Pasar al contenido principal
Martes, 21 Enero 2020

Explicador: ¿Qué es el derecho a la protesta social?

Por Isabel Caballero Samper

La protesta social es un derecho de máxima importancia porque es el derecho que permite exigir y lograr que se hagan realidad todos los demás derechos.

En todas las sociedades hay conflictos. Los conflictos sociales son situaciones en que dos o más grupos tienen intereses que son mutuamente incompatibles. O desacuerdos sobre la mejor manera de solucionar temas que afectan a todos. O cuando un grupo se siente agraviado porque sus derechos han sido incumplidos.

Normalmente se esperaría que las sociedades tengan sistemas institucionales que permitan tramitar esos conflictos. Ese es el rol, principalmente, del sistema judicial. De manera individual llevamos ante los jueces nuestros problemas con otros para que ellos juzguen cómo se deben solucionar de manera justa.

Y de manera colectiva también son a veces los jueces los que ayudan a dirimir nuestros conflictos. Otras veces es el sistema político, compuesto por los legisladores y los mandatarios que elegimos en las urnas, el que decide cómo nos vamos a organizar como sociedad y a cuáles problemas les vamos a dar solución primero cuando no se puede hacer todo al tiempo.

¿Pero qué pasa cuando estos mecanismos fallan? La protesta social es una puesta en público de un agravio que busca llamar la atención de una autoridad (o de una entidad privada en algunos casos) para presionarla a solucionar un problema que no ha podido ser solucionado a través de medios institucionales. “La protesta social es un derecho esencial para expresarle al poder un determinado punto de vista que está siendo excluido de una deliberación,” le dijo a Colombiacheck Catalina Botero, decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de Los Andes.

El teórico argentino Roberto Gargarella dice que la protesta social es el “primer derecho” y “el derecho a tener derechos” porque es el derecho a exigir que todos los demás derechos se cumplan. “Se trata de un derecho que nos ayuda a mantener vivos los restantes derechos. Sin un robusto derecho a la protesta, todos los demás derechos quedan bajo amenaza, puestos en riesgo,” dice Gargarella.

Pero, ¿cómo se regula la protesta social en Colombia? ¿Cuáles son sus alcances y sus límites? En este Explicador le contamos todo al respecto.

¿Existe un derecho a protestar en Colombia? ¿En qué leyes o artículos se encuentra?

En la legislación colombiana el derecho a la protesta social está plasmado explícitamente en la Constitución en el artículo 37 que dice que “toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente” y en el artículo 56 que dice que “se garantiza el derecho de huelga”. 

Además, como explica el abogado e investigador de Dejusticia Sebastián Lalinde en su libro Elogio a la bulla, el derecho a la protesta se desprende de los artículos 1 y 2 de la Constitución que promueven la participación de todos en las decisiones que los afectan. Y, para rematar, está conectado al derecho a la libertad de expresión (artículo 20), al derecho de petición (artículo 23), al derecho de asociación (artículo 38) y al derecho a participar en el control del poder político (artículo 40). 

Lalinde también explica que las sentencias de la Corte Constitucional 223 de 2017, 281 de 2017 y 009 de 2018 tratan sobre el derecho a la protestas y “dan ciertos parámetros sobre cuáles limitaciones al derecho de manifestación y protesta son respetuosas de la Constitución y cuáles son contrarias a esta, lo que le permite a las autoridades darle cierto manejo a la protesta provisionalmente, y les impide tener carta blanca para reaccionar de cualquier manera escudadas en su deber constitucional de preservar el orden público”.

¿Se puede protestar por cualquier razón?

El Estado tiene en principio el deber de proteger la protesta sin importar sus fines, ante los cuales debe ser neutral excepto en unos pocos casos muy extremos. La Sentencia 281 de 2017 dice que no son fines legítimos de la protesta: la propaganda de guerra; la apología al odio, a la violencia y el delito; la pornografía infantil y la instigación pública y directa a cometer delitos.

Además, el artículo 56 de la Constitución, donde dice que existe un derecho a la huelga, limita este derecho diciendo “salvo en los servicios públicos esenciales definidos por el legislador”. Lalinde explica que con esto se busca proteger los derechos de los usuarios de ciertos servicios que sería desproporcionado restringir en nombre de la protesta. 

Pero el problema, explica, es que en muchos casos los jueces deciden si un servicio es esencial o no después de que haya una huelga declarándola ilegal y dándole al empleador el derecho de despedir a quienes hayan participado. Esto fue lo que pasó con la huelga de pilotos de Avianca en 2017. 

“El Estado tampoco puede generar maniobras que disuadan la protesta a partir del miedo, como no puede generar maniobras que disuadan el ejercicio de la libertad de expresión o la libertad religiosa,” nos dijo la decana Botero, quien además fue Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. “El estado tiene que ser neutral frente al contenido de la manifestación. Por ejemplo, campañas para atemorizar a los líderes sin ninguna justificación razonable, simplemente porque participan en las marchas es propio de Estados autoritarios, no de Estado democráticos; es propio de dictaduras, no de regímenes constitucionales. El Estado no puede atemorizar a la gente para que no ejerza sus derechos”.

¿Por qué la gente protesta?

En sociedades tan desiguales como la colombiana hay personas que tienen la posibilidad de hacer valer sus derechos porque tienen acceso directo al poder, porque pueden incluso financiar la campaña de un político afín a sus intereses, porque pueden hacer oír su voz en los medios de comunicación, porque pueden pagar un excelente abogado que los defienda o porque simplemente tienen la educación formal para entender cómo funciona el Estado y cómo deben hacer para lograr lo que necesitan. 

Pero hay otras personas y comunidades que no tienen acceso a nada de esto o que ya han intentado hacer valer sus derechos e intereses a través de de mecanismos formales y han fallado. Dice Lalinde en su libro que la protesta social es una forma de evitar que la opinión de unos pocos que tienen acceso e influencia se vuelva la opinión pública. 

“Las normas en principio asumen que todos son iguales ante la ley,” nos explicó Víctor Barrera, investigador del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep). “Pero Colombia tiene un problema de desigualdad brutal, y en eso precisamente es que entra cuáles son los sectores que se movilizan y si tienen otros recursos o no para manifestar su descontento”. 

¿Qué formas toma la protesta social?

“Si los movimientos [sociales] no existen para la opinión pública, las autoridades pueden hacer oídos sordos a sus demandas sin mayores consecuencias” dice la autora mexicana Guiomar Rovira-Sancho. Por eso los movimientos sociales buscan sensibilizar a la opinión pública para lograr que esta considere que sus protestas son exigencias razonables. La protesta social es en parte una puesta en escena de unas demandas, de unos agravios, para llamar la atención de un público que observa, es decir que es performativa. 

Barrera describe las diferentes formas de protestar en el documento “Transformación de conflictos sociales: Diagnóstico participativo” del CINEP y la Unidad Policial para la Edificación de la Paz, del cual fue el coordinador e investigador principal, con las siguientes categorías. 

Paros: son ceses explícitos de toda actividad e incluyen las huelgas que son paros que no han sido avalados por la ley. 

Movilizaciones: consisten en la presencia temporal de mucha gente en espacios públicos e incluyen por ejemplo marchas, desfiles, concentraciones, mitines, demostraciones y plantones. 

Invasiones: ocupaciones a largo plazo de predios rurales o urbanos para llamar la atención sobre temas relacionados con la tierra o la vivienda. 

Tomas de entidades: ocupación transitoria de entidades públicas o privadas. Bloqueos de vías, obstaculizaciones a la circulación del tránsito en calles y carreteras mediante el uso de barricadas temporales (es decir que no es lo mismo que una movilización en la que son solamente personas las que están ocupando la vía). 

Huelga de hambre. 

Resistencia civil: acción social colectiva de desobedecer a las autoridades por ser consideradas ilegítimas por los protestantes (estas autoridades pueden ser legales como el Estado o ilegales como un grupo paramilitar o guerrillero que manda en una región). 
Disturbios:acciones directas de choque con la fuerza pública y pueden llamarse levantamientos, asonadas, pedreas, motines o disturbios.

¿Qué pasa cuando el derecho a protestar de unos ciudadanos afecta los derechos de otros?

El derecho a la protesta social es un derecho muy importante porque se utiliza para lograr el cumplimiento por parte del Estado de los derechos fundamentales, por eso es aceptable que en ciertos momentos afecte algunos derechos de otras personas como el derecho a moverse libremente por la ciudad.

“La protesta social es naturalmente disruptiva”, nos dijo Botero, la decana de Los Andes. “No es violenta, es disruptiva. Naturalmente va a haber ruido, es bastante probable que haya carteles y papeles. Si uno no está dispuesto a asumir que la protesta social tiene esas consecuencias, entonces no está dispuesto a proteger la protesta social. Hay que sincerarse. Utilizar la fuerza para impedir que la protesta social bloquee una calle no es legítimo porque eso disuelve la protesta”.

Pero esto no significa que el derecho a la protesta pueda coartar otros derechos de manera absoluta e ilimitada, hay un momento en el que las autoridades pueden tomar la decisión de disolver una protesta porque los derechos de otros están siendo afectados de manera desproporcionada. Barrera explicó que la protesta social “es un derecho que en su ejercicio afecta otros derechos fundamentales, como pueden ser la salud y la educación. La disolución de la protesta se da sobre la base de que ya se haya configurado una afectación a un derecho concreta, no una afectación hipotética. Que haya un estado real de cosas donde haya una afectación muy explícita e intolerable de la seguridad y la integridad física de las personas”. 

Pero el problema, dijo Barrera, es que en Colombia hay una muy baja legitimidad social de la protesta y por eso las autoridades, y una gran parte de los ciudadanos, consideran que hay una jerarquía de derechos en la que la protesta queda por debajo de otros derechos como el de la movilidad. Esto tiene que ver, de nuevo, con las desigualdades sociales que hay en Colombia, donde los que sí tienen cómo hacer cumplir todos sus derechos no entienden por qué los otros tienen que salir a la calle a hacer desorden para exigir los suyos.

Lalinde advierte en su libro del peligro de que el tumulto, el desorden y la gritería que naturalmente hacen parte de la protesta social sean interpretados como violencia y se termine por penalizar el simple tumulto. Y dice que en la Sentencia 281 de 2017 la Corte Constitucional “enfatiza que la decisión de disolver una protesta debe estar subordinada al hecho de que no exista otro medio menos gravoso para el ejercicio de los derechos de reunión y manifestación pública”.

¿Qué pasa cuando en la protesta hay violencia?

La Constitución, las leyes y las sentencias de la Corte Constitucional protegen el derecho a la protesta pacífica, no a la protesta violenta. Pero una parte de lo que hacen los protestantes para llamar la atención de las autoridades y de los demás ciudadanos para mostrar lo fundamentales que son sus exigencias es mostrar la rabia que sienten, por eso la protesta es contenciosa. Como la leche que al hervir sube y rebosa el recipiente que la contiene para derramarse, la exasperación de los que protestan a veces deviene en violencia.

Cuando Barrera habló con Colombiacheck criticó “pensar que la protesta buena es la que no incomoda y la que no habla fuerte y la que articula en un lenguaje no polarizador, entre comillas, sus reivindicaciones. Una buena parte de la protesta se mueve es precisamente en una orientación claramente disruptiva y muchas veces violenta. Pero de ninguna manera eso invalida el derecho [a protestar]”.

Esto no sucede en la mayoría de los casos, sino sólo en una pequeña minoría. Según encontró Barrera al analizar la Base de Datos de Luchas Sociales del Cinep, en la que esta organización registró 23,693 eventos de protesta social entre 1975 y 2013, sólo el 3 por ciento de estos han sido disturbios donde los manifestantes han chocado de manera violenta con las autoridades. Todas las demás han sido protestas pacíficas.

Es decir, el hecho de que haya unos focos de violencia en una manifestación no hace toda la manifestación ilegítima. Las autoridades deben diferenciar el desorden de la violencia e individualizar a quien comete violencia sin dispersar a los demás manifestantes que están en su derecho de continuar protestando. Argumenta Gargarella, el teórico argentino, que “la violencia, si es esperada, puede prevenirse; si irrumpe, puede lidiarse con ella por separado; y en ningún caso debe servir como excusa para poner en cuestión el derecho fundamental en juego. (...) Que un individuo cometa un acto de violencia durante una huelga no pone en duda al derecho de huelga, sino al individuo que cometió dicho acto de violencia”. 

También Botero insistió en una entrevista que dio a RCN Radio en esta necesidad de “distinguir entre personas que cometen delitos en el contexto de la manifestación social y el resto de la manifestación”. Si hay brotes de violencia o de vandalismo el Estado debe tratar de contenerlos con un uso proporcionado de la fuerza. “Lo que no puede hacer es hacer ataques masivos, lo que no puede hacer es utilizar fuerza letal”, le dijo Botero a Colombiacheck. “Por supuesto eso le supone un enorme reto al Estado, pero el Estado está para cuidar derechos”.

Además, la decana agregó que “nadie puede presuponer que la protesta a va ser ilegítima o va a ser violenta”. Y comparó la violencia que aparece en la protesta con los casos de agresiones, incitación a la violencia o pederastia que hay en internet. “¿Entonces yo bloqueo internet para evitar que eso vuelva a pasar? No. El derecho a la manifestación no puede ser prevenido o evitado con presunciones ambiguas, vagas o genéricas de violencia”. 
 

 
Viernes, 16 Abril 2021

Explicador: En tiempos de reforma tributaria, así son las canastas que rigen los indicadores en Colombia

Por Mónica Ospino y Laura Rodríguez Salamanca

¿Qué es la canasta familiar, qué es la canasta básica de alimentos y cuáles son los efectos de gravar esta última? Con ayuda de varios expertos resolvimos estas y otras preguntas que pueden ayudar a entender las discusiones actuales sobre la reforma tributaria

Esta semana se conoció el proyecto de ley de reforma tributaria, o como lo llama el Gobierno, “Ley de Solidaridad Sostenible”, que se radicó ante el Congreso de la República. Pero las puntadas que ya habían salido del Ministerio de Hacienda habían puesto a muchos colombianos a imaginar el escenario económico personal sobreviniente desde hace varios días. 

El tema se instaló en el debate público el pasado lunes 5 de abril, cuando el viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño, adelantó varios de los puntos concretos que incluiría ese proyecto de ley, en una serie de entrevistas concedidas a Blu Radio y Caracol Radio.

En particular una de las cosas que más polémica causó fue la revelación de que se estaba contemplando, entre otras cosas, que productos como la sal, el azúcar, el café y el chocolate tendrían que pagar un Impuesto al Valor Agregado, IVA, del 19 %, es decir, 14 % más que el ya se les aplica (5 %), al considerar el viceministro Londoño que, “no son productos esenciales para nuestra alimentación”.

Sin embargo y ante el ruido generado por este anuncio, el presidente Duque aseguró que esto no se llevaría a la práctica y que estos productos no serían gravados con el 19 %, pues se mantendrían en la tarifa actual del 5 %, establecida en el artículo 468 del Estatuto Tributario.

Así lo dejó claro en una entrevista en Red + Noticias, y en su cuenta de Twitter: “En @RedMasNoticias reiteramos que productos básicos de la canasta no tendrán IVA, y el chocolate, café, azúcar y sal se mantienen como están. Lo que buscamos con la Transformación Social Sostenible es seguir atendiendo a los más vulnerables y estabilizar las finanzas de la Nación”.

A raíz de los debates que se han dado en los últimos días y los que se avecinan con el proyecto en el Congreso, en Colombiacheck decidimos hacer este explicador para aclarar conceptos como la canasta familiar y la canasta básica de alimentos, y consultar cuáles podrían ser los efectos de gravar nuevos productos, aumentar la tasa que pagan actualmente o cambiar el IVA que se paga en la cadena producción. 

El proyecto actual no contempla aumentar el IVA directamente a los alimentos, pero hay que aclarar que este está sujeto a la aprobación en el Congreso. 

¿Qué es la canasta familiar?

De acuerdo con la enciclopedia del Banco de la República, “es un conjunto de bienes y servicios que son adquiridos de forma habitual, para su sostenimiento, por una familia ‘típica’ en cuanto a su número de integrantes y con unas condiciones económicas medias”. 

Esto quiere decir, en palabras de Diego Cortés Valencia, economista de la Universidad Nacional con maestría en economía de la misma institución, que la construcción de “la canasta familiar parte de una estimación, que se va actualizando cada cierto tiempo, sobre qué es lo que consumen los hogares colombianos”. 

El Departamento Nacional de Estadística, DANE, construye la canasta a partir de la Encuesta Nacional de Presupuestos de los Hogares (ENPH), una investigación que se hace aproximadamente cada 10 años y en la que se busca información sobre los recursos económicos que reciben las familias, en qué los emplean y sobre sus nuevas formas de comprar (por ejemplo, a través de comercio electrónico). 

La más reciente se realizó entre 2016 y 2017 y en ese momento, según un comunicado del DANE, se visitaron 87.201 hogares y se encuestó a 291.950 personas.

Encuesta_Nacional_Presupuestos_Hogares

Fuente: DANE.

Esta canasta, según los datos del DANE, no solo incluye alimentos, sino también productos como algunas prendas de vestir, cilindros de gas o algunas bebidas alcohólicas, y servicios como tratamientos odontológicos, el transporte público o matrículas universitarias. Todo depende, de nuevo, de los hábitos de consumo de los hogares.

Por ejemplo, en palabras de Cortés, “las boletas para los juegos de fútbol o las apuestas de caballos del hipódromo estaban incluidas hace décadas”. En la canasta familiar actual se encuentran los alimentos para mascotas, la compra de videojuegos por internet y el pago de datos para el celular.

Además, según el DANE, el resultado de la encuesta de 2016-2017 sacó de la canasta familiar al brandy y metió al tequila, los aperitivos, cocteles y cremas de licor.

Licores

¿Para qué sirve? “A partir de los productos canasta familiar, se determina el valor del IPC (índice de precios al consumidor), que es el que nos permite obtener la inflación”, le dijo a Colombiacheck Juan Nicolás Garzón, internacionalista con maestría en economía aplicada. 

¿Qué es la canasta básica de alimentos? 

“La Canasta Básica Alimentaria o de Alimentos -CBA- se considera un instrumento económico que se utiliza como referencia para el establecimiento de la línea de pobreza, la fijación del salario mínimo y la estimación de necesidades nacionales de alimentos básicos”, así lo define el Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá, INCAP. 

En Colombia, según detalla Invamer en este artículo, la canasta básica de alimentos hace referencia al conjunto de alimentos (solo alimentos) de primera necesidad que es posible adquirir con un salario mínimo por una familia colombiana. 

A esto hay que agregarle que, según Garzón, “también se tiene en cuenta que el conjunto de alimentos le permitan a las personas de un hogar satisfacer sus requerimientos calóricos”. 

Es decir que para la construcción de la canasta básica, según Cortés, se sustrae información sobre las necesidades alimenticias de la población y sobre cuánta plata se necesita para suplir las dosis diarias de consumo energético, dejando de lado alimentos que se consideran de lujo o que no son tan necesarios. 

“Si los ingresos bajan y la gente sigue consumiendo ese bien, se considera que es de la canasta básica. Es como, por ejemplo, el agua, no la vas a dejar de consumir por menos ingresos que tengas, o el arroz, el maíz y los granos”, dijo Cortés. 

Como aparece en un documento del DANE sobre la actualización de las líneas de pobreza monetaria y la construcción de canastas básicas de alimentos, por ejemplo, “los huevos crudos de gallina y otras aves y el arroz para seco son los productos alimenticios más adquiridos por los hogares”. 

Alimentos_colombianos

Finalmente, de acuerdo con un estudio titulado “Canasta básica de salud alimentaria familiar para la región Andina colombiana en Colombia”, publicado en el 2020, “según la información de umbrales de pobreza y pobreza extrema del Departamento Administrativo Nacional de Estadística -DANE- a 2018, para acceder a una CBA, una persona requeriría de $117.605 pesos y un hogar de 4 personas requeriría $470.420 pesos al mes”. 

Estos son los tipos de estimaciones que se pueden hacer a partir de la canasta básica de alimentos. 

¿Cuáles son los efectos de gravar o aumentar el recaudo de los productos de la canasta básica de alimentos? 

Productos como la cebolla, el tomate, la yuca, el plátano y la zanahoria no pagan IVA. Y, como ya anotamos, por ejemplo, la pasta, el azúcar, el chocolate, el café y la harina de maíz ya tienen un IVA del 5 %.

Además, dentro de la categoría de exentos, que son aquellos que además de que los consumidores no pagan IVA, los productores tiene derecho a la devolución del impuesto al consumo que pagan por sus insumos, están la carnes de res, cerdo, pescado, los huevos frescos de gallina y otras aves, el queso fresco, la leche y el arroz. 

De acuerdo con Liliana Heredia, docente de las áreas contable, financiera y tributaria de la Universidad Javeriana de Cali, los efectos de cambiar el tributo de la canasta básica de alimentos “pueden ser varios. Por un lado, podría aumentar el recaudo tributario pero por otro lado, podría resultar muy negativo para la población con ingresos bajos y medios, quienes podrían ver restringido el consumo de bienes que son parte de su alimentación básica. En países europeos, como España o Francia, se tiene IVA sobre productos básicos con tarifas reducidas o super reducidas, pero claramente en Colombia la población en general no tiene el mismo nivel económico y menos en medio de la crisis actual”. 

Con esta visión coincide Cortés: “Los productos de la canasta básica son bienes que la gente sí o sí va a seguir consumiendo, no importa el precio. Entonces muchas veces se ve en estos una oportunidad para subirle los impuestos porque el recaudo va continuar, pero el problema es que se reduce el consumo de la población. Eso afecta tanto a los consumidores como a los productores de esos bienes y genera la desaceleración de la economía”.

Por su parte, Garzón considera que en la discusión hay que tener en cuenta que “el gobierno tiene un mecanismo que ha puesto en marcha que es relativamente innovador: el mecanismo de compensación del IVA a los hogares más pobres”. 

Pero como estableció el profesor de economía de la Universidad Nacional Diego Guevara en una columna publicada en El Espectador, también hay que traer a colación en este tipo de discusiones a lo que él llama “población sándwich”, que no es tan pobre como para hacer parte de los beneficios del Estado como la devolución del IVA, pero que “tampoco tiene una posición económica consolidada” y “es parte del motor del consumo”

Finalmente, las tres fuentes a las que consultamos coincidieron en que es necesario aclarar que el IVA es un impuesto regresivo que ayuda con el recaudo, pero que afecta en mayor proporción a las personas con menores ingresos. “No cumple con otra de las principales funciones que tienen los tributos: lograr una redistribución de la riqueza”, dijo Heredia.