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Jueves, 28 Marzo 2019

Todo (o casi todo) lo que debería saber sobre Hidroituango

Por Luisa Fernanda Gómez Cruz

Explicador: En siete puntos resumimos lo que ha pasado con esta megaobra: los tiempos, los costos, los responsables y las polémicas de la que sería la hidroeléctrica más grande de Colombia.

La hidroeléctrica

La Hidroeléctrica de Ituango, Hidroituango, es un proyecto de generación de energía a través de una hidroeléctrica. Está ubicada sobre el río Cauca, en el llamado ‘Cañón del Cauca’, entre el municipio de Ituango y el corregimiento de Puerto Valdivia, en el departamento de Antioquia. (Para entender cómo funciona una hidroeléctrica recomendamos este video).

Fue pensada para ser la hidroeléctrica más grande del país. La presa (el muro que se construye para almacenar el agua) mide 225 metros (casi dos veces la altura del edificio Coltejer en Medellín*) y tiene 20 millones de metros cúbicos de volumen (la capacidad para almacenar agua).

Esta megaobra sería la responsable de aportar el 17 por ciento de la demanda energética del país para 2021 (la hidroeléctrica que más genera en este momento es San Carlos y aporta apenas el 9 por ciento).

Los costos

Inicialmente se estimó una inversión de 11,4 billones de pesos para el desarrollo de la obra, pero ha tenido, hasta el momento varios sobrecostos que se calculan en 1,5 billones de pesos. Estos incluyen los 65.000 millones que, según le dijo EPM a La Silla Vacía, le había costado la emergencia desde abril de 2018 hasta el 31 de enero de este año.

Los dueños y responsables

El 50 por ciento de las acciones las tiene el Instituto para el Desarrollo de Antioquia (Idea), que depende de la gobernación, y otro 2 por ciento es del Departamento de Antioquia (es decir que la mayor participación está en cabeza del gobernador).

Empresas Públicas de Medellín (EPM) es el segundo mayor accionista, con el 46 por ciento, y es la compañía que ganó la licitación para el desarrollo, construcción y operación del proyecto.

El resto de acciones está en manos de accionistas minoritarios, de acuerdo con la página del proyecto.

El consorcio colombo brasileño CCC Ituango, integrado por las firmas Construções e Comércio Camargo Corrêa, Conconcreto y Coninsa Ramón H., es el encargado de ejecutar la construcción de la presa, la central de máquinas y demás obras asociadas.

Por otro lado, La Silla Vacía publicó una investigación sobre los políticos detrás de las grandes decisiones de Hidroituango. En ella, aparecen los expresidentes Álvaro Uribe Vélez y Andrés Pastrana; los exgobernadores de Antioquia, Luis Alfredo Ramos y Sergio Fajardo; los exalcaldes de Medellín, Alonso Salazar y Aníbal Gaviria, y los actuales mandatarios, Luis Pérez, Gobernador de Antioquia, y Federico Gaviria, Alcalde de Medellín.

Los tiempos

Fue planeada desde 1969 y en 2010 se firmó el acuerdo para su construcción entre el IDEA y EPM. Se estimaba que la primera de ocho unidades (turbinas) de generación de energía iniciaría servicio en noviembre 30 de 2018 y los otras siete habrían de empezar operación sucesivamente cada tres meses hasta que la central entrara a tope en 2020, según informó El Tiempo en 2012.

Debido a derrumbes que ocurrieron a lo largo de la construcción, las obras se retrasaron 20 meses. Por esto, EPM firmó en diciembre de 2015 un pacto de aceleración con el Consorcio CCC que costó 370 mil millones de pesos.

“La propuesta que hizo el consorcio consistía en aumentar la jornada de trabajo para que fuera 24/7, conseguir equipos adicionales para acelerar la construcción y programar obras complementarias para construir en menor tiempo pozos y revestimientos. Así recuperaría 18 meses de los retrasos”, según informó La Silla Vacía.

No obstante, con la emergencia que comenzó en abril de 2018, el inicio del funcionamiento de la presa quedó sin una fecha clara.

Las polémicas

Desde su planificación a finales de los 90, el proyecto de Hidroituango ha presentado inconsistencias graves en términos medioambientales, económicos, políticos y sociales.

La licencia ambiental para desarrollar el proyecto ha sido cuestionada y modificada 12 veces. La Contraloría, en la auditoría que le hizo el año pasado a la Anla y a EPM, detectó que ese estudio estaba desactualizado y no tenía detalles necesarios. “Por ejemplo, decía que no había comunidades indígenas en el área de afectación, cuando sí había; no valoró el impacto ambiental por el cambio en la calidad del agua ni realizó una estimación de ecosistemas estratégicos, como los tipos de bosques que están en el área”, informó La Silla Vacía.

El actual gobernador Luis Pérez denunció en octubre del año pasado que el cierre definitivo de los dos túneles principales para la desviación del río Cauca  la construcción de un tercero con la mitad de capacidad se hicieron sin autorización de la Anla.

La Contraloría le abrió una indagación preliminar a EPM porque el tercer túnel se comenzó a construir en agosto de 2015, pero la solicitud para modificar la licencia ambiental para hacerlo se presentó en julio de 2016 y la obtuvo en septiembre de 2016.

Pero también ha habido escándalos alrededor de EPM, por cómo ganó el proyecto (el pasado 27 de febrero, el fiscal general Néstor Humberto Martínez anunció que imputaría cargos por el cuestionable contrato adjudicado a dedo) y contra la constructora brasileña Camargo Correa (dueña del 55 por ciento del consorcio que construye la obra) porque en Brasil forma parte del escándalo Lava Jato junto con Odebrecht, como informamos anteriormente.

Por otro lado, entre 1982 y 2016 han ocurrido 62 masacres en los municipios en donde se desarrolla Hidroituango y las comunidades han argumentado que no se les consultó sobre el desarrollo del proyecto y sus consecuencias. Además, se han denunciado desalojos forzosos y asesinatos, como el caso de Nelson Giraldo de la organización Ríos Vivos.

Las emergencias

Desde hace poco menos de un año el proyecto hidroeléctrico ha sufrido varios problemas por cuenta de errores en la construcción de la obra que han coincidido con infortunios climáticos. Resumimos algunos de estos hechos.

La primer emergencia ocurrió el sábado 28 de abril del año pasado, cuando las aguas del río Cauca, cargadas de piedras, troncos y desechos debido a un derrumbe, taparon uno de los túneles de desviación; el único por el que seguía desviándose el río Cauca para la construcción de la obra (entonces el proyecto se encontraba en un 85 por ciento de avance de sus obras principales). El Espectador hizo un video que sirve para entender gráficamente lo que pasó.

El 10 de mayo, luego de que el río Cauca llevara 13 días represado por los túneles taponados, y con alto riesgo de una avalancha en los municipios aguas abajo del proyecto, EPM tomó la decisión de inundar la casa de máquinas (que está dentro de la montaña y contiene la maquinaria que tendría la labor de generar la energía) para que el agua pasara por ahí y evitar que se rompiera la presa y arrasara con los pueblos aguas abajo.

“Esa decisión ha sido la más costosa para el proyecto, porque puede que por ello la hidroeléctrica no sea viable”, de acuerdo con La Silla Vacía.

Dos días después, el túnel bloqueado se destapó y debido que que el agua estaba represada, el caudal aumentó su velocidad. Esta fue la causa de la subida del río aguas abajo; la corriente destruyó tres puentes y dejó 600 damnificados. De acuerdo con el video de El Espectador, 73 viviendas se perdieron en su totalidad y 162 tuvieron daños parciales, según La Silla Vacía.

Pasaron los días y el asunto pareció estabilizarse, pero el miércoles 16 de mayo EPM informó de una obstrucción en la casa de máquinas que hizo que el agua comenzara a salir por las galerías, los caminos por donde entran carros y trabajadores. Este hecho puso en alerta máxima a cinco municipios aguas abajo, de acuerdo con el video de El Espectador, y dejó las imágenes de obreros huyendo de las aguas.

Al día siguiente, el gerente de EPM alertó que si el agua seguía saliendo por las galerías, podría colapsar la presa. Y que además si el agua la rebosaba, el muro de la presa podría fracturarse causando una avalancha que arrasaría pueblos enteros.

Por esta razón, los habitantes de Cáceres, Tarazá, Puerto Valdivia y Puerto Antioquia, municipios de Antioquia, fueron evacuados y debieron dejar sus casas.

Meses más tarde, pasada la emergencia, a comienzos de noviembre de 2018 EPM pudo llenar el embalse por primera vez, hecho fundamental para poner a funcionar el vertedero y que el agua saliera por él (y no por la casa de máquinas).

Después de eso solo seguía terminar de cerrar los túneles de desviación (incluyendo el que ocasionó la emergencia de abril), asegurar que el río pasara por el vertedero y cerrar la casa de máquinas para evaluar la viabilidad de la hidroeléctrica, como informó El Tiempo.

Sin embargo, el 21 de diciembre tuvieron que volver a cerrar el vertedero porque bajó el nivel del embalse, y el agua quedó pasando únicamente por la casa de máquinas.

Este año continuó la emergencia debido a otros riesgos. En la montaña donde está ubicada la casa de máquinas encontraron filtraciones de aire que podrían ocasionar el colapso del proyecto, y las rejas por las que entraba el agua a la caverna se estaban deformando.

Por esta razón, EPM decidió cerrar las dos compuertas que permitían que entrara el agua allí sin antes haber llenado el embalse. A eso se debió que el río Cauca aguas abajo se secara casi totalmente.

A propósito de esto La Silla Vacía publicó: “Esa decisión ha generado una crisis ambiental con la vulneración de los ecosistemas que giran en torno al río, además de casi 60 mil peces muertos. También el desabastecimiento de agua en Caucasia, el estancamiento económico de las comunidades que viven del río y un impacto ambiental que todavía está por conocerse”.

Lo que sigue

Desde el año pasado, el gerente de EPM, Jorge Londoño, ha dicho que solo se sabrá si Hidroituango es viable cuando se saque el agua de la casa de máquinas, se limpie lo que el río haya metido y se evalúe el estado de los aparatos.

Si los daños en la casa de máquinas no son tan graves como para repararlos en tres años, algo que se sabrá después de este mes de abril por ser la fecha estimada para el cierre inicial de compuertas, si las pólizas de seguro que tiene EPM para el proyecto responden en su totalidad por los daños, y dependiendo de lo que determinen las investigaciones en Procuraduría, Contraloría y Fiscalía; Hidroituango empezaría a operar en 2021.

 

*Corregimos. Serían 1,2 veces el edificio Coltejer de Medellín, pues su medida es de 175 metros.

Miércoles, 06 Marzo 2019

Explicador: ¿Qué es un conflicto armado interno?

Por Sania Salazar

El Estado colombiano firmó convenios internacionales de Derecho Internacional Humanitario que define el tipo de conflictos existentes en el mundo y  regulan la guerra.

La reciente designación de Rubén Darío Acevedo (quien pone en duda que en Colombia haya un conflicto armado) como director del Centro Nacional de Memoria Histórica, revivió una discusión que se creía ya agotada en el país: ¿qué es, exactamente, un conflicto armado?

Hay que tener claro que en 1996 entró en vigor en Colombia el Protocolo Adicional II a los Convenios de Ginebra, primer tratado internacional pensado para conflictos armados internos. Los convenios de Ginebra y sus Protocolos son la base del Derecho Internacional Humanitario, DIH, que regula la guerra y bajo el cual actúan las fuerzas militares en Colombia.

El Comité Internacional de la Cruz Roja, CICR, es el órgano de defensa del DIH por antonomasia.

¿En qué momento la violencia se transforma en conflicto armado?

Kathleen Lawand, quien fue jefe de la unidad del CICR explica que un conflicto armado no internacional (o "interno") se refiere a una situación de violencia en la que tienen lugar, en el territorio de un Estado, enfrentamientos armados prolongados entre fuerzas gubernamentales y uno o más grupos armados organizados, o entre grupos de ese tipo.

Mientras que en los conflictos armados internacionales se enfrentan las fuerzas armadas de los Estados, en un conflicto armado no internacional al menos una de las partes que se enfrentan es un grupo armado no estatal.

Además, resalta que la existencia de un conflicto armado no internacional da lugar a la aplicación del DIH, también conocido como derecho de los conflictos armados

¿Qué es el DIH?

“Un conjunto de normas destinado a limitar, por razones humanitarias, los efectos de los conflictos armados. Protege a las personas que no participan o que han dejado de participar en las hostilidades e impone restricciones a los métodos y medios bélicos”. Todas las partes involucradas en el conflicto deben respetar el DIH.

¿Cómo se decide si en un país hay un conflicto armado interno?

Según el CICR, esto está determinado por dos criterios objetivos del DIH: la organización de las partes y la intensidad de las hostilidades. Por ‘organización’ se pueden observar, entre otros factores, la cadena de mando, estructura, capacidad para entrenar personal, capacidad para sostener operaciones militares en el tiempo y administración del territorio. Por ‘intensidad’ se pueden tener en cuenta factores como la gravedad, frecuencia y duración de los enfrentamientos, el equipamiento utilizado, el número de heridos y muertos e involucramiento de las fuerzas armadas cuando la policía no es suficiente.

Christoph Harnisch, jefe de la delegación del CICR en Colombia, le dijo a Colombia2020 que el Estado puede usar otras palabras, pero “nosotros nunca vamos a usar esos términos, ni el término terrorista, porque no están en los Convenios de Ginebra ni en los Protocolos I y II. Uno puede cambiar políticas de seguridad, pero quienes tienen la obligación de respetar el DIH, porque son firmantes, son los Estados. Y esto vale para Colombia y para todos los Estados del mundo. Nosotros somos los guardianes del DIH y les recordamos a los Estados cuáles son sus obligaciones en cuanto al tratado internacional que han firmado. Se deben respetar las reglas y las palabras”.

¿En qué casos aplica el Protocolo II firmado por Colombia?

Según explica el CICR, en conflictos no internacionales entre las fuerzas armadas de un país y fuerzas disidentes o grupos armados organizados, así como entre grupos armados dentro del mismo país. Esto incluye a los grupos que controlen una parte del territorio desde el cual puedan realizar operaciones armadas sostenidas.

¿Y en qué casos no aplica?

En situaciones que no alcancen el umbral de un conflicto como, por ejemplo, disturbios, situaciones de tensión o actos de violencia aislados.

¿Qué pasa si las partes en un conflicto armado no internacional no respetan las obligaciones que les impone el DIH?

El CICR explica que cada una de las partes en un conflicto armado está obligada a respetar y hacer que las personas bajo sus órdenes, o bajo su dirección y control, respeten el DIH. Cabe destacar que cada parte debe respetar el DIH aunque su adversario no lo haga; en otras palabras, la obligación de respetar el DIH no depende de la reciprocidad.

Precisamente sobre esa regulación del DIH bajo la cual actúan las fuerzas militares en Colombia llamó la atención Humberto De La Calle, exjefe negociador del Gobierno en La Habana, en una reciente columna en El Espectador selañó que, “como lo define el Manual Operacional de las Fuerzas Militares, “cuando se está ante un conflicto armado interno (…) entran a aplicarse las disposiciones del DIH”. Si no existe un conflicto, las reglas aplicables son las que configuran el Derecho de los Derechos Humanos y las demás regulaciones normativas de derecho interno. De tal manera que es la existencia del conflicto la que permite señalar objetivos militares y regular el uso de la fuerza letal dentro de los límites humanitarios de rigor”. En conclusión, sin conflicto armado, acciones militares como bombardeos y ataques serían ilegales y generarían serias responsabilidades a soldados y oficiales, resalta De La Calle.