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Viernes, 10 Diciembre 2021

Empresas protegen su reputación y limitan la libertad de prensa

Por La Liga Contra el Silencio

A través del monitoreo web varias empresas públicas y privadas, y algunas entidades de gobierno, rastrean contenidos que puedan afectar su imagen en internet. Esta vigilancia, que suele producir comunicaciones intimidantes contra periodistas para ocultar o eliminar información, propicia la autocensura en los medios y restringe la libertad de expresión.

El 6 de septiembre pasado, a las 11:53 de la mañana, Rutas del Conflicto* recibió un mensaje desde el correo servicio.antifraude@telefonica.com, con copia a phishing@telefonica.com. “[Abuse][Ecopetrol] Exposición de información confidencial detectada en su sitio web”, decía el asunto. En este mensaje, que parecía generado de forma automática, Telefónica España dice que es la encargada de proteger la ciberseguridad y gestionar las acciones fraudulentas en contra de Ecopetrol, y advierte a Rutas del Conflicto que en su página web fue detectada información confidencial de su cliente.
 
La multinacional se refiere al Acuerdo de Cooperación-AC- No. 01, publicado en la investigación Convenios de Fuerza y Justicia, realizada junto a La Liga Contra el Silencio. Allí se presentaron detalles sobre un convenio suscrito entre el Ministerio de Defensa, la Fuerza Pública, la Fiscalía y varias empresas minero-energéticas de Colombia. “El fichero disponible para descarga en este enlace”, continúa el correo, “es un documento que pertenece a nuestro cliente, y contiene información confidencial (Procedimientos internos, infraestructura, etc.) de su organización. Esta información interna representa un alto riesgo contra nuestro cliente y por ello, no ha autorizado su acceso público”. El mensaje concluye con la solicitud de darle fin a lo que ellos consideran un fraude, pidiendo que el documento referente al contrato sea eliminado inmediatamente. 

Pero este convenio, donde participan Ecopetrol, la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y el Fondo Rotatorio de la Policía (FORPO), figura en un documento encontrado en la plataforma de contratación pública Secop I. La naturaleza de la información consignada en esta plataforma es pública, en aras de garantizar la transparencia en los contratos que se celebren con instituciones del Estado. Por lo tanto, el reclamo no procede.

Raissa Carrillo, coordinadora de atención y defensa de periodistas de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), considera que la exigencia de Telefónica es grave. “No solo afecta a la difusión y a la parte colectiva de la libertad de prensa y la libertad de expresión; también puede evitar que se den más investigaciones sobre estos temas, y esto rompe con la veeduría que no solo hacen los medios, sino también la ciudadanía”, dice.
 
El correo lo firma CyberThreats Anti-Fraud Service, de Telefónica Tech, que según su página web, es un “proveedor de Servicios de Seguridad Gestionada Inteligente”. Una división de Telefónica España que ofrece ciberseguridad con tecnología de punta. Además de Ecopetrol, tiene clientes como Mercedes Benz, Highways England y Gestamp, entre otras multinacionales. 
 


Ante la solicitud de eliminar información pública, esta investigación presentó  derechos de petición a Ecopetrol y Telefónica para conocer qué tipo de relación tienen estas empresas y cómo pueden llegar a atentar contra el derecho a la información pública, el principio de transparencia y la libertad de prensa en el país.
 
Hasta la fecha de esta publicación, Telefónica no respondió a nuestros cuestionamientos. Ecopetrol, por su lado, dice que ambas empresas tienen relaciones contractuales desde 2004, y que esos servicios son de dos tipos: uno de infraestructura de comunicaciones y otro de ciberseguridad. 

¿Ciberseguridad o censura? 
La ciberseguridad, según la Fundación Karisma, una organización de la sociedad civil que busca responder a las amenazas y oportunidades que plantea la tecnología, es “el conjunto de recursos, políticas, conceptos de seguridad, directrices, acciones, seguros y tecnologías que pueden utilizarse buscando la disponibilidad, integridad, autenticación y confidencialidad, con el fin de proteger a los usuarios en el ciberespacio”. La discusión en torno a la ciberseguridad en Colombia ha sido larga, pero poco profunda, como lo expresó Karisma en una nota de 2020. El debate se ha desarrollado en torno a una política de seguridad nacional que ha intercalado la responsabilidad entre el Estado y terceros. 

En este caso, Telefónica Tech ofrece un servicio denominado Security Operation Center (SOC), que toma medidas de seguridad digital ante ataques cibernéticos y delitos informáticos para empresas como Ecopetrol. Un ejercicio alineado con la política nacional de seguridad digital. En esto se basa Ecopetrol para argumentar que su infraestructura física y digital es vital para la seguridad energética del país. Esto los lleva a actuar frente a riesgos en el ciberespacio. 

Hasta el 19 de octubre pasado, Ecopetrol asegura haber analizado más de 3.000 intentos de phishing, identificado 3.000 publicaciones no autorizadas, y retirado más de 1.194 campañas falsas de ofertas de empleo, minimizando así el riesgo de ciberataques por medio de servicios como el SOC. La ejecución de este servicio, “emite alertas cuando detecta casos de publicaciones en los que eventualmente se pudieran violar normas de confidencialidad, vulnerar la Ley de Habeas Data o presentarse suplantaciones para engañar o defraudar a terceros”, dice la empresa. Un ejercicio que consiste en monitorear la web para ver qué información hay de la empresa y cómo puede llegar a afectarla.

Edgardo Alonso Arrieta, de la gerencia de cyberseguridad y ciberdefensa de Ecopetrol admite, en la respuesta al derecho de petición enviado, que la información publicada por Rutas del Conflicto es verídica, y que efectivamente se encuentra disponible en Secop; de modo que “no hay lugar a la solicitud de eliminar dicha información”, expresó Arrieta. La respuesta concluye haciendo énfasis en que Ecopetrol respeta la libertad de prensa, y que el SOC lo único que hace es proteger a la compañía de delitos informáticos.

Para Emmanuel Vargas, abogado, periodista y codirector de El Veinte, una asociación que combate la censura a través del litigio en Colombia, el caso de Telefónica España y Ecopetrol demuestra el interés que tienen las compañías por cuidar su reputación en internet. Esto, según Vargas, también evidencia cómo estos servicios recurren a presiones legales para que medios de comunicación como Rutas del Conflicto no afecten la reputación de sus clientes.

Otro caso particular es el de Eliminalia, una empresa catalana que ofrece eliminar las menciones a los nombres de sus clientes en la web, por medio de estrategias que rayan con la ilegalidad, como lo denunció La Silla Vacía, cuando dicha organización trató de censurar una publicación del medio a toda costa. También fueron investigados por presuntamente suplantar a funcionarios de la Unión Europea para presionar a medios de comunicación. 

Vargas considera que en el futuro otras compañías de relaciones públicas o de comunicaciones podrían ofrecer estos servicios de monitoreo web, pues cada vez más empresas empiezan a ser conscientes de la necesidad de tener una buena imagen en internet.

“Lo que uno esperaría es que la gente contrarreste sus problemas de reputación no haciendo cosas malas, pero eso no es lo que se encuentra en la práctica”, comenta Vargas. Por el contrario, lo que buscan estas compañías es borrar el contenido publicado, esconder o silenciar la información que les afecta

La relación entre ambas compañías es llamativa. Ecopetrol es una petrolera de economía mixta, considerada por muchos como la empresa más importante del país. En materia de derechos humanos su compromiso con garantizarlos queda en entredicho. Así lo evidencia el índice Corporate Human Rights Benchmark (CHRB), que mide a las principales empresas del mundo según su respeto a aquellos, y que le dio en 2019 una calificación de solo 40,4 puntos sobre 100.

Por su parte, Telefónica es una multinacional española dedicada a las telecomunicaciones y que promueve activamente los derechos humanos a través de campañas como #OrgulloDeTi, que recalca su compromiso con los derechos de las personas LGBT+, o de la Fundación Telefónica, que le apuesta a la transformación social por medio de la educación y la cultura digital.

Desde la perspectiva de la responsabilidad empresarial, este tipo de firmas debe contar con una política de derechos humanos que se aplique integralmente y que blinde sus acciones y a las personas que se vean afectadas de una u otra forma. La ciberseguridad también está integrada a estas acciones empresariales.
 
Sin embargo, muchas veces la norma no se traslada a la acción, generando unas zonas grises de interpretación y un panorama difuso frente a las consecuencias de estos actos. “Los derechos humanos hay que tomarlos desde el momento cero, no cuando ocurre la masacre. Se deben abordar desde esa visión preventiva y tener claridad sobre lo que está impactando la ciberseguridad; por qué se hace, cómo se hace, cuándo es legítimo, cuándo no”, dijo una abogada especialista en el tema. 

¿Protección u opresión? 
Desde hace algunos años en Colombia, diferentes organizaciones, en especial de abogados, contactan a medios de comunicación o a periodistas con un reclamo: dicen que se está vulnerando el derecho al olvido de sus clientes. Como sucedió con el correo de Telefónica España, solicitan la eliminación inmediata del contenido, y advirtiendo que en caso contrario podría haber consecuencias legales.

El derecho al olvido es una faceta del derecho al habeas data que reclama la eliminación o modificación de contenido publicado en la web porque ya no cumple con la finalidad de su tratamiento. En Colombia la jurisprudencia (sentencias T-414 de 1992 luego se delimita su alcance mediante la T-277 de 2915 y T-725 de 2016, entre otras, y la jurisprudencia más reciente es la T-098 de 2017) al respecto es uniforme desde hace pocos años, y aplica solo a información financiera en bases de datos de entidades públicas y privadas.

La FLIP explica que el acceso a la información, la libertad de prensa y la libertad de expresión son derechos que prevalecen sobre el derecho al olvido. Sin embargo, persiste la estrategia de empresas que intentan eliminar o esconder las publicaciones que afectan su reputación en internet. Estas acciones, que se realizan tras identificar el contenido perjudicial a través del monitoreo web, pueden entorpecer el ejercicio periodístico con amenazas legales.

El derecho al olvido no aplica para contenidos periodísticos, pues prima el deber de informar a la ciudadanía en temas de interés público. De igual forma, el artículo 2 de la Ley 1581 de 2012 dispone que el régimen de datos personales (del cual se deriva el derecho al olvido) no se aplica a contenidos periodísticos. En Colombia, es una restricción al derecho a la libertad de expresión obligar a los medios a eliminar información relacionada con procesos penales. En nuestro país solo un juez podría restringir la libertad de expresión o de prensa.

En este panorama, los periodistas deben recurrir a otros mecanismos de protección, desde conocimiento legal para responder a estas solicitudes, hasta recursos preventivos durante el ejercicio periodístico. “Utilizar internet desde la pestaña de incógnito; esto permite que no haya una huella digital. O recurrir a otros medios para contactar a las fuentes, entre otros”, comenta Raissa Carrillo, coordinadora de atención y defensa de periodistas de la FLIP.

Pero no siempre se cuenta con una asesoría legal inmediata. Con el fin de evitar “más problemas”, los periodistas ceden a la petición y terminan borrando o desindexando el contenido. “El simple hecho de que ya les llegue la carta es desalentador, prefieren evitarse el problema. Aunque sea una decisión autónoma, es autocensura”, dice el abogado Emmanuel Vargas.

Con la autocensura vienen los riesgos físicos y psicosociales derivados de estas solicitudes, que casi siempre buscan solo intimidar. Desde la coordinación de atención y defensas de periodistas de la FLIP han identificado que, en la mayoría de los casos, este tipo de afectaciones no son tan evidentes, y por eso es preciso prestarles mayor atención. “Si te llega una amenaza por redes sociales, eso tiene un impacto emocional y en tu seguridad física. Si esto conduce a un camino de autocensura, hay que corregir y minimizar las debilidades que uno tiene”, dice Raissa Carrillo. 

La particularidad de cada caso elevará o disminuirá la autocensura y los riesgos que se puedan presentar. Sin embargo, en todos los casos se ve una constante: las acciones que debe tomar el periodista para su autoprotección devienen en opresión. Esto ocurre porque la responsabilidad cae sobre los hombros del reportero. Es decir, se culpa al periodista por no haber sido lo suficientemente cuidadoso con la información. 

Ciberseguridad sí, pero no así 

Con todos los matices que se generan alrededor de la ciberseguridad, es importante decir que esta ha sido utilizada con fines de prevención. “No hay que decirle no a la ciberseguridad, porque hay procesos encaminados para prevenir delitos contra menores. Hay que evaluar cada caso”, dice Raissa Carrillo, de la FLIP. 

La particularidad define la ruta de acción y ha dado resultados favorables en la prevención de delitos contra menores de edad, por ejemplo. Pero en cuanto a los medios de comunicación, la ciberseguridad entra en una zona gris donde puede estar amenazada la libertad de prensa y la libertad de expresión, e incluso el acceso a información pública. 

Esta zona gris ha permitido que el concepto de ciberseguridad mute hacia variaciones como el ciberpatrullaje, un compendio de acciones de vigilancia en línea, principalmente en redes sociales. La más reciente investigación de la FLIP, titulada Los jueces de la verdad, el mar de mentiras detrás del ciberpatrullaje del Estado, revela que durante las manifestaciones sociales de este año, el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Militares realizaron una campaña dirigida a identificar a ciudadanos que cuestionaban o criticaban su labor. 

El monitoreo web genera preguntas sobre qué criterios se evalúan antes de ejecutarlo, qué se entiende por contenido nocivo para las empresas o entidades del Estado, y qué se pretende vigilar. “Desde el Estado se están catalogando ciertos comportamientos en línea. ¿Qué tan legal es que nos estén vigilando? Ese es el problema de fondo finalmente”, señala la abogada Raissa Carrillo. Además, es clave resaltar que tanto el monitoreo web como el ciberpatrullaje se han convertido en acciones cada vez más masivas que no cuentan con mecanismos de control. 

En medio de este panorama, la ciberseguridad termina funcionando como una moneda, con dos caras: una, como mecanismo para prevenir delitos digitales; otra, como herramienta para presionar a medios de comunicación y periodistas a borrar contenidos. Esta situación invita a mantener la lupa sobre estos casos que violentan la libertad de expresión y acorralan a periodistas y medios que pueden terminar autocensurándose.

*Rutas del Conflicto es uno de los medios aliados de La Liga Contra el Silencio.

Jueves, 03 Diciembre 2020

Una máquina paramilitar intimida a Santa Marta

Por Liga Contra el Silencio

Asesinatos, amenazas a líderes sociales, narcotráfico, destierro y dominio territorial. Las estructuras que heredaron el poder de Hernán Giraldo, hoy en guerra contra el Clan del Golfo, han convertido al distrito turístico en una zona donde el miedo y el silencio presagian el regreso a épocas oscuras. 

Hacía mucho tiempo que Alejandro Llinás había superado el miedo. “A él no lo callaba nadie”, recuerda su hijo Alejandro, siete meses después del atentado. El pasado 23 de abril dos sicarios llegaron hasta su finca en la vereda Calabazo (Guachaca, Santa Marta) y le propinaron cuatro balazos.

Llinás, de 71 años, era líder social, ambientalista, socio fundador de la Junta de Acción Comunal de Calabazo parte alta y militante del partido Colombia Humana. Dicen sus amigos que amaba la naturaleza y estaba convencido de que el futuro para la humanidad implica volver al campo. En su finca quería sembrar cañandonga y aguacate; y pensaba crear una cooperativa campesina para impulsar los huertos comunitarios y promover el intercambio de productos entre los habitantes de la zona. Llinás soñaba con recorrer Cuba en bicicleta. Iba a hacerlo en junio.

En los días previos a su asesinato le escribió una carta a Carlos Caicedo, gobernador del Magdalena. En ella le informaba sobre los peajes ilegales que montaron los paramilitares en el acceso que conduce de Calabazo al Pueblito Tayrona; una práctica que se extendió a otras veredas de la Troncal del Caribe. La carta además contaba cómo estos grupos crearon una empresa de mototaxis que transportaba personas por un camino peligroso, y perturbaba la fauna y la tranquilidad de los vecinos.

En su escrito, Llinás acusaba a Parques Nacionales de permitir la caza furtiva. También denunció que las quebradas se están secando por el uso indebido del agua y le pidió a Caicedo presencia para controlar el “desorden”. Le rogó para que impidiera a “las mafias del turismo” apoderarse de esta área. Por último pidió confidencialidad, porque otra carta que llevó a la Secretaría del Interior acabó en manos de la Policía y eso, paradójicamente, lo hacía sentirse en peligro.

Hacía años que Llinás, un temerario, había cazado una pelea por el territorio y el ambiente. Pero ignoró las señales de alarma: le robaron herramientas, le mataron a un caballo, a una yegua, a un perro. Con su carta infringió una ley no escrita en Santa Marta, según la cual levantar la voz es ganarse la muerte.

Llinás denunciaba lo que todos saben y callan por miedo: en esa zona del Magdalena existe un gobierno paralelo. Mandan las Autodefensas Conquistadores de la Sierra (ACSN), conocidas también como Los Pachencas; una estructura narcoparamilitar heredera del clan de Hernán Giraldo, dueña de la zona desde fines de los ochenta, que ha mutado sin perder su esencia: asesinatos contra líderes sociales, extorsiones, despojo de tierras, apropiación de rutas y rentas del narco, control social, amenazas y dominio del territorio.

De todo esto se habla en voz baja, porque el grupo tiene ojos y oídos por toda Santa Marta y su zona rural. La Liga consultó a 31 fuentes, algunas de las cuales están en el exilio, otras amenazadas y temerosas. “Aprendimos que para sobrevivir debemos quedarnos callados”, dijo una lideresa.

Una historia de violencia

Los Pachencas son el brazo armado de la Oficina Caribe, un centro administrativo, económico y de decisión que el paramilitar Hernán Giraldo creó en 2004. Allí se reúnen los líderes de la organización, muchos de ellos hijos suyos con las decenas de niñas que violó, según una sentencia de la Sala Penal de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla, que lo califica como  “depredador sexual”.

El 3 de febrero de 2006 el bloque paramilitar Resistencia Tayrona que Giraldo comandaba a las órdenes del tenebroso Bloque Norte de ‘Jorge 40’, se acogió al proceso promovido por el entonces presidente Álvaro Uribe bajo la Ley 975 de 2005, llamada Ley de Justicia y Paz. Unos 1.166 miembros de esa organización entregaron 597 armas, 350 granadas, cuatro cohetes PG7 y 73.420 municiones, según los tribunales de Justicia y Paz.

En mayo de 2008 el gobierno de Uribe extraditó a Giraldo hacia Estados Unidos junto a otros 13 jefes paramilitares para que respondieran por cargos de narcotráfico. Desde entonces alias ‘El Patrón’ paga cárcel allá, pero su regreso a Colombia se espera a inicios de 2021, y esto ha agitado más el avispero en Santa Marta.

La desmovilización que no fue

El rearme de la Oficina Caribe y de Los Pachencas se puede explicar: mientras algunos dejaron las armas en el proceso de 2006, otros siguieron en el monte con su estructura y su modus operandi. “Fue una falsa desmovilización. Muchos mandos medios se quedaron en el territorio, se fueron reorganizando y han ido creciendo”, explica un portavoz del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz.

Los paramilitares, según la politóloga e investigadora Priscila Zúñiga, cambiaron su forma de ejercer control, con menos masacres o desapariciones forzadas. “Pero mantienen su verdadera naturaleza, que es el narco. Y aunque han sufrido golpes, tienen una gran capacidad para diversificarse y poner a otros cabecillas”, dice.

La Oficina Caribe y su brazo armado integran una red de poder en la sombra. Ellos permiten o bloquean la entrada de otros delincuentes; acaparan tierras; controlan el turismo y han impuesto su Plan de Ordenamiento Territorial, apropiándose de los mejores predios en la zona. Ellos deciden quién vende o compra lotes, y cuánto se paga por esas transacciones en las veredas de la Troncal, según dijo un investigador del conflicto que prefirió no revelar su nombre.

La Liga confirmó la existencia de los peajes ilegales denunciados por Llinás, parte del supuesto POT paramilitar. Están en Calabazo, Bahía Concha, Quebrada Valencia, Don Diego, Machete Pelao, Mendihuaca y Buritaca, entre otros. En las cabañas de esta playa era fácil que en un fin de semana acudieran entre 7.000 y 10.000 personas: una renta millonaria que en teoría recogen las Juntas de Acción Comunal.

Para subir a la Poza Encantada, entrando por Mendihuaca, hay que pagar 5.000 pesos por persona. En un cartel la Junta dice que es un “recaudo por concepto de mantenimiento y visión fundamental, basado en el ecoturismo para el cumplimiento de una función social”, amparada en la Ley 300 de 1996. Esa norma contempla la posibilidad de recaudos, pero solo a los concejos municipales con un permiso previo.

Sandra Vallejos, secretaria de Seguridad y Convivencia Ciudadana de la Alcaldía de Santa Marta, dice que desconoce la existencia de estos peajes. “No se puede hacer ningún recaudo si uno no está autorizado por la nación o el distrito. Están infringiendo la ley. Esto es enriquecimiento ilícito”, afirma. 

Algunos dueños de kioscos que ofrecen comidas en las veredas turísticas, bajo reserva por miedo, dicen que “los paramilitares” imponen los precios. Incluso envían a unas ‘encuestadoras’ que anotan cada plato vendido. Una parte del dinero pagado por los turistas va a manos de estos grupos. Pasa lo mismo con los mototaxistas, con los locales del mercado y del centro, con los negocios de los barrios más vulnerables. Casi nadie se salva de la vacuna.

Pero no es algo nuevo. Los samarios parecen acostumbrados a vivir con la extorsión y la intimidación desde los tiempos de Giraldo y sus autodefensas. El fenómeno, lejos de menguar, como se esperaba con la desmovilización del Bloque Resistencia Tayrona, se ha acentuado. Además de la exportación de cocaína, Los Pachencas vieron en el turismo, al que llaman ‘oro verde’, otro filón para explotar.

Varias alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo han advertido la grave situación que se vive en Santa Marta. La 045, de mayo de 2018, asegura que las empresas de turismo pagan a Los Pachencas 50.000 pesos por cada persona que ingresa al Parque Tayrona. Unos 750 millones de pesos al año, si se toma como referencia 2016, cuando llegaron unos 15.000 turistas.

 En principio el discurso conservacionista de Parques Nacionales no chocaba con los intereses de los paramilitares. Pero eso cambió tras la desmovilización, cuando se empezó a hablar de la “confianza inversionista” que impulsaba el expresidente Uribe. La Troncal del Caribe, que había sido una zona abandonada a su suerte, manejada por Giraldo y los suyos, comenzó a experimentar el boom del turismo.

“Los paras entendieron que ya no funcionaba matar gente, sino que había que abrirse a otros segmentos. Eso sí, bajo sus condiciones. Si alguien vende una propiedad, se impone un 10 % más para ellos”, dice el investigador del conflicto que consultó La Liga. La estrategia, explica esta fuente, busca producir cambios en el uso del suelo que sigan expandiendo sus intereses. El turismo, dice, les resulta más rentable que la coca.

En la alerta 045 de mayo de 2018, y en la 044 de octubre de 2019, se avisaba el “grave riesgo” que enfrentaba Santa Marta por la presión de Los Pachencas y otros grupos armados. Incluso se llamaba la atención sobre el peligro que corrían los funcionarios de Parques Nacionales que intentaban frenar el modelo de turismo voraz promovido por los paras en la Sierra Nevada. En enero de 2019, ocho meses después de la alerta 045, asesinaron al guardaparques Wilton Orrego.

Cualquiera que toque los intereses de Los Pachencas se convierte en objetivo militar. Como le ocurrió a Alejandro Llinás. Y como les ha ocurrido a otros  líderes asesinados o que están amenazados por defender su territorio. “La gente está pendiente del Cauca, de Nariño, de Antioquia, pero nadie parece fijarse en Santa Marta. No puede ser que yo tenga que pensar en irme a otro país para conservar mi vida”, relata una lideresa. 

La pugna por el narcotráfico

Un punto de inflexión ocurrió en 2012, cuando se desató una guerra por el control del narcotráfico entre el Clan del Golfo, una temida organización heredera de las Autodefensas Unidas de Colombia, y la Oficina Caribe. Aquel año se recuerda como uno de los más violentos en la historia reciente de Santa Marta. Se registraron 213 homicidios; una tasa de 47 por cada 100 mil habitantes, según datos de la Policía Nacional.

“Esa guerra la ganó la Oficina Caribe”, dice el investigador que entrevistó La Liga. Los años siguientes bajaron los homicidios y esto coincidió con la llegada de la coronel Sandra Vallejos (hoy secretaria de Seguridad y Convivencia Ciudadana) a la comandancia de la Policía Metropolitana de Santa Marta, entre 2014 y 2017.

Con Vallejos se pasó de más de 200 homicidios en 2012, a 80 en 2015. Fue en su comandancia que la Policía empezó a hablar de Los Pachencas como una banda que azotaba la región. Al frente estaba Jesús María Aguirre Gallego, alias ‘Pachenca’ o ‘Chucho Mercancía’, abatido en junio de 2019 y quien presuntamente estaba cerca de entregarse a las autoridades de Estados Unidos. “Eso implicaba delaciones y no lo iban a dejar ir. Circula la versión de que fue asesinado por sus propios hombres”, asegura el investigador.

La Policía Metropolitana de Santa Marta informó que ha detenido a unos 160 integrantes de Los Pachencas en la llamada ‘Operación Odín’. También cayó abatido  Deimer Patiño Giraldo, alias 80 y sobrino de Hernán, quien asumió el mando después de ‘Chucho Mercancía’. El siguiente cabecilla, alias 55 o ‘Beto Quiroga’, desmovilizado de Justicia y Paz, fue capturado en septiembre. Quiroga contaba con un esquema de seguridad de la Unidad Nacional de Protección y, según la Fiscalía, fue quien impulsó el nombre de Autodefensas Conquistadores de la Sierra.

Los golpes a Los Pachencas se han dado en medio de su guerra contra el Clan del Golfo. Una guerra particularmente perversa en la que han sido, de forma alternativa, aliados y enemigos. En ella han participado otros actores, como ‘Los Musso’ y la estructura de Elkin López, alias ‘La Silla’, supuestamente un poderoso ‘logístico’ del narco vinculado al Clan del Golfo (aunque perteneció a la Oficina Caribe). López tiene casa por cárcel en Barranquilla y espera una posible extradición a Estados Unidos, según fuentes policiales.

“Todo apunta a que este capítulo lo va a ganar el Clan del Golfo. Es una estructura transnacional con una influencia muy fuerte”, señala el investigador.

El puerto de Santa Marta, ‘la joya de la Corona’ y una plaza apetecida por el cartel mexicano de Sinaloa, es el tercero del país donde más se decomisa droga. Según la Policía Antinarcóticos, las incautaciones de cocaína han pasado de 1.839 kilos en 2016 a 5.261 en lo que va de 2020, con un pico de 9.012 kilos en 2018. En plena bahía han caído en los últimos cinco años 24.431 kilos de cocaína. Ocultan la mercancía entre los contenedores y en la carga. Los principales destinos son Bélgica, Holanda, Alemania y Jamaica.

La disputa entre Los Pachencas y el Clan del Golfo no ha dejado por fuera a los barrios más vulnerables de Santa Marta. Una lideresa contó a La Liga que el Clan tiene una campaña para reclutar jóvenes. “Les pagan 1,4 millones de pesos”, dice. Los Pachencas ofrecen una moto, un salario mínimo y un arma. Esta mujer, que intentó impulsar un plan de desarme en su barrio, vive con esquema de seguridad y bajo amenazas. “Por aquí hay mucho miedo. Estamos asistiendo a una peligrosa reconfiguración de las estructuras criminales, un retroceso total. Y no es solo Santa Marta, sino el Magdalena entero”, cuenta.

Una exhibición de fuerza

El pasado 27 de octubre circuló a través de WhatsApp un video de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra que sacudió a Santa Marta. Una docena de hombres y mujeres armados con fusiles, vestidos de camuflaje y pasamontañas, se anunció como un grupo cohesionado y con varios frentes. “Por primera vez en largos años de lucha militar nos presentamos para aclarar que no estamos diezmados ni moral, ni militarmente”, dijo el portavoz.

Las ACSN acusaron al gobernador Caicedo de supuestas reuniones con la organización en busca de votos. El secretario del Interior del Magdalena, José Humberto Torres, negó esta acusación y le dijo a La Liga que se trata de una “campaña para enlodar a Caicedo”. También señalaron a Sandra Vallejos de ‘pacificar’ Santa Marta a través de un pacto con alias ‘Chucho Mercancía’, a cambio de “revelar información de enemigos y generar capturas que en su momento se dieron para favorecerla”. El portavoz del grupo dijo que a Vallejos se le pagaron 300 millones de pesos por las más de 200 armas que desaparecieron de la Policía Metropolitana cuando ella era comandante, un escándalo que se destapó en 2016 y sigue sin aclararse. Sobre esto Vallejo no quiso pronunciarse.

Los analistas consultados por La Liga consideran que el video de las autodefensas es una declaración de intenciones con verdades a medias, pero no lo desestiman. “Tienen afán de mostrarse como una organización político-militar que tal vez pide pista para una negociación con el gobierno. Yo no los llamaría paramilitares, sino violencia post-AUC. Son otras formas de crimen organizado”, opina Luis Fernando Trejos, profesor investigador del Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad del Norte.

El comandante del Ejército, general Eduardo Zapateiro, declaró en una rueda de prensa que el comunicado de las ACSN es falso y lo describió como “una estrategia de Los Pachencas porque están debilitados”. La Liga intentó conocer la versión del Ministerio de Defensa, pero no hubo respuesta. Unas semanas después del comunicado capturaron a Deinstin Orlando García Arévalo, alias ‘el Negro’ o ‘Yesid’, el mismo hombre a quien los paramilitares acusaron en el video de estar tras la muerte de Alejandro Llinás. Según la Fiscalía, García Arévalo habría recibido de Deimer Patiño Giraldo, alias 80, el abatido cabecilla de Los Pachencas, la orden de asesinar a Llinás. Los otros dos judicializados, supuestamente miembros de esa estructura, son Adán Romero Pérez, alias ‘Chuky’, y Alcides Antonio Moreno.

Para Torres, el secretario del Interior de la Gobernación del Magdalena, las armas, los uniformes y la edición del video demuestran que se trata de “un grupo armado organizado (GAO) y no de un grupo de delincuencia organizada (GDO)”. El matiz es importante, pues la Gobernación busca una recategorización de los actores armados que operan en la región. Ser considerado un GAO o un GDO determina de qué manera deben ser enfrentados: si a través de operativos militares o policiales. “La situación es muy grave. Eso no se puede maquillar. Estamos frente a unos grupos armados organizados herederos del paramilitarismo”, dice el funcionario.

Mientras, la tensión crece en Santa Marta. Casi tanto como los homicidios: 94 en 2017, 105 en 2018, 127 en 2019; y hasta el 10 de noviembre, en plena pandemia, 103, según cifras de la Policía. Habitantes de las veredas confirman la presencia de hombres que patrullan el territorio. Detrás de la aparente tranquilidad turística se esconde otra ciudad atemorizada por la violencia. “Es como si nos estuviéramos devolviendo al pasado más tenebroso”, fue el mensaje que repitieron las fuentes. Un alto cargo municipal lo resumió así: “No es que hayamos perdido el control. Es que nunca lo tuvimos”.

La alcaldesa Virna Johnson le respondió un cuestionario a La Liga donde niega la existencia de un control territorial de los grupos armados organizados. “El control solo lo ejerce la autoridad pública por mandato de la Constitución y la ley, y es ello lo que hemos venido gestando con diferentes actuaciones en sectores de especial atención y protección”, asegura. 

Volver al mando

El regreso de Hernán Giraldo y otros exmiembros del Bloque Resistencia Tayrona en 2021 dibuja un escenario perturbador. Aunque tiene más de 70 años y luce disminuido, algunos creen que Giraldo podría fortalecer la estructura y volver al mando. Incluso desde la cárcel. Su salida del centro de reclusión Beaumont Low (Texas), donde se encuentra, está prevista para el próximo 1 de abril. Según la Fiscalía, cuando vuelva al país deportado o extraditado, iría a la cárcel por la condena de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla. La Fiscalía ha solicitado tres medidas de detención preventiva adicionales.

La Comisión Colombiana de Juristas y la organización Dejusticia creen, sin embargo,  que lo más probable es que el antiguo líder, aún vinculado a Justicia y Paz, quede en libertad aquí tras pagar cárcel en Estados Unidos. “Puede ocurrir lo mismo que con Nodier Giraldo [su sobrino, ahora cantante de rancheras y corridos], que al regresar solicitó sustitución de la medida de aseguramiento y le fue otorgada. En este caso  esa sustitución solo podría ser controvertida por la Fiscalía o representantes de las víctimas en los supuestos contemplados en la Ley 975”, dijeron en Dejusticia.

Otro que ya volvió a Santa Marta fue Freddy Castillo Carrillo, alias ‘Pinocho’, supuesto financiero del Bloque Resistencia Tayrona y expulsado de Justicia y Paz. Castillo pasó cinco años en una cárcel de Estados Unidos por narcotráfico. Ahora es líder de una asociación de afrodescendientes, se reúne con políticos y ha propuesto la creación del municipio Sierra Nevada, que agruparía a las veredas de la Troncal del Caribe. En el peor momento de la pandemia se dedicó a repartir mercados entre los habitantes de la zona.    
Sobre su “nueva vida” hay sospechas.  La Fiscalía le dijo a La Liga que Castillo tiene activo un proceso por concierto para delinquir agravado. Alias ‘Pinocho’ se mueve con un esquema de seguridad de seis hombres, tres de la Unidad Nacional de Protección y otros tres pagados por él. Vía telefónica le aseguró a La Liga que no tiene ningún proceso abierto y que hace dos meses se fue del país por amenazas de Los Pachencas, del Clan del Golfo y del ELN.

“No estoy armando ningún grupo. Al contrario, he denunciado a los que mataron a líderes sociales, y estoy dispuesto a contar toda la verdad sobre el paramilitarismo. Todavía hay muchos demonios encerrados. En cuanto aclare mi situación volveré a Santa Marta”, dijo Castillo. Su presencia en la zona despierta los peores miedos. Como en las épocas oscuras, cuando reinó el clan Giraldo.