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Miércoles, 16 Septiembre 2020

Explicador: ¿Cuánto poder tienen los alcaldes sobre la Policía?

Por Mónica Ospino y Laura Rodríguez Salamanca

¿Puede el alcalde o alcaldesa reformar la institución? ¿Por qué, a diferencia de otros países, la policía colombiana hace parte del MinDefensa? Consultamos a varios constitucionalistas y expertos en seguridad para resolver estas y otras preguntas.

En los últimos días, la relación entre los alcaldes y la policía se ha tomado los medios de comunicación. Esto se ha debido principalmente a las declaraciones de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, respecto de los abusos policiales. Pero también a un video viral en el que se ve al alcalde de Cartagena, William Dau, recordarle a varios agentes, que atacaban a un grupo de manifestantes de una marcha en contra del abuso de poder, que él es el jefe de la policía y que le deben obedecer. 

Sin embargo, hemos encontrado que, como evidencian varios comentarios en redes sociales, existen dudas entre los usuarios sobre la relación entre la policía de cada entidad territorial y los alcaldes. 

¿El alcalde es el jefe de la policía? ¿Qué tanto poder tiene la alcaldía sobre los agentes? ¿Pueden las autoridades locales introducir reformas en la institución? Para responder este tipo de preguntas consultamos a varios constitucionalistas y expertos en seguridad.

Glosario corto 

Antes que nada, es necesario comprender tres conceptos: poder de policía, función de policía y actividad de policía. Son términos muy técnicos, pero fundamentales para entender lo que vamos a explicar en este artículo. 

Poder de policía: De acuerdo con la sentencia T- 772 de 2003 de la Corte Constitucional, consiste en la facultad de dictar las normas de policía que regulan el comportamiento ciudadano. Esta facultad es de naturaleza normativa, permite limitar las libertades públicas y “generalmente se encuentra adscrita al Congreso de la República”. 
 
Función de policía: Según la Corte Constitucional, “está supeditada al poder de policía y consiste en la gestión administrativa concreta del poder de policía”. Esto quiere decir que “supone el ejercicio de competencias concretas asignadas por el poder de policía a las autoridades administrativas de policía”. ¿A quién le compete su ejercicio? A nivel nacional, al presidente; en los departamentos, a los gobernadores, y en los municipios o distritos, a los alcaldes.  

Actividad de policía: Esta función está subordinada tanto al poder como a la función de policía. De acuerdo con la Corte Constitucional, “es la ejecución del poder y de la función de policía en un marco estrictamente material y no jurídico, correspondiendo a la competencia del uso reglado de la fuerza”. 

En palabras sencillas, el ejercicio de policivo se ejerce a través de normas que regulan el comportamiento de las personas y limitan las libertades; esto se llama poder de policía. También implica acciones concretas para aplicar las normas a situaciones particulares, lo que se conoce como función de policía. Y las operaciones de los agentes uniformados, que deben responder tanto al poder como a la función de policía, se llama actividad de policía. 

¿Qué poder tiene la alcaldía sobre la policía?

Jerónimo Castillo, director de seguridad y política criminal en la Fundación Ideas para la Paz, FIP, respondió a esta pregunta en una columna publicada en febrero de este año en 070, un medio digital de la Universidad de Los Andes. 

En el texto explica que, de acuerdo con el artículo 315 de la Constitución, los alcaldes tienen las funciones de máxima autoridad o jefe de Policía. “Eso quiere decir que es el mandatario quien establece el marco regulatorio y la aplicación de las normas de policía en las ciudades. En otras palabras, los alcaldes tienen esa responsabilidad y la Policía Nacional, a su vez, la obligación de seguir sus órdenes e instrucciones”. 

Entonces, para recordar el glosario, los alcaldes tienen la función de Policía. Esto también está consignado en el Código de Policía y explica, por ejemplo, por qué los mandatarios locales pueden ordenar los toques de queda. 

Artículo 315

Sin embargo, Castillo aclaró: “la norma se enfrenta a un problema de arquitectura institucional” porque al ser una institución de carácter nacional, según el artículo 218 de la Constitución, la Policía depende jerárquicamente del nivel nacional. Esto, a su vez, explica la razón por la que un agente puede ser trasladado de una ciudad a otra.  

Entonces, por ejemplo, el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá depende del director de la Policía, quien, a su vez, rinde cuentas al Ministro de Defensa.Y este último debe seguir los lineamientos del presidente de la República. 

Estructura Policía Nacional

¿Cómo se traduce esto en la práctica? En palabras de Katherine Aguirre, economista experta en violencia, seguridad y desarrollo, e investigadora del Instituto Igarapé, “esa responsabilidad de los alcaldes se queda mucho en el papel, dando ciertas directrices. Pero la cadena de control y de comando de la Policía nunca le ha rendido cuentas directas al alcalde aunque aparezca como el jefe de la policía en el papel. Es como un ente al que se le atienden ciertas sugerencias y puede dar algunas directrices. Pero nunca ha sido el comandante, el verdadero director, sino lo ha sido el comandante de cada unidad”. 

Por su parte, el penalista Jairo Libreros, consultor internacional y experto en seguridad ciudadana, nos dijo que “el poder [del alcalde o la alcaldesa] no es tan claro ni tan preciso. Las entidades policiales, particularmente los comandantes, responden a los lineamientos formulados por la dirección de la Policía. ¿Atienden las solicitudes de los alcaldes? Sí. ¿Diseñan un plan de convivencia y seguridad ciudadana de una manera compartida? Claro que sí. Pero las órdenes se cumplen en la Policía respetando en primero, en segundo, en tercero y en cuarto lugar las directrices de la dirección nacional. Cualquier norma, instrucción, indicación que vaya en contravía de lo que decide la dirección de Policía con base en los lineamientos del Ministerio de Defensa no se cumple”. 

Como expresó Castillo en su texto, además, “el gran problema es que la Policía se identifica mucho más con los lineamientos del Gobierno Nacional que con los de las alcaldías, porque, finalmente, los presupuestos de la entidad dependen del primero”. 

Para Libreros, dicha “preferencia” por las órdenes ministeriales frente a las locales responde al presente y futuro de los agentes dentro de la institución. “Si un oficial va en contra de su superior o en contra de una instrucción directa del Ministerio de Defensa, dentro de los ocho días siguientes es llamado a calificar servicios”. 

De las reformas y reglamentos

Como explicamos en el glosario, quien ostenta el poder de Policía, o la facultad dictar normas para regular el comportamiento ciudadano es el Congreso. En ese sentido, en palabras de Fabio Pulido, director de la maestría en Derecho Constitucional de la Universidad de la Sabana, “quien tiene competencia para hacer reformas profundas a la Policía, como las que se han propuesto en los últimos días, es el legislador, el Congreso. Lo que tiene que hacer el presidente es impulsarlas como jefe de gobierno, como jefe de Estado”. 

Con esta versión coincide Mario Cajas, jefe del departamento de Estudios Jurídicos de la Universidad ICESI, en Cali, quien nos explicó que los alcaldes “tienen una competencia que les permite crear reglamentos de policía locales. Pero realmente la capacidad normativa en la práctica es mínima porque eso tiene que someterse a los reglamentos generales y a la ley”. 

La competencia de los alcaldes con respecto al reglamento aparece explícitamente en el Artículo 17 del Código Nacional de Policía, en el que se explica que “el ámbito nacional corresponde al Presidente de la República reglamentar las leyes sobre materias de policía”.  

Además en el mismo artículo se señala: “cuando las disposiciones de las asambleas o los concejos en asuntos de policía, requieran reglamentación para aplicarlas, los gobernadores o los alcaldes podrán, según el caso, dictar reglamentos sólo con ese fin”. Pero “las autoridades que expiden reglamentos no podrán regular comportamientos, imponer medidas correctivas o crear procedimientos distintos a los establecidos en la norma reglamentada, salvo que esta les otorgue dicha competencia”. 

En resumen, los distritos y municipios no pueden generar reformas, pero sí expedir reglamentos locales. Sin embargo, nos dijo Cajas, “estos [últimos] nos pueden ser contrarios al orden nacional. Ninguno puede salirse de los reglamentos de la propia Policía que es del orden nacional. Eso haría difícil poner un comandante general de la Policía y otros municipales y departamentales sometidos a una línea de mando, si a su vez hay unos lineamientos y cada uno va por su lado en lo territorial”. 

¿Policía militar o civil? 

La Policía Nacional en Colombia es, en el papel, un cuerpo de carácter civil, de acuerdo con lo establecido en la Constitución, en particular en el artículo 218, que en detalle fija su naturaleza civil así: “La ley organizará el cuerpo de Policía. La Policía Nacional es un cuerpo armado permanente de naturaleza civil, a cargo de la Nación, cuyo fin primordial es el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz. La ley determinará su régimen de carrera, prestacional y disciplinario”.
 
Sin embargo, sus funciones esencialmente civiles se han visto alteradas por las condiciones históricas de ocurrencia del conflicto armado, de acuerdo con el análisis de Jairo Libreros. “Por cuenta de los 50 años del conflicto armado, especialmente por el enfrentamiento contra las FARC, a la policía colombiana le tocó asumir roles similares a los de un combatiente. Llegamos a tener cosas tan difíciles de procesar, como tener policía con actividades contrainsurgentes o contra guerrilleras”.
  
Libreros explica además que la naturaleza civil de la Policía Nacional significa que “por definición no está compuesta por combatientes. En el mundo de la seguridad existen dos clases de organizaciones: de naturaleza militar y las de naturaleza civil. Las de naturaleza militar están compuestas por combatientes, es decir las fuerzas militares, y las organizaciones de naturaleza civil son todas las organizaciones de seguridad no compuestas por combatientes”.
 
Históricamente, también existe un arraigo militar de la Policía Nacional, según Mario Cajas. “La Policía Nacional, primero perteneció al Ministerio de Gobierno  [hoy, del interior] , luego al de Guerra, después al de Defensa. Pero esa adscripción al Ministerio de Guerra y, por lo tanto, al comando general de las fuerzas armadas la hizo el general Gustavo Rojas Pinilla en 1953. Cuando tomó el poder, prácticamente una de las primeras medidas fue esa: adscribir a la policía nacional al Comando General de las Fuerzas Militares”. 

Sin embargo, según Libreros, el desmonte de las funciones militares de la Policía Nacional se ha venido haciendo y es un proceso derivado del acuerdo de paz con las FARC, que fue firmado el 24 de noviembre del 2016. 

“Quién inició este trabajo fue el general Óscar Naranjo. Él fue la persona que empezó ese desmonte para darle más connotaciones civiles a la policía nacional. Implementó estrategias para entregar cierto tipo de actividades a las fuerzas militares, que no correspondían a la misión. Es más, hasta mandó cambiar los uniformes porque los uniformes de la policía en muchas ocasiones utilizaban ropas de uso exclusivo de las Fuerzas Militares”.

La Policía Nacional es entonces un cuerpo de carácter civil que ahora, en el marco de una menor intensidad en el conflicto armado, tras la firma de los acuerdos de paz con las FARC, ha ido recuperando lo que debería ser su misionalidad. Pero aún falta desmontar procesos no solo estructurales sino culturales y consolidar funciones que la acerquen más a convertirse en la garante de la convivencia ciudadana.

“Hay que implementar un enfoque o una perspectiva de derechos humanos en el sentido de garantizar que la vida y la integridad y la dignidad de los ciudadanos y de los integrantes de la policía nacional sean los valores supremos de cualquier actividad o procedimiento de la policía”, concluye libreros. 

Martes, 21 Enero 2020

Explicador: ¿Qué es el derecho a la protesta social?

Por Isabel Caballero Samper

La protesta social es un derecho de máxima importancia porque es el derecho que permite exigir y lograr que se hagan realidad todos los demás derechos.

En todas las sociedades hay conflictos. Los conflictos sociales son situaciones en que dos o más grupos tienen intereses que son mutuamente incompatibles. O desacuerdos sobre la mejor manera de solucionar temas que afectan a todos. O cuando un grupo se siente agraviado porque sus derechos han sido incumplidos.

Normalmente se esperaría que las sociedades tengan sistemas institucionales que permitan tramitar esos conflictos. Ese es el rol, principalmente, del sistema judicial. De manera individual llevamos ante los jueces nuestros problemas con otros para que ellos juzguen cómo se deben solucionar de manera justa.

Y de manera colectiva también son a veces los jueces los que ayudan a dirimir nuestros conflictos. Otras veces es el sistema político, compuesto por los legisladores y los mandatarios que elegimos en las urnas, el que decide cómo nos vamos a organizar como sociedad y a cuáles problemas les vamos a dar solución primero cuando no se puede hacer todo al tiempo.

¿Pero qué pasa cuando estos mecanismos fallan? La protesta social es una puesta en público de un agravio que busca llamar la atención de una autoridad (o de una entidad privada en algunos casos) para presionarla a solucionar un problema que no ha podido ser solucionado a través de medios institucionales. “La protesta social es un derecho esencial para expresarle al poder un determinado punto de vista que está siendo excluido de una deliberación,” le dijo a Colombiacheck Catalina Botero, decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de Los Andes.

El teórico argentino Roberto Gargarella dice que la protesta social es el “primer derecho” y “el derecho a tener derechos” porque es el derecho a exigir que todos los demás derechos se cumplan. “Se trata de un derecho que nos ayuda a mantener vivos los restantes derechos. Sin un robusto derecho a la protesta, todos los demás derechos quedan bajo amenaza, puestos en riesgo,” dice Gargarella.

Pero, ¿cómo se regula la protesta social en Colombia? ¿Cuáles son sus alcances y sus límites? En este Explicador le contamos todo al respecto.

¿Existe un derecho a protestar en Colombia? ¿En qué leyes o artículos se encuentra?

En la legislación colombiana el derecho a la protesta social está plasmado explícitamente en la Constitución en el artículo 37 que dice que “toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente” y en el artículo 56 que dice que “se garantiza el derecho de huelga”. 

Además, como explica el abogado e investigador de Dejusticia Sebastián Lalinde en su libro Elogio a la bulla, el derecho a la protesta se desprende de los artículos 1 y 2 de la Constitución que promueven la participación de todos en las decisiones que los afectan. Y, para rematar, está conectado al derecho a la libertad de expresión (artículo 20), al derecho de petición (artículo 23), al derecho de asociación (artículo 38) y al derecho a participar en el control del poder político (artículo 40). 

Lalinde también explica que las sentencias de la Corte Constitucional 223 de 2017, 281 de 2017 y 009 de 2018 tratan sobre el derecho a la protestas y “dan ciertos parámetros sobre cuáles limitaciones al derecho de manifestación y protesta son respetuosas de la Constitución y cuáles son contrarias a esta, lo que le permite a las autoridades darle cierto manejo a la protesta provisionalmente, y les impide tener carta blanca para reaccionar de cualquier manera escudadas en su deber constitucional de preservar el orden público”.

¿Se puede protestar por cualquier razón?

El Estado tiene en principio el deber de proteger la protesta sin importar sus fines, ante los cuales debe ser neutral excepto en unos pocos casos muy extremos. La Sentencia 281 de 2017 dice que no son fines legítimos de la protesta: la propaganda de guerra; la apología al odio, a la violencia y el delito; la pornografía infantil y la instigación pública y directa a cometer delitos.

Además, el artículo 56 de la Constitución, donde dice que existe un derecho a la huelga, limita este derecho diciendo “salvo en los servicios públicos esenciales definidos por el legislador”. Lalinde explica que con esto se busca proteger los derechos de los usuarios de ciertos servicios que sería desproporcionado restringir en nombre de la protesta. 

Pero el problema, explica, es que en muchos casos los jueces deciden si un servicio es esencial o no después de que haya una huelga declarándola ilegal y dándole al empleador el derecho de despedir a quienes hayan participado. Esto fue lo que pasó con la huelga de pilotos de Avianca en 2017. 

“El Estado tampoco puede generar maniobras que disuadan la protesta a partir del miedo, como no puede generar maniobras que disuadan el ejercicio de la libertad de expresión o la libertad religiosa,” nos dijo la decana Botero, quien además fue Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. “El estado tiene que ser neutral frente al contenido de la manifestación. Por ejemplo, campañas para atemorizar a los líderes sin ninguna justificación razonable, simplemente porque participan en las marchas es propio de Estados autoritarios, no de Estado democráticos; es propio de dictaduras, no de regímenes constitucionales. El Estado no puede atemorizar a la gente para que no ejerza sus derechos”.

¿Por qué la gente protesta?

En sociedades tan desiguales como la colombiana hay personas que tienen la posibilidad de hacer valer sus derechos porque tienen acceso directo al poder, porque pueden incluso financiar la campaña de un político afín a sus intereses, porque pueden hacer oír su voz en los medios de comunicación, porque pueden pagar un excelente abogado que los defienda o porque simplemente tienen la educación formal para entender cómo funciona el Estado y cómo deben hacer para lograr lo que necesitan. 

Pero hay otras personas y comunidades que no tienen acceso a nada de esto o que ya han intentado hacer valer sus derechos e intereses a través de de mecanismos formales y han fallado. Dice Lalinde en su libro que la protesta social es una forma de evitar que la opinión de unos pocos que tienen acceso e influencia se vuelva la opinión pública. 

“Las normas en principio asumen que todos son iguales ante la ley,” nos explicó Víctor Barrera, investigador del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep). “Pero Colombia tiene un problema de desigualdad brutal, y en eso precisamente es que entra cuáles son los sectores que se movilizan y si tienen otros recursos o no para manifestar su descontento”. 

¿Qué formas toma la protesta social?

“Si los movimientos [sociales] no existen para la opinión pública, las autoridades pueden hacer oídos sordos a sus demandas sin mayores consecuencias” dice la autora mexicana Guiomar Rovira-Sancho. Por eso los movimientos sociales buscan sensibilizar a la opinión pública para lograr que esta considere que sus protestas son exigencias razonables. La protesta social es en parte una puesta en escena de unas demandas, de unos agravios, para llamar la atención de un público que observa, es decir que es performativa. 

Barrera describe las diferentes formas de protestar en el documento “Transformación de conflictos sociales: Diagnóstico participativo” del CINEP y la Unidad Policial para la Edificación de la Paz, del cual fue el coordinador e investigador principal, con las siguientes categorías. 

Paros: son ceses explícitos de toda actividad e incluyen las huelgas que son paros que no han sido avalados por la ley. 

Movilizaciones: consisten en la presencia temporal de mucha gente en espacios públicos e incluyen por ejemplo marchas, desfiles, concentraciones, mitines, demostraciones y plantones. 

Invasiones: ocupaciones a largo plazo de predios rurales o urbanos para llamar la atención sobre temas relacionados con la tierra o la vivienda. 

Tomas de entidades: ocupación transitoria de entidades públicas o privadas. Bloqueos de vías, obstaculizaciones a la circulación del tránsito en calles y carreteras mediante el uso de barricadas temporales (es decir que no es lo mismo que una movilización en la que son solamente personas las que están ocupando la vía). 

Huelga de hambre. 

Resistencia civil: acción social colectiva de desobedecer a las autoridades por ser consideradas ilegítimas por los protestantes (estas autoridades pueden ser legales como el Estado o ilegales como un grupo paramilitar o guerrillero que manda en una región). 
Disturbios:acciones directas de choque con la fuerza pública y pueden llamarse levantamientos, asonadas, pedreas, motines o disturbios.

¿Qué pasa cuando el derecho a protestar de unos ciudadanos afecta los derechos de otros?

El derecho a la protesta social es un derecho muy importante porque se utiliza para lograr el cumplimiento por parte del Estado de los derechos fundamentales, por eso es aceptable que en ciertos momentos afecte algunos derechos de otras personas como el derecho a moverse libremente por la ciudad.

“La protesta social es naturalmente disruptiva”, nos dijo Botero, la decana de Los Andes. “No es violenta, es disruptiva. Naturalmente va a haber ruido, es bastante probable que haya carteles y papeles. Si uno no está dispuesto a asumir que la protesta social tiene esas consecuencias, entonces no está dispuesto a proteger la protesta social. Hay que sincerarse. Utilizar la fuerza para impedir que la protesta social bloquee una calle no es legítimo porque eso disuelve la protesta”.

Pero esto no significa que el derecho a la protesta pueda coartar otros derechos de manera absoluta e ilimitada, hay un momento en el que las autoridades pueden tomar la decisión de disolver una protesta porque los derechos de otros están siendo afectados de manera desproporcionada. Barrera explicó que la protesta social “es un derecho que en su ejercicio afecta otros derechos fundamentales, como pueden ser la salud y la educación. La disolución de la protesta se da sobre la base de que ya se haya configurado una afectación a un derecho concreta, no una afectación hipotética. Que haya un estado real de cosas donde haya una afectación muy explícita e intolerable de la seguridad y la integridad física de las personas”. 

Pero el problema, dijo Barrera, es que en Colombia hay una muy baja legitimidad social de la protesta y por eso las autoridades, y una gran parte de los ciudadanos, consideran que hay una jerarquía de derechos en la que la protesta queda por debajo de otros derechos como el de la movilidad. Esto tiene que ver, de nuevo, con las desigualdades sociales que hay en Colombia, donde los que sí tienen cómo hacer cumplir todos sus derechos no entienden por qué los otros tienen que salir a la calle a hacer desorden para exigir los suyos.

Lalinde advierte en su libro del peligro de que el tumulto, el desorden y la gritería que naturalmente hacen parte de la protesta social sean interpretados como violencia y se termine por penalizar el simple tumulto. Y dice que en la Sentencia 281 de 2017 la Corte Constitucional “enfatiza que la decisión de disolver una protesta debe estar subordinada al hecho de que no exista otro medio menos gravoso para el ejercicio de los derechos de reunión y manifestación pública”.

¿Qué pasa cuando en la protesta hay violencia?

La Constitución, las leyes y las sentencias de la Corte Constitucional protegen el derecho a la protesta pacífica, no a la protesta violenta. Pero una parte de lo que hacen los protestantes para llamar la atención de las autoridades y de los demás ciudadanos para mostrar lo fundamentales que son sus exigencias es mostrar la rabia que sienten, por eso la protesta es contenciosa. Como la leche que al hervir sube y rebosa el recipiente que la contiene para derramarse, la exasperación de los que protestan a veces deviene en violencia.

Cuando Barrera habló con Colombiacheck criticó “pensar que la protesta buena es la que no incomoda y la que no habla fuerte y la que articula en un lenguaje no polarizador, entre comillas, sus reivindicaciones. Una buena parte de la protesta se mueve es precisamente en una orientación claramente disruptiva y muchas veces violenta. Pero de ninguna manera eso invalida el derecho [a protestar]”.

Esto no sucede en la mayoría de los casos, sino sólo en una pequeña minoría. Según encontró Barrera al analizar la Base de Datos de Luchas Sociales del Cinep, en la que esta organización registró 23,693 eventos de protesta social entre 1975 y 2013, sólo el 3 por ciento de estos han sido disturbios donde los manifestantes han chocado de manera violenta con las autoridades. Todas las demás han sido protestas pacíficas.

Es decir, el hecho de que haya unos focos de violencia en una manifestación no hace toda la manifestación ilegítima. Las autoridades deben diferenciar el desorden de la violencia e individualizar a quien comete violencia sin dispersar a los demás manifestantes que están en su derecho de continuar protestando. Argumenta Gargarella, el teórico argentino, que “la violencia, si es esperada, puede prevenirse; si irrumpe, puede lidiarse con ella por separado; y en ningún caso debe servir como excusa para poner en cuestión el derecho fundamental en juego. (...) Que un individuo cometa un acto de violencia durante una huelga no pone en duda al derecho de huelga, sino al individuo que cometió dicho acto de violencia”. 

También Botero insistió en una entrevista que dio a RCN Radio en esta necesidad de “distinguir entre personas que cometen delitos en el contexto de la manifestación social y el resto de la manifestación”. Si hay brotes de violencia o de vandalismo el Estado debe tratar de contenerlos con un uso proporcionado de la fuerza. “Lo que no puede hacer es hacer ataques masivos, lo que no puede hacer es utilizar fuerza letal”, le dijo Botero a Colombiacheck. “Por supuesto eso le supone un enorme reto al Estado, pero el Estado está para cuidar derechos”.

Además, la decana agregó que “nadie puede presuponer que la protesta a va ser ilegítima o va a ser violenta”. Y comparó la violencia que aparece en la protesta con los casos de agresiones, incitación a la violencia o pederastia que hay en internet. “¿Entonces yo bloqueo internet para evitar que eso vuelva a pasar? No. El derecho a la manifestación no puede ser prevenido o evitado con presunciones ambiguas, vagas o genéricas de violencia”.