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Miércoles, 05 Septiembre 2018

¿Qué es el fracking?

Por Luisa Fernanda Gómez Cruz

¿Cómo funciona? ¿En qué están las políticas en Colombia? Colombiacheck revisó algunas de las preguntas más comunes que han hecho los ciudadanos alrededor del tema y consultó a varias fuentes expertas, académicos y al Gobierno Nacional para dar algunas respuestas.

Durante las últimas semanas el debate sobre los hidrocarburos ha girado en torno al llamado “fracking”. Sin embargo, no se han aunado muchos esfuerzos para tratar de explicar en qué consiste exactamente el tema a debatir, cómo funciona, en qué va la regulación en Colombia, dónde se quiere o se puede hacer.

Por eso, Colombiacheck intenta dar respuesta a algunas de las preguntas más comunes que están haciendo los usuarios en los motores de búsqueda. Aquí están algunas de ellas. No obstante, la idea es que, a medida que vaya leyendo, nos deje las preguntas que le sigan surgiendo o ante las cuales no siente que haya tenido una respuesta clara.

¿Qué es el fracking?

Andrés Ángel, asesor científico de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), explica que el fracking es una técnica de extracción de hidrocarburos que consiste en la inyección de grandes volúmenes de fluidos a presión para generar fracturas en rocas y así crear vías de migración de los hidrocarburos hacia la superficie.

Por su parte, Óscar Vanegas, ingeniero de petróleos y docente de la Universidad Industrial de Santander (UIS), aclara que el “fracking” (o fracturación hidráulica, en español) se ha utilizado desde 1947 para la extracción de hidrocarburos. Es decir, en varios casos el petróleo que utilizamos se ha extraído a través de la fracturación hidráulica de areniscas o calizas, que se conocen como yacimientos convencionales.

Sin embargo, lo que ha generado grandes debates durante los últimos años es, en particular, la fracturación hidráulica de lutitas: las rocas madre donde se origina el petróleo y el gas. Estos son los llamados “yacimientos no convencionales”. La extracción de hidrocarburos en estos yacimientos no convencionales es a lo que actualmente se denomina “fracking” en los debates en medios nacionales e incluso dentro del gabinete del presidente Iván Duque.

¿Cómo funciona?

En resumen, el fracking funciona fracturando rocas que están cientos o miles de metros debajo de la superficie terrestre, y dentro de las cuales está almacenado el petróleo, y creando un camino para que el líquido resultante pueda llegar a la superficie.

Para explicar mejor el tema, compartimos dos videos, uno creado por el periódico El Tiempo y otro por el Instituto Argentino del Petróleo y el Gas, que van más a profundidad.

¿Qué es la permeabilidad?

Un término que se repite constantemente en las explicaciones sobre el fracking es la permeabilidad. Ángel explica que esta palabra hace referencia a “una característica física de las rocas”. Es el grado de conexión entre los espacios vacíos dentro de un material.

“En geología, los espacios vacíos [dentro de una roca] son llamados ‘poros’. El volumen total de esos poros es llamado ‘porosidad’”, dice Ángel. Sin embargo, no todos los poros de una roca se pueden llenar de agua o hidrocarburos, porque no están conectados a otros. De modo que la permeabilidad es la porosidad efectiva, la que se puede llenar con algo.

La idea del fracking es conectar los poros de las rocas, a través del fracturamiento hidráulico, para sacar sacar el hidrocarburo a la superficie.

¿Dónde y cuándo se originó el fracking?

Según Vanegas, el fracturamiento hidráulico convencional comenzó en Kansas (Estados Unidos) en 1947. El no convencional, aunque estaba patentado desde 1865, comenzó a utilizarse en el año 2000, en Pensilvania (también en Estados Unidos). “Antes, el precio del petróleo convencional no daba para meterse en esto, las tensiones geopolíticas no lo justificaban”, dice Ángel. Según el científico, no existían las tecnologías que lo hicieran rentable.

¿Qué químicos se utilizan para la fracturación de las rocas?

Vanegas explica que cada empresa fabricante de esos químicos le da su nombre al producto que vende, pero que en términos genéricos las sustancias que se utilizan para que sea más fácil fracturar la roca son reductores de viscosidad, inhibidores de precipitación de escamas, viscosificantes, inhibidores de corrosión, estabilizadores de pH y fluidos pisotrópicos que permitan el flujo a través de las fracturas.

¿Cuáles son los riesgos?

En un artículo anterior (Vea: Dakota del Norte no es un ejemplo de fracking responsable) Colombiacheck revisó los informes “Hydraulic Fracturing for Oil and Gas: Impacts from the Hydraulic Fracturing Water Cycle on Drinking Water Resources in the United States” de la EPA (Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos), publicado en diciembre de 2016; y el “Compendio de hallazgos científicos, médicos y de medios de comunicación que demuestran los riesgos y daños del Fracking”, realizado por Concerned Health Professionals of New York y Physicians for Social Responsibility, ediciones tercera y quinta, de octubre de 2015 y marzo de 2018, respectivamente.

Colombiacheck encontró que se han presentado riesgos en el caso específico de Dakota del Norte (Estados Unidos) por derrames de petróleo, derrames de aguas contaminadas con los químicos agregados para el fracturamiento, contaminación de fuentes de agua subterránea, contaminación del aire y hasta riesgos para los trabajadores.

Adicionalmente, la Alianza Mexicana Contra el Fracking, compiló los que para su caso son los principales “impactos socioambientales del uso de la fracturación hidráulica”, que incluye los siguientes:

  • Disminución de disponibilidad del agua: La fracturación de un solo pozo requiere entre nueve y 29 millones de litros de agua. El ritmo de explotación anual de 9,000 nuevos pozos en Estados Unidos que se pretende exportar a México supondría un volumen de agua equivalente al necesario para cubrir el consumo doméstico (100lts/pers/día) de entre 1,8 y 7,2 millones de personas en un año.
  • Emisión de gases y su contribución al calentamiento global: 90% de las emisiones en el proceso de obtención del gas es metano, aunque también se emite dióxido de azufre, óxido de nitrógeno y compuestos orgánicos volátiles. Aunque la quema del gas natural emite menos dióxido de carbono que otros hidrocarburos, el proceso completo de su explotación contribuye en mayor medida a la aceleración del cambio climático debido a las fugas de metano producidas durante su extracción.
  • Sismos antropogénicos: En Arkansas, Ohio, Oklahoma, Colorado y Texas, regiones sin actividad sísmica histórica, se han multiplicado en años recientes el número de sismos superiores a los tres grados. Los epicentros de estos sismos coinciden con la localización de los pozos de inyección.

Por otro lado, para Ángel, más allá de los riesgos ambientales, el principal riesgo es que la extracción va a generar más extracción: “Más gases de efecto invernadero, menos transición, menos innovación. Es raspar la olla y eso es inherentemente insostenible”.

¿Cuáles son las razones para impulsarlo en Colombia?

“Esto es un tema de autosuficiencia energética” dice la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP). Las reservas del país son limitadas, según la ACP. El último informe de reservas 2017 estableció que, para el caso de crudo, el nivel de reservas es de 5,7 años y, para el caso de gas, de 11,7 años. “Por lo cual es importante continuar las campañas de exploración y producción en yacimientos convencionales. Pero también hay una clara oportunidad de poder ampliar las reservas apostándole a nuevos proyectos como no convencionales”, según dice la ACP en un comunicado enviado a Colombiacheck.

“Adicionalmente, por su método de operaciones, la técnica del fracking requiere grandes contrataciones de bienes y servicios y es un generador de empleo, es decir que es también una gran oportunidad para impulsar la economía del país y las regiones”.

¿Cuál es el potencial de Colombia para extraer hidrocarburos a través de yacimientos no convencionales?

De acuerdo a los escenarios de incorporación de reservas realizados por la Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME) -entidad de carácter técnico, adscrita al Ministerio de Minas y Energía- sería posible incorporar hasta 10.000 millones de barriles promedio diario provenientes de yacimientos no convencionales (la producción actual de petróleo es de aproximadamente 860.000 barriles al día según MinMinas). Sin embargo, el Ministerio de Minas no ha hecho estimaciones aún sobre cuánto recibiría el país en ingresos fiscales, “ya que la rentabilidad de este tipo de proyectos dependerá de la capacidad de los operadores de reducir los costos”.

¿En qué está la política para el fracking en Colombia en este momento?

En la actualidad se cuenta con el marco técnico para la exploración y explotación de hidrocarburos en yacimientos no convencionales, expedido por el Ministerio de Minas y Energía en 2013.

En 2014, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible expidió los términos de referencia para la elaboración del estudio de impacto ambiental para la exploración de hidrocarburos. Y en ese mismo año, nuevamente el MinMinas estableció los requerimientos técnicos y procedimientos para la exploración y explotación de hidrocarburos en yacimientos no convencionales.

“Con estas tres regulaciones, es posible que se lleve a cabo la fase de exploración de hidrocarburos en yacimientos no convencionales”, dijo en un comunicado el Ministerio de Minas a Colombiacheck.

¿Es decir que hoy ya se puede hacer fracking?

Se puede explorar solicitando el debido licenciamiento ante la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), que es lo que vienen solicitado en este momento los dos proyectos de ConocoPhillips y los de ExxonMobil y Ecopetrol. Pero la explotación no es posible porque no han salido los términos de referencia para expedir licencias ambientales de explotación, que es lo que están esperando las empresas petroleras, según Carlos Andrés Santiago, coordinador de la Alianza Colombia Libre de Fracking.

¿En qué zonas del país se puede hacer fracking?

Estudios de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) indican que el país tiene potencial principalmente en las cuencas de la zona del valle del Magdalena Medio, en la cuenca Cesar-Ranchería, en el Catatumbo, la cordillera oriental y los llanos orientales.

Mapa de yacimientos no convencionales de hidrocarburos en Colombia.
*Mapa construido por @Geographiando con datos de la ANH.

De acuerdo con Santiago, la apuesta para comenzar es desarrollar en una primera etapa el valle del Magdalena Medio y la cuenca Cesar Ranchería.

¿Qué empresas están interesadas en hacer fracking en Colombia?

Drummond, ConocoPhillips, Canacol Energy, Parx Resources, ExxonMobil y Ecopetrol.

 

¿Le quedaron más preguntas por responder sobre el fracking? Escríbanos a nuestro Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. o a nuestra cuenta de Twitter y cuéntenos qué otras respuestas sobre el fracking podemos buscar.

Miércoles, 16 Diciembre 2020

¿Qué es el Acuerdo de Escazú?

Por Laura Rodríguez Salamanca

Han circulado muchas desinformaciones sobre la ratificación de este tratado ambiental. Aquí le contamos de qué va el acuerdo.

En los últimos meses se han publicado numerosos pronunciamientos de políticos y líderes de opinión en contra de la ratificación del Acuerdo de Escazú, nombre corto del “Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe”, adoptado en 2018 en Escazú, Costa Rica, y firmado por Colombia hace un año, el 11 de diciembre de 2019

“En la elaboración de este tratado, que ya ha sido ratificado por Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Ecuador, Nicaragua, Guyana, San Cristóbal y Nieves y San Vicente y las Granadinas, en nada intervino el Gobierno”, escribió, por ejemplo, Germán Vargas Lleras en una columna publicada a principios de octubre en El Tiempo. 

La senadora María Fernanda Cabal, por su parte, dijo en un video que posteó en sus cuentas de redes sociales y que ha tenido más de 1.900 reacciones en Facebook, que “todo [el contenido del acuerdo] está en el marco normativo interno y en el bloque de constitucionalidad” y que “[el acuerdo] es parte de la propaganda ambientalista que lo que quiere es someter todo el desarrollo de nuestro país a la decisión de terceros”.

Además de verificar varias de estas afirmaciones [puede leer los artículos aquí 1, 2 y 3], en Colombiacheck decidimos investigar qué es el Acuerdo de Escazú y en qué va el proceso de ratificación en Colombia.

¿De dónde viene?

En junio de 1992 se llevó a cabo la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo o “Cumbre de la Tierra”, un encuentro global en el que jefes de Estado, científicos, periodistas y ONG de 179 países se reunieron para intentar “reconciliar el impacto de las actividades socio-económicas humanas en el medio ambiente y viceversa”, según la página de las Naciones Unidas. 

Esta conferencia, que se realizó en Río de Janeiro, dejó, entre varios resultados, la Declaración de Río Sobre Medio Ambiente y Desarrollo, una lista de 27 principios “universalmente aplicables para ayudar a guiar la acción internacional basándose en la responsabilidad medioambiental y económica”. 

De estos, el Principio 10 fue el más relevante años luego para el Acuerdo de Escazú. Ese principio dice que:

“El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda. En el plano nacional, toda persona deberá tener acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente de que dispongan las autoridades públicas, incluida la información sobre los materiales y las actividades que encierran peligro en sus comunidades, así como la oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones. Los Estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la participación de la población poniendo la información a disposición de todos. Deberá proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos, entre éstos el resarcimiento de daños y los recursos pertinentes”.

En 2012, 20 años después de “Cumbre de la Tierra”, este principio tomó especial relevancia durante la Conferencia de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, también conocida como Río+20. “Después de la convención se empieza a hablar del Principio 10, de la importancia de la democracia ambiental. Diferentes sectores de la sociedad empiezan a hablar de la necesidad de sentarse como Estados y comprometerse a hacer un acuerdo en materia de democracia ambiental para la región de Latinoamérica y el Caribe”, explica Laura Serna, joven champion en Colombia para el Acuerdo de Escazú. 

Como resultado de esas conversaciones, en 2012 los gobiernos de Chile, Costa Rica, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay publicaron la “Declaración sobre la Aplicación del Principio 10 de la Declaración de Río Sobre Medio Ambiente y Desarrollo”. En este documento señalaron que la región ha avanzado en materia de participación, acceso a la información ambiental y acceso a la justicia, pero reconocieron que se requieren mayores esfuerzos y un trabajo regional para alcanzar los compromisos adquiridos con respecto a estos tres derechos, y se comprometieron a implementar un plan para conseguirlo. 

“Manifestamos nuestra voluntad de iniciar un proceso que explore la viabilidad de contar con un instrumento regional que puede ir desde guías, talleres, buenas prácticas hasta un Convenio Regional abierto a todos los países de la Región y con la significativa participación de toda la ciudadanía interesada”, dice el documento en el que, además, solicitaron el apoyo técnico de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Cepal.

¿Qué es, entonces, el Acuerdo de Escazú?

Como resultado de la voluntad de dichos países para alcanzar los compromisos establecidos en el Principio 10 de la Declaración de Río, en 2018 nació el Acuerdo de Escazú. Y, de acuerdo con el propio texto del tratado, es el “único acuerdo jurídicamente vinculante derivado de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río+20), el primer tratado sobre asuntos ambientales de la región y el primero en el mundo que incluye disposiciones sobre los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales”.

Pero vamos por partes. El tratado es, antes que nada, un instrumento regional que tiene como objetivo “garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales”. 

A lo largo de sus 25 artículos se establecen, por ejemplo, parámetros para el acceso a la información como tiempos de respuesta, exenciones y el deber de garantizar este derecho a la población vulnerable, y estándares que deben cumplir los Estados para la “generación y divulgación ambiental” como la inclusión de “sistemas de información actualizados” con información sobre normatividad ambiental, estudios científicos, fuentes de consulta y el listado de zonas contaminadas, entre otras sugerencias. 

En el texto también se detalla que “el procedimiento de participación pública contemplará plazos razonables que dejen tiempo suficiente para informar al público”, que para garantizar el acceso a la justicia, cada Estado contará con “órganos estatales competentes con acceso a conocimientos especializados en materia ambiental” y que cada parte “garantizará un entorno seguro y propicio en el que las personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales puedan actuar sin amenazas, restricciones e inseguridad”. 
 
Además de esto, hay artículos sobre fortalecimiento de capacidades nacionales y la cooperación y el intercambio de información y de expertos para la implementación del acuerdo. 
 
En ese sentido, en palabras de Andrés Briceño Chaves, doctor en derecho, profesor de la Universidad de La Sabana y experto en derecho ambiental, “el Acuerdo de Escazú es esencial porque cerraría esa brecha de protección que las constituciones parecen no haber colmado, ayudaría a tratar de propugnar por una protección más eficaz del medio ambiente y es una alternativa para mejorar las herramientas que nosotros ya tenemos e integrarnos a un sistema de protección internacional, a unos estándares convencionales que son necesarios para tratar aquellas deficiencias que tiene el mismo modelo constitucional”. 
 
Y para Laura Santacoloma, directora de la Línea de Justicia Ambiental de Dejusticia, “en un país como Colombia, que tiene índices altísimos de homicidios de líderes sociales que se dedican a temas ambientales, un acuerdo que le da herramientas al país y le propone el fortalecimiento y la cooperación frente a un asunto que no ha logrado contener es un beneficio, una ventaja”, 
 
El tratado, como ya dijimos, fue adoptado el 4 de marzo de 2018 en Escazú, Costa Rica. Estuvo abierto a las firmas de los países latinoamericanos y del Caribe entre el 27 de septiembre de 2018 y el 26 de septiembre de 2020, tiempo durante el cual 24 países se adhirieron. Y entrará en vigor a principios de 2021, después de que lo ratificaran 11 de los firmantes, condición necesaria para la entrada en vigencia. 

¿Cómo va la ratificación en Colombia?

El presidente Duque anunció el 9 diciembre de 2019 que Colombia firmaría el tratado. Esta decisión fue resultado de los compromisos que el dirigente adquirió con los representantes de la Mesa de Diálogo Nacional Ambiental en la Gran Conversación Nacional, un espacio que abrió el Gobierno  para atender a las demandas del paro del 21N. Antes, el gobierno había sentado la posición de no adherirse al acuerdo porque consideraba que Colombia ya contaba con las herramientas para la protección del medio ambiente, argumento que también se ha usado en países como Paraguay. 

Dos días después, Guillermo Fernández de Soto, representante permanente de Colombia ante las Naciones Unidas, firmó el acuerdo en la sede de esta organización, en Nueva York. 

Firma_acuerdo_escazu

Sin embargo, a pesar de que el despacho de Duque radicó el proyecto, el 23 de julio de 2020 en la Cámara de Representantes y el 27 de julio en el Senado, con mensaje de urgencia [eso significa que la aprobación es prioridad para el Gobierno y que se reducen a tres los cuatro debates que generalmente se necesitan], las Comisiones Segundas Conjuntas no han citado el primero de los tres debates que se requieren para la aprobación del tratado. Luego tendría que pasar la revisión de la Corte Constitucional. 

La sesión de presentación del proyecto de ley fue aplazada cuatro veces hasta que finalmente se realizó el 4 de noviembre y se decidió la realización de dos foros regionales antes de dar el debate. Además, varios miembros del Centro Democrático, el partido de gobierno, se han pronunciado abiertamente en contra del acuerdo

Este tipo de dilaciones han generado el rechazo de varias organizaciones ambientalistas en el país: los integrantes de la Mesa de Diálogo Nacional Ambiental enviaron una carta al presidente el 25 de octubre solicitando su intervención para cumplir con su compromiso y más de 150 organizaciones le pidieron en el mismo mes al mandatario “redoblar el esfuerzo en pro de la ratificación”. 

Otro grupo que se opone al tratado es el Consejo Gremial (que está integrado por organizaciones como Acoplásticos, Analdex, ANDI, Asocaña, Asocolflores, Camacol, Fedegán, Fedepalma, Fenavi y la Sociedad de Agricultores de Colombia). Este Consejo envió al presidente un análisis de conveniencia en contra de la ratificación. “A nuestro entender, la aprobación del Acuerdo puede eventualmente incluir nuevos instrumentos de diálogo que podrían tener situaciones insolubles para llevar a cabo los proyectos de desarrollo que el país necesita”, dice, por ejemplo, el documento. 

El 23 de noviembre se llevó a cabo en Cúcuta el primero de los foros regionales acordados para continuar la discusión del proyecto. Aún no se ha definido la fecha para el segundo. Lo que es claro es que este año no se dará la votación del proyecto, pues la agenda legislativa termina el 16 de diciembre. Ya no hay tiempo.