un carrotanque. Pero el casco urbano de Tumaco representa menos del 10 % del territorio. El resto es selva y ríos donde se cobija la ilegalidad. 

La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito define a Tumaco como un enclave nacional de la coca, donde se concentra una alta cantidad de cultivos. Como el municipio costero comprende más territorio que soberanía, permite sembrar con facilidad la planta, procesarla, movilizar y embarcar la droga hacia el exterior. Toda la cadena en un solo sitio. 

En los resguardos conocieron la fiebre de la cocaína en los 90. La coca y sus males se sigue multiplicando porque, según el exsecretario Nastacuas, en algunos resguardos los Awá venden cinco hectáreas por 100 millones de pesos a “finqueros” de Putumayo, Caquetá, Pasto y otros municipios vecinos.  

Los compradores se hacen con la tierra, deforestan, siembran coca y después de tres o cuatro cosechas venden la tierra a otro finquero. Los Awá, explica Jaime Nastacuas, pasan de dueños a peones, y el dinero de la venta se esfuma. “Después quedan en la calle tirados y no sabemos qué hacer con ese problema”, cuenta. 

Un resguardo puede medir entre 594 y 28.000 hectáreas. La gente “llegadera”, dice Eduardo Marín Taicus, siembra hasta 200 hectáreas de coca, y los Awá también la cultivan en sus resguardos. “Dos o tres hectáreas para el sancocho de los hijos, y poder educarlos”, explica Taicus. Claudia Jimena Pai, exconsejera de Mujer y Familia de la Unipa, amenazada en 2016 cuando fue fiscal del resguardo Chiringuito Mira, sobre la frontera fluvial que separa Tumaco de Ecuador, agrega que los “llegaderos” y los grupos armados se apropian de los baldíos: hectáreas que los Awá consideran propias, pero que no están legalmente incluidas en los resguardos. 

Hoy Tumaco tiene más coca que hace diez años. En el Pacífico, una región donde la ONU agrupa a Valle del Cauca, Cauca, Nariño y Chocó, está la tercera parte de toda la coca colombiana: 57.897 de las 154.000 hectáreas totales, según el último informe de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. El 9 % de la coca que hay en la costa del Pacífico está sembrada en resguardos indígenas. En el informe de 2020, Tumaco se acercaba a las 9.500 hectáreas. Tibú (Norte de Santander), El Tambo (Cauca) y este municipio costero de Nariño sumaban la cuarta parte de todos los cultivos del país. La rentabilidad del negocio se había incrementado, dijo la ONU. En el adelanto del nuevo informe, el organismo internacional dice que el país redujo el número de hectáreas cultivadas a 143.000, pero elevó su producción de cocaína. 

Para la Fundación Paz y Reconciliación, el gobierno se equivoca al atacar la siembra. Esta estrategia, según la organización, golpea la economía familiar de los campesinos sin oportunidades, pero no afecta a los grandes inversionistas. “Solo se conseguirá que las dinámicas criminales se reciclen, puesto que los narcotraficantes e intermediarios continuarán con la posibilidad de financiar las estructuras armadas que garanticen su negocio”, dice la fundación.

Víctimas de una guerra ajena

Los muertos que produce el narcotráfico son proporcionales a los dividendos que genera. La coca seduce a viejos y jóvenes con su dinero, pues no hay otra actividad que pueda competir en medio de tantas necesidades insatisfechas. Los grupos armados reclutan mano de obra con su oferta de billetes, mujeres, armas y alcohol. “El número de menores actualmente involucrados con grupos armados se encuentra en el nivel más alto desde antes del Proceso de Paz”, dijo la Defensoría del Pueblo al portal InSight Crime

“Hay una vulneración de derechos porque entran sin saber lo que implica”, dice Gabriel Bisbicus, exconsejero de educación de la Unipa. El director del centro educativo del Gran Sábalo, resguardo ubicado entre Barbacoas y Tumaco, sostiene que los jóvenes normalizaron los fusiles y los uniformes camuflados, y no diferencian al Ejército de los grupos armados ilegales. “No analizan que eso va traer problemas a la familia, y a su vida misma. Se dejan llevar como de la emoción, de la ilusión. Luego ya se arrepienten, salen, los matan, o los desplazan; y lleva del bulto la familia. Es muy preocupante”, explica Bisbicus.

En las comunidades de Tumaco y el Pacífico nariñense se preguntan por el paradero de jóvenes que el narcotráfico ha raptado. En Ñambí Piedra Verde, hace tres años, fueron reclutados dos niños de 14 y 15 años. Otros se salvaron porque fueron sacados del resguardo.

Los Awá se sienten secuestrados en su propia casa. Los armados fragmentaron el territorio; cruzar una frontera invisible o transitar por un camino en la noche puede costarles la vida. El control territorial ejercido por la Guardia Indígena para evitar que el covid-19 penetre en los territorios, se suma a lista de razones que desata la furia de los grupos. En el caso del ELN, los milicianos suelen presentarse ante la comunidad vestidos de civil, y se los ve tomando en las cantinas. Los transportadores son obligados a movilizarlos, y matan a cualquiera solo porque se rumora que colabora con otro grupo. “Muchos asesinatos han llegado por la mala información. Hay personas que por ver mal al otro, lo vinculan con grupos armados”, dice el líder de Ñambí Piedra Verde que pidió reservar su nombre.  

El Ejército, según este líder, no brinda protección en los territorios. Se les reprocha el maltrato y la estigmatización de las comunidades que deben convivir y obedecer a los grupos armados. Años atrás señalaban de guerrillero a todo aquel indígena que calzara botas. “Se meten en las casas vacías, en las escuelas, en los sitios sagrados. Cogen las remesas. Si es un plátano o una gallina, se la llevan. Y si vamos por un camino, nos detienen diciendo que somos de grupos armados”, se queja el consejero mayor Rider Pai. 

A la fuerza pública también se la señala de colaborar con algunos grupos. “A veces va el Ejército abriendo camino para que entren los otros. O entran juntos”, dice el gobernador Francisco Javier Cortés Guanga. “Los asesinatos ocurren cerca de donde está la fuerza pública”, agrega el exconsejero Henry Marín.  

La presencia de actores armados, legales o ilegales, pone en riesgo la vida, la autonomía, la unidad y la cultura, pilares de la armonía territorial para los Awá. En sus 31 años de existencia, la Unipa registra más de 800 líderes asesinados, autoridades y comuneros. Claudia Jimena Pai dice que las mujeres dejaron de usar vestidos, pues facilitaba el trabajo de los violadores armados. “El rol de las mujeres era criar a los hijos, transmitir nuestra lengua, nuestro tejido. Cuando muere el esposo por el conflicto armado, ya no se puede dedicar a la crianza, sino que les toca buscar trabajo”, explica la exconsejera. 

La Fiscalía y la Procuraduría, sostiene Claudia Jimena Pai, no han mostrado voluntad de atender las recientes denuncias, ni diligencia para reparar los daños provocados por la reciente crisis humanitaria. La Cola de la Rata y La Liga pidieron a la Defensoría, a la Procuraduría, a la Unidad de Víctimas y al Ejército información sobre las acciones implementadas para mitigar la crisis de los Awá. No hubo respuesta. 

La Secretaria de Gobierno de la Alcaldía de Tumaco respondió que viene trabajando con todas las secretarías y dependencias de la administración para "brindar soluciones a todas las necesidades” de la población Awá. Entre las acciones que adelanta, detalló proyectos de inversión (en fase de estudio) en instalaciones de electricidad, dotación de estanques para proyectos piscícolas, y mejoramiento de algunas escuelas. El monto de la inversión en cuatro resguardos (Santa Rosita, Inda Guacaray, Inda Sabaleta, Piguambí Palangala) supera los 4.000 millones de pesos.

“Mientras cualquier gobierno municipal, departamental y nacional le deje la responsabilidad de desarrollo a la mata de coca, esto no va cambiar”, dice el gobernador Cortés Guanga. “A veces también sentimos frustración nosotros los adultos. Hemos luchado 31 años. Son innumerables las necesidades”, lamenta Gabriel Bisbicus.

En el cuarto congreso de la Unipa era evidente la alegría de los jóvenes cuando bailaban o hacían sonar la marimba y el tambor. Son fugaces los momentos en que viven la vida que quieren, y no la que impone la violencia armada. Aunque tienen una entidad de salud propia, casas de paso para los desplazados y talento para las artes, la Unipa no logra evitar el sufrimiento de los Awá: todavía algunos mueren de hambre, las mujeres sufren complicaciones en el parto, los resguardos quedan a oscuras por la noche y sus jóvenes se suman al narcotráfico.

Los líderes Awá temen convertirse en las próximas víctimas. “Yo me levanto de mi cama, me encomiendo a Dios, a los espíritus; y me despido de mi familia porque no sé si voy a regresar”, confiesa Javier Cortés Guanga con la voz entrecortada.