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Martes, 25 Mayo 2021

“Enciérrenlas y ahóguenlas”: abuso policial en Palmira durante el paro

Por La Liga Contra el Silencio

Las noches del 2 y 3 de mayo, muy cerca de Cali, varios manifestantes sufrieron una represión inédita entre los cultivos de caña. El comandante de la Policía desconoce las denuncias registradas por el Comité de Derechos Humanos, pero abundan testimonios que involucran a la fuerza pública.

“Nos iban a violar. Nos metieron la pistola en la boca y nos amenazaron. Nos tocaron por todos lados, y nos decían: ‘Las vamos a matar, ¡zorras!’ Y nos metieron al lado del cañaduzal”, contó una mujer en un video que circuló el 3 de mayo en Palmira, Valle del Cauca. Las imágenes, también publicadas en Twitter, se sumaron a las denuncias de violencia sexual que acumula hasta ahora el paro nacional. 

La Defensoría del Pueblo registró, entre el 28 y el 14 de mayo, 87 casos que incluyen tocamientos, amenazas y tortura contra contra distintas personas por parte de agentes de la fuerza pública. A este saldo se sumó la denuncia conocida el 20 de mayo, en la cual una policía asegura haber sido torturada y abusada sexualmente por civiles en un CAI de Cali durante las manifestaciones del 29 de abril. 

En Palmira, según el Comité de Derechos Humanos, al menos 48 personas resultaron heridas y 10 mujeres denunciaron violencia de género durante “la larga noche de los cañaduzales”, como describen allí a las dos jornadas continuas de confrontación entre el Esmad y los manifestantes, el 2 y 3 de mayo.

“En el resto del país aún no entienden la magnitud de todo lo que está pasando acá”, declaró Óscar Escobar, el alcalde de Palmira. El abuso policial y las protestas continuas, según dijo, nunca se habían visto así en la ciudad. Desde el 28 de abril las principales vías del municipio han estado bloqueadas; escasean los vegetales y la gasolina, y la basura no se recoge con la frecuencia habitual. 

El 10 de mayo abrieron un corredor humanitario que ha permitido la entrada de algunos víveres esenciales. Mientras tanto, un centenar de jóvenes construyó campamentos improvisados en la carretera Palmira-Cali, entre vastos cultivos de caña, y en coordinación con la Asamblea Popular, junto a estudiantes, profesores y otras personas que impulsan la organización comunitaria y el paro nacional.

Campamento en bloqueo del sector conocido como "La Y". | Crédito: Juan Arias/Mutante.

“Nos descartan por ser humildes. Por eso estamos en esta lucha, y seguiremos hasta cuando el gobierno nos escuche”, dijo un joven al que llamaremos Santiago. Él hace parte de la primera línea de resistencia, el grupo que está de forma permanente en los puntos de bloqueo; la vanguardia que enfrentó a los Escuadrones Móviles Antidisturbios (Esmad). Como muchos otros, por temor, el muchacho prefirió ocultar su rostro y su nombre. 

El miedo en el cuerpo

Juanita, una estudiante de 25 años, jamás había participado en una movilización en Palmira. Ella salió a marchar desde el 28 de abril, animada por el descontento colectivo frente al proyecto de reforma tributaria que el presidente Iván Duque presentó ante el Congreso. Su indignación creció con los asesinatos que se contaron en los primeros días del paro. Por precaución, siempre protestaba de día. Juanita, tampoco es su nombre real. 

“Me habían invitado de noche, y yo dije que no. Las mujeres siempre vamos a estar en desventaja. Hay matorrales, no hay energía. Pueden ser policías o manifestantes. Somos vulnerables”. En todo esto pensó ella en la tarde del 2 de mayo, antes de acudir al llamado que la primera línea hizo por redes sociales pidiendo bolsas de leche para mitigar el ardor de los gases lanzados por el Esmad. 

El miedo de las mujeres hacia las manifestaciones lo confirma el conteo de la Defensoría del Pueblo y de varias organizaciones no gubernamentales. El 13 de mayo se conoció la historia de una joven de 17 años que se suicidó tras denunciar otro caso de violencia sexual por parte de cuatro policías que habría ocurrido en una Unidad de Reacción Inmediata (URI) en Popayán. El hecho fue negado por el general Ricardo Alarcón, comandante de la regional 4 de la Policía. Horas después, cuatro uniformados involucrados en la detención fueron separados de sus cargos mientras se investiga el caso.

Jóvenes de primera línea tras sus escudos protectores.  | Crédito: Juan Arias/Mutante.

El domingo 2 de mayo en Palmira, junto a una de sus amigas, a quien llamaremos Andrea, Juanita decidió apoyar la movilización. A las 5 de la tarde le entregó unas bolsas de leche a una joven de la primera línea y se alejó. En pocos segundos, mientras buscaban la salida, ambas se vieron envueltas entre los gases del Esmad. Entonces decidieron resguardarse en un arbusto junto a los cañaduzales. Un policía, según Juanita, las abordó con violencia. “¡Perras hijueputas! Acá solo están los vagos, los vándalos”, les gritó.

La descripción de Juanita incluye más abusos. Dos policías, declaró, les vaciaron las mochilas que llevaban y tiraron a su amiga al piso. “Ahí le metieron mano para sacarle el celular que tenía aquí (señala su pantalón en los genitales)”, dijo. Según su recuerdo, después los hombres levantaron a Andrea tomándola del pelo y a ambas las arrastraron al menos un kilómetro entre insultos y bolillazos hasta llegar al peaje CIAT, ubicado entre Palmira y Cali, donde la tortura continuó.

“Palmira es un municipio donde la violencia sexual es alarmante. El extenso monocultivo de caña lo convierte en un escenario de terror para las mujeres, especialmente por la oscuridad. Igual pasa con los asesinatos, que son casi diarios”, dijo Camila, asesora legal de Juanita y Andrea e integrante del Comité de Derechos Humanos de Palmira. 

Camila no es su verdadero nombre. Ni siquiera los defensores de derechos humanos escapan del miedo, pues temen sumarse a las 15 personas que recibieron amenazas en Palmira durante los primeros 20 días del paro. Varias personas que han participado de las movilización, según el Comité de Derechos Humanos del municipio, fueron señaladas en un panfleto firmado por “la mano negra”. Camila conserva su cédula, a diferencia de las víctimas que representa. “A todas se las robaron, y eso es muy simbólico. Hasta la identidad les quitaron”, dijo.

A esta violencia, según la abogada, se suma la negligencia institucional. “Enviamos la denuncia de Juanita y Andrea a la Fiscalía al menos tres veces, porque no la encontraban en la bandeja de entrada del correo”, contó. Camilia considera esto revictimizante y no concibe que esta misma situación hubiera ocurrido con las otras víctimas que aún están en shock o son menores de edad. Una semana después de los hechos, Juanita puede dar una entrevista frente al cañaduzal aún con temor. Entre las demás, algunas cerraron sus redes sociales; otras siguen en silencio o encerradas en sus casas.

Ante la Fiscalía se han radicado solo tres denuncias, pero la abogada acompaña a diez mujeres que dicen haber sido violentadas en los cañaduzales o en la vía que conecta a Cali y Palmira entre el 2 y el 3 de mayo. Las denuncias incluyen tocamientos, insultos, hostigamientos de carácter sexual y golpizas.

A Jennifer Melo, psicóloga de varias mujeres que han denunciado estos abusos, los testimonios la desbordaron. “En la noche del lunes me encontré a una nena que tenía la cabeza ensangrentada, y me contó: ‘Ellos a mí no me penetraron físicamente, pero me penetraron la cabeza y el alma. Me dijeron que era una perra, una guerrillera, una vándala; me patearon, me tiraron al suelo’”, recordó. Para Melo, además de la violencia física, existe un impacto psíquico que será más difícil de sanar. 

Una de las mujeres integrante de la primera línea en el bloqueo de "La Y". | Crédito: Juan Arias/Mutante.

El coronel Germán Manrique, comandante de la Policía de Palmira, dijo el 11 de mayo que no conocía las denuncias. “Discúlpame. Como suceden las cosas no hay tiempo para eso. Son 22 personas del Esmad que deben estar adelante para no ser superados, y ese día había por lo menos 500 jóvenes que ya iban muy adelante (y que tenían el deber de dispersar)”, declaró. 

Represión desmedida

“Nos metimos a los cañaduzales y ellos (la fuerza pública) comenzaron a quemarnos con gasolina. Nos comenzaron a tirar gases, a ahogarnos. Muchos jóvenes salieron con tiros en las espaldas, en las piernas. Nos gritaban que nos iban a matar, que nos tenían ahí cercados”, recordó Santiago, el integrante de la primera línea, sobre la noche del 2 de mayo. 

Al día siguiente, según dijo, fue peor. Recibió unos golpes que le dejaron una rodilla herida, corrió por los cañaduzales en un acoso que duró seis horas. El Esmad lanzó gases y aturdidoras; se escucharon disparos y varios jóvenes salieron heridos.

“Los compañeros con tanto gas se estaban ahogando”, contó Santiago. La altura de los cultivos casi dobla la de una persona. Hay mosquitos, mucho pantano, las hojas de la caña afiladas. Por ahí corrieron decenas de manifestantes en completa oscuridad. Una semana después de los hechos seguían allí algunos objetos: la espuma de un brasier, bolsas de leche, una llanta quemada, la placa de una moto. 

Extensiones de cañaduzales que bordean la vía Palmira - Cali.  | Crédito: Juan Arias/Mutante.

Camila, quien se animó a volver, recordó el lugar como un campo de guerra. En camas de cartón atendieron a los heridos que se iban sumando a medida que caía la noche. “Quién haya estado ahí, no volverá a ver ese lugar igual”, dijo. En su teléfono, como en los de otros defensores de derechos humanos, están los videos que muestran heridas a quemarropa, moretones y hemorragias.

El coronel Manrique aseguró que del Esmad solo pudieron salir gases y aturdidoras. También mencionó rumores. “Gente de esas fincas no quería que se les metieran. Cuando vieron que se les metió toda esa gente... Hay algo que está lastimosamente muy de moda, que no ha arreglado el gobierno, y es la venta de armas traumáticas que llaman, que en realidad son armas de fuego”, dijo.

El coronel tiene una explicación para cada abuso. Frente a una fotografía donde un uniformado del Esmad le apunta a un joven de cerca, concede. “No lo niego. Puede que haya habido (golpes y heridas), pero son pocos. No lo niego, pero para eso son los elementos que tienen el Esmad”, señaló.

Según el Comité de Derechos Humanos, entre las noches del 2 y 3 de mayo se contaron 38 desaparecidos. La Defensoría del Pueblo presentó entonces un listado nacional, y allí la vía Cali-Palmira encabezó la tragedia con 28 desaparecidos entre el 28 de abril y el 2 de mayo. Algunos reportados como desaparecidos en realidad se habían resguardado en los cañaduzales durante horas. Otros, por temor, pasaron la noche en casas de amigos, con los teléfonos descargados, o incluso, según múltiples denuncias que conocen en el Comité, robados por agentes de la Policía. 

El 19 de mayo, en Palmira, todavía se reportaban ocho personas con paradero desconocido, de acuerdo con la información de los defensores de derechos humanos. Óscar Escobar, el alcalde, debió disculparse después de negar la magnitud de los hechos cuando dijo que solo conocía de cinco heridos, mientras en redes sociales rodaban videos con decenas. El desfase de las cifras, según Escobar, se explica porque muchos heridos fueron atendidos por brigadas de voluntarios, mientras al hospital Raúl Orejuela Bueno y a la Clínica Santa Bárbara solo llegaron unos pocos. 

Actividad cultural en el bloqueo de "La Y" el martes 10 de mayo.  | Crédito: Juan Arias/Mutante.

Pero a los defensores de derechos humanos y a los manifestantes de la primera línea lo que realmente les molestó fue que el alcalde no diera la orden de detener el Esmad, aunque fue advertido: “Alcalde, paren ya; la cuenta (de heridos) que tengo es larga”, le escribió Jhonier Flórez, integrante del colectivo Francisco Isaías Cifuentes y miembro del Comité de Derechos Humanos del municipio. Escobar dice que la noche del 3 de mayo habló con un alto mando de la Policía y le pidió retirar al Esmad. “Me explicó que no lo podíamos hacer, que había una orden de proteger la infraestructura nacional”, contó el alcalde. 

Nada nuevo bajo el sol

La última vez que el Esmad reprimió una protesta en Palmira fue en noviembre de 2018, cuando los estudiantes se unieron a las movilizaciones del país y exigieron mayor financiación para la educación superior pública. Antes, en 2008, un intento de toma del peaje CIAT, ubicado a dos kilómetros de la zona urbana, también derivó en una confrontación. Pero nada puede compararse con este paro nacional, aunque este municipio valluno exhibe una tradición de lucha popular estimulada por la presencia de varios sindicatos de corteros de caña y de los miles de estudiantes que albergan sus nueve universidades.

Para Jhonier Flórez el estallido social en Palmira es una respuesta lógica ante dos realidades. Por un lado, el proceso de politización de la juventud en el municipio. Y por el otro, fallas en la gestión de Iván Duque que evidenciaron un conflicto social antes relegado por el conflicto armado. 

Flórez es vocero del Comité de Derechos Humanos de Palmira, un espacio al que se han sumado universidades, colectivos de la sociedad civil y organizaciones humanitarias desde hace dos años, con el fin de garantizar, entre otras cosas, que la acción policial no sea abusiva en un municipio donde hay al menos 468 cámaras de vigilancia en la zona urbana y dos comandos de Policía en cada extremo. 

Bloqueo en MonteResistencia, uno de los puntos de concentración de la movilización en Palmira. | Crédito: Juan Arias/Mutante.

El Comité nunca tuvo tanto trabajo como en las últimas semanas. Sus cerca de 15 integrantes duermen poco, y entre ellos se reparten asuntos como monitorear los puntos de bloqueo y las manifestaciones convocadas, mediar en las detenciones arbitrarias, responder a la prensa, dialogar con la institucionalidad y representar a las víctimas. Todos están exhaustos, y algunos de ellos viven amenazados. 

El trabajo constante ha fijado en la cabeza de Jhonier Flórez los hitos del paro en su localidad. El 28 de abril, primer día de convocatoria, dice que se movilizaron cerca de cuatro mil personas en Palmira, un hecho sin precedentes. Luego vinieron marchas más atomizadas, pero también masiva, de educadores y profesionales de la salud. El 5 de mayo, el alcalde Óscar Escobar participó en una de ellas, que transcurrió en calma y luego terminó con el incendio del peaje de CIAT. Según la primera línea, esto ocurrió por unos infiltrados. Según el coronel Manrique fueron los mismos manifestantes, que habían alentado esta quema. Según los defensores de derechos humanos, todo ocurrió en condiciones que hasta ahora no se aclaran.

El peaje es una suerte de Florero de Llorente. “En el Valle del Cauca tenemos casi cinco peajes en menos de 30 kilómetros alrededor. ¡Eso es un abuso!”, dijo Flórez. 

Peaje del CIAT en la vía Palmira - Cali.  | Crédito: Juan Arias/Mutante.

Palmira es un paso estratégico en el Valle del Cauca. Por eso los asentamientos de los jóvenes de la primera línea se han ubicado en las principales entradas del municipio. Existen dos bloqueos urbanos. Uno conocido como “La Y”, que empieza en el centro comercial Llano Grande, avanza un kilómetro hasta el peaje y conecta con la vía a Cali. Y otro ubicado en Monteclaro, un barrio popular habitado históricamente por corteros de caña, que ha sido rebautizado durante el paro como “MonteResistencia”. Esta vía comunica a Palmira con otros municipios del norte del Valle del Cauca, como Guacarí y Buga. Además, hay otros dos puntos bloqueados por comunidades campesinas en El Bolo y Aguaclara. 

Santiago, el joven manifestante de la primera línea, dice que la sociedad los ha visto como “descartables”. Así se ha sentido siempre. Según él, las protestas no van a parar hasta que no se garanticen unos mínimos vitales para él y los suyos, todos muchachos de las clases populares. “A muchos nos echaron del trabajo cuando supieron que estábamos aquí”, dijo. 

Según Jhonier Flórez, los manifestantes han admitido que en los puntos de resistencia hay miembros de pandillas, y durante el paro han usado los bloqueos como zonas de distensión en el conflicto urbano que suele trazar fronteras invisibles entre un barrio y otro. “Hoy los une una sola causa: responder al trato militar de la protesta social”, aseguró el defensor.

En los bloqueos de Palmira es evidente la cuota de poder espontáneo que estos jóvenes difícilmente querrán perder. La vieja guardia, integrada por gente de las universidades públicas o los sindicatos, quisiera organizar a los recién llegados para evitar los desmanes. Pero estos nuevos actores quieren hacer las cosas a su manera, bajo la atención de la prensa, con la solidaridad de personas que les llevan comida y el acompañamiento de los defensores de derechos humanos. Y han cedido en la negociación. Por ejemplo, permitieron un corredor humanitario para el suministro de víveres esenciales al municipio. “Estos pelados comen tres veces al día, a diferencia de muchos que en su casa no lo hacían. Aparte están recibiendo el cariño que tampoco tenían en su casa”, explicó Flórez. 

¿Quién manda?

“Sí, las órdenes de proceder ese día las di yo”, dijo el coronel Germán Manrique,  comandante de la Policía de Palmira. Manrique explicó que se demoró en pedirle al Esmad que atacara y dejó avanzar lo que más pudo a los manifestantes el 2 de mayo.

No podía ser de otra manera, según Manrique, pues la amenaza de los muchachos era destruir el peaje. Durante los primeros días de las manifestaciones solo había policías uniformados con chalecos reflectivos, pero luego enviaron al Esmad. “Estaban tirando mucha piedra, entonces decidimos cambiar el esquema”, contó Manrique.

Con toda la fuerza que había disponible, una sección del Esmad con 22 hombres llegó al sitio. “Nunca tuvimos más Esmad, porque el resto estaban en otro lado (en la zona más cercana al aeropuerto). Esos 22 muchachos estuvieron conmigo todos esos días de corrido. Cuatro días duramos ahí”, dijo el coronel.

El Comité de Derechos Humanos, en su reporte sobre la correlación de fuerzas, registró al menos el doble de policías del Esmad. Juanita asegura que, además del Esmad, había uniformados de la policía, los mismos que las metieron a la fuerza a una habitación del CAI junto al peaje. 

Bloqueo de "La Y", a la altura del centro comercial Llano Grande.  | Crédito: Juan Arias/Mutante.

“Ya habían tirado a mi compañera al cañal y le habían metido mano. Yo les dije: ‘No, no me voy a meter’. Nos metieron a ese cuarto que tenía un baño al lado y llegaron tres del Esmad, diciendo ‘ay, tenemos ganas de orinar’”, contó Juanita. Según su relato, las miraron con morbo y buscaron la manera de que ellas vieran sus genitales. Se burlaron, las humillaron. Después dieron la orden a los demás policías: “Enciérrelas y ahóguenlas con gas”. Y así fue. 

Para Juanita pronto terminaría parte de la tragedia. Para otras apenas empezaba. “Un agente de tránsito nos ayudó, nos dio agua. Luego llegaron los policías cagados de la risa. Segundos después llegaron los de derechos humanos y nos sacaron de ahí, porque los policías ya estaban grabando, diciendo que nosotras teníamos bombas”, recordó. 

Por eso todavía tienen miedo. Además de la violencia sexual, de los bolillazos y los insultos, algunas de las mujeres que decidieron denunciar han recibido amenazas y presiones para que callen. Varias siguen confinadas en sus casas, convencidas por un mensaje que parece ir dirigido a todas las mujeres: que protestar no es su derecho, y hacerlo las vuelve vulnerables frente a los hombres de la Policía Nacional. 

Jueves, 03 Diciembre 2020

Una máquina paramilitar intimida a Santa Marta

Por Liga Contra el Silencio

Asesinatos, amenazas a líderes sociales, narcotráfico, destierro y dominio territorial. Las estructuras que heredaron el poder de Hernán Giraldo, hoy en guerra contra el Clan del Golfo, han convertido al distrito turístico en una zona donde el miedo y el silencio presagian el regreso a épocas oscuras. 

Hacía mucho tiempo que Alejandro Llinás había superado el miedo. “A él no lo callaba nadie”, recuerda su hijo Alejandro, siete meses después del atentado. El pasado 23 de abril dos sicarios llegaron hasta su finca en la vereda Calabazo (Guachaca, Santa Marta) y le propinaron cuatro balazos.

Llinás, de 71 años, era líder social, ambientalista, socio fundador de la Junta de Acción Comunal de Calabazo parte alta y militante del partido Colombia Humana. Dicen sus amigos que amaba la naturaleza y estaba convencido de que el futuro para la humanidad implica volver al campo. En su finca quería sembrar cañandonga y aguacate; y pensaba crear una cooperativa campesina para impulsar los huertos comunitarios y promover el intercambio de productos entre los habitantes de la zona. Llinás soñaba con recorrer Cuba en bicicleta. Iba a hacerlo en junio.

En los días previos a su asesinato le escribió una carta a Carlos Caicedo, gobernador del Magdalena. En ella le informaba sobre los peajes ilegales que montaron los paramilitares en el acceso que conduce de Calabazo al Pueblito Tayrona; una práctica que se extendió a otras veredas de la Troncal del Caribe. La carta además contaba cómo estos grupos crearon una empresa de mototaxis que transportaba personas por un camino peligroso, y perturbaba la fauna y la tranquilidad de los vecinos.

En su escrito, Llinás acusaba a Parques Nacionales de permitir la caza furtiva. También denunció que las quebradas se están secando por el uso indebido del agua y le pidió a Caicedo presencia para controlar el “desorden”. Le rogó para que impidiera a “las mafias del turismo” apoderarse de esta área. Por último pidió confidencialidad, porque otra carta que llevó a la Secretaría del Interior acabó en manos de la Policía y eso, paradójicamente, lo hacía sentirse en peligro.

Hacía años que Llinás, un temerario, había cazado una pelea por el territorio y el ambiente. Pero ignoró las señales de alarma: le robaron herramientas, le mataron a un caballo, a una yegua, a un perro. Con su carta infringió una ley no escrita en Santa Marta, según la cual levantar la voz es ganarse la muerte.

Llinás denunciaba lo que todos saben y callan por miedo: en esa zona del Magdalena existe un gobierno paralelo. Mandan las Autodefensas Conquistadores de la Sierra (ACSN), conocidas también como Los Pachencas; una estructura narcoparamilitar heredera del clan de Hernán Giraldo, dueña de la zona desde fines de los ochenta, que ha mutado sin perder su esencia: asesinatos contra líderes sociales, extorsiones, despojo de tierras, apropiación de rutas y rentas del narco, control social, amenazas y dominio del territorio.

De todo esto se habla en voz baja, porque el grupo tiene ojos y oídos por toda Santa Marta y su zona rural. La Liga consultó a 31 fuentes, algunas de las cuales están en el exilio, otras amenazadas y temerosas. “Aprendimos que para sobrevivir debemos quedarnos callados”, dijo una lideresa.

Una historia de violencia

Los Pachencas son el brazo armado de la Oficina Caribe, un centro administrativo, económico y de decisión que el paramilitar Hernán Giraldo creó en 2004. Allí se reúnen los líderes de la organización, muchos de ellos hijos suyos con las decenas de niñas que violó, según una sentencia de la Sala Penal de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla, que lo califica como  “depredador sexual”.

El 3 de febrero de 2006 el bloque paramilitar Resistencia Tayrona que Giraldo comandaba a las órdenes del tenebroso Bloque Norte de ‘Jorge 40’, se acogió al proceso promovido por el entonces presidente Álvaro Uribe bajo la Ley 975 de 2005, llamada Ley de Justicia y Paz. Unos 1.166 miembros de esa organización entregaron 597 armas, 350 granadas, cuatro cohetes PG7 y 73.420 municiones, según los tribunales de Justicia y Paz.

En mayo de 2008 el gobierno de Uribe extraditó a Giraldo hacia Estados Unidos junto a otros 13 jefes paramilitares para que respondieran por cargos de narcotráfico. Desde entonces alias ‘El Patrón’ paga cárcel allá, pero su regreso a Colombia se espera a inicios de 2021, y esto ha agitado más el avispero en Santa Marta.

La desmovilización que no fue

El rearme de la Oficina Caribe y de Los Pachencas se puede explicar: mientras algunos dejaron las armas en el proceso de 2006, otros siguieron en el monte con su estructura y su modus operandi. “Fue una falsa desmovilización. Muchos mandos medios se quedaron en el territorio, se fueron reorganizando y han ido creciendo”, explica un portavoz del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz.

Los paramilitares, según la politóloga e investigadora Priscila Zúñiga, cambiaron su forma de ejercer control, con menos masacres o desapariciones forzadas. “Pero mantienen su verdadera naturaleza, que es el narco. Y aunque han sufrido golpes, tienen una gran capacidad para diversificarse y poner a otros cabecillas”, dice.

La Oficina Caribe y su brazo armado integran una red de poder en la sombra. Ellos permiten o bloquean la entrada de otros delincuentes; acaparan tierras; controlan el turismo y han impuesto su Plan de Ordenamiento Territorial, apropiándose de los mejores predios en la zona. Ellos deciden quién vende o compra lotes, y cuánto se paga por esas transacciones en las veredas de la Troncal, según dijo un investigador del conflicto que prefirió no revelar su nombre.

La Liga confirmó la existencia de los peajes ilegales denunciados por Llinás, parte del supuesto POT paramilitar. Están en Calabazo, Bahía Concha, Quebrada Valencia, Don Diego, Machete Pelao, Mendihuaca y Buritaca, entre otros. En las cabañas de esta playa era fácil que en un fin de semana acudieran entre 7.000 y 10.000 personas: una renta millonaria que en teoría recogen las Juntas de Acción Comunal.

Para subir a la Poza Encantada, entrando por Mendihuaca, hay que pagar 5.000 pesos por persona. En un cartel la Junta dice que es un “recaudo por concepto de mantenimiento y visión fundamental, basado en el ecoturismo para el cumplimiento de una función social”, amparada en la Ley 300 de 1996. Esa norma contempla la posibilidad de recaudos, pero solo a los concejos municipales con un permiso previo.

Sandra Vallejos, secretaria de Seguridad y Convivencia Ciudadana de la Alcaldía de Santa Marta, dice que desconoce la existencia de estos peajes. “No se puede hacer ningún recaudo si uno no está autorizado por la nación o el distrito. Están infringiendo la ley. Esto es enriquecimiento ilícito”, afirma. 

Algunos dueños de kioscos que ofrecen comidas en las veredas turísticas, bajo reserva por miedo, dicen que “los paramilitares” imponen los precios. Incluso envían a unas ‘encuestadoras’ que anotan cada plato vendido. Una parte del dinero pagado por los turistas va a manos de estos grupos. Pasa lo mismo con los mototaxistas, con los locales del mercado y del centro, con los negocios de los barrios más vulnerables. Casi nadie se salva de la vacuna.

Pero no es algo nuevo. Los samarios parecen acostumbrados a vivir con la extorsión y la intimidación desde los tiempos de Giraldo y sus autodefensas. El fenómeno, lejos de menguar, como se esperaba con la desmovilización del Bloque Resistencia Tayrona, se ha acentuado. Además de la exportación de cocaína, Los Pachencas vieron en el turismo, al que llaman ‘oro verde’, otro filón para explotar.

Varias alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo han advertido la grave situación que se vive en Santa Marta. La 045, de mayo de 2018, asegura que las empresas de turismo pagan a Los Pachencas 50.000 pesos por cada persona que ingresa al Parque Tayrona. Unos 750 millones de pesos al año, si se toma como referencia 2016, cuando llegaron unos 15.000 turistas.

 En principio el discurso conservacionista de Parques Nacionales no chocaba con los intereses de los paramilitares. Pero eso cambió tras la desmovilización, cuando se empezó a hablar de la “confianza inversionista” que impulsaba el expresidente Uribe. La Troncal del Caribe, que había sido una zona abandonada a su suerte, manejada por Giraldo y los suyos, comenzó a experimentar el boom del turismo.

“Los paras entendieron que ya no funcionaba matar gente, sino que había que abrirse a otros segmentos. Eso sí, bajo sus condiciones. Si alguien vende una propiedad, se impone un 10 % más para ellos”, dice el investigador del conflicto que consultó La Liga. La estrategia, explica esta fuente, busca producir cambios en el uso del suelo que sigan expandiendo sus intereses. El turismo, dice, les resulta más rentable que la coca.

En la alerta 045 de mayo de 2018, y en la 044 de octubre de 2019, se avisaba el “grave riesgo” que enfrentaba Santa Marta por la presión de Los Pachencas y otros grupos armados. Incluso se llamaba la atención sobre el peligro que corrían los funcionarios de Parques Nacionales que intentaban frenar el modelo de turismo voraz promovido por los paras en la Sierra Nevada. En enero de 2019, ocho meses después de la alerta 045, asesinaron al guardaparques Wilton Orrego.

Cualquiera que toque los intereses de Los Pachencas se convierte en objetivo militar. Como le ocurrió a Alejandro Llinás. Y como les ha ocurrido a otros  líderes asesinados o que están amenazados por defender su territorio. “La gente está pendiente del Cauca, de Nariño, de Antioquia, pero nadie parece fijarse en Santa Marta. No puede ser que yo tenga que pensar en irme a otro país para conservar mi vida”, relata una lideresa. 

La pugna por el narcotráfico

Un punto de inflexión ocurrió en 2012, cuando se desató una guerra por el control del narcotráfico entre el Clan del Golfo, una temida organización heredera de las Autodefensas Unidas de Colombia, y la Oficina Caribe. Aquel año se recuerda como uno de los más violentos en la historia reciente de Santa Marta. Se registraron 213 homicidios; una tasa de 47 por cada 100 mil habitantes, según datos de la Policía Nacional.

“Esa guerra la ganó la Oficina Caribe”, dice el investigador que entrevistó La Liga. Los años siguientes bajaron los homicidios y esto coincidió con la llegada de la coronel Sandra Vallejos (hoy secretaria de Seguridad y Convivencia Ciudadana) a la comandancia de la Policía Metropolitana de Santa Marta, entre 2014 y 2017.

Con Vallejos se pasó de más de 200 homicidios en 2012, a 80 en 2015. Fue en su comandancia que la Policía empezó a hablar de Los Pachencas como una banda que azotaba la región. Al frente estaba Jesús María Aguirre Gallego, alias ‘Pachenca’ o ‘Chucho Mercancía’, abatido en junio de 2019 y quien presuntamente estaba cerca de entregarse a las autoridades de Estados Unidos. “Eso implicaba delaciones y no lo iban a dejar ir. Circula la versión de que fue asesinado por sus propios hombres”, asegura el investigador.

La Policía Metropolitana de Santa Marta informó que ha detenido a unos 160 integrantes de Los Pachencas en la llamada ‘Operación Odín’. También cayó abatido  Deimer Patiño Giraldo, alias 80 y sobrino de Hernán, quien asumió el mando después de ‘Chucho Mercancía’. El siguiente cabecilla, alias 55 o ‘Beto Quiroga’, desmovilizado de Justicia y Paz, fue capturado en septiembre. Quiroga contaba con un esquema de seguridad de la Unidad Nacional de Protección y, según la Fiscalía, fue quien impulsó el nombre de Autodefensas Conquistadores de la Sierra.

Los golpes a Los Pachencas se han dado en medio de su guerra contra el Clan del Golfo. Una guerra particularmente perversa en la que han sido, de forma alternativa, aliados y enemigos. En ella han participado otros actores, como ‘Los Musso’ y la estructura de Elkin López, alias ‘La Silla’, supuestamente un poderoso ‘logístico’ del narco vinculado al Clan del Golfo (aunque perteneció a la Oficina Caribe). López tiene casa por cárcel en Barranquilla y espera una posible extradición a Estados Unidos, según fuentes policiales.

“Todo apunta a que este capítulo lo va a ganar el Clan del Golfo. Es una estructura transnacional con una influencia muy fuerte”, señala el investigador.

El puerto de Santa Marta, ‘la joya de la Corona’ y una plaza apetecida por el cartel mexicano de Sinaloa, es el tercero del país donde más se decomisa droga. Según la Policía Antinarcóticos, las incautaciones de cocaína han pasado de 1.839 kilos en 2016 a 5.261 en lo que va de 2020, con un pico de 9.012 kilos en 2018. En plena bahía han caído en los últimos cinco años 24.431 kilos de cocaína. Ocultan la mercancía entre los contenedores y en la carga. Los principales destinos son Bélgica, Holanda, Alemania y Jamaica.

La disputa entre Los Pachencas y el Clan del Golfo no ha dejado por fuera a los barrios más vulnerables de Santa Marta. Una lideresa contó a La Liga que el Clan tiene una campaña para reclutar jóvenes. “Les pagan 1,4 millones de pesos”, dice. Los Pachencas ofrecen una moto, un salario mínimo y un arma. Esta mujer, que intentó impulsar un plan de desarme en su barrio, vive con esquema de seguridad y bajo amenazas. “Por aquí hay mucho miedo. Estamos asistiendo a una peligrosa reconfiguración de las estructuras criminales, un retroceso total. Y no es solo Santa Marta, sino el Magdalena entero”, cuenta.

Una exhibición de fuerza

El pasado 27 de octubre circuló a través de WhatsApp un video de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra que sacudió a Santa Marta. Una docena de hombres y mujeres armados con fusiles, vestidos de camuflaje y pasamontañas, se anunció como un grupo cohesionado y con varios frentes. “Por primera vez en largos años de lucha militar nos presentamos para aclarar que no estamos diezmados ni moral, ni militarmente”, dijo el portavoz.

Las ACSN acusaron al gobernador Caicedo de supuestas reuniones con la organización en busca de votos. El secretario del Interior del Magdalena, José Humberto Torres, negó esta acusación y le dijo a La Liga que se trata de una “campaña para enlodar a Caicedo”. También señalaron a Sandra Vallejos de ‘pacificar’ Santa Marta a través de un pacto con alias ‘Chucho Mercancía’, a cambio de “revelar información de enemigos y generar capturas que en su momento se dieron para favorecerla”. El portavoz del grupo dijo que a Vallejos se le pagaron 300 millones de pesos por las más de 200 armas que desaparecieron de la Policía Metropolitana cuando ella era comandante, un escándalo que se destapó en 2016 y sigue sin aclararse. Sobre esto Vallejo no quiso pronunciarse.

Los analistas consultados por La Liga consideran que el video de las autodefensas es una declaración de intenciones con verdades a medias, pero no lo desestiman. “Tienen afán de mostrarse como una organización político-militar que tal vez pide pista para una negociación con el gobierno. Yo no los llamaría paramilitares, sino violencia post-AUC. Son otras formas de crimen organizado”, opina Luis Fernando Trejos, profesor investigador del Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad del Norte.

El comandante del Ejército, general Eduardo Zapateiro, declaró en una rueda de prensa que el comunicado de las ACSN es falso y lo describió como “una estrategia de Los Pachencas porque están debilitados”. La Liga intentó conocer la versión del Ministerio de Defensa, pero no hubo respuesta. Unas semanas después del comunicado capturaron a Deinstin Orlando García Arévalo, alias ‘el Negro’ o ‘Yesid’, el mismo hombre a quien los paramilitares acusaron en el video de estar tras la muerte de Alejandro Llinás. Según la Fiscalía, García Arévalo habría recibido de Deimer Patiño Giraldo, alias 80, el abatido cabecilla de Los Pachencas, la orden de asesinar a Llinás. Los otros dos judicializados, supuestamente miembros de esa estructura, son Adán Romero Pérez, alias ‘Chuky’, y Alcides Antonio Moreno.

Para Torres, el secretario del Interior de la Gobernación del Magdalena, las armas, los uniformes y la edición del video demuestran que se trata de “un grupo armado organizado (GAO) y no de un grupo de delincuencia organizada (GDO)”. El matiz es importante, pues la Gobernación busca una recategorización de los actores armados que operan en la región. Ser considerado un GAO o un GDO determina de qué manera deben ser enfrentados: si a través de operativos militares o policiales. “La situación es muy grave. Eso no se puede maquillar. Estamos frente a unos grupos armados organizados herederos del paramilitarismo”, dice el funcionario.

Mientras, la tensión crece en Santa Marta. Casi tanto como los homicidios: 94 en 2017, 105 en 2018, 127 en 2019; y hasta el 10 de noviembre, en plena pandemia, 103, según cifras de la Policía. Habitantes de las veredas confirman la presencia de hombres que patrullan el territorio. Detrás de la aparente tranquilidad turística se esconde otra ciudad atemorizada por la violencia. “Es como si nos estuviéramos devolviendo al pasado más tenebroso”, fue el mensaje que repitieron las fuentes. Un alto cargo municipal lo resumió así: “No es que hayamos perdido el control. Es que nunca lo tuvimos”.

La alcaldesa Virna Johnson le respondió un cuestionario a La Liga donde niega la existencia de un control territorial de los grupos armados organizados. “El control solo lo ejerce la autoridad pública por mandato de la Constitución y la ley, y es ello lo que hemos venido gestando con diferentes actuaciones en sectores de especial atención y protección”, asegura. 

Volver al mando

El regreso de Hernán Giraldo y otros exmiembros del Bloque Resistencia Tayrona en 2021 dibuja un escenario perturbador. Aunque tiene más de 70 años y luce disminuido, algunos creen que Giraldo podría fortalecer la estructura y volver al mando. Incluso desde la cárcel. Su salida del centro de reclusión Beaumont Low (Texas), donde se encuentra, está prevista para el próximo 1 de abril. Según la Fiscalía, cuando vuelva al país deportado o extraditado, iría a la cárcel por la condena de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla. La Fiscalía ha solicitado tres medidas de detención preventiva adicionales.

La Comisión Colombiana de Juristas y la organización Dejusticia creen, sin embargo,  que lo más probable es que el antiguo líder, aún vinculado a Justicia y Paz, quede en libertad aquí tras pagar cárcel en Estados Unidos. “Puede ocurrir lo mismo que con Nodier Giraldo [su sobrino, ahora cantante de rancheras y corridos], que al regresar solicitó sustitución de la medida de aseguramiento y le fue otorgada. En este caso  esa sustitución solo podría ser controvertida por la Fiscalía o representantes de las víctimas en los supuestos contemplados en la Ley 975”, dijeron en Dejusticia.

Otro que ya volvió a Santa Marta fue Freddy Castillo Carrillo, alias ‘Pinocho’, supuesto financiero del Bloque Resistencia Tayrona y expulsado de Justicia y Paz. Castillo pasó cinco años en una cárcel de Estados Unidos por narcotráfico. Ahora es líder de una asociación de afrodescendientes, se reúne con políticos y ha propuesto la creación del municipio Sierra Nevada, que agruparía a las veredas de la Troncal del Caribe. En el peor momento de la pandemia se dedicó a repartir mercados entre los habitantes de la zona.    
Sobre su “nueva vida” hay sospechas.  La Fiscalía le dijo a La Liga que Castillo tiene activo un proceso por concierto para delinquir agravado. Alias ‘Pinocho’ se mueve con un esquema de seguridad de seis hombres, tres de la Unidad Nacional de Protección y otros tres pagados por él. Vía telefónica le aseguró a La Liga que no tiene ningún proceso abierto y que hace dos meses se fue del país por amenazas de Los Pachencas, del Clan del Golfo y del ELN.

“No estoy armando ningún grupo. Al contrario, he denunciado a los que mataron a líderes sociales, y estoy dispuesto a contar toda la verdad sobre el paramilitarismo. Todavía hay muchos demonios encerrados. En cuanto aclare mi situación volveré a Santa Marta”, dijo Castillo. Su presencia en la zona despierta los peores miedos. Como en las épocas oscuras, cuando reinó el clan Giraldo.